Después de muchos días (y los que nos quedan) de oír hablar de unos nuevos "Pactos de la Moncloa", no he podido dejar de pensar desde el primer momento en algo que me inquieta, y es en que no estemos hablando realmente de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para echar a Unidas Podemos (y especialmente a Pablo Iglesias) del gobierno. Las declaraciones de los dirigentes del PP, C's y Vox, así como de diferentes poderes económicos, van en esa dirección. Y mucho ojo, porque como dice Raimundo Viejo, "los Pactos de la Moncloa empiezan a ser un significante vacío".
Pablo Casado hablaba hace unos días de la posibilidad de que el gobierno use el eventual pacto para realizar "un cambio de régimen encubierto". ¿Cambio de régimen? A nadie se le escapa a qué se están refiriendo, y no hace falta ser muy avezado para intuir que intentan hacer calar la idea de que con Unidas Podemos en el gobierno se está instaurando en España un nuevo régimen, comunista, bolivariano y demás. Como explicaba Lluís Rabell hace algunos días en un artículo en su blog, "desde la FAES de Aznar andan ya esbozando una perspectiva que, de un modo u otro, estará sobre la mesa ante el angustioso panorama del "día después" –y que, desde luego, no bebe de la experiencia de 1977: una gran coalición PSOE-PP– por supuesto, sin los "comunistas bolivarianos" ni, probablemente, Sánchez tampoco". La idea es clara: con Unidas Podemos en el gobierno, no cuenten con el PP para firmar ningún pacto de estado. Pero bien, no perdamos de vista que casi todos los grandes pactos de estado se han firmado con el PP en el gobierno (es decir, con el PSOE en la oposición).
Javier Pérez Royo explicaba hace unos días en eldiario.es que "la reclamación de unos nuevos Pactos de la Moncloa tiene su origen en el fracaso de la operación que se puso en marcha para torpedear la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Estos segundos Pactos de la Moncloa no son pactos a favor de nada, sino en contra de un gobierno cuya formación no se ha podido impedir". Creo que esta es la clave de la argumentación que quiero poner en lo alto de la mesa. Pérez Royo hacía referencia acertadamente al anticomunismo como banderín de enganche de las derechas, partiendo de la base de que "un gobierno del que forme parte Pablo Iglesias carece de legitimidad por su contaminación comunista". Para el profesor sevillano, unos segundos hipotéticos Pactos de la Moncloa "se reclaman porque se cuestiona la legitimidad del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Ya que no se ha podido evitar su formación, vamos a ver si le podemos exigir condiciones de imposible cumplimiento, que permitan organizar una "cruzada" contra él, si, como es lógico, no acepta lo que se le propone (...). Nadie debe llamarse a engaño. No son pactos proyectados para garantizar la gobernabilidad, sino para todo lo contrario: para hacer fracasar la primera experiencia de Gobierno de coalición. El griterío a favor de los mismos va a ser ensordecedor". Es exactamente eso.
La periodista Lola García se expresaba en términos similares hace unos días en La Vanguardia: "no sería de extrañar que Pablo Casado pusiera como condición la salida de Pablo Iglesias del Gobierno para contemplar un acuerdo de esas características. Y no falta quien piensa que se busca más la gran coalición PSOE-PP que unos Pactos de la Moncloa". ¿Estamos mezclando churras con merinas? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando hacemos referencia a un gobierno de concentración nacional o a un pacto de estado? A priori no, pues son cosas distintas, pero a nadie se le escapa que se mezclarán ambas ideas con el objetivo indisimulado de proyectar una idea según la cual el uno es condición sine qua non del otro. Hablando en plata: ¿queréis Pactos de la Moncloa? Pues eso va ligado a un gobierno de concentración nacional PSOE-PP (sin olvidar el papel de Ciudadanos).
