GOLPISMO DESDE LA PRENSA CONTRA UN GOBIERNO DE COALICIÓN

Que un posible acuerdo entre PSOE y Podemos, junto con una abstención de ERC, pueda permitir que haya Gobierno, es fácil que sea motivo de crítica desde los partidos de la derecha y, por supuesto, lícito. Incluso que lleguen a airear espantajos de que vienen los comunistas o que se está pactando con los que quieren romper España forma parte de la teatralidad de nuestros políticos. Algunos hasta para decir que tendremos un ministro de Hacienda etarra. El problema surge cuando determinados sectores, con el apoyo de los medios, se arrogan la autoridad para considerar ese pacto ilícito y desautorizarlo. Si un medio titula "Los empresarios se plantan y 'vetan' a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo", les está concediendo a los empresarios el poder de "vetar" la voluntad popular, porque si fuese ministra de Trabajo no sería por otro motivo que por la decisión de unos diputados elegidos por el pueblo.

Dice el periódico que "miembros de la CEOE, según ha podido saber Vozpópuli, se niegan a que Díaz ocupe la cartera de mayor relevancia en el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". Pero, ¿cómo es que se niegan a aceptar el ministro que acuerde el presidente elegido por los ciudadanos?

Al empresario le podrá gustar o no esa persona para ministra, como a todos los demás ciudadanos nos gusta o disgusta otra opción, pero vetarlo o no aceptarlo sí que supondría un golpe de Estado. No hace falta recordar que hace más de 80 años Franco no aceptó a Azaña como presidente de España. Si, encima, el medio acepta esas declaraciones como una opinión política más, está dando alas a posiciones contrarias a la democracia.

Pero tenemos más casos de medios que ponen por encima de la voluntad popular a otros poderes fácticos, inventados o no: lo grave es darles esa legitimidad desde un periódico. "La Seguridad del Estado teme a Podemos en La Moncloa", titula El Mundo el 18 de noviembre. Dice el periódico que "la sensibilidad de los servicios de Inteligencia se ha visto sacudida con virulencia por el anuncio de un Gobierno en el que entraría una formación como Podemos. La cercana posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias forme parte de las estructuras gubernamentales ha despertado una profunda preocupación entre los agentes de la Seguridad y de la Inteligencia del Estado". Según señala, el problema es que "en el Consejo de Ministros se vayan a sentar representantes de una formación que incluye al Partido Comunista (...) porque, como recuerdan a este periódico fuentes tanto de los servicios secretos como de la Policía y la Guardia Civil, España forma parte de la estructura de la OTAN y tiene unos potentes acuerdos de colaboración militar firmados con EEUU, entre otros países".

Según esa tesis, está bien que el Partido Comunista se presente a las elecciones, pero solo faltaba que tuviera apoyos electorales como para acabar en el Gobierno. Pero obsérvese que no se cita ninguna fuente concreta, por tanto, es directamente el periódico el que asume la función de promover la ilicitud de que algún comunista forme parte del Gobierno en nombre, nada menos, que de la seguridad de España.

Donde sí que recoge fuentes claramente golpistas el diario El Mundo es publicando un artículo de opinión de quien fuera general y jefe del Ejército de Tierra de 2008 a 2012, Fulgencio Coll. Se titula nada menos que "Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional" (El Mundo, 18 de diciembre). Y no, no es una exageración el titular: dentro señala que Sánchez, por sus negociaciones para la investidura, debe ser acusado ante la Sala Segunda del Supremo "por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado". Afirma que "los poderes del Estado" (no señala cuáles) "no deben permitir esta actuación lesiva y proceder a constatar si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal. Estamos ante un problema de seguridad nacional". Un periódico publicando a un militar diciendo que el candidato más votado por los ciudadanos es un peligro para la seguridad. Lo razonable en un periódico comprometido con la democracia sería difundir que quien es un peligro para la seguridad es un militar que no acepta los resultados de la voluntad popular.

Muchos ciudadanos se indignarán, con razón, con empresarios, militares o sectores de inteligencia que no aceptan la democracia, pero quizás no habrán caído en que igual de peligrosos que ellos son los medios que les legitiman y les dan voz sin asomar la más mínima crítica.

Pascual Serrano, en eldiario.es

RUESTA: CUANDO LOS SINDICATOS REPUEBLAN LA ESPAÑA VACÍA

El sindicato CGT acaba de recuperar en los tribunales el derecho a gestionar el monte del pueblo pirenaico de Ruesta, un núcleo deshabitado desde que el franquismo se lo llevó por delante a golpe de expropiación para construir el pantano de Yesa y que, aunque lleva décadas adscrito al municipio de Urriés (Zaragoza), fue entregado hace casi tres décadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a la central sindical para que esta lo recuperara instalando un centro de vacaciones.

