lunes, 9 de febrero de 2015

LA IKASTOLA GARCÉS DE LOS FAYOS DE TAFALLA SIGUE CRECIENDO

Muchas caras conocidas, padres y madres que fueron alumnos en su día, alumnado actual, numeroso público y muchísimos invitados entre los que se encontraban autoridades municipales, provinciales, representantes de Federación de Ikastolas, y responsables de otros colegios, acudieron expectantes a la inauguración y posterior visita del nuevo edificio de la Ikastola de Tafalla que acogerá un centenar de alumnos y alumnas del ciclo de la ESO.
Unas instalaciones modernas, amplias, luminosas y dotadas de todos los avances tecnológicos, que ocupan un total de 3.142,53 m.cuadrados de superficie construida en la AR2, con un coste de 2 millones de euros.
Condujeron el acto festivo los alumnos Sury Belloso y Ander Labairu. Tras el aurresku inicial, interpretado por Uxue Alcuaz e Idoia Sesma, Kontxi Ardanaz como directora del centro e Iñaki Sota como presidente de la Ikastola intervinieron en euskera y castellano respectivamente para expresar que “a partir de hoy la Ikastola ofrece a la comarca un proyecto educativo más potente, moderno y competitivo". A la par, se mostraron muy satisfechos “porque hoy concluye un proceso de 8 años en el que se ha implicado muchísima gente”.
En el recuerdo queda la aventura pionera, la audacia, el esfuerzo y la ilusión de aquellas familias que hace 44 años, con una aula en el asilo de San Severino y ocho criaturas, intentaron sacar adelante un centro educativo en euskera. “Ellos –remarcaron- sentaron los cimientos de lo que somos ahora”, un proyecto educativo que no ha dejado de crecer. Sin embargo, remarcaron, “tenemos otro reto porque la modificación de la Ley del Vascuence condicionará en gran medida nuestro futuro”. Hasta la fecha, “hemos asumido la enseñanza del euskera en la llamada “zona no vascófona, y tenemos mucho que decir y aportar. Este edificio supone una apuesta de futuro y la calidad es nuestra mejor tarjeta de visita”, concluyeron, no sin antes agradecer la colaboración de todas las personas e instituciones (Ayuntamiento) que han hecho posible la realización de ese sueño.
Los coros y la comparsa de gigantes y cabezudos pusieron la nota musical previa a la apertura de puertas para visitar unas instalaciones que dejaron sorprendidos a todos. Un aperitivo posterior puso el broche final al acto.
La Voz de la Merindad

ETA DEBERÍA RESUCITAR

Si después de leer el título sigue adelante con el artículo, ha caído usted en uno de los más viejos (y fecundos) trucos de la publicidad: llamar la atención por medio de un titular polémico. Es parecido a cuando tal o cual marca trata de vendernos sus galletas o sus automóviles colocando el producto en manos de una joven atractiva. Si continúa usted leyendo descubrirá que lo que se pretende aquí, en la medida de nuestras modestas posibilidades, es precisamente lo contrario: que ETA se quede para siempre en el oscuro rincón de la memoria en el que se metió hace un lustro. Ya de paso, que se reúnan allí con esta milicia todos los que portan armas (y las utilizan) en nombre de cualquier bandera, ideología, patria, club deportivo, religión o el subterfugio que sea.

Un deseo encomiable y también muy difícil de conseguir en una civilización saturada de violencia (la primera y mayor, la que ejercen los gobiernos) y más complicado aún en el Estado español, donde algunos parecen añorar aquellos tiempos en los que ETA campaba más o menos a sus anchas. Por eso el título de este artículo va entre comillas: para algunos, aunque no lo reconozcan abiertamente, es como si fuera un lema.

ETA cometió su último asesinato el 16 de marzo de 2010. El 5 de septiembre de ese año anunció un alto el fuego unilateral. Y no mucho después, en octubre de 2011, decretó el cese definitivo de su actividad armada. Un final lógico, por desgracia muy retardado en el tiempo, para una organización que era, desde hacía décadas, una de tantas reliquias tristes heredadas de la dictadura franquista.

Lo que tendría que haber sido motivo de celebración nacional pasó sin pena ni gloria. No sólo eso, sino que unos cuantos políticos profesionales, pesebristas y plumillas a sueldo a duras penas disimularon el fastidio que les produjo esta retirada sin victoria. Un estado de ánimo despreciable, pero que se mantiene hoy, al cabo de los años, cada vez que alguien impetra a los residuos de la organización independentista. ¿Por qué este empeño de algunos, pocos pero significativos, en reanimar el cadáver de ETA?

Una actitud mezquina, pero no tan extraña en realidad. ETA fue durante años un problema de orden público que causó dolor y sufrimiento a muchas personas, pero jamás representó una amenaza para la integridad territorial del Estado español. En particular tras la muerte del dictador F. Franco, y sobre todo después de los atentados de 1987 en Zaragoza y Barcelona, cuando la organización abertzale perdió por completo el apoyo con el que aún contara entre la izquierda (que durante años celebró la muerte de policías y militares franquistas), cada atentado etarra no sólo no acercaba la independencia de Euskal Herría (un objetivo político tan legítimo en sí mismo como cualquier otro si se persigue por medios pacíficos), sino que la dificultaba más y más. Por supuesto, no hay que pedirle lógica al nacionalismo en general, como demostré en un artículo anterior («Por qué hay que estar orgulloso de ser español?»), pero lo cierto es que al nacionalismo contrario, el españolista, le venía de perlas contar con un enemigo de una debilidad extrema, fácil de controlar, repleto de infiltrados, pero capaz de hacer el daño suficiente para justificar toda una serie de políticas.

