Situemos el reloj en el viernes, 17 de agosto, a mediodía. El Palacio de Rozalejo, bien público, ha sido recuperado por el Gobierno, encargado de velar por su futuro. Se ha hecho tras una labor policial encomiable, diferente a otras de años atrás, sin detenidos y sin heridos entre los jóvenes y menores que lo ocupaban ilegalmente, y con 6 heridos leves entre los “menos jóvenes” que les “apoyaban” desde la calle.
En ese momento, el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones. Con todas: con las adquiridas con la sociedad navarra, con las adquiridas en el Acuerdo Programático que permitió crearlo, y con las marcadas por la ley.
Respecto a la sociedad, tal y como reclamaba una inmensa mayoría social, se ha recuperado un patrimonio público, que nadie tiene derecho a okupar por la fuerza y privatizar su uso para una minoría.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Programático de Gobierno, se habían abierto con los okupas los “cauces de diálogo y participación desde la visión de la cogestión y/o autogestión de espacios públicos para la sociedad civil en general y para las asociaciones juveniles en particular”, tal como recogía su texto; y siempre “garantizando un uso público, plural, para toda la ciudadanía, y la igualdad de oportunidades, porque todas las asociaciones tienen los mismos derechos”.
Y todo lo anterior se ha hecho cumpliendo escrupulosamente el marco jurídico- legal. Tras la ocupación de Rozalejo, en septiembre de 2017, el Gobierno presentó la pertinente demanda por ocupación; y el Juez - dos meses más tarde - acordó derivar la causa a un “proceso de mediación penal”, que concluyó sin éxito en mayo de 2018. Durante y después de este proceso legal, el Gobierno ha intentado dar cauce al diálogo. La respuesta de los okupas, en público y en privado, era que habían decidido “quedarse en el local porque ya forman parte del barrio, y defendiéndose con uñas y dientes”. Ante semejante privatización forzada de un bien público, ¿cabía otra salida que la de cumplir con la obligada recuperación de Rozalejo para el uso de todos y todas?
Así pues, terminada la mediación penal, pero sin abandonar la vía del diálogo (como ha sido público y notorio), el Gobierno interpone en julio la demanda de desalojo. Y el juez pone fecha al desalojo: 17 de Agosto. La Policía procede de una manera ordenada y reconocida por una parte mayoritaria de la sociedad navarra, y precinta los locales okupados con los medios posibles de tapiado y protección del inmueble. Los medios “posibles”, sí; puesto que el Palacio de Rozalejo, por su configuración urbanística y arquitectónica, presenta grandes dificultades para un sellado hermético. Y así llegamos al momento en el que habíamos puesto nuestro reloj: 17 de agosto, mediodía. Así se cerraba un capítulo, de una manera satisfactoria para la inmensa mayoría social.
Pero avanzan las horas; y ese mismo viernes, por la tarde, se produce una “Reokupación” que aprovechan diferentes agentes que han olido “el botín político”.
Entre ellos, vemos diferencias. Podemos catalogar a quienes inducían a jóvenes y menores a cometer un delito; a los que irresponsablemente jaleaban a los anteriores; a quienes trataban de aprovechar la cuestión contra el Gobierno del Cambio; y a un actor determinante del que después hablaremos.
La derecha, la parte que trataba de aprovechar la cuestión contra el Gobierno, proclamaba - con la convicción posesa de quien se cree sus propias mentiras - que “el Gobierno se rinde a la presión de Bildu, que tolera la reokupación y que renuncia al desalojo”. Encontraban un aliado en las lamentables expresiones del alcalde Joseba Asirón, cuya rueda de prensa se reflejaba con el titular “celebra la suspensión del desalojo”, y el subtítulo “el Gobierno rectifica”. Unos y otros estaban, sabiéndolo o no, alimentando la supuesta épica del grupo de asaltantes protagonistas de la reokupacion.