La cesión de pueblos deshabitados por la construcción de pantanos a sindicatos para recuperarlos tiene otros episodios en Aragón como ocurre con Morillo de Tou y con Ligüerre de Cinca, ambos en el prepirineo oscense y donde gestionan sendos centros vacacionales CCOO y UGT desde finales de los años 80.

Estos dos últimos pueblos murieron a finales de los años 60 con la construcción de los embalses de Mediano y de El Grado, en el Cinca, que obligaron a emigrar a más de 1.200 vecinos de quince localidades, mientras las obras de Yesa expulsaron a 1.850 habitantes de Ruesta y otras nueve poblaciones, víctimas de un desarrollismo que también desplazó a otros 460 de seis poblaciones de la ribera del Gállego, a un millar y medio de ocho en el Noguera Ribagorzana, a 435 de otros dos en el Ésera, a 150 en el Guadalope, a más de 2.000 del medio centenar de pueblos del valle de La Solana junto al Ara y otros 5.000 largos en Mequinenza y Fayón, en el Ebro.

Esa desgarradora herida territorial y demográfica de la montaña aragonesa, con más de 11.000 desplazados y un centenar de pueblos condenados a muerte, la mayoría de ellos sumergidos bajo unos embalses cuyo beneficio también emigraría, en este caso al llano y a las zonas industriales en forma de regadíos y kilovatios como certeramente describe La Ronda de Boltaña (“sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad”), comenzó llegada la democracia a remover conciencias y a poner sobre la mesa la urgencia de una reparación que nunca se ha terminado de completar.

Mientras tanto, sigue habiendo zonas como La Galliguera, cuyos pueblos resurgen al socaire del turismo de aventura al tiempo que conviven con la amenaza del embalse de Biscarrués.

En ese escenario, que incluye la recuperación de otras localidades como Búbal, reconstruido gracias a unas estancias de estudiantes que rondan el millar y medio anual, Griébal, cedido a los boy-scouts, o Puy de Cinca por la Uaga, el primer sindicato inscrito en la democracia, en 1977, la CHE acuerda a finales de 1988 ceder a CGT el núcleo de Ruesta y las “tierras circundantes”.

Hoy hay allí, en sendos edificios rehabilitados, dos albergues que frecuentan los peregrinos del camino de Santiago, militantes del sindicato y de organizaciones afines y turistas en general y una casa de la Cultura donde, entre otras actividades, CGT organiza sus escuelas libertarias.

También había un cámping, pero este ha tenido que cerrar como consecuencia de las obras del polémico recrecimiento del pantano de Yesa, cuyas aguas lo inundarán si un día terminan, las laderas se estabilizan y la presa resiste.

Sin embargo, la amenaza del recrecimiento de Yesa no es el único problema con el que se ha encontrado CGT en Ruesta. “Con el tiempo hemos ido viendo cómo se ha ido haciendo uso del terreno por decisiones de secretarios y de alcaldes”, explica José Manuel Muñoz, secretario general del sindicato, que anota que “tenemos problemas con la caza, con la explotación maderera y con la agricultura. Aquí cada cual ha ido haciendo negocio a su aire”.

La CHE optó en 2010 por reformar el acuerdo de cesión de 1992, que completaba otro de 1988, lo que en la práctica suponía recortar los terrenos que gestiona al sindicato en medio centenar de hectáreas y dar carta de naturaleza a la ‘okupación’ por parte de cazadores, agricultores y silvicultores. Eso dio lugar a un pleito de casi una década en el que los tribunales han acabado dando la razón a la CGT.

“Había ido retrocediendo el ámbito de la cesión un poco ‘por el alma de la abuela’, hasta que la CHE lo redujo drásticamente”, indica Paula Hormigón, la abogada que ha defendido los intereses del sindicato, que añade que “desde 1992 había habido muchos ‘cambios de cromos’. Confederación alegaba que inicialmente había entregado tierras de más, que no habían sido expropiadas, a CGT y defendió que eso había sido un error material que debía rectificar, pero el Supremo nos ha dado la razón, porque lo que hizo era una valoración jurídica, y volvemos a la situación inicial”.

La cesión incluía “el antiguo casco urbano, edificaciones, monte y choperas que circundan el poblado, y que en su día formaron parte del término municipal de Ruesta, siendo expropiados con motivo de la construcción del embalse de Yesa”, recoge la Sala Tercera del Supremo en su sentencia, en la que anota cómo en 2007 el sindicato pidió explicaciones a la CHE ante la “constancia de la cesión de parcelas agrícolas a los ayuntamientos de Sigüés, Artieda y Mianos, y que se estaba produciendo una explotación agroganadera, cinegética y maderera llevada a cabo en el ámbito de su cesión por entidades públicas y privadas ajenas” a la organización, que pretendía “evitar los posibles conflictos por la confusión en la asignación de derechos y obligaciones de las distintas entidades”.