ETA, en cierto sentido, era muy española: pequeña, de poca monta, mal organizada, chapucera. Y por suerte era así. ¿Qué habría ocurrido si la organización abertzale hubiera mostrado una beligerancia equivalente a las FARC o, sin ir tan lejos, al IRA? ETA, con su actividad errática, dañina pero en absoluto decisiva, constituyó un subterfugio excelente para legitimar tribunales represivos, leyes de excepción encubiertas y un Estado policial cada vez menos disimulado dentro del raquítico parlamentarismo español.

Como el villorrio de Gibraltar, ETA sirvió a los sucesivos gobiernos de incompetentes que ha sufrido el Estado español para distraer la atención de los problemas reales de una nación fallida: economía débil, desempleo sistémico, explotación laboral, corrupción generalizada, desequilibrio territorial, insignificancia internacional, dependencia total del exterior, ausencia de soberanía… Recurrir a la malvada ETA generaba cohesión en torno al gobierno de turno, fuera de derechas (UCD, PSOE) o de ultraderecha (PP) y, al menos mientras duraba caliente la sangre de los muertos, la población no pensaba en otra cosa. Esto, como enseñar teta para vender chocolate, forma parte del abc de la política básica: a los Estados Unidos también les vino fatal el hundimiento de la URSS y tuvieron que buscar con prisas un nuevo enemigo común, Al-Qaida y sus copias, menos presentable, pero suficiente. Al menos de momento.

Por cierto, que al españolismo la sustitución de ETA por el fanatismo de algunos grupos islámicos no le valió para compensar la escapada de aquel enemigo común/hijo pródigo tan útil y en realidad manejable. Pese a barbaridades como la del 11-M en Madrid, los islamistas no tocan la fibra sensible del patrioterismo; Su supuesto mensaje religioso deja indiferente a una nación sociológicamente harta de templos al cabo de décadas de nacionalcatolicismo; y además tampoco actúan tan a menudo como lo hacía ETA. Así que no valen como sustituto para una población, la española, que ni de lejos considera que el islamismo sea un peligro efectivo, y mucho menos algo propio, cercano o familiar.

Hay que decirlo: la retirada de ETA del escenario político fue para algunos desalmados una mala noticia. ¿Cómo, si no, se explica la recurrencia constante a los fantasmas etarras hasta hoy mismo, a principios de 2015? Cabe admitir el deseo de venganza (poco cristiano, pero muy humano) de las víctimas y sus familiares, pero no tanto el empeño de muchos políticos turnistas y sus medios de prensa afines por resucitar el problema. Las referencias son constantes: hay personajes más o menos retirados que, al empezar sus disertaciones, recuerdan al oyente cómo acudieron a tal o cual entierro de una víctima de ETA, años atrás. Otros presumen de sus victorias en la lucha antiterrorista, como oficiales viejos que echaran de menos el campo de batalla. Y los hay que acusan a sus rivales electorales de ser amigos de ETA o de formar parte de extraordinarios contubernios en los que se mezcla a la organización armada con «potencias extranjeras» (como en las películas de James Bond). Nada extraño, por otra parte, en un país en el que los gobiernos turnistas jamás se han preocupado de otra cosa que de sus intereses partidistas y personales e incluso han conseguido dividir y enfrentar a las víctimas del terrorismo, cosa, hasta donde sabemos, inédita en el mundo. España siempre es diferente. Para peor.

No está muy claro que sacar a ETA de su tumba genere réditos claros a la hora de las elecciones, pero por si acaso se intenta. A fin de cuentas los políticos profesionales no son personas demasiado inteligentes: tan sólo entes ambiciosos y sin escrúpulos. Reabrir casos cerrados, solicitar penas de cárcel ilegales o simplemente negar que ETA es ya sólo una sigla olvidada por la mayoría, entra en la misma línea que la miserable gestión gubernamental de los atentados del 11-M. (Como nota informativa: el último Barómetro del CIS de 2014 señalaba que apenas un 0,1% de los encuestados consideró que el terrorismo fuera un problema relevante para España; en septiembre de 1986 la valoración al respecto era del 66,5%.)

En definitiva, los que no saben gobernar necesitan pretextos, excusas, enemigos comunes para envolver al pueblo en la bandera y ocultar tras el trozo de tela su incompetencia. La inactividad, ojalá definitiva, de ETA dificulta mucho el trabajo a una caterva de políticos gañanes como pocas veces los ha habido en la entidad territorial llamada Estado español. Así que, en efecto, la retirada de ETA fue una mala noticia para muchos, pero no necesariamente para los abertzales. Los demás, mientras tanto, esperamos que ETA no resucite jamás, a pesar del esfuerzo en contrario de algunos.

