MONFRAGÜE 1965: EL MAYOR ACCIDENTE LABORAL DE ESPAÑA

Las imágenes de Francisco Franco inaugurando pantanos fueron muy celebradas por el régimen. Aquellos actos de propaganda servían para redimir el dolor de España “con estas grandes obras hidráulicas nacionales, embelleciendo su paisaje y creando ese oro líquido que es la base de nuestra independencia”, según dijo el dictador en la inauguración del embalse del Ebro en 1952, uno de los más emblemáticos de la época.

Quince años más tarde, en 1967, en el alma del ahora Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) comenzaron a funcionar las presas del embalse de Torrejón el Rubio, en el lugar en el que los ríos Tajo y Tiétar prácticamente se rozan. No hubo gran inauguración a pesar de la importante obra, la única de España que cuenta con dos diques en dos ríos diferentes separados por apenas 50 metros y con un túnel que une a ambos para poder trasvasar agua. Ese día todavía resonaba la gran tragedia que había tenido lugar en aquel paraje apenas un par de años antes y de la que poco se sabe todavía hoy.

Los Saltos de Torrejón, como se conoce popularmente a este lugar, comenzaron a construirse en 1959 –el año del Plan de Estabilización franquista– en previsión de la mayor demanda energética que el país tendría en la década siguiente. En ella llegaron a trabajar hasta 4.000 personas venidas de diferentes lugares de la provincia. Río abajo, a 500 metros de la colosal obra del Tajo, se fraguó un pequeño poblado obrero que serviría de hogar para muchas de las familias que iban a vivir allí durante los ocho años que duraría la faena. En la parte alta de la presa vivían los técnicos y oficinistas. Estratificación social también en la margen del Tajo.

Según explica Manuel Cañada, exdiputado comunista extremeño, en su libro Otra Extremadura (Ed. Jarramplas, 2020), “las condiciones de trabajo serán de una extraordinaria dureza”: jornadas de 12 horas diarias y sin derecho a vacaciones a excepción del 1º de mayo, el único día de fiesta en el poblado. Sin embargo, el salario y la vivienda merecían la pena. Antonio Marcos vivió allí. En el documental elaborado por Canal Extremadura en 2013 recordaba que tenían luz y agua corriente, un auténtico lujo en los años 60 en la región, una tierra condenada por la emigración, que veía cómo sus gentes buscaban mejor vida en comunidades como Madrid, Catalunya o Euskadi.

Condiciones para una tragedia

Dos son las empresas responsables de la construcción de la colosal infraestructura. Por un lado, Hidroeléctrica Española –ahora Iberdrola tras la fusión en 1992 con Iberduero–, quien obtuvo la concesión de la explotación por 99 años. Por otro, la constructora Agromán, encargada de levantar la presa, compañía adquirida por Ferrovial en 1995.

El viernes 22 de octubre de 1965 la obra ya estaba muy avanzada y en menos de un año podría inaugurarse. Había sido un mes lluvioso y comenzaba a probarse la capacidad del embalse, la cual se llevó hasta el límite. Ese día, a primera hora de la mañana, la fuerza del agua rompió una de las compuertas del túnel que unía los dos ríos e inundó el cauce del Tajo en el que estaban trabajando decenas de obreros. Solo dentro del conducto había más de 50 trabajadores, a los que habría que sumar los que estaban en el propio lecho del río. “Fue desastroso y horroroso”, explica Rosa Escobar, coautora de Los Saltos: una historia por contar, en el citado documental de la televisión pública extremeña.

El padre de Antonio Marcos se libró de una muerte segura porque ese día estaba en el entierro de su madre. “Estábamos desayunando y escuchamos sirenas y mucho ruido. La guardia civil del poblado nos pedía que subiésemos al monte para evitar que el agua nos pudiese arrastrar”, explica Marcos en el documental. En lo alto de la sierra, cientos de ojos lloraban y miraban hacia un río de aguas marrones. El padre de Fuencisla Ávila falleció esa mañana: “Si pudiéramos, ese día lo borraríamos del calendario”.

Los cuerpos fueron apareciendo en las horas, días y meses sucesivos. “Los propios obreros fueron los encargados de sacar los cadáveres de sus compañeros”, explica Escobar. Una nueva escuela que se estaba terminando de construir sirvió de morgue improvisada. Al día siguiente de la tragedia, el diario HOY titulaba con “Un muerto y varios heridos en un accidente en la presa de Torrejón”. Cuatro días después, el 26 de octubre, ABC databa en ocho el número de fallecidos encontrados y en 38 el de desaparecidos.

Escobar cree que muchas de las familias ni se plantearon denunciar a la compañía. “La gente quería volver a su vida normal, llorar su pena como buenamente podía y seguir viviendo. Había muchos hijos que alimentar. Con las indemnizaciones que se firmaron también se renunciaba a cualquier tipo de denuncia o reclamación posterior”, explica. Las viudas u otros familiares recibieron 20.000 pesetas y 5.000 pesetas por cada hijo. “Indemnizaciones ridículas”, según Manuel Cañada.

Ocultación y silencio

La versión oficial hablaba de 54 posibles muertos. Posteriormente se llegó a ampliar a 70, que es la cifra que recoge la placa que recuerda la tragedia y que tardó 51 años en llegar. En 2007, las hijas de Agustín Oliva Sanguino encontraron la lápida de su padre en el cementerio de Toril (Cáceres) junto a la de seis compañeros, lo que hizo presagiar que jamás se conocieron las dimensiones reales de la tragedia. En 2020, cuando se cumplen 55 años de la catástrofe, es difícil encontrar a extremeños o extremeñas que conozcan el peor accidente laboral de la historia contemporánea de España.

Según recuerda Cañada en Otra Extremadura, “los mandarines del franquismo” tenían clara la estrategia desde el primer momento: “ocultación, silencio, minimación de los hechos”. Algo que no sorprenderá a nadie si se tiene en cuenta que en ella estaba implicada una de las principales compañías del momento. Hidroeléctrica Española estaba presidida en ese momento por José María de Oriol y Urquijo. Su padre y anterior presidente de la eléctrica, José María de Oriol y Urigüen, “fue uno de los financieros principales del golpe de Estado de 1936”, explica el periodista Antonio Maestre en Franquismo S.A.. Tanto fue así que Franco le reconoció su “línea ideológica consecuente […] con los principios ideológicos del pensamiento tradicionalista y del Movimiento Nacional” devolviéndole el título nobiliario que había perdido durante la República.

“No es extraño que ninguna familia afectada se atreva a denuncia el accidente en ese momento. Todo el mundo es consciente de la ferocidad de la represión y también conoce o intuye que los máximos responsables de las dos empresas principales, Hidroeléctrica y Agromán, forman parte del número duro de poder del franquismo”, explica Cañada.