Confederación respondió que, según la información del Catastro, “varias fincas incluidas dentro del perímetro de la cesión a CGT no fueron expropiadas” cuando se construyó el embalse, lo mismo que otras cedidas a propietarios de los cercanos pueblos de Urriès y Los Pintanos, lo que tuvo como consecuencia que “la superficie cedida ha sufrido una disminución respecto a la definida inicialmente”. Eso, a pesar de que el documento de cesión de 1992 “menciona de forma reiterada que se trata de parcelas expropiadas”.

En realidad, la CHE había retirado parcelas tanto expropiadas como no expropiadas y añadido otras que sí lo habían sido pero no figuraban en el traspaso inicial, lo que lleva al Supremo a concluir que “la determinación de las parcelas expropiadas y cedidas aparece, con carácter general, como sumamente confuso”, y a anular la corrección de 2010, con lo que el pueblo vuelve a la situación de 1992.

“Estamos abiertos a hablar, y la sentencia sienta las bases para que podamos hacerlo”, indica Muñoz, que apunta que el sindicato tiene “no tiene interés en las tierras pero sí en el núcleo de Ruesta. Queremos ordenar los usos y saber quién explota la caza, la madera y los campos. Ahora es un descontrol, un desbarajuste”.Y, en este sentido, el sindicalista señala los tres puntos clave para cerrar un acuerdo sobre el aprovechamiento del monte: un nuevo cámping, rehabilitar el edificio de la iglesia, cuya bóveda está hundida, para ubicar en ella una sala de conferencias y transformar en un hostal la casa de Lacadena o El Chocolatero.

Eduardo Bayona, en Público

EL GOBIERNO DE UPN-PP TAMBIÉN NEGOCIÓ CON HB LOS PRESUPUESTOS

Han pasado ya 25 años. Todo un mundo en política. Pero algunas cosas no son tan diferentes. Un Gobierno en minoría está obligado a buscar apoyos en el Parlamento, sobre todo cuando acaba de llegar al Palacio de Navarra y arranca la legislatura. Le ha pasado ahora al Gobierno de coalición de María Chivite. Y le pasó también al de UPN en los primeros años de la década de los 90. Porque, sí, el Gobierno de UPN, que entonces compartía sigla con el PP, también negoció los presupuestos de la Comunidad Foral con la izquierda abertzale, entonces bajo la marca histórica de Herri Batasuna,

De hecho, se citaron en varias reuniones en el Palacio de Navarra para analizar un posible acuerdo parlamentario. Allí acudieron el presidente, Juan Cruz Alli, y el entonces vicepresidente, Miguel Sanz, que aparece sonriente y distendido en las imágenes que retrataron aquellos encuentros en la sede del Ejecutivo foral. Más o menos como ahora, pero sin que el resto de partidos dedicara a aquellas reuniones palabras tan gruesas como las que la derecha ha dirigido al Gobierno de Navarra en las últimas semanas. Y que se han hecho extensibles también al PSOE tras la reunión que esta semana ha mantenido con EH Bildu en el Congreso dentro de la ronda de contactos postelectoral.

Más allá de las diferencias políticas de aquel momento, los representantes de UPN y de Herri Batasuna mantenían una relación normalizada en los años posteriores a 1990. ETA seguía presente (con una media de 20 asesinatos por año), pero su actividad armada había descendido en Navarra facilitando cauces de diálogo. Y al contrario que en legislaturas anteriores, HB había apostado por una participación activa en las instituciones.

Los regionalistas por su parte habían llegado por primera vez al Gobierno en Navarra en 1991, gracias precisamente a que HB y el PSN no lograron cerrar un acuerdo de investidura para mantener a Gabriel Urralburu al frente del Ejecutivo autonómico. La coalición abertzale decidió abstenerse en la sesión de investidura, lo que facilitó la presidencia a Juan Cruz Alli, líder del sector renovador de UPN, que llegó acompañado en la vicepresidencia por un joven político corellano: Miguel Sanz. UPN fue primera fuerza en aquellas elecciones gracias a una coalición con el PP.

Lo había hecho sin embargo en minoría y sin experiencia previa en el Gobierno. El PSN seguía ejerciendo como alternativa en Navarra y el PSOE mantenía firme el Gobierno de España. Había riesgo de fracasar en la aventura, y los presupuestos eran importantes para consolidar el proyecto regionalista. No hubo mayor problema en 1992 porque el PSN optó por facilitar la gobernabilidad tras las elecciones. Pero la cosa se complicó un año después. PSN, EA e IU habían anunciado enmiendas a la totalidad, -para facilitar el acuerdo con UPN los socialistas pedían cambiar el sistema de elección del presidente para que no favoreciera a la lista más votada-, así que solo el voto de Herri Batasuna podría salvar aquellos presupuestos.

