LAS CONTRADICCIONES DEL PP

El dirigente del PP vasco Borja Semper aseguró en abril de 2017 que “si ETA se disuelve mañana, la política de dispersión penitenciaria cambiará en 24 horas”. Iñaki Oyarzabal, también relevante dirigente del PP vasco, dijo: “Si ETA da pasos hacia su disolución, iniciaremos el acercamiento de presos”. Poco antes de su cese, el 13 de octubre de 2016, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, aseguraba: “Modificaremos la política de dispersión penitenciaria el día que ETA se disuelva”.

Esa era la posición del PP hace algo más de un año. Pero, en mayo de 2018, cuando ETA se disolvió y los partidos vascos aprobaron una resolución parlamentaria de apoyo al acercamiento de presos y a su reinserción, el PP fue la excepción al desmarcarse. Sin embargo, bajo cuerda, el presidente Mariano Rajoy pidió tiempo al lehendakari Iñigo Urkullu para abordar la cuestión, como reveló el lehendakari a EL PAÍS en una entrevista la víspera de disolverse ETA. Urkullu confiaba en Rajoy porque, aunque estaba presionado por portavoces de algunas asociaciones de víctimas y los sectores más ultras del PP, sabía que estaba flexibilizando la política penitenciaria, discretamente, y se habían beneficiado 28 presos etarras, entre ellos Olga Sanz y Javier Moreno, objeto de polémica estos días. La caída de Rajoy por la moción de censura de Sánchez les impidió abordar la cuestión.

Con estos precedentes resulta sorprendente la desfachatez del presidente del PP, Pablo Casado, cuando se opone a un acercamiento de presos a cárceles vascas defendido recientemente por dirigentes del PP vasco y por el que era ministro del Interior, Jorge Fernández. Y resulta bochornoso cuando asegura que es el precio que Sánchez paga por el apoyo del PNV y Bildu a su moción de censura. Cuando el Parlamento vasco aprobó el acercamiento de presos etarras ni se barruntaba la moción de censura de Sánchez y menos aún en noviembre de 2016, cuando el PNV y el PSE lo introdujeron en su pacto de Gobierno vasco.

Casado, en su pugna con Ciudadanos, se ha sumado a la tradición inaugurada por Aznar de utilización del terrorismo en su política opositora al Gobierno con su mismo descaro. Aznar dialogó con ETA, acercó a 125 presos a cárceles vascas y años después tanto él como Rajoy movilizaron a un sector de las víctimas contra el final dialogado del Gobierno de Zapatero con ETA bajo la acusación de “traición a los muertos”.

Hoy, la utilización del terrorismo como arma emocional y movilizadora de las víctimas, como intenta Casado, tiene límites. ETA se ha disuelto y no tiene sentido una política penitenciaria en el marco de una lucha antiterrorista inexistente. Asimismo, las víctimas son muy reacias a que las utilicen políticamente. Así, las portavoces de la AVT y Covite se han desmarcado de Casado. Hay también víctimas, como las hijas de Fernando Buesa y Juan María Jáuregui, que defienden el acercamiento de presos etarras en el marco legal de una política de reinserción social. Como aconsejan la ONU, el Consejo de Europa, la Constitución española y la Ley Penitenciaria.

Luis Rodríguez Aizpeolea, en El País