José Manuel Lechado, en Iniciativa Debate

MUCHOS OJOS, POCAS MANOS

Hace unos días, entrando en Barcelona por la Diagonal, me sorprendió una enorme pancarta colgada en la balconada de un edificio en la que se leía un mensaje ciertamente estridente: “Fora inútils polítics”. Ignoro los motivos, porque no se daban más pistas, pero la frase me resultó extremadamente inquietante. ¿Qué quería decir exactamente? Porque no es lo mismo pedir que se vayan los políticos inútiles, con lo que podríamos estar de acuerdo, que pedir que se vayan los inútiles de los políticos. Eso es otra cosa. La generalización implica un nivel de descrédito de la política que resulta peligroso. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Es cierto que la política no se agota, ni mucho menos, con la actividad de quienes la ejercen, pero la acción política siempre necesitará de intermediaciones más o menos profesionalizadas. Se puede y debe discutir si los actuales formatos y formas de ejercer la política sirven o no a los fines de la democracia, que es representar los intereses de la ciudadanía. Desde luego, hay razones sobradas para la crítica. El sistema surgido de la Transición primó el papel de los partidos políticos como instrumento central de la política. En una sociedad que llevaba décadas de dictadura tenía sentido reforzar el papel de los partidos como instrumento de participación política y como medio de reclutamiento y formación de líderes políticos. Pero con el tiempo y la ayuda de una ley electoral que ha favorecido el bipartidismo, los partidos que se alternan en el poder han aprovechado las ventajas que les otorgó la arquitectura diseñada en la Transición para colonizar todo el espacio institucional, de modo que aquellas estructuras creadas para canalizar y facilitar la pluralidad política, han acabado asfixiándola.

El resultado es que los partidos llamados “de gobierno” han evolucionado de tal manera que parecen más empresas destinadas a conquistar y retener el poder que instrumentos para canalizar la participación política. Reducidos a una maquinaria electoral, sus dirigentes se han venido eligiendo por un sistema en el que priman más los criterios de afinidad y lealtad, es decir, de sindicación de intereses personales, que en cualidades políticas y capacidad de liderazgo.

El resultado ha sido un empobrecimiento de las élites políticas. Lo que impera es un sistema que da a unas pocas personas situadas en las cúpulas de los partidos un poder casi absoluto sobre todos los niveles de la administración. Es decir, sobre los presupuestos que controlan esas administraciones. Los mecanismos de elección partidaria tienden a expulsar fuera del sistema a quienes se mueven por otros impulsos o no se avienen, por razones éticas o de exigencia política, a las reglas de ese ecosistema.

Mediocridad política y corrupción son, en realidad, dos caras de la misma moneda. Si se rebaja la exigencia ética y se evita cualquier rendición de cuentas, no es extraño que aquello que empezó siendo una conducta corrupta para favorecer al partido y asegurar su permanencia en el poder, acabe siendo un sistema que generaliza la corrupción en todos los niveles de la gestión pública. Y lo hace anulando la capacidad de los organismos de control y contrapesos creados para ejercer la vigilancia del poder, y propiciando una cultura de lo público que considera legítimo utilizar los resortes de la política para defender intereses privados. O para enriquecerse.

No es casualidad que uno de los eslóganes del movimiento 15-M, que fue la primera reacción que surgió a este estado de cosas, fuera precisamente “no nos representan”. Una forma de defenderse por parte de quienes se consideran atacados es acusar a quienes les señalan como casta de ser también casta o aspirar a serlo. Hacen denodados esfuerzos por presentarlos como gente susceptible de ser corrompida que se mueve por ansia de poder. Es decir, de ser una copia de lo que ellos mismos son. Lo hemos visto con Syriza. Y también con Podemos. Un día se les acusa de practicar un extremismo suicida, y al día siguiente de traicionar los principios cuando se muestran dialogantes. Hoy son malos por ser radicales intransigentes y mañana por estar dispuestos a pactar. Como si no hubiera en realidad otra forma de ejercer la política.

Pero la hay. Tiene que haberla. Los corruptos han sustituido el sentido de la vergüenza por el de la impunidad. Ha de ser posible reinstaurar una cultura política basada en la exigencia de honradez. De recuperar el sentido de la vergüenza en el ejercicio de la acción política. Pero nada de eso llegará sin cambios profundos en los mecanismos de ascensión y ejercicio del poder. Hay que romper las inercias.

Sergio Fajardo, el que fuera alcalde carismático de Medellín (Colombia), encontró resistencias parecidas cuando se propuso transformar una de las ciudades con mayor criminalidad. Consiguió darle la vuelta al discurso imperante y acabó cambiando por completo la ciudad. Su fórmula es muy simple: “Muchos ojos, pocas manos”. Sobre el dinero público, se entiende. Justo lo contrario de lo que tenemos por aquí.