Julio Anguita decía hace algunos días en una entrevista en cuartopoder.es que "los gobiernos de unidad nacional se manifiestan en crisis extremas. A mí me gusta ver qué medidas quieren tomar. No vaya a ser que lo que se intente sea, en primer lugar, quitar la alianza con Unidas Podemos y sacarles del Gobierno. En segundo lugar, quitar a Pedro Sánchez. En tercer lugar, buscar a un candidato acorde con los intereses del PP, Ciudadanos e, incluso, de Vox, y llegar a un consenso en torno a medidas económicas que signifiquen volver atrás". Como ven, mi tesis en este artículo tiene poco de novedoso, pero conviene dar difusión a la misma, porque la idea de fondo no aparece en los medios de comunicación de mayor difusión y audiencia. Otro referente de la izquierda y compañero de batallas de Anguita, Manolo Monereo, explicaba hace poco en el mismo medio que las derechas "se han llegado a proponer nada sutiles golpes de fuerza (...). El debate parece ser la figura de Pablo Iglesias y el relevante poder de UP. Hay que tener cuidado, que el dedo no oculte la luna porque la fuerza viene del sol. Lo que hay verdaderamente detrás son los poderes fácticos, la trama que está ya marcando el territorio para la segunda fase; es decir, para las medidas a tomar cuando se controle la pandemia. Repito, primera y segunda fase están unidas. Sobredimensionar a Pablo Iglesias y a UP es parte de una estrategia, su objetivo es Pedro Sánchez. Lo poderes lo saben. Ahora de lo que se trata es de romper el gobierno para debilitar la posición del presidente y que se ablande y se avenga a unos nuevos Pactos de la Moncloa y, si es posible, un gobierno de concentración con el PP, apoyado por lo que queda de Ciudadanos. Vox, presumiblemente, no obstaculizaría esta operación". Es bueno escuchar a los sabios, por eso me permito recuperar aquí las palabras de estos dos titanes.
Sato Díaz comentaba también en cuartopoder.es que "la operación sacar a Sánchez de la Moncloa y, con él, a Unidas Podemos del Gobierno está en marcha. Siempre lo ha estado. El relato que cunde: la soledad de Sánchez en esta crisis se acrecienta y hace falta un Gobierno de concentración nacional para afrontar las dificultades. Los empresarios y los grandes grupos mediáticos presionan en esta dirección. La estrategia de Inés Arrimadas, recién llegada al liderazgo de Ciudadanos, de no confrontar directamente con el Ejecutivo y separarse de la línea derechista o ultraderechista que había defendido este partido facilita esta jugada. Puede parecer un puente entre PSOE y PP. En Unidas Podemos son conscientes de esta maniobra. Frente a ello, tienen la esperanza de que la defensa de derechos sociales y las medidas de este calibre tomadas por el Ejecutivo se enraícen en la sociedad, que la ciudadanía haga de estas conquistas algo propio". La clave está probablemente en esta última idea: si la sociedad percibe que las actuaciones del gobierno ante la crisis son útiles y sirven para amortiguar el golpe, no todo estará perdido. Aquí el papel de Unidas Podemos particularmente consistirá en saber transmitir la idea de que sin su concurso en el gobierno, las medidas tomadas hubieran sido mucho menos ambiciosas. A nadie se le escapa, y a "la trama" tampoco, que tener como ministra a Yolanda Díaz no es lo mismo que tener a Fátima Báñez, flamante fichaje de la patronal.
Daniel Bernabé explicaba en un artículo aquí en Público que "se entiende que la pieza a cobrar es Unidas Podemos, incluso llegado el caso el propio Sánchez, pero sobre todo preocupa que la salida a la crisis, si la gestión del Gobierno se demuestra comparativamente acertada con los países de nuestro entorno, pueda dar alas al reformismo más progresista para alterar determinados privilegios que para los reaccionarios resultan intocables. Frente al avance social, escalada regresiva". Una vez más, "las cosas del comer" a que hacíamos referencia antes. El gran reto del gobierno es que las clases populares perciban la utilidad de sus acciones, la diferencia entre un ejecutivo de izquierdas y uno de derechas.
Guillem Martínez, con su particular estilo, explicaba hace algunas jornada en Ctxt que "PP-Vox, en dos modalidades, emiten la necesidad de un gobierno de Unidad Nacional". Y que para hacerlo, siembran "la necesidad de un gobierno competente, se dibuja la incompetencia del Gobierno. A través de la declaración y, novedad en su intensidad, del fake en redes y en prensa ex-papel y ultra-cyber". Martínez, que suele estar bien informado, habla de "presiones del Ibex", de "bancos, de Felipe González, del rey. Se habla, incluso, de ruido de sables". Además, advierte lo siguiente: "veremos, en breve, o no, si el Judicial toma partido en esta epidemia. Judicializando la política. Una política que, por primera vez, emite gasto, en la primera crisis enfrentada con gasto". No descartemos nada, tampoco esto.