Lo asumió el Gobierno de UPN, que decidió abrir una negociación con los abertzales que se concretó en un encuentro con toda formalidad en el Palacio de Navarra, sede del Ejecutivo Foral, y con la presencia de presidente y vicepresidente. Así lo queda constancia en la hemeroteca de aquellos días, y que hoy los regionalistas parece tener olvidada. "UPN jamás negoció con Bildu ni con sus franquicias", denuncia ahora el propio Sanz. "Que una presidenta se siente con Bildu en el Gobierno de Navarra no había ocurrido antes", apunta Javier Esparza. Pero ambos se equivocan.

Hubo una negociación, formal y oficial, entre Gobierno y HB en el Palacio de Navarra. Fue el 23 de febrero de 1993. Un encuentro que el propio Ejecutivo de Alli negó que se fuera a producir, pero que finalmente tuvo lugar con presencia de los medios de comunicación. Y en el que Miguel Sanz se mostró, según relatan las informaciones de aquellas fechas, especialmente interesado en el acuerdo. El entonces vicepresidente era también consejero de Administración Local, y la financiación de los ayuntamientos podía ser un punto de acuerdo entre ambas partes. Gobierno y HB volverían a reunirse después en víspera del pleno que debía debatir las enmiendas a la totalidad, también de forma pública y oficial. No hubo acuerdo, y PSN, HB, IU y EA acabaron tumbando el presupuesto.

El diálogo sin embargo se mantuvo las semanas siguientes, en las que el Gobierno de UPN trató de salvar las cuentas para buscar su estabilidad. "Miguel Sanz, partidario del acuerdo con HB", recoge una de las crónicas, en las que se relata cómo el vicepresidente defendió en una reunión del grupo parlamentario el acuerdo con los abertzales. Sanz proponía utilizar los 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros) que iban a ser destinados al pago de deuda a financiar "un plan de choque contra el desempleo", que era una de las reclamaciones centrales de HB. Según Sanz, no había que tener miedo a las críticas por el diálogo con la izquierda abertzale después de que el PSN hubiera "levantado la veda" tras apoyar el veto de los abertzales a los presupuestos. El Gobierno de UPN-PP también mantuvo algún encuentro más en el Palacio de Navarra los años siguientes.

Finalmente, UPN acabó optando por buscar el acuerdo presupuestario con el PSN, que terminaría consolidándose en una cohabitación de perspectiva histórica. A cambio, los regionalistas accedían a suprimir el procedimiento automático para elegir al presidente, que daba el Gobierno a la lista más votado cuando no hubiera mayoría absoluta, lo que había permitido arrebatarle la presidencia al PSN. El cambio no se haría efectivo hasta 2001, pero se sentaban las bases de una alianza que, salvo el breve tripartito de Otano (95-96) gobernaría Navarra durante más de 20 años.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias

SALVAR LA UNIDAD DE ESPAÑA, MÁS ALLÁ DE LA LEY

Desde que hace unos años las instituciones autonómicas catalanas emprendieron el camino del soberanismo en lo que se conoce como el Procés, los poderes centrales del Estado optaron por la respuesta judicial. En vez de abrir ningún tipo de negociación política se prefirió desde el principio que fuera el Tribunal Constitucional el que prohibiera no ya la realización de un referéndum consultivo sino incluso que en el Parlament se pudiera hablar, incluso sin efectos jurídicos, nada relacionado con la eventual autodeterminación de Cataluña. El cerrojazo judicial llevó a unas decisiones muy discutibles por parte de los líderes independentistas que hicieron que el Procés se fuera radicalizando hasta salirse definitivamente de la senda legal y constitucional. Ahora es el Tribunal Supremo el que ha venido a enjuiciar los hechos de hace dos años. No hay ninguna duda de que con la organización del referéndum inconstitucional del uno de octubre se cometió un delito de desobediencia. Lo reconocieron los propios encausados. Lo sorprendente ha sido que el Alto Tribunal va mucho más allá.

La sentencia está especialmente trabajada en la primera mitad que dedica a intentar despejar dudas sobre la vulneración de numerosos derechos fundamentales. Como ha sido dictada en primera y única instancia por el Tribunal Supremo, ningún otro tribunal va a poder revisar la decisión relativa a la culpabilidad o inocencia de los acusados. Sin embargo, sí que es previsible la intervención tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  Estos tribunales han de limitarse a verificar si en el proceso judicial se han lesionado derechos fundamentales de los acusados. Así, el empeño del Supremo en argumentar sobre el respeto a los derechos no obedece seguramente tanto a la preocupación de sus siete magistrados por mantenerse en el estricto marco de la Constitución como al temor a una posible revocación. Argumentan especialmente sobre las cuestiones que podrían llevar a una condena europea, porque a estas alturas no queda ni un alma cándida en España que imagine siquiera la posibilidad de que el Tribunal Constitucional corrija algún detalle de lo dicho por el Supremo.

