La suma de factores emocionales, jurídicos y políticos que se entremezclan en el catártico desarrollo de la realidad catalana permite extraer lecciones importantes en su proyección hacia Euskadi y su futuro.
Por un lado, y con todo el respeto a la argumentación estratégica de la defensa jurídica de Carme Forcadell para eludir la medida cautelar de prisión provisional (la cárcel es dura, por tanto nada que reprochar desde esta dimensión personal) no deja de sorprender la incoherencia entre el discurso político mantenido hasta el momento por ella y por su formación política y el sostenido al acudir a declarar ante el juez y afirmar expresamente que acata la aplicación del artículo 155 de la Constitución o que, como señala la decisión judicial del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, «renuncia a cualquier actuación fuera del marco constitucional».
Todo ello es así desde la vertiente jurídica; pero la derivada política no deja ser igualmente compleja y permite extraer lecciones importantes: ¿Cómo explicar a la ciudadanía catalana esta suma de declaraciones, tanto en sede judicial como en el marco estrictamente político preelectoral, en el sentido de acatar la aplicación del 155, o afirmar que la Declaración de Independencia fue simbólica, o, como también ha manifestado desde Bruselas Puigdemont, «no se implementó», o que hay otras soluciones distintas a la independencia, u otros líderes políticos catalanes independentistas admitiendo abiertamente que no había fuelle o respaldo social suficiente para llevar a cabo la proclamación de la república o que el Govern no estaba preparado para ello?
¿Qué van a hacer ahora los catalanes que apoyan ese proceso independentista?; ¿van a desmentir a sus promotores, van a decir que mienten, van a insistir en reconocer una independencia que según sus promotores no se declaró sino de manera simbólica?
Es el momento de preguntarse si era ésta la única y la mejor manera de zanjar el procés, concretado en llegar como sea a la orilla y luego ya se verá, o cabe interrogarse acerca de si la unilateral declaración de independencia ensancha el apoyo social al mismo o divide y fractura más todavía la sociedad catalana. Y no es un pregunta menor, porque el verdadero problema para los independentistas es la ausencia de un apoyo social mayoritario que le hubiera otorgado mayor legitimidad democrática y social.
Otra cuestión abierta radica en preguntarse por qué tras tanto ruido se ha silenciado todo debate acerca del modelo de sociedad, de país, de educación, de ciudadanía, de lengua, de cultura, de identidad, de sistema industrial o de andamiaje institucional, y frente a ello se ha optado por ir a por la independencia sin más y luego ya se verá.
Con todo el respeto personal a otros planteamientos creo que sería un tremendo error secundar desde Euskadi esta vía tanto en la dimensión política como en la social y en la jurídica, porque es, además de poco deseable, inviable.
Tres grandes binomios de reflexión pueden abrirse en relación al futuro estatus político vasco: oportunidades y bases para el desarrollo del Autogobierno (valoración del desarrollo del Estatuto de Gernika); en segundo lugar, el principio democrático y los mecanismos de profundización democrática (Derecho a decidir, Derecho de autodeterminación, legalidad y legitimidad, consulta-referéndum) y por último el concepto de soberanía y modelo territorial (necesidad o no de reforma constitucional, simetría-asimetría, derechos históricos, unilateralidad y/o bilateralidad).
El reconocimiento de la plurinacionalidad es clave para que el sistema de distribución territorial del poder político en España deje de ser como un corcho que flota, no se hunde, pero que carece de rumbo y que mantiene enquistados y sin solución viejos problemas derivados de la ausencia de un encaje, de una acomodación política a realidades nacionales como la vasca o la catalana.
En el marco político vasco el fondo de la cuestión remite a la necesidad de un nuevo Acuerdo o Pacto político cuyos aspectos esenciales a abordar podrían ser los siguientes:
1)Responder en primer lugar a la necesidad de completar el Estatuto y actualizar su contenido. 2)Hacer efectiva la plurinacionalidad del Estado, lo que implica el reconocimiento de Euskadi en el plano jurídico, simbólico, político e institucional como comunidad nacional. 3)Articular una división territorial del poder judicial acorde al carácter plurinacional del Estado. 4)Favorecer que Euskadi mantenga una nítida proyección exterior, con capacidad propia para intervenir en los asuntos europeos o de carácter internacional. 5)Avanzar en la institucionalización de relaciones con los territorios que comparten la comunidad cultural y lingüística vasca, el territorio del euskera. 6)Garantizar la bilateralidad efectiva, de tal forma que el acuerdo/pacto alcanzado no se pueda modificar unilateralmente por una de sus partes.
Profundicemos en lo que nos une, porque tenemos capacidad de alcanzar un nuevo pacto desde el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva. Nuestros derechos históricos, amparados y respetados, pueden dar de sí tanto cuanto pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr pactos institucionales y adoptar así decisiones políticas que sean refrendadas por la ciudadanía y respetadas.
Juanjo Álvarez, Catedrático de derecho internacional privado de la Upv-Ehu (en El Diario Vasco)
No hay comentarios:
Publicar un comentario