Finalmente, el 23 de febrero de 1970 fue dictado el sobreseimiento de la causa “por no aparecer justificada la perpetración del delito”. La tragedia se quedaba sin culpables. Cuatro meses y medio después, en julio de 1970, Oriol y Urquijo pisaba Extremadura para inaugurar una presa que llevaría su propio nombre, en la localidad de Alcántara, también en Cáceres. A menos de 100 kilómetros en línea recta, la historia de Torrejón quedaba enterrada.

Dani Domínguez, en La Marea

TAFALLA BUSCA SALVAR LA FALTA DE ALQUILER CONSTRUYENDO VIVIENDA EN EL CASCO VIEJO

 El Ayuntamiento de Tafalla ha trasladado al Gobierno de Navarra, al departamento de Ordenación de Territorio, la problemática existente en la ciudad del Cidacos con lo que al tema de alquiler y alquiler social se refiere. “Es un drama, no se encuentra nada, no hay opciones”, remarca el alcalde, Jesús Arrizubieta (EH Bildu). Según cuenta, en la actualidad, la localidad tiene un censo en el que hay registradas unas 180 personas que demandan alquiler para una oferta inexistente a día de hoy. “Es uno de los temas que más nos preocupa desde el inicio de la legislatura y en el que llevamos ya tiempo trabajando para intentar darle salida”, reconoce el primer edil.

Así, desde el ayuntamiento, se han mantenido contactos con el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno foral, José María Aierdi, a quien el alcalde trasladó la problemática. En concreto, tal y como indica Arrizubieta, desde el consistorio se han planteado dos opciones. Por un lado, que se construya en solares, tanto que sean propiedad del Gobierno de Navarra como que pueda ceder el propio ayuntamiento, en el casco viejo. La otra opción pasa por construir viviendas de alquiler en solares de la AR-2 -urbanización ubicada a las afueras del municipio, cerca de la ciudad deportiva-.

“La opción ideal sería la construcción de vivienda de alquiler en solares del casco viejo. De esta forma, además de solventar el problema de oferta, se mejoraría la imagen del casco antiguo pues muchos de estos solares hoy en día están muy descuidados y son nidos de suciedad y ratas”, apuntaba el alcalde. Además, añadía, se contribuiría así a seguir dotando de vida el casco antiguo, lugar que alberga muchas viviendas que van quedándose vacías y acaban deteriorándose. Jesús Arrizubieta remarcó la “buena disposición” por parte del Ejecutivo foral a la hora de abordar la problemática. “Sabemos que ya están trabajando en ello porque nos han solicitado información y confíamos en que tal vez en noviembre podamos tener una propuesta. Nosotros hablábamos de mínimo unas treinta viviendas y estamos a la espera ahora de sus noticias”, refirió.

En cuanto a la posible distribución de vivienda de alquiler entre los solicitantes, el alcalde tafallés cifró en el 50% para gente joven, el 40% para solicitantes de vivienda de alquiler de todo tipo de edad y el 10% restantes se reservaría para personas con situaciones económicas “mas especiales o complicadas”. No obstante Arrizubieta aclaró que todo esto se concretará una vez haya una propuesta en firme. “Lo importante es empezar a solventar el problema de la falta de oferta para alquilar. Hay que ir poco a poco pero creo que vamos por el buen camino”, concluyó.

Diario de Navarra

VOX REIVINDICA EL FRANQUISMO SIN VERGÜENZA

 Subió Santiago Abascal a la tribuna de oradores del Congreso con desfachatez, volviendo a bramar que el Gobierno de coalición surgido de las elecciones generales del pasado 10N es “el peor Gobierno en ochenta años de historia”, y esta vez añadió “y quizás me quede corto”. No fue ningún lapsus, como más de un biempensante se apresuró a sostener cuando, hace unas semanas, lo soltó por primera vez. Dijo lo que quiso decir. Y es que ochenta y cuatro años han pasado desde aquel 1936 en el que los poderes económicos de la época –con la inestimable ayuda de la jerarquía católica, los nazis de Hitler y los fascistas de Mussolini– asestaron un golpe mortal al Gobierno legítimo del Frente Popular, a la II República y a la Constitución de 1931 –una de las más avanzadas y progresistas de la Europa de la época–, consumado tres años después tras aplastar a un pueblo en alpargatas, muchos de cuyos mejores hombres y mujeres siguen amontonados anónimamente en cunetas ocho décadas más tarde.

El abuelo de Abascal fue alcalde y diputado provincial franquista; y su padre, concejal y juntero del PP, al que se afilió cuando aún se llamaba Alianza Popular, aquella formación fundada por seis exministros franquistas y un procurador en Cortes en 1976, el año que vio nacer al presidente de Vox; Franco había muerto un año antes –dejando a Juan Carlos I y sus herederos como sucesores en la Jefatura del Estado español– y la Constitución vigente sería aprobada dos años después. No subió este miércoles Abascal a la tribuna de oradores del Congreso con el objetivo de defender una moción de censura para la que sabe que no le dan los números –cuando se vote, le faltarán más del triple de los escaños necesarios para que salga adelante–, sino con el de reivindicar la España de su abuelo y de su padre –la de los ochenta años de gobiernos, según él, mejores que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos surgido de las urnas del 10N–, la de las cunetas sin abrir y las heridas sin cerrar; por eso ha vuelto a cargar contra las leyes de memoria histórica.

El presidente de Vox, que se ha pasado media vida intentando ejercer de demócrata de toda la vida –primero bajo el ala de Aznar y después bajo el de Esperanza Aguirre– y que en febrero de 2019 se plantó en la madrileña plaza de Colón con Pablo Casado y Albert Rivera para pedir elecciones generales que todos ellos acabaron perdiendo dos veces –la primera en abril de 2019 y la segunda en noviembre del mismo año–, ha pedido este miércoles los votos del Congreso para convocar otras elecciones generales –quizás convencido de que las dos primeras ni valen ni tienen por qué valer y de que a la tercera tiene que ir la vencida–; eso sí, después de presidir un Gobierno de concentración con ministros –y esto ha sido quizás lo único gracioso de la mañana en el hemiciclo– de “distintas sensibilidades ideológicas”. ¿Qué entenderá él por “distintas sensibilidades ideológicas”?