Milagros Pérez Oliva, en El País

jueves, 5 de febrero de 2015

LA PLANTA DE COMPOST EN FUNES Y EL PP NAVARRO

La actual propuesta de Directiva Europea sobre tratamiento de residuos dice que no se puede echar al vertedero la materia orgánica junto con todo lo demás, tal y como, en muchos casos, se hace hasta ahora. Hay que recoger y separar selectivamente la materia orgánica y darle un tratamiento. Por otro lado, para el 2025 no se aceptarán en los vertederos residuos que sean reciclables y desde el 1 de enero de 2030 no se admitirán más del 5% del conjunto de residuos municipales generados.
Gipuzkoa, de forma similar a Catalunya, lleva años mejorando el proceso de recogida selectiva, con muy buenos resultados debido al esfuerzo y colaboración ciudadana para buscar las soluciones, medioambiental y económica, más sostenibles, como también recoge la normativa europea. Utilizan varios sistemas de recogida, entre ellos el  “puerta a puerta”, que hasta ahora y con gran diferencia respecto a otros, es el que mejores resultados está dando y sin duda el que más se acerca a los objetivos de economía circular que marca la normativa europea. Por esto, la cantidad de materia orgánica biodegradable recogida aumenta cada año, aunque el sistema de tratamiento de la misma para convertirla en compost dispone de capacidad limitada.
En tanto no se disponga de mayor capacidad de tratamiento en las plantas de gestión pública, Gipuzkoa se ve obligada a compostar parte de su materia orgánica biodegradable en empresas privadas, entre otras la planta de IB en Funes. La misma situación se da en el tratamiento de la materia orgánica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que a pesar de generar la mitad de todos los residuos de Navarra, envía sus residuos a la planta de HTN en Caparroso mientras busca, según dice, otra solución.
La planta de IB en Funes no es un vertedero sino una empresa donde se convierte la materia orgánica en abonos y fertilizantes para su venta. La materia orgánica procedente de Gipuzkoa es de la máxima calidad, (según las condiciones establecidas en la vigente Ley de Residuos) pudiendo convertirla en compost de clase A, apto para la agricultura ecológica (según consta en el registro de fertilizantes del Ministerio de Agricultura). Denominar basura a la materia orgánica recogida selectivamente no sólo no es correcto, sino que sirve a intereses demagógicos y espurios.
La transformación en compost de la materia orgánica biodegradable procedente de la recogida selectiva de los Residuos Urbanos está reconocida como la mejor forma de gestionar dichos residuos municipales, por su impacto positivo sobre el suelo, y esto es especialmente importante en Navarra, que es la comunidad que más fertilizantes inorgánicos emplea. No olvidemos que según la CHE, los acuíferos de la Ribera están peligrosamente contaminados por el uso abusivo de agroquímicos y fertilizantes inorgánicos.
La Compañía de las 3R defiende la transformación de la fracción orgánica de los residuos urbanos en compost y valora el esfuerzo de la ciudadanía que con su comportamiento hace posible que un residuo se convierta en abono, manteniendo la capacidad agronómica del suelo y apostando por la sostenibilidad.
El Ayuntamiento de Funes tiene la competencia en la recogida y tratamiento de los residuos urbanos producidos en su término municipal y no puede escudarse en la Mancomunidad de la Ribera Alta ni en el Consorcio. Tiene por tanto la obligación de gestionar adecuadamente la materia orgánica biodegradable de sus propios residuos, tal y como lo exige la legislación vigente. Por tanto, debería proceder cuanto antes a la puesta en marcha de la recogida selectiva en su municipio y a su tratamiento de forma autónoma o mancomunada, en vez de llevar esos biorresiduos a la Planta de El Culebrete en Tudela (48 km ida y 48 km. vuelta). Gestionar correctamente esos biorresiduos requeriría de una planta de compostaje, a poder ser de gestión pública, y si no la hay de momento, privada.
Sorprende la reacción del alcalde Isidro Velasco (PP), que en lugar de potenciar la gestión adecuada de la materia orgánica, pretende en su término municipal el cierre de una empresa que contribuye a la recuperación de recursos como salida más racional de los residuos biodegradables. ¡Ojalá la tuviéramos en Iruñerria-Comarca de Pamplona! También sorprende que el PP navarro obstaculice la recogida y tratamiento racional de los biorresiduos en nuestra comunidad (Funes, Olazagutia, etc.) mientras la apoya en Catalunya.

Ana Malón,  Julen Mendiguren, Juan del Barrio,  miembros de la Compañía de las 3 Erres (Reducir, Reciclar, Reutilizar).

miércoles, 4 de febrero de 2015

ROTUNDO NO DE MENDAVIA AL CANAL Y A LA CENTRAL

Un rotundo rechazo al proyecto de creación de una central hidroeléctrica y de un canal por el que llevar el agua del Ebro. Eso es lo que han mostrado los vecinos de Mendavia en el sondeo realizado por el Ayuntamiento a fin de conocer con cifras exactas la opinión de los mendavieses sobre este tema, que ha suscitado una importante polémica en la localidad.

De esta forma, estaban llamados a votar los 3.086 mendavieses a partir de 18 años que están en el padrón municipal. De ellos, acudieron a las urnas más de la mitad, 1.638, lo que representa el 53,11%. Las cifras también han sido muy claras en cuanto a su voluntad sobre este proyecto, y es que el 90% (1.485) dijo que no quiere el plan y el 8,6% (142) que sí. Los otros 11 fueron votos en blanco.

La alcaldesa de Mendavia, María José Verano (PSN), explica que su grupo acata la voluntad de los vecinos. “Queda claro que el pueblo se ha posicionado en contra. Dijimos que el Ayuntamiento aceptaría el resultado y se posicionaría con la mayoría y eso hacemos”.

Ahora, la primera edil informará de lo acontecido a los organismos implicados en este proyecto y que son la CHE, la empresa que impulsa la iniciativa ( Tindaya Renovables SL), el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Navarra. Verano desconoce la repercusión de este sondeo. “Ya dijimos que no era vinculante pero el resultado tiene mucha fuerza. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos en este sentido”.

