Maritza Hernández se desplaza cada mañana en coche hasta la localidad costera de Santa Mónica para trabajar como niñera. Desde hace varios días, su marido ha dejado de trabajar y, en plena pandemia, ella se ha convertido en el sustento económico de la familia.
Hernández y su marido, ambos de Guatemala, llevan indocumentados desde que llegaron a Los Ángeles hace varias décadas. Tienen un fondo de ahorros para mantenerse un tiempo a flote si ambos pierden el trabajo. En un estado como California, donde más de dos millones de inmigrantes indocumentados constituyen uno de los engranajes de la quinta economía mundial, ser tan previsor es, sin duda, una ventaja. Pero tampoco es garantía de nada.
"Llevamos años ahorrando por si pasaba algo, por si nos arrestaban o nos deportaban y nuestra hija necesitaba dinero. Pero nunca pensamos que lo podríamos necesitar para este tipo de emergencia (pandemia)", asegura Hernández en entrevista con Público.
En EEUU viven unos 29 millones de individuos sin seguro médico, cerca del 8.8% de la población total del país. Según una encuesta realizada en 2018 por el Centro de Investigaciones de Políticas Sanitarias de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), sólo en CA se calcula que unos tres millones de personas no están aseguradas. De éstas, alrededor de 2.4 millones son inmigrantes indocumentados.
Hernández y su marido forman parte de este último grupo, pero cuando han necesitado atención médica, la han recibido a través de una clínica comunitaria de Los Ángeles.
"Cuando estamos enfermos, vamos a una clínica local. Hemos llamado y nos han dicho que, si estamos mal por el virus, nos referirán al hospital", relata Hernández. "En el hospital no sé cuánto nos cobrarían, pero espero no tener que necesitarlo".
Las clínicas de salud comunitarias están financiadas con fondos federales y ofrecen atención médica a cualquier paciente sin importar el estatus migratorio. Pero estos centros suelen centrarse en la atención ambulatoria y, dependiendo de los ingresos de la familia, algunos facturan a sus pacientes.
"En el condado de Los Ángeles, estas clínicas forman parte del programa My Health LA, y dan servicios médicos a unos 100.000 indocumentados que no cumplen los requisitos para obtener un seguro o cobertura médica", explica a Público Rosemary Veniegas, gerente del programa de salud de California Community Foundation, una organización sin fines lucrativos que ha recibido una cascada de solicitudes de alimentos a raíz de la covid-19.
Veniegas recalca que las clínicas cumplen una función "esencial" en los barrios californianos –sobre todo en los obreros– y que algunas están realizando las pruebas de detección de covid-19, e incluso ofrecen alojamiento temporal a quienes necesitan ponerse en cuarentena y carecen de un lugar donde pasarla.
Para los indocumentados estas clínicas son un arma de doble filo, pues recurrir a este servicio puede suponer un impedimento de cara a la obtención de la residencia permanente ya que, bajo la lupa del gobierno federal, el beneficiario podría convertirse en una carga pública.
"La carga pública es una gran preocupación que comparten estas clínicas financiadas con fondos federales, y por ello, se han opuesto a ella y están luchando contra su implementación", asegura Veniegas.
Según la experta, el 80% de los pacientes de estas clínicas son inmigrantes indocumentados. Una de ellas, la Clínica Monseñor Óscar Romero de Los Ángeles, es un centro de referencia para la comunidad indígena y ha extremado las medidas de vigilancia para garantizar que sus pacientes reciben la atención que requieren sin ser arrestados y deportados por las autoridades migratorias (ICE).
"Este centro ha instaurado algunas de las políticas más estrictas para proteger y apoyar a los pacientes que se acercan por allí", asevera Veniegas.
Aunque el temor a los arrestos y a una factura médica astronómica tiene un efecto paralizante para gran parte de los indocumentados que requieren atención sanitaria, no es el único colectivo reacio a buscar tratamiento tanto en tiempos pre-covid-19 como ahora. Incluso un individuo asegurado puede enfrentarse a una factura de decenas de miles de dólares, dependiendo del tipo de póliza que posea y del procedimiento que requiera.
"Una hospitalización de una semana a diez días en una UCI con uso de respirador oscila entre los 70.000 y 100.000 dólares", explica a Público Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access, una coalición que aboga por los derechos de los consumidores y la sanidad universal.
"Por supuesto, una persona sin seguro está completamente expuesta a esto, pero también los millones de empleados que han perdido el trabajo ahora, por coronavirus, y que se han quedado sin el seguro médico que recibían a través de su empleador", agrega.
