Yolanda Barcina se lamentaba ayer en una entrevista en exclusiva por la «indefensión» a la que se ha visto sometida durante la instrucción de las dietas de CAN. Al mismo tiempo, se hacía público quién será su abogado: Horacio Oliva, uno de los letrados más bregados en casos de corrupción en el Estado. Oliva defendió a Jesús Gil, a Silvio Berlusconi, a Juan Antonio Roca («caso Malaya»), a los acusados de Filesa, a Emilio Botín y a Emilio Ybarra, entre otros.
A Oliva se le tiene como a uno de los abogados penalistas más caros del Estado. Pero Barcina tiene poco de qué preocuparse. Es ella quien controla la Ejecutiva de UPN y consiguió un acuerdo para que le pagasen la minuta del letrado que eligiera y también las de los abogados del resto de imputados del partido (Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya). Aun así, ayer Barcina dio largas en este punto. «Hay varias opciones, hay seguros por un lado y ya iremos viendo», dijo.
Lo cierto es que esta decisión de hacer que el partido corra con las costas está sentando muy mal a los críticos que perdieron el Congreso por la mínima. En ese sector no se entiende por qué si el partido asume la tesis de la Fiscalía de que no hay delito porque Barcina actuó a título personal, ahora UPN tiene que pagar los honorarios por un presunto delito que no cometió ejerciendo su cargo.
La presidenta intentó quitar hierro al hecho de haber optado por el abogado del presunto cerebro del «caso Malaya» e intentó vender que ha sido por afinidad personal. «Como saben, soy catedrática de la Universidad Pública de Navarra y que él sea catedrático de Penal me da confianza». Oliva tiene su cátedra en la Complutense.
Barcina asegura que le han recomendado que elija a un abogado de Madrid y asegura que Oliva tiene una gran experiencia en el Tribunal Supremo. De todos modos, no es descartable que el caso acabe volviendo a Iruñea, una posibilidad que se abriría en caso de dimisión. Y es que la presidenta ya no descarta tirar la toalla. «Tomaré las mejores decisiones», aseguraba ayer en su entrevista a "Diario de Navarra'' cuando le preguntaban sobre una posible imputación.
Si perdiera su aforamiento, las dietas regresarán a los juzgados de Iruñea. Cabe recordar que el proceso más parecido al de Barcina es el de Francisco Camps por los trajes. Al igual que le puede pasar a la presidenta, Camps estaba acusado de cohecho pasivo impropio. Y al final dimitió, pese a que el valenciano contaba con una mayoría absoluta en el Parlamento de la que Barcina no goza.
Por otro lado, la presidenta es la única que cuenta con un abogado madrileño. Sanz apostó por Eduardo Ruiz de Erenchun, Miranda por Cristina Ruiz-Galve y Maya por Chelo Sola. Ruiz de Erenchun, sin embargo, era quien «dirigía» a los otros dos, en opinión de letrados de una de las acusaciones. Enrique Goñi, imputado como corruptor de la presunta trama, va un poco más por libre y optó por la exjuez Ana Clara Villanueva.
El aforamiento de Barcina evitó que la presidenta tuviera que buscarse un abogado hasta este momento. Pese a ello, en los últimos meses la presidenta decidió querellarse contra Kontuz por un presunto delito de injurias y contrató a Ruiz de Erenchun para que llevase su acusación, que finalmente acabó siendo archivada.
Teóricamente, Barcina ha dejado de lado a Ruiz de Erenchun y su bufete para hacerse con un letrado mejor y más conocedor de los entresijos del Supremo. Pero es una maniobra arriesgada. Si Oliva no consigue que el Supremo dé carpetazo al caso antes de la vista oral (o del regreso de la causa a Iruñea), la presidenta navarra tendrá que vérselas con un jurado popular y la elección de un letrado con esta trayectoria puede influirle de modo negativo.
De otra parte, la oposición reclama a Barcina que deje el aforamiento para que su imagen no dañe a la institución. Y contratar al abogado de Berlusconi no parece jugar a su favor.
Aritz Intxusta, en GARA
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