La alcaldesa destaca la alta participación en el sondeo. “Han votado muchas personas y eso es lo que queríamos, que la participación fuese la mayor posible porque queríamos conocer la opinión real de los vecinos. El hecho de hacer el sondeo en tres días diferentes ha sido un acierto para aumentar la participación”.

Igualmente, Verano quiso aclarar que no tiene interés personal en este proyecto. “Como alcaldesa y como grupo del PSN queremos dejar claro que nunca he tenido, ni yo ni mi partido, intereses particulares en este proyecto y de hecho el PSN se posiciona en contra del canal y con la mayoría del pueblo”, indicó.

Uno de los miembros de la plataforma vecinal en contra de este proyecto, Antonio Ezquerro, mostró ayer su satisfacción por los resultados del sondeo. “Vemos claramente que la gente se ha dado cuenta de que estábamos apoyados en cosas concretas y demostrables con datos. Mientras, por el otro lado se ofrecían palabras que nadie las pudo plasmar en un documento que certificase que las promesas se iban a llevar a cabo”. Ezquerro explicó que debido a las inundaciones del Ebro estos días se han demostrado muchos de sus argumentos.

Desde la Plataforma quieren agradecer a la alcaldesa que haya realizado el sondeo.

Diario de Noticias

EL ESCÁNDALO Y LATROCINIO DE LA DEUDA GRIEGA

Vimos durante estas últimas semanas una campaña mediática movilizada para atemorizar al votante griego a fin de que no votara a la coalición de partidos de izquierdas conocida como Syriza, una campaña que también pudimos ver aquí en España, donde el objetivo era asustar al electorado español, subrayando el desastre que supondría para este país que los partidos de izquierdas, como Podemos o Izquierda Unida (que son considerados homologables políticamente a Syriza en Grecia), ganaran las próximas elecciones a las Cortes Españolas, que se celebra a finales de este año.

Gran parte de esta campaña mediática ha consistido en tergiversar las intenciones de los que son considerados adversarios o enemigos, a los cuales hay que destruir. Una de esas tergiversaciones ha sido decir que si ganaba Syriza las elecciones, esta partido no pagaría la deuda pública, con lo cual los mercados financieros dejarían de prestar dinero a Grecia, con el consiguiente colapso financiero que forzaría a aquel país a salirse del euro. En esta avalancha de falsedades se ignoran muchos hechos que deberían conocerse para entender mejor el problema de la deuda griega y la respuesta de Syriza. Miremos, en primer lugar, cómo se ha generado la deuda griega.

Por qué el gran crecimiento de la deuda pública griega
Grecia ha visto crecer la deuda pública de una manera muy rápida, pasando de representar cerca del 100% del PIB cuando se inició la Gran Recesión, al 174% en el año 2014. Hubo una ligera bajada en el año 2012 debido a la reestructuración de la deuda acordada entre los acreedores y el gobierno griego, pero en el 2013 continuó creciendo hasta llegar a los niveles actuales.

Ahora bien, es importante cuando analizamos la situación de la deuda pública de un Estado considerar no solo el tamaño de la deuda pública, sino también el coste que representa para el Estado pagar dicha deuda pública y quién es el propietario de la misma. Si miramos cada uno de estos datos veremos que, aún cuando el tamaño de la deuda pública ha aumentado, el volumen de los intereses que el Estado griego paga por la deuda han ido, en realidad, bajando: de un 7% del PIB en el año 2011, al 4,3% del PIB en el 2014. Esta cifra es, por cierto, inferior a la de Bélgica e Italia (que es aproximadamente del 5-6% del PIB). España, con una deuda pública menor que la griega (alrededor de un 100% del PIB), destina el 3,5% del PIB al pago de intereses de la deuda (algo menos que Grecia), lo cual no deja de ser sorprendente, pues lo que cuesta al Estado español pagar por los intereses de la deuda es solo ligeramente inferior a lo que le cuesta a Grecia cuando, de hecho, España tiene un porcentaje mucho menor de deuda pública que Grecia. ¿Cómo es esto posible?

La respuesta a esta pregunta es que los propietarios de la deuda pública en Grecia han dejado de ser los bancos privados (sobre todo alemanes y franceses, aunque también españoles) y lo han pasado a ser el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los Estados de la Eurozona, incluyendo España (a través del llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. FEEF). Hoy la gran mayoría de la deuda pública griega la tienen instituciones públicas, a saber: el FEFF (formado por 17 países de la UE, entre ellos España, un 60%), el Fondo Monetario Internacional (FMI, un 10%) y el Banco Central Europeo (BCE, un 6%). En España, sin embargo, según datos del Tesoro Público, la gran mayoría de la deuda pública es de los compradores extranjeros (48%). El resto lo tienen los bancos españoles (30%), compañías de seguros privados (7%), planes de pensiones privados (7%), y un 8% la Seguridad Social.

¿Por qué la Troika compró la deuda pública griega que poseían los bancos privados?
En Grecia este cambio de privado a público ha significado una transformación en la evolución de la deuda en Grecia. Las condiciones de pago acordadas hubieran sido mucho más difíciles de alcanzar si las negociaciones de la reestructuración de la deuda hubieran sido primordialmente con los bancos privados. No fue así. Fue con la Troika. En dichas negociaciones se permitió una rebaja de los intereses, una extensión de los vencimientos de la deuda pública y una entrega de los beneficios directamente al gobierno griego sin retenerlo el BCE. Estos cambios explican la caída del coste de pagar los intereses de la deuda.