Frente a ello, los capítulos de la sentencia en los que se aborda el meollo de la decisión están llamados a dejar insatisfecho a cualquier jurista mínimamente exigente. Los argumentos para explicar por qué cometieron los delitos de sedición y malversación son endebles. Quizás porque el supremo sabe que en este punto nadie podrá corregirlo.

Comienza este apartado descartando que se haya incurrido en un delito de rebelión. Y lo hace con evidente desgana. Sustentar la condena en una rebelión negada de manera masiva por la doctrina jurídica española debilitaría la autoridad moral del fallo. Al mismo tiempo parece que el Tribunal  quiere contentar especialmente a ese público unionista convencido de que el Procés fue un golpe de Estado. Por eso, como el mejor de los trileros, se inventa el argumento de que hubo violencia pero que no fue rebelión porque los líderes del Procés eran tan chapuceros que con violencia y todo no tenían fuerza ni determinación suficiente para doblegar al Estado. Los absuelve de rebelión por inútiles y mentirosos: ni valen para rebeldes, ni querían realmente la independencia. Pocas veces se ha visto una absolución construida tan desde el desprecio y la humillación política de las personas absueltas.

Sin embargo, esa pirueta sitúa a los jueces ante el abismo. Si no hubo rebelión y todo el Procés fue un farol o una simple algarada, resulta complicado justificar una condena tan dura como exigían desde el primer día los poderes fácticos españoles. Ahí es donde la sedición sale al rescate. Se trata de un delito definido de modo ambiguo, pero castigado con una pena severa. La lógica nos dice un castigo tan duro no puede aplicarse a cualquier acto masivo destinado a impedir la aplicación de las leyes o que las autoridades ejerzan sus funciones. La clave no está en la finalidad, sino en la acción castigada: un alzamiento tumultuario. En buena lógica un alzamiento significa un levantamiento masivo de la población: un movimiento que aspire a la subversión definitiva del orden jurídico vigente. Sin embargo, en la línea de menospreciar el Procés, nuestro Tribunal rebaja los requisitos; pasa por alto la idea de alzamiento y define la rebelión en base a la mera intención tumultuaria de inaplicar las leyes. Es, tal y como aparece en la sentencia, una desobediencia o resistencia a la autoridad (delitos castigados con una pena ínfima) que se organiza mediante una pluralidad de actos concertados. No bastaría desobedecer un día a la policía o protestar una vez por un registro, es necesario que se haga de manera coordinada en distintos momentos y lugares con el fin último de conseguir que no se apliquen las leyes. Está definiendo, sin decirlo, la estructura de cualquier movimiento popular de desobediencia civil.

Así, la controvertida decisión, viene a establecer mediante la interpretación creativa un nuevo delito, nunca antes aplicado así, que persigue con extrema dureza los movimientos de desobediencia civil. A partir de ahora el ciudadano que en una manifestación desobedece la órdenes policiales de irse a su casa, o el que impide la entrada a un domicilio de la comisión judicial que viene a desahuciar a sus ocupantes, estarán cometiendo a lo sumo un delito de desobediencia o resistencia. Castigados sin penas de cárcel. Pero si hace eso mismo en el marco de un movimiento organizado que aspira a presionar a las autoridades para cambiar alguna ley o promueve la desobediencia contra ellas estará incurriendo en delito de sedición y podrá acabar entre cinco y quince años en la cárcel.

Es cierto que el Tribunal Supremo pone especial énfasis en el castigo a los que organizan o convocan la desobediencia masiva, pero eso no es sino una estrategia utilitarista: en este tipo de movimientos no es eficaz encarcelar a miles o millones de activistas, sólo se reprime a los líderes.

Con todo lo dicho, es evidente que la sentencia plantea muchos problemas. Problemas jurídicos, pero también políticos. No se trata sólo de la pena impuesta, aunque no sea éste un asunto baladí: a los líderes de dos organizaciones sociales que se limitaron a convocar manifestantes para protestar por un registro judicial y a llamar a resistirse pacíficamente a que la policía retirara los efectos de una consulta popular los castiga con nueve años de prisión. Junto a ellos, a la Presidenta del Parlamento catalán la condena a once años y medio sin que por mucho que uno relea la decisión sea capaz de encontrar una explicación razonable para ello. Uno se queda con la impresión de que la sentencia se construye para justificar unas penas que cumplieran determinada función política, demostrando la dureza del estado, y no al revés. Pero eso tiene que ver con la función política de la decisión y con su efecto desalentador del ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión.

