El pasado 8 de abril, el grupo parlamentario de Navarra Suma ha presentado una moción para que el Parlamento inste al Gobierno de Navarra a que elabore una legislación medioambiental que favorezca el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables eliminando la discrecionalidad en su tramitación. También le insta a que estos proyectos sean declarados inversiones de interés foral, a los efectos de simplificación de trámites administrativos. Y en un tercer punto pide que el Parlamento rechace tajantemente que el legítimo derecho a “manifestar la oposición” a estos proyectos “suponga actitudes de coacción” ante quienes los apoyan.
La exposición de motivos de esta moción no tiene una línea de desperdicio, y constituye uno de los mayores ejercicios de cinismo y funambulismo político que se hayan escrito en los últimos tiempos. Comienza diciendo “Nadie dudaba de que el futuro del Planeta estaba encaminado a la descarbonización, con la desaparición de los combustibles fósiles, la progresiva sustitución de la energía utilizada en todos los procesos industriales por energías de origen renovable…” Lamentándose del lento ritmo en esa sustitución.
Y eso lo dicen formaciones de Navarra Suma como el Partido Popular, cuando en 2007 su líder Mariano Rajoy se burlaba del cambio climático, y José María Aznar, presidente de FAES, fue el introductor en España de las teorías negacionistas sobre el cambio climático de Vaclav Klaus, editando y presentando su libro Planeta azul (no verde).
Y la posición negacionista del Partido Popular no se limitó al discurso ideológico y a la propaganda, sino que aprobó bajo la presidencia de Mariano Rajoy en el año 2012, el Real Decreto-ley 1/2012, por el que se impuso el llamado “impuesto al sol” que penalizaba las instalaciones de autoconsumo solares, a petición de empresas como Iberdrola que veían sus intereses económicos perjudicados.
Hasta octubre de 2018 no fue derogada esta traba administrativa que ha supuesto un importante frenazo a la extensión de las instalaciones de autoconsumo solar en todo el Estado español. La administración, en lugar de fomentar esas instalaciones renovables, las penalizaba, y para ello el Partido Popular contó con la estimable colaboración de Ciudadanos, maniobrando conjuntamente, en marzo de 2017, para vetar en la Mesa del Congreso que se pudiera debatir y aprobar una Proposición de Ley de regulación del autoconsumo presentada por el resto de los grupos.
Así que estos grupos políticos han pasado de negar y poner trabas a las instalaciones de autoconsumo de energías renovables, por el interés de las grandes empresas de la energía eléctrica, a solicitar que se eliminen todas las trabas administrativas para poder llevar a cabo los grandes proyectos de polígonos industriales eólicos y solares que esas empresas están presentando en Navarra.
Y para ello no dudan en escupir sobre la propia administración foral, tildando a los preceptivos informes que hacen los servicios técnicos del Gobierno de Navarra de “discrecionales”, cuando señalan las serias afecciones que conllevan. Ignorando que la discrecionalidad está prohibida en la actuación administrativa, sobre todo en materia de licencias de actividades y de obra, en donde prima la actividad reglada, es decir la sujeción estricta a normativa.
Lo que Navarra Suma está pidiendo es que desaparezca esa normativa a la que los servicios técnicos administrativos están sujetos, para eliminar las trabas legales a las macroinstalaciones propuestas. En otras palabras, que la administración haga dejación de sus funciones de tutelar y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.
Y para que no haya ninguna duda, solicita que los proyectos presentados sean declarados de interés foral, para que prevalezcan sobre cualquier planificación urbanística previa que imposibilite su instalación en zonas protegidas, en montes, en comunales… Todo ello en base a las urgencias que ahora les han entrado por avanzar en la transición energética, cuando han puesto todas las trabas del mundo al autoconsumo renovable, coincidiendo sus actuales prisas con la avalancha de proyectos de las grandes empresas.
Estas empresas están preocupadas por la contestación social que sus proyectos están generando ante las afecciones al suelo, a la flora y fauna y a las personas que conllevan. Por lo que solicitan la ayuda y mediación de sus representantes políticos, aquellos a quienes garantizarán un empleo cuando su ciclo político acabe, y Navarra Suma acude a su servicio presentado esta moción que no responde sino a los intereses de las grandes empresas energéticas.
Es mucho lo que está en juego. Lo que pedimos las plataformas ciudadanas constituidas en defensa de una transición energética justa, democrática y sostenible, es todo lo contrario a lo que piden las empresas y Navarra Suma: pedimos que se decrete una moratoria sobre estas macro instalaciones y que se lleve a cabo un debate abierto y social sobre el necesario paso al uso de energías renovables.
La primera cuestión que nos planteamos es la siguiente: ¿Podemos dejar en manos de quienes han generado este problema planetario, la solución a esta crisis ecológica? Creemos que no; ni el capital ni la tecnología son capaces de reparar el daño que ellos mismos han creado.
La segunda cuestión es entender que no hay economía o sociedad sin naturaleza. Que no podemos atentar y agredir a nuestro medio ambiente bajo la excusa de mantener y preservar nuestro nivel de consumo.
La tercera cuestión es constatar que la crisis ecológica y el cambio climático comportan peores consecuencias para las personas más vulnerables.
La cuarta cuestión es que, frente a los planes de los poderes económicos y políticos, debemos poner en pie alternativas comunitarias de resistencia y sostenibles. El reto social no es que se lleven a cabo los planes y proyectos de las empresas de la energía, sino que aprendamos a vivir bien y de forma equilibrada con nuestro entorno natural, con menos consumo energético y de materiales.
Es necesario llevar a cabo este debate social. La única virtud de la moción presentada por los portavoces de las grandes empresas, Navarra Suma, es que pone el tema en la agenda del Parlamento, que hasta ahora ha permanecido callado ante los proyectos de las empresas. Las fuerzas políticas deberán retratarse y fijar sus posiciones sobre este vital asunto, donde no caben medias tintas ni posturas de “spagat”.
Ramón Contreras López. Integrante de la Asociación Vecinal Urbi Auzo Elkartea de Eguesibar en Navarra y de la Plataforma Haize Berriak (Valles afectados por los proyectos de Sacyr de construir cinco polígonos eólicos con 56 auto generadores)
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