Las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo eran esperadas con expectación por gran parte del funcionariado navarro, anhelante de que el tsunami de cambio llegara a la Administración Pública. Ya era hora. Las matemáticas podían hacer posible que la alternancia política en el Palacio de Navarra permitiera abrir las ventanas y orear los despachos ocupados durante décadas por las mismas élites funcionariales. Aquellas que se plegaban al poder y eran cómplices de las políticas denostadas por la ciudadanía, a cambio de obtener los mejores puestos, complementos retributivos y beneficios de distinto tipo. Los responsables de que la máquina administrativa se confundiera con las políticas partidistas y que el empleado público ajeno a su grupo, disconforme o, incluso, más brillante permaneciera alejada de dicho círculo. No les ha interesado una función pública profesional basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
No han promovido la carrera profesional para toda la función pública. Han sido incapaces de realizar un estudio serio de puestos y perfiles. Han monopolizado la formación de calidad, disponiendo quien tenía acceso a los másteres sufragados con fondos públicos. Han propuesto o colaborado en la creación de estructuras administrativas con proliferación de puestos para recolocados. Han autorizado designaciones interinas y comisiones de servicio que luego han revestido formalmente con concursos de méritos decididos por los recolocantes. Se han resistido a aplicar medidas de conciliación personal y familiar. Han posibilitado la creación y el crecimiento de los reinos de taifas en la Administración.
Un cambio profundo y ordenado de la Administración y de sus estructuras va a requerir un largo proceso en el que deberían implicarse todos los empleados públicos, además de organizaciones sindicales y otros agentes sociales, para poder materializar el acuerdo programático alcanzado por las fuerzas del cambio. Sin embargo, no puede resultar admisible que se mantengan ni un solo minuto las elites funcionariales íntimamente colaboradoras de las políticas a extinguir, particularmente quienes han ocupado puestos significativos con el gobierno cesante.
Por eso, no se puede admitir que se confirme al Director General de Presidencia ni al Director de Servicio de Secretariado del Gobierno. Aupar a la Dirección General de Función Publica a quien ha sido fiel colaboradora desde su Dirección de Servicio, lo que a su vez supondría la confirmación del equipo actual de gestión de personal. Mantener en Economía en puestos claves de Presupuestos a los designados por el gobierno anterior en puestos de confianza. Recurrir en Salud a la vieja guardia que ya ocupó puestos anteriores de gestión como si no hubiera recambio profesional e integrar en el nuevo equipo de dirección a la cesante en la dirección del organismo autónomo. Ofrecer a un Director General de Desarrollo Rural, máximo colaborador del Consejero anterior y candidato a la Presidencia del Gobierno, un puesto de dirección tras su cese. Mantener en Educación el equipo de Recursos Humanos, premiándole incluso con una Secretaria General Técnica.
Se desconoce si lo que esta ocurriendo es fruto de la indecisión o imprevisión derivada de la inexperiencia política de los actuales gestores, pero lo que es cierto es que no se puede aducir como justificación para mantener dichos cargos la ausencia de perfiles entre los más de 25.000 empleados de las Administraciones Públicas de Navarra.
Reclamamos una Administración Pública moderna y profesional, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, que constituya un instrumento ágil y eficaz para la prestación de los servicios públicos que reclama la ciudadanía.
Entre todos PODEMOS.
CIRCULO DE EMPLEADOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE NAVARRA.
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