Desde el punto de vista jurídico lo más llamativo es la disociación entre la ley y la voluntad democrática reflejada en el Parlamento español. Dice la Constitución española que la ley es la expresión de la voluntad popular. Ello se concreta en que son las Cortes las únicas legitimadas, en virtud de su legitimación democrática popular para establecer por mayoría absoluta los delitos y las penas. Cuando el legislador español redacta y aprueba la descripción de la conducta castigada como rebelión, atribuyéndole una pena determinada, no busca la criminalización de los movimientos de desobediencia civil pacífica. En ningún momento el órgano legítimo para ello ha establecido que los líderes de un movimiento civil organizado que busca la inaplicación de determinadas leyes mediante la desobediencia masiva a las mismas puedan ser encarcelados en torno a una decena de años.

Es el Tribunal Supremo el que reinterpreta el precepto de la sedición con la finalidad específica de poder castigar a los líderes independentistas. Al hacerlo introduce una nueva norma penal en el ordenamiento y proscribe movimientos políticos que hasta el momento eran merecedores de penas ligeras y sanciones esencialmente económicas. Ha cambiado la ley, sin que intervenga el Parlamento y eso, hay que decirlo ya, es una quiebra del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho se basa en el imperio de la ley, no en el imperio de los jueces. Si el poder judicial no consigue autolimitarse y restringir su competencia sin invadir la del resto de poderes del Estado, toda la estructura democrática corre el riesgo de convertirse en una mera forma vacía. Difícilmente puede exigir legítimamente a la ciudadanía respeto a sus decisiones un poder judicial que se extralimita y manipula las normas jurídicas a su antojo con objetivos propios.

Dicho esto, la amenaza a nuestro Estado de Derecho por parte de un Tribunal Supremo que asume funciones que no le corresponden sólo tiene remedio desde la estricta observancia por el resto de actores, incluida la ciudadanía, de las mismas normas marco que ellos vulneran. Fuera del Estado de Derecho sólo hay violencia y miseria. Aunque la sentencia abra una grieta en la distribución constitucional de poderes nuestra obligación ahora es volver a cerrarla y revertir la situación. El objetivo esencial de la política española en este momento no debe ser sólo resolver el conflicto en Cataluña, sino evitar que los jueces asuman un papel que no es el suyo.

Joaquín Urías, en ara.cat

"HIERBA DE BRUJAS": UNA HISTORIA DE UNA ÉPOCA CONVULSA, EN LA QUE SE ENTREMEZCLAN POLÍTICA Y RELIGIÓN"

La caza de brujas en Euskal Herria fue mucho más que Zugarramurdi y Pierre de Lancre. Toti Martínez de Lezea recrea en su nueva novela, Hierba de Brujas, en castellano, Sorgin Belarra, en euskera, un episodio tan cruento como desconocido. En tan dramáticas circunstancias teje los hilos de sus vidas una variopinta saga de personajes.

En Hierba de Brujas vuelve al siglo XVI, a uno de sus episodios más traumáticos, la caza de brujas. Sin embargo, son hechos poco conocidos, que no han alcanzado la notoriedad de los de Zugarramurdi en 1610. ¿Por qué ha elegido ese capítulo de nuestro pasado?

Precisamente por eso, porque es poco conocido. Para hacernos una idea, en Logroño juzgaron a medio centenar de vecinos y vecinas de Zugarramurdi, ejecutando en la hoguera a once de ellos. Noventa años antes, 1525-1527, en los valles de Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa y Erro, asesinaron a entre cien y doscientas personas en la hoguera y en la horca. Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero no hubo pueblo ni aldea que no sufriera la acción de los jueces civiles enviados por el Consejo Real de Navarra, ya entonces bajo la Corona de Castilla.

En la novela son varias las voces que interpretan la caza de brujas como una forma de disciplinar a comunidades rebeldes. ¿Comparte esa visión?

Por supuesto. Barandiaran, Caro Baroja, Lacarra y algunos otros señalan este hecho, aunque hipotéticamente, puesto que no existe documentación que avale que la caza de brujas fuera un medio de represión, muy efectivo, por cierto. Una prueba podría ser el hecho de que el licenciado Pedro de Balanza, uno de los seis consejeros reales, juez y oidor de Navarra, fuera a Iparralde en 1521 al mando de un ejército y cuatro años después acudiera a los valles a… ¿cazar brujas? Es ridículo, y más en aquellas zonas, claramente agramontesas, contrarias a la ocupación extranjera.

Esa represión también se aplica, caso del personaje de Milia, como vía para socavar una serie de prácticas, saberes y oficios transmitidos de generación en generación entre mujeres…

Digamos que aprovecharon para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, acabar con los focos de resistencia al nuevo gobierno y por otro, con los remanentes “paganos” que persistían en la zona, mantenidos y transmitidos por las mujeres, y de paso también con la lengua y las tradiciones, incomprensibles para los nuevos ocupantes.