Estos cambios se pudieron realizar a costa de que la propiedad de la deuda pública pasara de manos privadas a públicas mediante la compra por parte del BCE, del FMI y de los estados europeos de los bonos públicos que tenían los bancos privados. Esta compra de deuda pública generó también un aumento del tamaño de la deuda y respondió a la necesidad de rescatar a los bancos privados (alemanes, franceses y españoles entre otros) que estaban llenos de deuda pública hasta la médula. De ahí que, cuando parecía que el Estado griego colapsaría, la Troika intervino para evitar el daño a la banca privada, comprándole deuda pública y facilitando el pago de la deuda por parte del Estado griego. Como bien dice el director adjunto del Financial Times, el Sr. Martin Wolf, los fondos de la Troika en su compras de deuda pública a los bancos privados, no eran “para ayudar a Grecia, sino a ayudar al sector financiero privado a que abandonara Grecia” (entrevista en el diario ARA, 01.01.15).

La raíz del enorme problema de la deuda pública era y continúa siendo el sistema bancario europeo y las normas de gobierno del Banco Central Europeo. Este, el BCE, compra deuda pública a los bancos privados a unos precios altísimos consecuencia de que el mismo BCE no pueda comprar (según su normativa) deuda pública al Estado griego directamente. Y para mayor escándalo, los bancos privados habían conseguido el dinero para comprar la deuda pública griega nada menos que del mismo BCE, a unos intereses bajísimos. Más que escándalo es un latrocinio y parasitarismo de lo público por lo privado. Y a todo ello le llaman “rescate de Grecia”, cuando es un rescate al sistema financiero privado europeo, que incluye desde los bancos privados griegos al resto de bancos europeos.

¿Por qué la deuda griega continúa creciendo?
La compra de los bonos públicos por parte de la Troika fue un enorme rescate de la banca privada a unos precios exuberantes. Esta es la causa del continuo crecimiento de la deuda pública griega. Por lo tanto, los propietarios de la deuda han pasado de ser bancos privados a instituciones públicas, pues la compra del primero ha sido por parte de los segundos. En otras palabras, para evitar las pérdidas de los bancos europeos, entre otros, el Estado español ha terminado comprando bonos griegos por valor de más de 30.000 millones de euros a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

Economistas “catastrofistas” no han dicho nada sobre este latrocinio. En su lugar asustan a los españoles diciendo que si Syriza gana las elecciones, su gobierno no pagará la deuda al Estado español, perdiendo cada ciudadano 300 euros, cifra a la cual los catastrofistas han llegado dividiendo el total de la deuda pública que el Estado español posee entre el número de españoles. En este cálculo se hace una gran manipulación, pues hay el dato clave que he citado, ocultado (o probablemente desconocido por tales catastrofistas), de que el dinero prestado al Estado griego por parte del Estado español era, en realidad, parte del pago en los famosos rescates de los bancos periféricos de la Eurozona (en el caso de Grecia servía para que el Estado pudiera pagar a los bancos privados, que eran los mayores propietarios de la deuda pública). De ahí que hoy la deuda griega sea deuda pública adquirida en gran parte para que el Estado griego pudiera pagar a los bancos privados. Lo que no se dice es que los 300 euros (en realidad 600) que el ciudadano español ha prestado al Estado griego han sido para pagar a los bancos extranjeros, incluyendo los españoles, que tenían enormes cantidades de deuda pública griega. Los “paganos” han sido las clases populares griegas, que han tenido que sufrir enormes recortes de gasto público para pagar los intereses de la deuda pública, y también los ciudadanos de otros países; todos ellos para pagar a los bancos extranjeros (muy en especial alemanes, pero también franceses y españoles). Y ahora tales catastrofistas intentan enfrentar a los ciudadanos españoles con los ciudadanos griegos, diciendo que si el Estado griego no paga la deuda, el ciudadano español perderá 300 euros.

¿Por qué se reproduce tal sistema de gobierno del euro?
En realidad, todo este entramado es para el beneficio y gloria de la banca privada. Todo, repito, todo podría haberse ahorrado si el Banco Central Europeo hubiera sido un Banco Central en lugar de ser un lobby de la banca, sobre todo alemana. La hipertrofia de la deuda pública griega se debe primordialmente a que el BCE no ha ayudado a los Estados (como hubiera hecho cualquier Banco Central) protegiéndoles en contra de la especulación de los mercados financieros, comprándoles deuda pública. Parece que, por fin, el BCE lo va a hacer, aunque no directamente sino indirectamente comprando deuda pública a los bancos privados en el mercado secundario. ¿Por qué ha tardado tanto? Pues porque a los bancos la situación les ha ido requetebién. Y a los Estados periféricos y a las clases populares les ha ido requetemal.