Entre los irresponsables, vimos por desgracia a cargos públicos que deberían haber medido más sus palabras y acciones. Por fortuna, también leímos a representantes como Edurne Egino y Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, firmando un artículo que podemos asumir sin que nos duelan prendas. Coincidimos con él en que “el acuerdo a alcanzar con la parte okupante debe basarse en la corresponsabilidad y que de ninguna manera las okupaciones de este tipo de locales pueden significar <>. El uso y disfrute de un edificio público debe conllevar fundamentalmente una gestión plural del mismo, sin restricciones a nada ni a nadie, dentro de los límites del respeto mutuo y a los valores democráticos y DDHH”. Tampoco podemos estar más de acuerdo con ellas cuando afirman que “no puede ser que la ocupación de estos locales pueda conllevar la realización de obras sin autorización municipal como ya ocurrió en el chalet de Caparroso y que derivó en el precintado por parte de EH Bildu de dicho espacio. No puede ser que no se cumplan las normativas de aforos y seguridad obligatorias para locales de pública concurrencia. No puede ser que en estos locales se cuelguen fotos de presos de ETA porque como reconoció en su día Joxe Abaurrea, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruña <>”. Lo suscribimos plenamente, y creemos que esta visión del Acuerdo Programático en este asunto es además coincidente con la inmensa mayoría social navarra.
Pero el actor determinante en ese tablero de la reokupación, que politizó la cuestión extralimitándose de sus funciones, fue el propio Juez. Un juez que recibe los informes de la Policía que recomiendan no intervenir ese fin de semana por un problema estricto de seguridad ciudadana; y que recibe del Gobierno la petición, basada en esos mismos informes, de que se aplace la recuperación del inmueble (es decir, un nuevo desalojo). Pero el juez, ante esa petición de aplazamiento, de suspensión temporal... decide archivar las causas.
La decisión jurídica debe ser contestada por lo jurídico: el recurso del Gobierno. Pero, ya que el juez ha decidido “entrar en política” con los juicios de valor incluidos en su auto, es necesario contestarle desde lo político y como ciudadanía. Porque resulta que el mismo juez que derivó la primera denuncia de ocupación hacia una mediación con los okupas; el mismo juez que recibió la denuncia de desalojo una vez terminada la Mediación por él decretada... ese mismo juez es el que introduce una “valoración global de la conducta del Gobierno”, acusándole de “una sobrevenida tolerancia expresa” con la okupación, y remata con que “los hechos (la okupación) no puedan considerarse constitutivos de delito”.
Desconocemos la intención última del juez en su “valoración de la conducta global” del Gobierno; pero, con ella, ha desencantado a la mayoría social que veía las cosas resueltas el viernes 17 a mediodía; y, en cambio, ha espoleado a quienes buscaban botín político después de la reokupación, tanto a la derecha como a los (re)okupas y sus jaleadores.
Ese “botín político” consiste en erosionar a una pionera manera de conformar un Gobierno, y a una manera distinta de gobernar en una Navarra tan plural y diversa como la nuestra. Unas maneras marcadas por el Acuerdo Programático y por el natural derecho al “desacuerdo” entre socios distintos, que se encauza a través del debate leal. Por eso, al igual que la sociedad nos examina cada día, cada uno de los socios del Acuerdo Programático debemos autoexaminarnos sobre nuestras actuaciones en Rozalejo. Con autocrítica, pero también con voluntad de aprendizaje: porque el futuro puede colocarnos a todos en situaciones similares.
Porque hay una pregunta latente en la sociedad dirigida a las personas, partidos y organizaciones políticas y sociales que apoyan la Reokupación: ¿tolerarían y jalearían que en Navarra, como en Madrid, haya organizaciones (por ejemplo ultraderechistas) que, bajo intenciones humanitarias, okupen edificios de uso público?
En Geroa Bai, ante cualquier ocupación o reocupación, lo tenemos muy claro: ”defender los bienes públicos con decisión pero sin buscar el refugio de la tensión. Vocación de diálogo y defensa firme de los bienes públicos, del patrimonio de todas y todos, para toda la ciudadanía. Ese es nuestro estandarte”. Así lo expresaba la presidenta Uxue Barkos, y así lo tomamos como propio. Antes y después del 17 de Agosto.
Koldo Martínez, Virginia Alemán, Patxi Leuza (parlamentarios forales), Joseba Orduña, Iosu Janices, Ana Ansa, miembros de Zabaltzen, asociación política integrada en Geroa Bai
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