Subió Abascal a la tribuna de oradores del Congreso a cargar contra las bestias negras del fascismo: la izquierda, las naciones sin Estado –ha llegado a negar el derecho a la autonomía de las nacionalidades, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, e incluso el derecho de las formaciones soberanistas a presentarse a las generales–, el feminismo o el antirracismo. Y a negar el golpe de Estado de 1936; ha acusado a la izquierda de provocar la Guerra Civil y se ha jactado de que la perdiera. Y a reivindicar, otra vez, los gobiernos de Franco y la monarquía restaurada por este. Y a loar a Trump y a despotricar contra China. Y, mientras la mayoría de los diputados del partido ultraderechista iban turnándose y repartiéndose entre el hemiciclo y la tribuna de invitados para aplaudirlo –como la “borbónica quijada” de Helios Gómez– “con risa amarilla y colorada”, a revolver las aguas del río –y del trío– de Colón, soñando con pescar él como Franco –del que ha vuelto a criticar que se haya “profanado” su tumba en el Valle de los Caídos– pescaba salmones en el Sella.

Javier Lezaola, en La Última Hora

SACA DE TAFALLA-MONREAL, 21 DE OCTUBRE DE 1936

 El 21 de octubre de 1936 tuvo lugar la conocida como "saca de Tafalla" que culminaría en el fusilamiento masivo de 64 republicanos en Monreal, el mayor de los asesinatos colectivos registrado en Navarra. Dicha saca fue una represalia por la muerte en el frente de Sigüenza el 18 de octubre de Julián Castiella Sánchez, teniente de Requetés y jefe de Requetés en Tafalla desde 1935 por lo menos, de 25 años de edad. Castiella lideraba a los requetés tafalleses en Somosierra, tal y como se desprende de una carta que remitió desde Robregordo el 2 de agosto de 1936 en nombre de aquellos y que firmó junto con otros tres destacados tradicionalistas de la misma localidad que también se estaban allí (entre ellos, Florencio Aoiz Ozcáriz, alias Templau, posteriormente Comendador de la carlofranquista Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz) en la que felicitaban a los miembros del nuevo ayuntamiento nombrado por los golpistas (La Voz de la Merindad de 15 de agosto). Según La Voz de la Merindad de 25 de octubre la noticia de la muerte llegó el mismo domingo en que falleció cayendo "como una bomba".

Testimonios de la época, recogidos por Barandiarán, afirmaron que, tras intentos frustrados de asalto de la cárcel del distrito por parte de manifestantes, la saca contó finalmente con el permiso de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, aunque sin especificar si los asesinos eran del Tercio Móvil de Pamplona o eran requetés tafalleses. Testimonios orales de finales de los años venían a decir lo mismo, si bien uno de ello concretó que los asesinos eran de Tafalla. En el libro Navarra 1936. De la esperanza al terror se asegura que una comisión de vecinos de Tafalla, carlistas en su mayoría, se trasladó a las autoridades para conseguir el permiso para los fusilamientos y que a la madrugada llegó a la cárcel un numeroso grupo de requetés del Tercio Móvil de Pamplona para hacer el traslado. En ese relato se afirmaba que "un teniente mandaba el pelotón de fusilamiento" y que un requeté uniformado, identificado por testigos presenciales como el coadjutor de la parroquia de Murchante, Luis Fernández Magaña, era quien les daba los tiros de gracia.

De forma llamativa, ningún testimonio, hasta que yo lo hice en Sin Piedad, mencionó el hecho de que al frente de la Jefatura de Requetés, localizada en Escolapios, donde había una carcel privativa de los carlistas y se ubicaba dicho Tercio Móvil, la unidad represiva de los tradicionalistas, estaba en aquellos días Jaime del Burgo Torres. Fue designado por parte de Esteban Ezcurra, que era el jefe titular y que se ausentó entonces de Pamplona, como jefe accidental de Requetés de Navarra el 18 de octubre de 1936, cargo en el que habría estado, según se corrobora en la prensa, al menos hasta el 27 del mismo mes "con plena representación de las facultades" de las que disfrutaba aquel. Tampoco ningún testimonio ha hablado de la presencia de Del Burgo en Tafalla o en Monreal a pesar de que era una persona muy conocida en Pamplona y en toda Navarra ni el mismo Del Burgo mencionó que disfrutara tal cargo en su autobiografía.

Por otra parte, hay otros elementos que hacen pensar que el Tercio Móvil no pudo estar en Monreal. Un oficio de 25 de octubre de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra respondía al teniente coronel comisario carlista de San Sebastián, que había pedido diez días antes 200 requetés "aunque fueran del servicio Auxiliar, para prestar funciones en San Sebastián", que no era posible atender a dicha petición "por no poder disponer de ese número de Requetés, dado que el Cuerpo Auxiliar cubre toda clase de funciones en esta ciudad, y haber enviado ya, anteriormente, a San Sebastián un Tercio Móvil encargado de practicar servicios de Policía a las órdenes de la referida Comisaría Carlista". Hay que recordar que por esas fechas se produjo el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en San Sebastián. Sin embargo, curiosamente, como mostré en La (des)memoria de los vencedores, la única persona citada explícitamente en algún testimonio como actuante en Monreal, el sacerdote Luis Fernández Magaña, era precisamente el capellán castrense del Cuartel de Requetés en Escolapios, lo que hace pensar que personal de dicho cuartel estuvo involucrado en los asesinatos. La correspondencia del cardenal Gomá de unos meses después hacía referencia a sus andanzas "en malos tratos y trotes" y a su asistencia a fusilamientos, algo ya mencionado por el escolapio nacionalista Justo de Mocoroa que dijo que iba "de uniforme y armado" y por el hecho de que estuviera presente en el asesinato de Santiago Lucus Aramendía, cura, abogado y capellán castrense de izquierdas, en Undiano el 3 de septiembre. Asimismo, en el expediente de inscripción de fuera de plazo de León Pérez Echarri, vecino de Peralta, uno de los asesinados en Monreal, su viuda solicitó que fuera citado para comparecer como testigo el peraltés Antonio Tapiz Díaz, en cuya ficha de combatiente se manifiesta su pertenencia al Tercio Móvil donde había "desempeñado admirablemente todos los servicios encomendados por sus jefes". Entre sus compañeros en dicha unidad estuvo el barasoaindarra Juan Mañú Flamarique, de 43 años de edad, casado y con cinco hijos, que afirmó que había ingresado en ella el 9 de septiembre en Pamplona "para el fusilamiento de enemigos detenidos".