El gobierno Syriza lleva razón
Resultado de todo lo dicho, es lógico que un nuevo gobierno griego pida una auditoría para saber cómo, cuándo y quién ha generado tal deuda, una auditoría, por cierto, que no está solo permitida sino incluso exigida ya ahora por las normativas de la UE y del Parlamento Europeo, según las cuales tal auditoría se exige cuando debe hacerse una restructuración de la deuda. La Troika fue precisamente la que incumplió tal norma en la última reestructuración de la deuda, pues tal auditoría hubiera mostrado la ilegalidad de las condiciones que la Troika ha impuesto a Grecia. Es justo y necesario que haya una demanda de auditoría de la deuda junto con la renegociación de la deuda. Incluso el que fue director de la reestructuración de la deuda griega en 2012, el Sr. Charles Dallara, está de acuerdo en ello. Sus recientes declaraciones son, de hecho, favorables a la propuesta de Syriza. Pero todo esto no aparece en los medios, que están movilizados para atemorizar a la población tanto en Grecia como en España. En realidad, la Troika no podría poner las condiciones que impuso a Grecia pues, como ha señalado Eric Toussaint, sus condiciones violan tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como su Carta Social, incluyendo también la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Una última observación. El énfasis en la deuda ha distraído la atención de los medios de información que no han dado suficiente visibilidad a otros responsables del crecimiento de la deuda, tales como el enorme dominio del Estado por una estructura oligárquica que ha llevado a Grecia a la ruina, tal como indiqué en un artículo anterior (ver “Qué pasa en Grecia (y en España)”, Público, 14.01.15). Tal deuda no puede entenderse sin la complicidad de esta estructura de poder con los intereses financieros extranjeros, una situación semejante a la que ocurre en España.

Vicenç Navarro, en Público

martes, 3 de febrero de 2015

TXIKIA DIOZU? BIKOITZA!

Askori entzun diot Euskararen Legeari Nafarroan egin gura zaion aldaketa “txikia” dela esaten: zenbait alderdi politikori, sindikatu batzuei -nireari, besteak beste- baita euskalgintzako erakunderen bati ere. Ez nator bat. Uste dut, gainera, balorazio hori egiten dela proposamena Geroa Baik eta Izquierda-Ezkerrak egin dutelako.

Txikitasunaren ideiaren bozeramaleek diote “aldaketa hori lehenengo urratsa baino ez” dela. Horrekin ados. Lehen urrats ederra, gaineratuko nuke nik: aspaldi eman beharrekoa eta aspaldi eman gabea. Legea lehenengo urratsa da; gero, gauzatu egin behar da, gobernuak gauzatu ere. Jakina. Lege hau, eta beste edozein. Baina proposatzen den aldaketak aukera emango die Nafarroako gurasoei, lehenengoz eman ere, seme-alabak euskarazko irakaskuntza publikoan matrikula-tzeko, nahiz eta ‘eremu erdaldunean’ bizi. Ez da, beraz, aldaketa txikia. Galdetu bestela, eremu horretan bizi diren guraso euskaltzaleei.

Nik lan egiten dudan institutuan, esate baterako, hiru hizkuntz eredu daude: Euskal Autonomia Erkidegoan ohikoak diren A eta D eta, horien osagarri, G eredua. G, nonbait, ‘gaztelania’ hitzetik harturikoa, eredu horretako ikasleek ez baitute euskaraz ezertxo ere ikasten. A eredukoek euskara ikasgaia dute, besterik ez. Gure institutua, Nafarroako handienetakoa, eremu mistoan dago. Eremu erdaldunean balego, ez litzateke A eredurik eskainiko, ezta D eredurik ere. Ikasleek ez zuten euskara (are gutxiago, euskaraz) ikasteko aukerarik izango. Aukerarik ez. Horrela daude Iruñerritik beherako ia institutu publiko guztiak: euskarazko eskaintzarik gabe. Oker ez banago, Lizarrako institutu publikoa da salbuespena.

Aldaketa egiten denetik aurrera, eremu erdalduneko ikasleek ere izango dute Nafarroako gainerako ikasleek duten eskubide berbera. Ez deritzot horri aldaketa txikia. Batez ere kontuan hartzen badugu zenbat urte igaro behar izan diren aldaketa ustez txiki hori gertatzeko.

Izan ere, legea helburu horrekin aldatzeko lehenengo ahalegina aspaldikoa da: dagoeneko hogei urte igaro dira! 1995ean, Eusko Alkartasunak -1986an, Euskararen Legearen kontrako botoa eman zuen alderdi bakarrak- eta alderdi sozialistak horixe bilatu zuten Nafarroako Parlamentuan: Euskararen Legea alda-tzea, horrela Nafarroa osoko ikasle guztiek izan zezaten euskaraz ikasteko eskubidea eta aukera. Ez zuen aurrera egin. Parlamentuan bozkatu ere ez zuten egin, UPNk eta Herri Batasunak iragarri baitzuten kontrako botoa emango zutela. Azkeneko horiek, nonbait, ez zutelako ‘txikikeriatan’ jardun gura eta lege erabat berria eskatzen zutelako. Jakina: legea ez zen aldatu, baina lege berririk ere ez zen egin.

Hamahiru urte geroago, 2008an, beste ahalegin bat egin zen, Izquierda Unidaren eskutik. Oraingoa baino ahalegin murritzagoa izan zen arren, oposizioan zeuden alderdi guztien babesa izan zuen (gogoan izan behar da Batasunari hauteskunde haietan parte hartzea debekatu egin ziotela) baina, beste behin, ez zuen aurrera egin. Orduko hartan, Aralarreko parlamentari bat oporretan joana zelako.

