La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro fue la primera asociación creada para denunciar que la Iglesia estaba poniendo a su nombre cientos de bienes inmuebles sin propietario oficial. Desde 2007, año en que se constituyó, ha logrado la adhesión de más de 200 Ayuntamientos de distinto signo político y del Parlamento Foral para su doble objetivo de modificar una Ley Hipotecaria que privilegia a la Iglesia y recuperar para los pueblos los bienes “expoliados”. En 1998, el Gobierno de José María Aznar (PP) amplió este privilegio para incluir los templos de culto. Solo entre 1998 y 2007, el Arzobispado inmatriculó 1.089 bienes en distintos municipios navarros.
Carlos Armendáriz (Villava-Atarrabia, Navarra, 1936) es portavoz de la Plataforma. Con estudios de seminario, su vida laboral se desarrolló detrás del mostrador de una conocida tienda de juguetes de Pamplona. Ahora, jubilado, dedica su tiempo libre a reivindicar que el patrimonio popular esté en manos públicas, aunque lamenta que los jóvenes no se interesen por ello.
Pregunta. El pasado 12 de abril el Consejo de Ministros eliminó de la Ley Hipotecaria la equiparación de los obispos con funcionarios, un privilegio que otorgaba a la Iglesia la posibilidad de inscribir, sin prueba alguna, bienes a su nombre. No obstante, ofrece una moratoria de más de un año hasta extinguir esa práctica. ¿Satisfechos?
Respuesta. Es una satisfacción a medias. Hemos logrado derribar un muro que parecía indestructible y se ha conseguido gracias al trabajo de las plataformas y, sobre todo, al apoyo de muchos ciudadanos que han obligado al Gobierno a eliminar ese privilegio, aunque la reforma de la Ley Hipotecaria está hecha con otra intención. Acabar con el artículo 206 de esa ley ha sido nuestro objetivo desde el principio y hemos escuchado acusaciones muy duras desde el ámbito clerical, como “laicistas descendientes de matacuras y quema conventos” o “movimiento de desharrapados”. Sin embargo, en todos los pueblos a los que hemos ido a ofrecer charlas nos han recibido de buen grado.
P. La reforma no derogará de inmediato ese privilegio.
R. Nos preocupa esa moratoria de un año tras la entrada en vigor. Hay en la plataforma gente tan buena que cree que si el Gobierno ha visto que la ley estaba mal hecha, la Iglesia no será capaz de seguir inmatriculando bienes, que no se va a atrever. Otros pensamos que sí se va a atrever y que tratará de rematar la faena de las inmatriculaciones. En 2007, el entonces arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, ahora cardenal, ya marcó claramente cuál es su idea. Dijo que los templos son propiedad del pueblo, que los edificaron los creyentes para sentir con fuerza la presencia de Dios en la Tierra. Con Sebastián al frente fue cuando se inició la fiebre por inmatricular, así que queda claro que ellos se ven como Dios en la tierra. Nosotros no decimos que las iglesias no deben ser para el culto. Queremos que ocurra como en Francia, que son propiedad pública. Curiosamente allí siempre están bien cuidadas y abiertas todo el día. Aquí están cerradas y nadie te deja la llave.
P. ¿Cómo ha ido hasta ahora el proceso para la devolución de los bienes inmatriculados por la Iglesia a los municipios?
R. Depende del tipo de demanda judicial. Había casos en los que el Arzobispado inscribió inmuebles que ya estaban registrados a nombres de entidades públicas. Cuando se daban esas dobles inmatriculaciones, las entidades locales ganaban en los tribunales. Sin embargo, cuando los bienes no estaban registrados, todas las demandas han dado la razón a la Iglesia. En este caso, los municipios están en inferioridad de condiciones, porque tienen que demostrar que fueron los vecinos quienes construyeron una iglesia o la casa parroquial y en muchos casos de eso hace siglos.
P. En algunas ocasiones la Iglesia ha devuelto algo inmatriculado.
R. Eso ha ocurrido con ermitas o iglesias en ruinas. Cuando los Ayuntamientos han expedientado al Arzobispado y le han requerido que restaure sus bienes por amenaza de ruina, han optado por devolverlos a los pueblos. Decía: “Ahora parece que se preocupan por su patrimonio”.
P. ¿Se puede dar la vuelta a esta situación?
R. Solo en Navarra se han producido más de 1.000 inmatriculaciones en nueve años por lo que el proceso de reversión solo se puede hacer mediante una vía política, como este cambio legal. Las reclamaciones individuales son inviables. El cambio de la Ley Hipotecaria es solo la mitad del camino, ahora queda la reversión de las propiedades a los pueblos.
P. ¿Tienen una estimación del total de inmatriculaciones?
R. La cifra de Navarra la logramos mediante una iniciativa de IU en el Parlamento foral. No obstante, en el Congreso se ha intentado dos veces y en ambas el Gobierno respondió negativamente. En una diciendo que no era competencia del Ministerio de Justicia y en otra escudándose en la Ley de Protección de Datos, algo muy extraño teniendo en cuenta que una de las funciones principales de los registros de la propiedad es la publicidad de sus datos. EL PAÍS dio una estimación de 4.500, pero creemos que son muchísimas más.
P. ¿Qué tipo de bienes son los que se ha inscrito la Iglesia?
R. En Navarra, la gran mayoría son iglesias, ermitas o basílicas. Hay también más de 150 fincas, terrenos o campos de cultivo, así como casas parroquiales o locales y hasta ocho cementerios. Incluso tienen registrado un frontón, el de Lizoain, que está adosado a la iglesia.
P. ¿Qué interés tiene la Iglesia en estas operaciones? Suelen decir que preservan el patrimonio.
R. Básicamente inmobiliario, nada que ver con el espíritu evangélico. Hay casas parroquiales alquiladas a inquilinos que pagan su renta. Hace poco estuve en Aoiz en un local parroquial que está alquilado a un guarnicionero, por ejemplo. Las catedrales de Pamplona y Tudela o el cerco medieval de Artajona están rehabilitados con dinero público pero explotados turísticamente por el Arzobispado. Incluso, el claustro de Pamplona, que se inmatriculó en 2007, se alquila para banquetes de bodas.
P. ¿Cree que esto va a cambiar de algún modo?
R. Hay quien piensa que con el actual Papa, que es muy abierto y exigente, pueden producirse cambios y que les dirá a los obispos que devuelvan estas propiedades que no son suyas. No lo creo, ni este ni ningún Papa va a decir eso por ahora.
P. ¿Cómo ha sido la reacción política con este fenómeno?
R. A nivel nacional, ni PP ni PSOE han hecho nada hasta ahora mientras han estado en el Gobierno. Sí hubo un compromiso por parte del PSOE poco antes de acabar el mandato de Rodríguez Zapatero, pero no llegó a término. En Navarra, el Parlamento sí se ha comprometido con este problema. Incluso, hace año y medio aprobó pedir al Congreso la retirada del artículo 206 y exigió al Gobierno navarro la realización de un inventario de los bienes inmatriculados. Ese mandato no ha sido cumplido aún por el ejecutivo (de UPN).
P. ¿Es un paso positivo en este sentido el intento en Andalucía para recuperar la Mezquita de Córdoba por parte de las plataformas ciudadanas?
R. Sin duda, aunque no sabemos si la Junta tendrá fuerza como para afrontar este problema con la intensidad necesaria. Tenemos mucha relación con la plataforma que pide la titularidad pública de la Mezquita y es un movimiento muy activo. Tiene que ser una reclamación popular y amplia y que luego los políticos la escuchen.
Javier Doria, en El País