De cualquier forma, es presumible que los requetés de Tafalla y de la zona también hubieran participado en la masacre, sobre todo porque habrían sido precisos muchísimos voluntarios en las labores de infrestructura de traslado y ejecución de los 64 asesinados y por el grado de radicalización del momento expresado en el intento de asalto de la cárcel. Hay testimonios de la permanencia de requetés en los pueblos en aquellos meses para tareas represivas. Así, en Larraga se contabilizan 18 milicianos requetés de Larraga entre 45 milicianos derechistas totales. Por otra parte, en Falces, según Sanz Suescun, en el listado de 93 victimarios y represores de dicha localidad (elaborado a partir de relaciones de personas que recibieron abonos por labores de vigilancia y a partir de las informaciones suministradas por varias personas), había 31 requetés, 16 falangistas, 1 independiente y los demás carecían de filiación específica.

De cualquier forma, creemos que, por haber sido el suceso represivo de mayor gravedad ocurrido en Navarra durante el proceso de limpieza política registrado en 1936-1937, la saca de Tafalla y los subsiguientes asesinatos de Monreal merecen una atención mucho mayor que la que se les ha prestado ya que siguen siendo algo oscuro sobre el que flotan demasiados interrogantes fruto de una escasa voluntad de esclarecimiento. ¡Todavía domina la omertá y la desmemoria requeté y postrequeté!

Fernando Mikelarena, en Diario de Noticias

MADRID, EL AGUJERO NEGRO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

 En 1980, el 14,8% de todo lo que producía España (PIB) se generaba en Madrid. Hoy es el 19,3%. Catalunya mantiene casi el mismo peso que 40 años atrás (19,1%-19%), por lo que la comunidad madrileña ha absorbido parte de la actividad del resto de comunidades en un proceso de vaciado de la periferia que no parece tener freno.

Los investigadores del IVIE han publicado un informe en el que muestran cómo ese vaciado se ha dado tanto en actividades económicas y empresariales como en capital humano de alta cualificación. Se da, por lo tanto, lo que en la literatura especializada se conoce como una economía de aglomeración, donde un territorio (Madrid en este caso) crece cada vez más a costa del entorno. Esa inercia que sucede en otras zonas del mundo en el caso de Madrid se ha beneficiado de una serie de decisiones políticas que no solo no han actuado como contrapeso sino que en ocasiones han alentado ese vaciado en beneficio de una enorme urbe que a priori estaba lejos de una ubicación comercial privilegiada como un puerto o un río navegable.

Ernest Roig es catedrático de la Universidad de Valencia y coautor del informe del IVIE. Cuando se le pregunta qué elemento destacaría de la concentración de poder económico en Madrid contesta que “el hecho de que se haya convertido en un polo de atracción de mano de obra cualificada”, de tal manera que el 41% de la población tiene estudios universitarios frente al 31% de la media española. Esa atracción de talento se basa en una gran oferta educativa y una especialización en actividades intensivas en conocimiento que facilitan la existencia de numerosas ocupaciones de alto nivel de cualificación y de centros de decisión privados y públicos, reza el informe. Aunque para que eso sea posible es también necesario contar con la mejor y más extensa red de comunicaciones nacionales e internacionales de España, con la que cuenta Madrid.

Reig señala como segundo factor más destacado la acción política, que sitúa todas los grandes organismos públicos (ministerios, agencias estatales, tribunales, cámaras de representación, etc.) en el entorno de la capital. Miguel Cardoso, economista jefe para España del BBVA, reflexiona que el efecto capitalidad es fuerte y lleva a una concentración en Madrid de aquellos que “quieran estar cerca del regulador o del Gobierno para hacer lobby o lo que se quiera”.

El desarrollo de la Administración central tras la dictadura se centró solo en Madrid

El IVIE ha calculado que la concentración de organismos públicos estatales en la capital provoca que haya unos 75.000 funcionarios del Estado más de lo que correspondería atendiendo a su población. Eso significa que, junto con sus familias, hay un contingente de 200.000 o 250.000 personas en Madrid solo porque la organización del Estado ha optado por centralizar la mayoría de organismos en la capital. Es una enorme inyección de recursos para la capital vía impuestos y un gran generador de consumo que obviamente genera actividad económica inducida.

María Jesús Fernández, de Funcas, señala que “la economía de aglomeración es como una espiral en la que cada vez el poder de atracción es mayor”. Apenas hay experiencias de descentralización de servicios públicos más allá de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que pasó un tiempo en Barcelona hasta que el Gobierno central la vació de contenidos con la creación de otros órganos.

Albert Carerras, profesor de la UPF y miembro del Col.legi d’Economistes, añade que en las últimas décadas después de la dictadura en España se ha desplegado la Administración en toda su plenitud con el desarrollo del Estado del bienestar, la Seguridad Social, la regulación, y se ha concentrado en Madrid. “El Estado se ha reforzado mucho y se ha concentrado en la capital”, señala.

Algo parecido ha pasado con las grandes empresas, que mayoritariamente han optado por situarse cerca de la administración de ese Estado reforzado. El IVIE ha analizado que de las 100 mayores empresas de España por ingresos, 60 están ubicadas en Madrid, 9 en Catalunya, 8 en el País Vasco y 5 en Andalucía. Obviamente una parte de la pérdida de grandes sedes sociales en el caso de Barcelona se aceleró en octubre del 2017, tras la crisis del referéndum de independencia.

La segunda cara de la moneda es que esa ingente concentración de población con salarios altos provoca que la base imponible general sobre la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid fija la fiscalidad es mayor que en otros territorios, lo que permite que aunque se bajen los impuestos la recaudación lo aguante. El IVIE ha calculado que las rebajas fiscales decididas desde un punto de vista político e ideológico por los sucesivos gobiernos reducen en 4.111 millones de euros la recaudación potencial de la comunidad.

¿Madrid tiene una baja presión fiscal porque tiene muchos contribuyentes con salarios altos o tiene contribuyentes con salarios altos porque tiene una baja presión fiscal? “Se retroalimentan y la explicación se puede dar en las dos direcciones”, contesta Albert Carreras. “Tienes una base fiscal muy amplia pero también tienes la protección de un gobierno central que no limitará esa bajada de impuestos. Lo contrario que si otra comunidad decide crear nuevos impuestos”.

No existe ninguna decisión política que vaya en dirección contraria a la concentración

Guillem López Casasnovas, catedrático de la UPF, calcula que la recaudación adicional que consigue Madrid por el efecto capitalidad y por disponer de contribuyentes con salarios más altos es de entre 406 y 622 millones de euros.

Y en medio de todo ese proceso, Catalunya ha conseguido mantener el mismo peso en la economía española que el que tenía un lustro después de la muerte de Franco. ¿Por qué? “La industria sigue en Catalunya o se ha deslocalizado a otro país pero no a Madrid”, responde Joan Ramon Rovira, director del servicio de estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona. “En Catalunya tienen un mayor peso la industria, la logística, el turismo, la emprendeduría o las start-up, que configuran una economía diferente con un vocación global”, añade.