Cuenta el activista que aproximadamente la mitad de los estadounidenses reciben cobertura médica a través de un plan patrocinado por la compañía en la que trabajan. En términos generales, las empresas suelen asumir entre el 50% y el 100% del coste. "Es la vía de cobertura principal para los estadounidenses", recalca. "Y ahora, la están perdiendo".
A pesar de las deficiencias e imperfecciones del sistema sanitario estatal y nacional que han quedado al descubierto en medio de la pandemia, Wright asegura que este ha mejorado desde que hace una década, Barack Obama impulsara el programa insignia de su mandato al que tanto se opuso el partido republicano: Obamacare (ACA).
"Ahora tenemos una red de seguridad que antes no existía para mucha gente. ACA rellenó algunos de los huecos del sistema sanitario y ahora, si pierdes el trabajo y el seguro, tienes opciones de cobertura que antes no había", explica.
Para la nueva avalancha de recién parados, una alternativa es inscribirse en uno de los programas financiados con fondos públicos: A nivel federal existe Medicaid, mientras que en California, la versión estatal de dicha iniciativa se conoce como Medi-Cal. Ambos programas están disponibles para individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos, sin coste alguno para ellos.
Cuenta Ninez Ponce, directora del Centro de Investigaciones de Políticas Sanitarias de UCLA, que Medi-Cal cubre a uno de cada tres individuos en el estado dorado y que el gobierno está tirando de sus arcas estatales para garantizar que los jóvenes sin papeles pueden inscribirse en el programa, algo que no ocurre con Medicaid, la modalidad federal.
"California fue el primer estado en expandir Medi-Cal a los adultos indocumentados hasta los 26 años, y es uno de los pocos estados que ofrece cobertura a los niños indocumentados", explica.
Fue a través de este programa, cómo los Hernández lograron asegurar a su hija, nacida en EEUU. "Mi hija tiene Medi-Cal, pero a mi esposo y a mí no nos permitieron participar en el programa por la edad", explica Hernández. "En la clínica comunitaria nos dijeron que nos seguirán atendiendo mientras mi esposo, que paga impuestos, no gane más de 40.000 dólares al año".
Los residentes legales de California cuyos ingresos superan los requisitos de Medi-Cal, tienen una segunda opción: comprar un seguro privado a través de Covered CA, que permite elegir el plan que mejor se adapta a cada individuo y cuenta con subsidios del gobierno calculados en función del salario anual del solicitante.
"El problema es que, incluso para el que se encuentra legalmente en EEUU, estos subsidios no son suficientes, especialmente en momentos como éste, donde hay una situación económica grave y California es un estado caro", asevera Wright.
Quienes quedan excluidos de Medi-Cal y Covered CA, deben buscar por su cuenta un seguro médico –algo que en el estado dorado es una obligación para evitar una abultada multa al presentar la declaración anual de la renta–.
"En California, estamos dando los pasos hacia un sistema de sanidad universal, pero esta crisis ha expuesto lo mucho que aún nos queda", lamenta el activista. "Los americanos estamos en desventaja frente a otros países industrializados por no tener un sistema de sanidad público".
La covid-19 ha sacudido con fuerza el mercado financiero y desnudado sin escrúpulos los pilares enclenques del sistema sanitario estadounidense que, en palabras de Wright, se construyó sobre el concepto de que la sanidad es una "mercancía", no un derecho.
"No estábamos preparados para esta pandemia. De hecho, antes incluso de ella habíamos reducido las camas en los hospitales porque se veía como algo ineficiente en el mercado. Y esto no es necesariamente malo, siempre y cuando el estado tenga la capacidad de aumentar las camas cuando se necesitan", afirma. "Pero eso es algo que simplemente no tenemos en este país, ni a nivel federal, ni a nivel estatal".
Mientras los expertos en salud pública continúan haciendo sonar las alarmas ante el fragmentado sistema sanitario de EEUU, hace unos días, Donald Trump afirmó que los individuos que no estén asegurados recibirán diagnóstico y tratamiento por covid-19 sin coste alguno para ellos.
El mandatario, sin embargo, se olvidó de nuevo de los indocumentados, esos inmigrantes que siguen sosteniendo parte de la economía y las necesidades básicas de una potencia mundial cuyo capitalismo se tambalea, esos que limpian casas, aran la tierra, preparan la comida para llevar en restaurantes, cuidan niños y enfermos.
"En una pandemia, todos estamos en riesgo, y negarle cuidados sanitarios a sectores de la población que carecen de cobertura médica, nos daña a todos", sentencia Ponce.
Aitana Vargas, en Público
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