Explicaba hace algunos días Enrique del Olmo aquí en Público que "para el PP la crisis es una gran ocasión para desgastar y si es posible derribar al Gobierno de coalición (...). No pueden dejar de hacer guiños de un gran acuerdo con el PSOE, es decir su objetivo es sacar a Podemos de escena, no hay gran diferencia entre la negativa de FAES a negociar con el gobierno socialcomunista y la posición de la dirección del PP en el ataque a la presencia de Podemos en el gabinete. Tiene un claro y único objetivo, derribar al gobierno. Si eso se les pone fácticamente complicado, su plan B innegociable será que se remodele con la expulsión de Podemos (...). El comunismo o el chavismo no es lo que les irrita (saben que no es nada más que una formula de agitación); lo que les aturde, a lo que realmente tienen pánico es a que la izquierda demuestre que es posible una mayor justicia social con una redistribución equitativa de la riqueza". Tomemos nota.
El pasado fin de semana, en un artículo periodístico publicado en El País, se recogía en su titular que "los empresarios recelan de la actitud de Podemos y rechazan las posiciones extremas de Vox". Se explicaba que para diferentes empresarios consultados por el periódico "el recelo es compartido", y que consideran que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno "es un freno para avanzar hacia cualquier pacto, porque no creen ni en la empresa privada ni en la banca". Sobre Pablo Iglesias, se comentaba que "hace un discurso marginal y sectario". Para Antonio Huertas, presidente de Mapfre, hay que plantear propuestas dentro del modelo de economía de mercado y "prescindiendo de visiones extremas", en referencia a Podemos y a Vox. El poder económico, como vemos, también empuja en la misma dirección: pactos sí, pero con Unidas Podemos fuera del gobierno.
En otro reciente artículo en El País, se titulaba que "PP y Vox concentran sus ataques en Iglesias para forzar su salida del Gobierno". Arrimadas es clara: se ofrece para llegar a un acuerdo con Sánchez, pero si éste "huye del populismo". Además, lanzó a Sánchez una disyuntiva: "menos ideología populista, no hay que cambiar el sistema económico, ni enfrentar al sector público y el privado, ni atacar al Rey. ¿Nosotros o Pablo Iglesias y los globos sonda?". No se le puede negar claridad a la líder de Ciudadanos. Lo mismo que a Álvarez de Toledo, del PP, que relaciona Unidas Podemos con una salida hacia la nacionalización en esta crisis: "con un Estado más fuerte, más injerente, con más gasto público y rompiendo un equilibrio entre lo público y lo privado". Respecto al papel de Vox, en el citado artículo se explica que la portavoz de Vox, Macarena Olona, abogaría por un gobierno PSOE-PP, con "personas de reconocido prestigio y técnicos" como "Rosa Díez, José María Aznar y Felipe González". ¿Se imaginan? En la FAES de Aznar lo tienen claro: el PP tiene que acudir a la cita con Sánchez para hablar de un eventual pacto de estado, pero hay que rechazarlo mientras gobiernen "los comunistas". Para la fundación derechista, en España existe "una izquierda inasimilable a cualquier otra izquierda europea porque en ninguna otra parte de la Unión gobiernan los comunistas, rearmados en España con el repudio del compromiso constitucional de sus antecesores". Unas recientes declaraciones de Felipe González apuntan en una dirección parecida: "si Podemos quiere romper la Constitución, se estará excluyendo de cualquier acuerdo".