Aparte de los hechos históricos, ¿qué plantea Hierba de Brujas?

Una novela es ante todo una narración sobre unos personajes, sus ideas, sus modos de vida, ambiciones, miedos… El hecho de situarlos en una época concreta, es solo el escenario de la trama. En Hierba de Brujas los lectores encontrarán, entre otros, a una joven, Loredi, condenada desde su nacimiento por ser la séptima de siete hijas; a su padre, Balendin, dispuesto a todo con tal de salvarla de los infundios; al juez Balanza, hombre chaquetero donde los haya con tal de medrar y enriquecerse; a Avellaneda, obsesionado con el sexo y la caza de brujos inexistentes. Es una historia que transcurre en una época convulsa donde política y religión se entremezclan, y en la que sus protagonistas se debaten entre el bien, el mal y la supervivencia.

Tomás Zaballa, en postdata.elkar.eus

MARIO FABO, ALCALDE DE MARCILLA, APUESTA POR CONSTRUIR UNA VARIANTE

Mario Fabo Calero revalidó la alcaldía de Marcilla en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo y, de esta forma, puede continuar su programa para culminar los proyectos que se comprometió a realizar ante sus vecinos. Así lo pone de manifiesto en esta entrevista en la que hace balance de la gestión que está realizando al frente del consistorio ribero.

¿Qué ha sido lo mejor del 2019 para su localidad?

Yo creo que lo mejor del 2019 ha sido la ampliación de EXKAL, un proyecto que va a generar muchos puestos de trabajo y, por consiguiente, mucha actividad económica de distinta índole. Desde el comercio hasta la vivienda.

¿Y lo peor?

Lo peor creo que ha sido el resultado que ha salido de analizar el estado de las infraestructuras de nuestras calles, tenemos una red de abastecimiento y saneamiento obsoleta, con materiales, a día de hoy prohibidos, donde se cruzan infraestructuras eléctricas, de gas y de agua sin una planificación previa, lo que nos está generando muchos problemas, tanto en el funcionamiento diario como a la hora de arreglarlas. La pena también ha sido el problema que hemos tenido con la empresa adjudicataria de las obras, una empresa que no ha respondido a las expectativas y estamos teniendo muchos problemas con ella.

La legislatura acaba de comenzar, ¿Qué proyectos quiere ver cumplidos a partir de 2020?

Hay muchos, se ha incrementado notablemente el tráfico por la travesía, por lo que pensamos que es indispensable iniciar los trámites para la construcción de una variante, el depósito de agua se ha quedado pequeño por lo que tiene mucha recirculación de agua y es complicado tratarla, son dos proyectos que ya hemos trasladado al Consejero de Cohesión Territorial para que los analice, junto con la construcción de una pasarela peatonal y para bicicletas que cruce el río Aragón.

¿Y cuál quiere que sea su proyecto Estrella?

Yo no soy de proyectos estrellas, me centro más en esos pequeños proyectos para intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos y que la suma de todos esos pequeños proyectos sean una gran mejora.

¿Cuál es su modelo sobre la financiación y gestión local?

A la vista están los resultados, cogimos el ayuntamiento con 900.000 euros de remanente y 1.100.000 euros de deuda y, al finalizar la legislatura pasada, cerramos con 1.800.000 euros de remanente y 450.000 euros de deuda. Esto, conjugado con que no dejamos de invertir, habla por si solo del modelo de financiación y gestión local.

¿Qué necesidades tiene su municipio en materia urbanística y qué pasos va a dar?

La implantación y ampliación de empresas en Marcilla, está generando un déficit de vivienda, llevamos tiempo hablando con interesados en construir vivienda en Marcilla en suelo público y en breves fechas habrá noticias.

¿Qué tiene de atractiva su localidad para que las empresas inviertan y generen empleo?

Por un lado la situación estratégica, muy bien comunicada con Pamplona, Tudela o Zaragoza. Por otro lado, el acompañamiento que hacemos a las empresas que se instalan en Marcilla, que creo que es muy valorado por las empresas.

Educación y Cultura, dos carteras importantes, ¿Qué tal responden sus vecinos a la acción municipal?

Bueno, yo creo que Marcilla es un referente en la zona a nivel cultural, tenemos muchas actividades culturales y, además de gran calidad. Va a ser todo un reto mantener el listón que nos dejó el anterior concejal de cultura

El sector agrícola en general no termina de despegar, ¿De qué forma se ayuda a los agricultores desde su Ayuntamiento?

Para este año 2020, vamos a eliminar la Tasa de Rodaje que se aplicaba a todos los vehículos agrícolas hasta ahora y estamos invirtiendo cada vez más en mantener los caminos y el comunal del ayuntamiento.

¿Qué importancia concede usted al turismo y, en este sentido, que estrategias le gustaría desarrollar para impulsarlo en su localidad a partir de 2020?