Miguel Cardoso cree que Barcelona también se beneficia en parte de esas economías de aglomeración de las que disfruta Madrid. De hecho, Cardoso cree que la fuerte concentración de poder en Madrid es también culpa de que no se haya podido desarrollar una red de ciudades medianas como hay en otros países. Más allá de Madrid y Barcelona, por un lado, y Bilbao, Zaragoza, València o Sevilla, por el otro, no hay una red de “ciudades intermedias” que pudieran retener actividad y población, se lamenta.

Los economistas alertan también de que en ocasiones en las grandes áreas urbanas donde se dan procesos de aglomeración acaban dándose economías o “deseconomías” de congestión, por lo que se expulsa actividad y población hacia las afueras. Cardoso y Carreras ven difícil que ese proceso se pueda dar en Madrid ya que es más propio de mergaurbes en desarrollo.

En lo que todos coinciden es en que no hay ningún elemento a día de hoy que vaya en la dirección contraria de evitar que Madrid y su comunidad autónoma sigan vaciando el resto del Estado y la periferia. Ni siquiera la crisis actual derivada de la pandemia. “Con la llegada de los fondos europeos las obras se realizarán en diferentes lugares de España pero donde se tomarán las decisiones y se harán los proyectos será en Madrid y en Barcelona. Son los grandes centros proveedores de servicios”.

Carreras señala que es muy difícil “escapar” de este proceso y recuerda cómo el talento de la España vaciada sueña con ir a Madrid a hacer carrera.

Eduardo Magallón, en La Vanguardia

TODOS OBSERVAN LAS ELECCIONES EN BOLIVIA......Y A SALVADOR ROMERO

 La tensión preelectoral se incrementa día a día en Bolivia a las puertas de los esperados comicios generales. Tras el desconocimiento de los resultados electorales en 2019 y el sucesivo Golpe de Estado, hoy confirmado en palabras de los propios perpetradores, el prolongado interinato ha azotado a la población boliviana por 10 largos meses, acarreando consigo una profunda crisis multidimensional: política, económica, social y sanitaria.

El pasado como prólogo

En medio de los numerosos y execrables actos de corrupción de las autoridades transitorias, el desmantelamiento del Estado y el total abandono a las urgencias de la población boliviana, la esperanza de un pronto viraje radica en la necesidad de poder ejercer nuestros derechos políticos para luego recuperar nuestros derechos humanos. Hoy, un órgano electoral solvente juega un rol vital para que los y las bolivianas podamos recuperar la patria, la matria y el ajayu.

En ese sentido, abordamos puntos centrales sobre la necesidad de una labor transparente del Tribunal Supremo Electoral frente a los, ahora, inamovibles comicios del 18 de octubre. Una rotunda imparcialidad y probidad de sus representantes es más que fundamental. Cabe, igualmente, puntualizar que este texto no busca minar la credibilidad de esta entidad, sino señalar que estamos atentos sobre lo que implican los comicios a nivel técnico, institucional, y principalmente, ciudadano.

Primeramente, las únicas dos razones de ser del gobierno interino eran pacificar el país y llamar a elecciones en un plazo de tres meses tras asumida la administración. Por una parte, la denominada pacificación tiene como fatal resultado dos masacres que cobraron la vida de 37 personas y centenares de heridos y detenidos, producto de la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como innumerables violaciones de derechos humanos, principalmente, a exautoridades, exfuncionarios de Estado, a dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo.

A la fecha, se pronunciaron al menos una decena de instituciones internacionales sobre esta vulneración sistemática a los derechos fundamentales por parte del régimen, mediante informes y reiterados llamados de atención, a saber la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH, Human Rights Watch, Amnesty International, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, la Fundación de Derechos Humanos, la Red de Universidades en Defensa de Derechos Humanos, entre otras.

Por otra parte, la convocatoria a los comicios generales excedió los tres meses iniciales de mandato transitorio, estableciendo la fecha electoral para mayo, luego agosto, septiembre y, finalmente, octubre, prorrogándose la duración del interinato en cada ocasión. Trataron de imponer un falso dilema, salud o elecciones, para justificar los aplazamientos.

En la última prórroga y anticipando que el pico de contagios por coronavirus sería a inicios de septiembre (como ya lo fuera en mayo y agosto), el TSE se valió de una única recomendación del Comité Científico de Salud sin publicar criterios técnicos o sanitarios para validar la postergación hasta octubre, pasando por alto a la Asamblea Legislativa y generando mayor inestabilidad política ante la incertidumbre.

El Carter Center respaldó, sorprendente e inmediatamente, la decisión del TSE de posponer los comicios hasta octubre. Paradojas de la vida, simultáneamente se iniciaba el desconfinamiento paulatino a cargo del gobierno central y diferentes gobernaciones.

En todo caso, jamás hubo tal pico de contagios en septiembre y, casualmente a 12 días de los comicios, resurgió el COED sirviéndose del ministro de Obras Públicas como vocero para “advertir que habrán rebrotes y recontagios”, una vez más, sin el mínimo respaldo técnico o respeto a la inteligencia de la población.

 Institucionalidad e independencia

Importante es enfatizar en el respeto a la institucionalidad e independencia del TSE. Es únicamente tuición del ente electoral administrar los procesos electorales y, por tanto, cualquier accionar de parte del Ejecutivo en este sentido constituye, esencialmente, la usurpación de sus funciones.

En junio, el presidente del TSE se reunió con Jeanine Añez a puerta cerrada. Cabe cuestionar si lo hizo como mandataria o como candidata por la agrupación Juntos, ya que entonces aún detentaba el doble estatus. ¿Por qué se reunió con ella y no con el resto de las fuerzas políticas en contienda?

Resulta pertinente considerar los recientes comunicados de la visita a Estados Unidos del ministro de Gobierno. Efervescente, Murillo publicó que viajó a cumplir agenda oficial en reuniones con la OEA, el Departamento de Estado y el BID, acompañado del autonombrado agente de la CIA, Erick Foronda.

Pues bien, Murillo usurpa las funciones del TSE y da indicios de la falta de independencia del Órgano Electoral frente al Ejecutivo, ya que en esa ocasión firmaron un acuerdo para el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOE), a la vez de advertir sobre un posible fraude en los comicios venideros (anticipando el incumplimiento del TSE para garantizar los comicios).

Además, se arroga atribuciones de las carteras de Defensa al asistir a la Casa Blanca para tratar “temas de seguridad nacional”, de Planificación y Economía para gestionar créditos y de Exteriores para canalizar todo contacto en el ámbito internacional, supeditando nuevamente a la canciller Longaric, quien, dicho sea de paso, paralelamente recibió una seguidilla de regaños en el Parlamento Europeo por haber confundido su palestra en tal escenario con un mitín electoral.