Pero volvamos a la idea de pacto de estado, de "Pactos de la Moncloa" o como se les quiera llamar. Para comenzar, debemos plantearnos si es una buena idea recuperar este concepto que nos conduce a los años de la Transición. Enric Juliana recuerda que "los pactos de la Moncloa fueron un acto heroico de los trabajadores españoles, que se bajaron el sueldo para salvar la democracia", y que quizá se ha endulzado el momento 1977 por parte del relato oficialista de la Transición. También explica que aquellos acuerdos no fueron una bajada de pantalones de la izquierda, como se ha empeñado en escribir la literatura más crítica con la transición. Para Jordi Amat, "la mitificación de los pactos de la Moncloa actúa como el ansiolítico de la nostalgia. En 1977, en el mundo anterior a la globalización, los pactos fueron posibles. Ya no. Aquel acuerdo pudo suscribirse porque una moderación salarial severa actuó internamente como base material del pacto transversal cuando la industria seguía siendo un pilar básico de la estructura económica del país y el objetivo compartido era la estabilización democrática. Ya tampoco". Tengamos en cuenta la advertencia: no estamos en 1977. Como bien señala Joan Coscubiela, "necesitamos grandes acuerdos de Estado para afrontar estos retos, pero dudo que presentarlos como unos nuevos Pactos de La Moncloa ayude. Quizás lo primero seria despojar esta propuesta de toda mística, huir de una visión omnicomprensiva y ponerse a trabajar". Para Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, "de los Pactos de la Moncloa se puede recuperar la voluntad de acuerdo y, como en aquel entonces, poner luces largas. Pero en absoluto es válido el recetario neoliberal ni una gran coalición disfrazada para la ocasión". Tiene razón, como la tiene Juan Carlos Monedero cuando advierte que "estos que se llaman Constitucionalistas están pidiendo un gobierno al margen de lo que dicen las urnas". Constitucionalismo sí, pero cuando a mí me interesa y cuando atendemos solamente a determinados artículos de la constitución. Constitucionalistas y constitucionales, como dice Enric Juliana.
Según algunas encuestas, una proporción muy elevada de la sociedad española reclama un pacto de estado para superar esta crisis. En este sentido, comparto las palabras de Joan Coscubiela, que explicaba recientemente en eldiario.es que "la propuesta del Gobierno pretende, como destaca Enric Juliana, crear un marco mental del que sea muy difícil escapar. En situaciones excepcionales, las respuestas requieren de un elevado consenso social y eso es lo que la ciudadanía en general espera. Quienes se opongan van a tener problemas para explicarse". Para Coscubiela, "la respuesta a esta catástrofe no puede venir solo del ámbito institucional, se precisa de la participación concertada de muchos sectores sociales, especialmente organizaciones sindicales y empresariales (...). Y en un Estado compuesto como el nuestro no basta con la intervención del Gobierno central, se hace imprescindible implicar a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos". Además, el veterano dirigente sindical explica que "se requiere generar un gran consenso social, que es como se construyen las hegemonías culturales. Hoy estas ideas las comparten sectores sociales muy amplios, que votan cosas muy distintas pero que en estos momentos parecen tener claro la importancia de la solidaridad, la cooperación y el papel clave del sector público, al que todos, sin distinción de ideologías, le exigimos que venga a salvarnos del naufragio". En un buen artículo de respuesta a la intervención de Coscubiela, Rafa Espinosa explica acertadamente que "la idea de una reedición de algo parecido a los Pactos de la Moncloa empezó como una manera de poner presión al gobierno para disminuir el peso de Unidas Podemos y del ala más izquierdista del PSOE en las medidas que se vayan adoptando. El cálculo era simple y simplista, simple era la idea inicial de que si entran más actores en juego tenderán a llevar la respuestas hacia posiciones más moderadas, simplista era pensar que en una crisis de este calado ese conducir a posiciones más moderadas que pudieran llevar incluso a la ruptura de la coalición de gobierno (sueño húmedo final de no pocas cabezas pensantes de este país) transitaría sin contratiempos (...). Ha acertado el gobierno al aceptar el reto para tomar la iniciativa, pero creo que debería pensar en alternativas al bloqueo que preveo, al intento de ganar tiempo más que previsible". Comparto la advertencia de Espinosa.
También me parece interesante recuperar una advertencia de Unai Sordo, secretario general de CCOO, en un reciente artículo en Ctxt: "los primeros pasos anunciados bajo la primera denominación de nuevos Pactos de la Moncloa no dan mucho pie al optimismo. Uno de los grandes problemas para alcanzar un pacto de Estado va a ser, me temo, las cábalas que determinadas fuerzas políticas harán sobre cómo reforzará al Gobierno liderar un consenso de este tipo". ¿Se arriesgarán las derechas a dejar de pensar en su interés partidista y permitir que, eventualmente, el gobierno de izquierdas salga reforzado? Difícil, a tenor de la actitud de sus dirigentes en estas difíciles semanas de crisis, en las que han aprovechado el dolor y las muertes para arremeter contra el ejecutivo. Unas derechas sin escrúpulos, ¿pensarán en el interés general? Mejor no ser ingenuos.