Llevamos tiempo trabajando conjuntamente con Peralta, Falces y Funes, ahora hemos extendido esta colaboración a otros municipios para potenciar el Camino de la Vera Cruz, uno de los caminos santos que pasa por nuestro municipio. También somos socios fundadores de la Red Explora

Tomar medidas contra el cambio climático es una labor de todos, ¿hasta qué punto le preocupa el tema y qué iniciativas municipales le gustaría desarrollar con el nuevo año?

Evidentemente es un tema que preocupa, ya estamos trabajando en ello renovando el alumbrado público para pasar a tecnología led así como todo el alumbrado del complejo deportivo.

La Voz de la Ribera

HOSTO-HAIZAGAILUA ETA INGURUMEN POLITIKA

Haizea botaz belar-sailak, bide-ertzak eta inguruak hostoz garbitzeko erabiltzen den makina motorduna, bizkarrean eramaten ohi dutena eta gasolinaz edo argindarraz funtzionatzen duena. Ze gogaikarriak diren!Baina hor dago Txerrenaren makina, garapenaren ikur. Garapena? 

Lan gogorra kentzeko omen dago asmatua ditxosozko trastea, baina kaltegarria da oso. Lehenengo, zaratatsua delako, kalte egiten die animaliei edo paseatzaileei, bai eta erabiltzen duten horiei, nahiz eta segurtasun kaskoak eraman. Bigarrenik, pisutsua ere bada, 7 edo 10 kilokoa, luze erabiliz gero, txarra bizkarrerako. Eta azkenik, erabat kutsakorra da, batez ere erabiltzen dutena gasolinazkoa baita. Traste zaharra bada, anitzez kutsakorragoa, eta, horietarik dexentebadira, ziurrenik 85 dezibelioen inguruan soinu gogaikarri hori sortzen dutenak. Munduko Osasun Erakundearen iritziz, zarata hori saihestu behar da eta,beste batzuen iritziz,baxuagokoa ere bai. Nerbioetan ere eragiten omen du zarata horrek, antsietate prozesuen kalterako.

Erosotasunaren izenean, zenbat aparailu eta zenbat katxarro. Erosoa al da?. Erosoa izan daiteke, bai, izan daiteke. Horrek gogora ekartzen dit egunotan wasap bidezjasotako istorioa. Nola supermerkatuko kutxazain batek aurpegiratu omen zion atso bati bere belaunaldikoei ez zitzaiela axola ingurumena zaintzea ondorengoei begira, atsoak plastikozko poltsak hartzen zituelarik ikusita. Atsoak erantzun omen zion halako gisan: garai hartan esne, freskagarri eta garagardo botilak dendara itzultzen genituen, dendak fabrikara eramaten zituelako garbitzera, esterilizatzera eta betetzera, behin eta berriro erabiltzen ahal zirelarik. Eta ildo beretik jarraitu omen zuen atsoak: paper birziklatuzko poltsaz, oinez leku batetik bestera ibiltzeaz (eta ez auto sakratuaz), pixoihalak garbitzeaz eta abar eta abar arituz; lehen, “ingurumen kontua” existitzen ez denean, askoz ohikoa baitzen natura zeharka zaintzea orain baino. Eta begiratuko bagenio kontuari? Zenbat diru xahutzen du demoniozko hosto-haizagailu horrek?. Zarrea eta isatsa egokiro erabiltzea ez al zen anitzez osasuntsuagoa izanen?. Gainera, lanpostu gehiago sortuko ziren, azken finean, halako makinek milaka lanpostu deuseztatu dituzte eta atsedenaldiak egokiro hartuz gero, gorputza mugiarazteko balio dezakete eskuzko tresna horiek,osasunaren mesederako. 

Baina, gizakia animalia tematia da. Euritakoa astindu beharrean, poltsaratzeko makinan hura sartu eta plastikozko poltsa eder batean bildu behar du garapenaren izenean…

Gazteek bere kezka agertu dute etorkizuna gogoan. Ongi litzateke zaharrek ildo beretik munduari zerbait irakastea ea tartean dauden helduek antzematen duten. Batez ere boterea duten horiek, ze, azken finean, kontua politikoa da: gobernuek badituzte bere lantoki eta egoitzetan ingurumena zaintzeko arauak konpliturik? Zaborrontzi egokiak liburutegi publikoetan?. Ingurumen saileko departamenduetan?. Lorezaintzako tresneria gordetzen duten biltegian?. Auskalo median.Nire amak esaten zuen: Batak besteak egin behar duela, besteak hark egin behar duela, etxea garbitzeke, edo, batak ez jakinez, besteak ezinez, egitekoakdoaz gaizki eginez.Bi etxetako zakurra, goseak hil.

BitorAbarzuza Fontellas