Observación internacional, NO injerencia

Es imperativo puntualizar que las misiones internacionales de observación electoral tienen la tuición de acompañar los comicios y brindar recomendaciones para mejoría en futuras elecciones en estricto cumplimiento de imparcialidad, objetividad, transparencia, no partidismo y, especialmente, no interferencia en los asuntos internos del Estado que invita a las MOE.

Por tanto, la declaración del Secretario de la OEA, Luis Almagro, respaldando al gobierno ante el inminente fraude electoral “para asegurar la voluntad del pueblo” rebasa sus atribuciones como Observador y raya en la injerencia.

El pasado 21 de diciembre, cuando posesionado como presidente del TSE, Salvador Romero se refirió en los siguientes términos “es valioso el informe de la UE, al igual que el de la OEA, que nos colocan puntos críticos del proceso electoral 2019. Lo asumimos como una hoja de ruta que pone elementos a ser mejorados o cambiados y que nos permitan llegar a la jornada electoral de 2020 con todos los temas resueltos y la confianza de la ciudadanía, que haya elecciones transparentes».

Es contradictorio que nombre a la misión europea como MOE a pesar de no serlo, ya que ésta se compuso de tan solo dos expertos y la resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 2019 precisa que «ninguno de sus miembros u organismos ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral en nombre del Parlamento Europeo», por tanto, fue poco honroso hacerlo más que a título personal. Como representante del TSE,

¿Romero erra u obvia que no es un informe oficial de MOE de la UE al momento de servirse de éste ante medios nacionales e internacionales e irradiar la narrativa del supuesto fraude?

Hasta hoy, al menos 6 estudios técnicos y más de 100 expertos en estadística y economía refutaron el informe de la OEA y apuntaron a que la metodología y los datos aplicados son errados e irreproducibles. Por su parte, el Secretario General de la OEA tildó tales refutaciones académicas como “políticas” y sesgadas, evidenciando su propio sesgo al no considerar las valiosas recomendaciones técnicas para mejorar su metodología en futuras observaciones electorales.

Asimismo, la OEA determinó enviar a Bolivia al mismo jefe de MOE que en 2019, el excanciller costarricense, Manuel Gonzalez, a pesar de que los precipitados pronunciamientos preliminares y la falta de rigor de su informe final de 2019 le ha costado la legitimidad y credibilidad a la OEA y a su Secretario General, además de costarle a Bolivia casi un año del gobierno más nefasto y corrupto desde la (entonces) última dictadura militar.

Enviar al mismo jefe de MOE es, por decir poco, una provocación al pueblo boliviano. Si el presidente del TSE conociera nuestra realidad, podría mínimamente reflexionar sobre si tal designación aporta o resta a la inestable coyuntura nacional.

Recientemente, el TSE dio a conocer las entidades nacionales e internacionales que participarán como observadores electorales: OEA, Unión Europea, Unión de Organismos Electorales de América y el Carter Center como delegaciones internacionales. Sin embargo, el 26 de septiembre, la Internacional Progresista denunció haber solicitado reiteradamente la acreditación de una delegación de cinco parlamentarios para acompañar los comicios. El TSE aún no se las otorga.

La Ley del Embudo podría ilustrar sobre la habilitación de unos y no de otros. Romero fue representante de misiones de observación electoral, consultor y asesor del Centro Carter entre 2014 y julio de 2019, también fue nombrado primer director del National Democratic Institute en Honduras entre 2011 y 2014 durante una etapa de alta inestabilidad política y social. Ambas son entidades estadounidenses asociadas financiadas por la NED y USAID. Luego fungió como consultor experto de la OEA para las reformas al sistema electoral de Honduras en 2018.

Como presidente de la entonces Corte Nacional Electoral, nombrado vocal durante el mandato de Carlos Mesa, cumplía disciplinadamente con reuniones informativas a la embajada de EEUU en Bolivia. Diferentes cables de Wikileaks dan cuenta de la periodicidad con la que Romero se reunía con la legación diplomática estadounidense en La Paz.

Nos centraremos en el cable 09LAPAZ11_a, de fecha 6 de enero de 2009, titulado Fraude cantado: denunciando anticipadamente los resultados del referendum, aunque existen 9 cables más… En tal documento, Romero se atribuye la autoría de análisis publicados anónimamente en el diario La Razón y otros medios.

Para tal efecto, Romero y Rafael Loayza idearon una estrategia de tres etapas para: establecer suficientes dudas técnicas en la ciudadanía respecto de la credibilidad frente al referéndum constitucional mediante publicaciones anónimas cada dos o tres días en prensa, generar denuncias desde el Senado y presionar a la comunidad internacional y observadores electorales.

Así nace la narrativa del “fraude” que cuestionaba, por una parte, el padrón electoral, y por otra, el apoyo rotundo al MAS especialmente en municipios de los departamentos de la “Media Luna” con base en los resultados del referéndum revocatorio. Romero se sirve de su conocimiento técnico como expresidente de la CNE para mellar la credibilidad de la institución y proyectar la urgencia de “retomar la democracia”.

Por entonces, Loayza declaraba a la embajada que consideraban la posibilidad de que existan enfrentamientos violentos a raíz de su estrategia, pero que era “un riesgo razonable para resaltar el tema del fraude”. ¿Somera similitud con la reciente coyuntura boliviana?

Medios

Por último, cabe resaltar que el Órgano Electoral debe ser imparcial y neutral a fin de garantizar el ejercicio político de los diferentes partidos, de sus candidatos y militantes, lo cual también contempla los actos de proselitismo. En las últimas semanas, la violencia escaló abruptamente desde los diferentes frentes. Sin embargo, prensa local y “analistas” parecen tener muy claro quiénes son víctimas y quiénes “violentos”, a la sombra del denominado y reciclado voto útil.

En 2019, medios bolivianos locales mostraron total voluntad para amplificar la información procedente de la OEA y contribuir a instaurar una lógica de inestabilidad y terror, pero mantienen un selectivo cerco mediático desde noviembre. Es desde ya escasa la cobertura informativa objetiva en los principales medios nacionales, aún más escasos son los análisis de académicos o intelectuales nacionales sobre los últimos diez aciagos meses.