Para finalizar, creo que Pablo Iglesias sintetizaba oportunamente en una extensa entrevista en eldiario.es lo que opina una parte muy importante de la sociedad española en estos momentos: "si esto significa que todos asumimos que el constitucionalismo democrático, que los artículos de nuestra Constitución que se introdujeron precisamente para afrontar situaciones como estas son el mínimo común denominador que nos tiene que servir para que nos agrupemos todos los sectores políticos... Cuando la Constitución dice que tenemos que tener un sistema fiscal progresivo, que hay que garantizar el derecho a la vivienda, que los salarios tienen que ser dignos, que lógicamente el interés general, especialmente en situaciones como estas, tiene que estar por encima de cualquier interés económico de determinados grupos empresariales. Si la Constitución española, en su dimensión más social y democrática, es el mínimo común denominador que nos vincula a todos los sectores políticos y sociales, yo creo que ese gran acuerdo es necesario". La pregunta es: ¿las derechas comparten esto que dice Iglesias, que es de puro sentido común? Porque como dice el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, "es un buen momento para que todo el mundo lea la Constitución y vea cómo los derechos sociales que aparecen protegidos en ella son imprescindibles en este momento (...). A mí me parece que se impone de manera consensuada la idea de la importancia de lo público, de los dispositivos de protección de lo común, de los servicios sociales, de nuestra Constitución y de los artículos sociales de la Constitución española para afrontar como país los retos que tenemos (...). La historia nunca se repite de manera lineal. Entiendo que algunos utilicen el significante Pactos de la Moncloa. Como aficionado a la historia política, yo también vivo y me condiciona ese elemento de tratar de ver el presente con los ojos de experiencias pasadas. Pero las cosas nunca se repiten exactamente igual. Estamos en un contexto muy diferente y serán otros significantes, otras narrativas, las que definan el desafío de las generaciones que afrontan una crisis que va a cambiar por completo el mundo y nuestro país (...). Es evidente que hay sectores que podrían ser calificados de golpistas frustrados, porque no lo van a conseguir, pero no hay que dedicarles ni 30 segundos. Este gobierno tiene que salvar vidas, tiene que tomar decisiones, tiene que orientar una estrategia de país en un momento muy complejo y creo que no puede atender las bajas pasiones de ciertos sectores que por muy alto que griten, no producen más que el canto final del cisne". Me parece conveniente recuperar estos comentarios de Pablo Iglesias para situarnos correctamente.
Por si hay alguna duda de todo esto que he intentado exponer, recuperen las intervenciones de la oposición de derechas en la última sesión de control al gobierno. Recuperen las referencias dirigidas a Pablo Iglesias: Venezuela, la manifestación del 8-M, el comunismo, etc... Con la que está cayendo, el PP y Vox dedican sus turnos de palabra en el control al gobierno para hablar de estos temas y no de la crisis del coronavirus. La respuesta de Iglesias al PP ha sido la siguiente: "dejen de competir con Vox a ver quién dice la mayor barbaridad, vuelvan a la Constitución y al patriotismo". A las barbaridades de Vox ha preferido no contestar, como es lógico. No lo perdamos de vista: la pieza de caza mayor era, es i seguirá siendo Pablo Iglesias. Y por extensión, Unidas Podemos.
En los próximos días y semanas aumentarán, cada vez de forma más desacomplejada, el número de voces que reclamarán, sin ambages, la salida de Unidas Podemos del gobierno, en pos de un necesario pacto de estado para salir de la crisis. Las presiones serán fuertes, como hemos explicado en este artículo, y llegarán desde los diferentes flancos de los que dispone el poder: partidos políticos, medios de comunicación, grandes empresas, bancos e incluso sectores de la judicatura. La misión del gobierno de izquierdas, y particularmente del sector representado por Unidas Podemos, consistirá en aguantar el chaparrón, primero, y salir a la ofensiva, sin complejos y demostrando lo que ya llevan unos meses haciendo: seriedad, profesionalidad y determinación a la hora de aprobar medidas en favor de las clases populares. Porque con las cosas del comer (y del vivir) no se juega, y de ésta no podemos salir otra vez pagando el pato los de siempre. Si Pedro Sánchez y el PSOE mantienen con fuerza la defensa de la unidad y la cohesión del gobierno, si defienden el acuerdo con Unidas Podemos y no titubean, será mucho más difícil derribar de forma antidemocrática al primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República. A gobernar se ha dicho.
Miguel Guillén, en Público
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