Askori entzun diot Euskararen Legeari Nafarroan egin gura zaion aldaketa “txikia” dela esaten: zenbait alderdi politikori, sindikatu batzuei -nireari, besteak beste- baita euskalgintzako erakunderen bati ere. Ez nator bat. Uste dut, gainera, balorazio hori egiten dela proposamena Geroa Baik eta Izquierda-Ezkerrak egin dutelako.

Txikitasunaren ideiaren bozeramaleek diote “aldaketa hori lehenengo urratsa baino ez” dela. Horrekin ados. Lehen urrats ederra, gaineratuko nuke nik: aspaldi eman beharrekoa eta aspaldi eman gabea. Legea lehenengo urratsa da; gero, gauzatu egin behar da, gobernuak gauzatu ere. Jakina. Lege hau, eta beste edozein. Baina proposatzen den aldaketak aukera emango die Nafarroako gurasoei, lehenengoz eman ere, seme-alabak euskarazko irakaskuntza publikoan matrikula-tzeko, nahiz eta ‘eremu erdaldunean’ bizi. Ez da, beraz, aldaketa txikia. Galdetu bestela, eremu horretan bizi diren guraso euskaltzaleei.

Nik lan egiten dudan institutuan, esate baterako, hiru hizkuntz eredu daude: Euskal Autonomia Erkidegoan ohikoak diren A eta D eta, horien osagarri, G eredua. G, nonbait, ‘gaztelania’ hitzetik harturikoa, eredu horretako ikasleek ez baitute euskaraz ezertxo ere ikasten. A eredukoek euskara ikasgaia dute, besterik ez. Gure institutua, Nafarroako handienetakoa, eremu mistoan dago. Eremu erdaldunean balego, ez litzateke A eredurik eskainiko, ezta D eredurik ere. Ikasleek ez zuten euskara (are gutxiago, euskaraz) ikasteko aukerarik izango. Aukerarik ez. Horrela daude Iruñerritik beherako ia institutu publiko guztiak: euskarazko eskaintzarik gabe. Oker ez banago, Lizarrako institutu publikoa da salbuespena.

Aldaketa egiten denetik aurrera, eremu erdalduneko ikasleek ere izango dute Nafarroako gainerako ikasleek duten eskubide berbera. Ez deritzot horri aldaketa txikia. Batez ere kontuan hartzen badugu zenbat urte igaro behar izan diren aldaketa ustez txiki hori gertatzeko.

Izan ere, legea helburu horrekin aldatzeko lehenengo ahalegina aspaldikoa da: dagoeneko hogei urte igaro dira! 1995ean, Eusko Alkartasunak -1986an, Euskararen Legearen kontrako botoa eman zuen alderdi bakarrak- eta alderdi sozialistak horixe bilatu zuten Nafarroako Parlamentuan: Euskararen Legea alda-tzea, horrela Nafarroa osoko ikasle guztiek izan zezaten euskaraz ikasteko eskubidea eta aukera. Ez zuen aurrera egin. Parlamentuan bozkatu ere ez zuten egin, UPNk eta Herri Batasunak iragarri baitzuten kontrako botoa emango zutela. Azkeneko horiek, nonbait, ez zutelako ‘txikikeriatan’ jardun gura eta lege erabat berria eskatzen zutelako. Jakina: legea ez zen aldatu, baina lege berririk ere ez zen egin.

Hamahiru urte geroago, 2008an, beste ahalegin bat egin zen, Izquierda Unidaren eskutik. Oraingoa baino ahalegin murritzagoa izan zen arren, oposizioan zeuden alderdi guztien babesa izan zuen (gogoan izan behar da Batasunari hauteskunde haietan parte hartzea debekatu egin ziotela) baina, beste behin, ez zuen aurrera egin. Orduko hartan, Aralarreko parlamentari bat oporretan joana zelako.

Oraingoa, beraz, hirugarren saiakera da. Hirugarren saiakera, orain arte aldatzerik egon ez dena aldatzeko. Eta ematen du, oraingoan bai, aurrera egingo duela. Ia hiru hamarkada behar izan ditugu euskararen kontrako lege hori aldatu ahal izateko, eta aldaketaz diogun bakarra da ‘txikia’ dela? Hori horrela balitz, benetan aldaketatxo baten gainean berbetan ariko bagina, ez du ematen aldaketa handiagoetarako gaudenik. Gehiago esango dut: maiatzeko hauteskundeetatik aterako den parlamentuak gobernu aurrerakoi eta euskaltzalea osatzeko aukera emango balu, parlamentu ezkerreko eta euskaltzale horrek ez ditu hezkuntza ereduak aldatuko: Nafarroan jarraitu egingo du G ereduak. Alegia: gobernu berritzaile hori ere ez da lege-aldaketa hau baino harago joango.

Hori guztiori dela eta, onerako den aldaketa bikoitz baten atarian gaude: lehenengo eta behin, euskaraz ikasteko aukera Nafarroa guztira hedatuko delako eta, bigarren, ezker abertzaleko parlamentariek, hogei urte geroago bada ere, pragmatismoaren bideari jarraitu eta aldaketaren alde bozkatuko dutelako. Hori ere ez da aldaketa txikia gero!

Mikel Basabe, irakaslea eremu mistoan