No obstante, periódicos como el New York Times, The Washington Post, The Guardian o Le Monde Diplomatique analizaron los sucesos a los que nuestra prensa cínicamente cierra los ojos. Algunos de los titulares principales que dan cuenta de ello son: “Una elección amarga. Acusaciones de fraude y, ahora, una reconsideración”, “Bolivia y el coronavirus: la tasa de mortalidad al alza durante la crisis política”, “Mesa y Añez deben pactar para evitar que el MAS vuelva al poder” (NYT, 06, 08 y 07, 2020).

Y, además, “Investigadores del MIT ciernen dudas sobre el fraude electoral boliviano”, “Si se restablece la democracia en Bolivia, agradece a los manifestantes, no a Estados Unidos ni la OEA” (WP, 02 y 08, 2020), “Reina el silencio sobre el Golpe contra Morales en Bolivia con apoyo de Estados Unidos”, “¿Está la presidenta “interina” utilizando la pandemia para prologar su mandato?” (TG, 09 y 06, 2020), “Bolivia, crónica de un fiasco mediático” y “Golpe de Estado mediático” (LMD, 10 y 08, 2020). Ante tan abismal asimetría en la comprensión de los hechos que vivimos en Bolivia, ¿tendrá el árbitro electoral alguna atribución?

Sí, los derechos políticos también contemplan el acceso a información veraz y objetiva sobre las propuestas de los diferentes candidatos. Por tanto, los medios tienen la obligación de brindar la misma calidad y cantidad informativa de todos los partidos. La monopolización del discurso desequilibrado y discriminador atenta seriamente contra la sociedad.

Basta revisar brevemente la agenda mediática diaria para constatar que los partidos políticos no compiten en igualdad de condiciones. Previamente, fue la excesiva presencia de la entonces presidenta candidata en los medios nacionales. Hoy, los medios direccionan la representación sobre una u otra militancia.

Titulares como “Confrontaciones entre masistas y un grupo de personas”, “hordas masistas” o “grupos de salvajes” ilustran cómo la militancia del MAS se enfrenta a una deshumanización y animalización (amén de la persecución política) permanente. ¿Se pronunciará Romero al respecto?

Como Observador Internacional de la UNIORE en el balotaje de las elecciones ecuatorianas de 2017, Salvador Romero llamó enfáticamente a la población ecuatoriana, actores políticos e instituciones a “transmitir el llamado a esperar paciente y serenamente hasta la publicación de los resultados finales (…) a la vez de evitar un clima de crispación”. En esta entrevista, también aseveraba que la institucionalidad electoral en América Latina demostró fortaleza para realizar su trabajo incluso en ambientes polarizados, donde los resultados son muy ajustados.

Entonces, ¿qué opina Salvador sobre el llamado a desconocer la eventual victoria del MAS semanas antes de las elecciones de 2019 por parte de la otrora oposición? ¿o el llamado a la permanente movilización ciudadana por parte de su aliado Carlos Mesa incluso cuando aún no había concluido el conteo oficial de votos, accionar que derivó en la quema de los Tribunales Electorales Departamentales a nivel nacional y la consiguiente pérdida de material electoral?

Esta conducta antidemocrática parece confirmar la hipótesis planteada por el propio Romero en el cable analizado donde postula que la fortaleza del MAS “pondría a la oposición en una mentalidad desesperada de “minoría permanente” que podría llevarla a recurrir a la violencia”.

Finalmente, retomo las palabras de Romero en calidad de observador internacional “aún más importante que tener resultados rápidos es tener resultados que verdaderamente demuestren la voluntad popular”. En ese entendido, ¿garantizará la autoridad electoral que todos los partidos políticos lleguen a los comicios y participen en igualdad de condiciones? Sea quien sea el ganador en estos comicios ¿se respetará la voluntad del pueblo?

 Nahí Nascimento. Comunicadora social (en Rebelión)

MONARQUÍA Y LIBERTAD

Lo verdaderamente significativo de la Encuesta Monarquía 2020 no son, creo, tanto sus resultados como sus alrededores. No los datos objetivos que arroja –demoledores, por lo demás– sino el extraño espacio antipolítico en el que ha tenido lugar: el espacio del silencio. Es ese silencio el que, paradójicamente, señala más cosas sobre la enrarecida atmósfera democrática que envuelve todo lo concerniente a la Corona que las que desvela la propia encuesta. 

La primera extrañeza la configura la inaudita privatización de lo público que ha tenido que acontecer para que fuera posible obtener información. El trabajo demoscópico lo han promovido 16 medios independientes y lo han costeado casi 2.000 ciudadanos anónimos. Lo que eso significa es, si miramos bien, que la encuesta ha tenido que privatizarse. Esto es, que los encargados de sondear las preferencias del público sobre algo eminentemente público no han sido los organismos públicos, pagados por todos y a ello destinados, sino entidades privadas sufragadas por bolsillos privados. ¿Por qué?

Para atender a ese interrogante hay que retrotraerse a 2015. En ese año el CIS dejó de preguntar sobre la monarquía. Llevaba décadas haciéndolo, pero, tras tres años consecutivos en los que la institución quedaba por debajo del aprobado, canceló la pregunta. En 2012 había hecho lo propio con la pregunta sobre la Constitución y su reforma: en cuanto la adhesión demoscópica al texto de 1978 dejó de ser mayoritaria, suprimieron la cuestión. Entre la verdad y la ocultación, se opta por lo segundo. 

Los encargados de defender el silencio frente a la información han sido el PSOE, Ciudadanos, el PP y Vox. Aquí la extrañeza linda con el sonrojo. Que el señor Tezanos, director del CIS –un organismo cuya función institucional consiste en diagnosticar “situaciones y asuntos sociales” para de esa manera orientar “a los poderes públicos”– afirme el 18 de septiembre, con el rey emérito recientemente huido del país y las portadas echando humo, que los problemas de la monarquía no interesan “en este momento”, solo puede tildarse de delirante. Pero es que ese delirio lo ratifica, y lo hace en sede parlamentaria, el PSOE. Aquí el argumento ya es otro. No es que la cosa no interese, es algo peor, a saber, es que a la monarquía “hay que dejarla al margen de la contienda política”.

Es insólito: el sociólogo rechaza la verdad, el político desdeña la política. Ni uno ni otro están haciendo su trabajo, están huyendo de él. Los dos mienten: hace años el CIS sí preguntaba, y hace años el PSOE no se oponía a esa pregunta, sino al contrario. La razón es obvia, por aquel entonces el espejo decía lo que ellos querían oír. Ahora el espejo discrepa, de ahí el silencio. Pero, ¿quién habíamos quedado que era el soberano, el espejo o el príncipe? Porque el espejo somos nosotros, los ciudadanos, eso que la Constitución llama “el pueblo español”. Y albergamos nuestras preferencias, que, según se afirma, son soberanas. Y el príncipe es Felipe VI, o Juan Carlos I, o la Monarquía parlamentaria. Tiene muchos nombres, pero una sustancia: hasta ahora solo ha permitido que a la gente se la escuche cuando la gente decía lo que debía. Cuando las encuestas nos favorecen, se airean y celebran hasta el cansancio. Cuando no, se frunce el ceño moral y se decreta que, en tales casos, lo debido es el silencio. El silencio como deber cívico, como obligación democrática. 

