Esta semana ha emergido un nuevo enfoque para desbloquear la política penitenciaria. El Gobierno vasco ha anunciado que en las próximas semanas va a enviar una propuesta al Ejecutivo de Pedro Sánchez para acercar a los presos de ETA a Euskadi. El plan se pretende articular mediante el traslado de los presos a centros radicados en Euskadi o en territorios limítrofes para que inicien desde aquí un itinerario de reinserción.
El cambio conceptual es importante: para comenzar su individualizado proceso de reinserción los presos deben estar cerca. Se trata de un planteamiento que, caso de materializarse, invertiría la política actual que exige a los reclusos iniciar un itinerario de reinserción para solo entonces proceder a estudiar su traslado a centros penitenciarios vascos o cercanos a Euskadi.
El dolor, la impotencia, el duro recuerdo, las sensaciones grabadas en el corazón y en la mente de tantas y tantas víctimas merecen el respeto, la empatía y la comprensión. Pero no puede ser la base sobre la que sustentar la política como instrumento para la convivencia. Tampoco la política penitenciaria. Quien cuestiona el acercamiento de los presos bajo el argumento de que tal decisión supone una afrenta para las víctimas está utilizando arteramente el sufrimiento de éstas. Y lo hace a sabiendas de que el alejamiemto no figura en la legalidad penitenciaria, que tal castigo a los presos y a sus familias carece de toda base normativa.
Y ahora, de nuevo, está en manos del Gobierno de Sánchez, del organismo Instituciones Penitenciarias, la posibilidad de subsanar esta anomalía, esta utilización de la política penitenciara al servicio de ciertos intereses políticos.
Todo lo que rodea al mundo de las prisiones acaba, como casi siempre, colonizado por lo emocional y lo irracional: para unos ese mundo, y los presos, representan el tótem, el símbolo de años de "lucha armada" (eufemismo pseudorevolucionario que reemplaza al de empleo de la violencia para fines políticos); para otros prima en toda consideración sobre ellos el deseo de venganza punitiva y sancionadora. Sobre una y otra orientación debe prevalecer el concepto de justicia, porque hay, debe haber un concepto de justicia y unas garantías constitucionales que están vigentes para todos, incluidos, por supuesto, los presos condenados por terrorismo.
Las leyes y normas jurídicas deben ser interpretadas conforme a la realidad social del tiempo en que éstas han de ser aplicadas Esta máxima jurídica, este principio hermenéutico que debe guiar la labor de los jueces como aplicadores del Derecho ha de adquirir y mostrar toda su potencialidad en el momento social y político que vivimos.
Pocos colectivos han sido tan vapuleados, tan manipulados, tan cínica y populistamente tratados, tan menospreciados, tan olvidados y tan utilizados por unos y otros como el de los presos. Algún día deberá hacerse también balance sobre la inercia de una política penitenciaria basada en el castigo, en la venganza, en la provocación, en la irracionalidad punitiva, y ubicada demasiadas veces en la antítesis de un objetivo resocializador y reeducador.
Reivindicar un trato justo, sin agravios y con los mismos derechos a todos los encarcelados puede que para muchos suene a connivencia con ese mundo. Aquí tampoco hay falsas equidistancias, porque en realidad esa exigencia responde a la más pura lógica democrática de reivindicación de igualdad de trato. La obsesión punitiva o sancionadora no permite todo. Hay, (o debería existir) un concepto de justicia y unas garantías constitucionales que están vigentes para todos, incluidos, por supuesto, los presos encarcelados por motivos terroristas.
Las personas presas, todas, están llamadas a ser claves en la consolidación de la paz y la convivencia. Ojalá comencemos a apoyar de forma consensuada esta iniciativa. También esto será síntoma de normalización y de justicia.
Juanjo Álvarez, en Grupo Noticias
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