Hablemos sobre ese silencio. Cuando Juan Carlos I se exilió “voluntariamente” (¿?), buena parte del periodismo de este país tuvo la decencia de entonar su mea culpa. Zarzalejos, Gabilondo y otros reconocieron que siempre había habido un escudo mediático, que la Zarzuela había sido intocable durante décadas y que ellos, como profesionales, habían faltado a su obligación con la verdad y la información. Incuso suponiendo que, como el de la Estrella de la Muerte en la batalla de Endor, ese escudo mediático haya caído, lo que por otro lado es mucho suponer, es obvio que sigue en pie un escudo previo, no ya mediático sino político, y que mientras ese escudo siga en funcionamiento poco se podrá hacer. Ese escudo son el PSOE y la derecha. 

Hay algo raro en ese escudo. Derecha, izquierda y otras coordenadas políticas configuran, en una democracia, diferentes opciones que se les ofrecen a los ciudadanos para que elijan entre ellas en libertad. Pero la más elemental comprensión de lo que significa la palabra “libertad” implica que el silencio, la censura y la ocultación de las preferencias han de desterrarse. La libertad no se basa en negar a una parte su voz, se basa en discutir entre todas las voces y en decidir por mayoría. Esto es el abc de la democracia, pero entonces… ¿por qué no preguntan? ¿por qué prefieren silenciar a debatir?

En El Retorno del Jedi el blindaje deflector emite su señal desde la cuarta Luna de Endor. En España el escudo de silencio monárquico/constitucional emite su extraña onda antipolítica desde la transición. Hay un episodio de la misma que atrapa, a mi juicio, la exacta sustancia de la comprensión de lo político que está en juego aquí. Como si, más de 40 años después, ese acontecimiento continuara activo, irradiando su influjo hasta nosotros. El episodio en cuestión narra cómo, en uno de los momentos más tensos y convulsos de aquellos años tensos y convulsos, cuatro meses antes de las primeras elecciones democráticas en medio siglo, dos hombres sellaron un pacto que pasaría a la historia. Adolfo Suárez legalizó, con el respaldo del rey, el PCE. A cambio, Carrillo y los comunistas reconocieron la bandera y la monarquía. Fue sin duda uno de los acuerdos que hizo posible el tránsito a la democracia. 

Que ese pacto se alcanzara fue, en su día, y desde una perspectiva política, una excelente noticia; pero que, a día de hoy, siga celebrándose del modo en que se celebra constituye una anomalía perceptiva de primera magnitud. Las categorías desde las que se asume ese episodio como algo a celebrar siguen, desde entonces, distorsionando nuestra mirada y nuestras categorías interpretativas. Rompamos el escudo: desde un punto de vista democrático, ese pacto es completamente ilegítimo. En él un gobierno de una dictadura obliga a un conjunto de ciudadanos a renunciar a algunas de sus ideas –eso es, a renunciar a su libertad– como peaje para poder hacer política. Es democráticamente desolador. 

Todo esto no significa que el pacto fuera deshonroso o que Carrillo no tenía que haberse avenido. Todo lo contrario. En 1977, lo inteligente y lo democráticamente exigible era, dadas las circunstancias, ceder a ese chantaje para permitir las urnas. Lo paradójico es que en 2020 se siga presentando el episodio no como una extorsión digamos poco edificante, sino como una suerte de pacto entre iguales. Cuando la mitología al uso cae, cuando la señal que emite las claves interpretativas no es la del escudo, el rey no estaba allí “trayendo la democracia”, sino más bien salvaguardando la monarquía. Un demócrata no obliga a nadie a renunciar a ideas perfectamente legítimas. Un demócrata acepta esa discusión en libertad y permite que sea la mayoría la que dirima la cuestión. 

Eso fue hace mucho, se dirá, y fue precisamente la Constitución de 1978 la que trajo las libertades y la posibilidad de ser republicano. Fue un precio a pagar, y políticamente había que pagarlo. Sin duda. Pero es legítimo preguntarse si en Zarzuela han cambiado mucho las cosas a la hora de optar entre monarquía y democracia, porque lo cierto es que no lo parece. A unos no les dejaron optar libremente por una u otra bandera o forma de Estado; a nosotros, ahora, prefieren silenciarnos. Que no hablemos si no es como ellos quieren que lo hagamos. ¿Por qué esa censura política? ¿Por qué no se permite siquiera que el CIS pregunte? ¿Por qué ese pavor a la verdad? 

Es esa atmósfera enrarecida que rodea a la monarquía la que produce uno de los resultados a mi juicio más reveladores de la encuesta. A día de hoy, son mayoría los españoles que votarían república frente a monarquía. Si descartamos a los indecisos, la república ganaría por 54% contra 46%. Pero, sorprendentemente, esa victoria no se concibe como posible. La permanente identificación de la monarquía con “la democracia” y la continua tachunda mediática logran que la Corona sea vista como la ven los monárquicos –una suerte de esencia política de España– y no como la ve cualquier demócrata, esto es, como una decisión libre y soberana de los españoles. Por eso, cuando lo que se pregunta no es “qué votarías tú” sino “quién crees que ganaría”, el 55.5% da por hecho que lo hará la monarquía. La república vence, pero todavía no lo sabe. 

Una victoria y un desconocimiento especialmente meritorios, porque la Corona ha tenido de su parte todas las portadas, toda la historiografía, todo el Estado e incluso toda la prensa rosa. Durante 40 largos años ha vivido instalada en una confortable burbuja protectora de la que solo se mostraba el lado amable, humano, campechano y democrático. Con una cobertura mediática así adoraríamos a cualquier familia media española y, sin embargo, una mayoría de españoles preferiría otra cosa. Imaginemos qué pasaría si, en vez del escudo emisor de interferencias y trampantojos que lleva 40 años emitiendo por tierra, mar y aire, a la ciudadanía española se la tratara como adulta y se nos permitiera asistir a un debate de verdad. A uno con sus dos posturas, en igualdad de condiciones, defendiendo sus razones. Como si, en lo relativo a la monarquía, la atmósfera fuera la propia de la libertad. ¿Se imaginan? No, claro, el escudo continúa…

Jorge Urdánoz Ganuza, en CTXT