“El Rey viaja a Arabia Saudí para allanar el camino a proyectos empresariales”. El rey que iba a Arabia Saudí por temas empresariales no era Juan Carlos I, era Felipe VI en 2017, quien según ABC llevaba ya varios años intentando evitar que los españoles conociésemos los casos de corrupción relacionados (algunos) con negocios en Arabia Saudí. Los "proyectos empresariales" a los que se refiere la noticia son varios: uno de ellos el AVE del que surgieron las comisiones que hoy conocemos.
Según confiesa el comunicado de la Casa Real del 15 de marzo, Felipe VI conocía la existencia de los negocios irregulares de Juan Carlos I hace al menos un año. No lo denunció de forma conocida, no le quitó la asignación económica, no renunció a la herencia (económica)… hasta que nos enteramos los demás. Como en el caso Urdangarín, la Casa Real no reacciona cuando se entera de los casos sino cuando nos enteramos los ciudadanos.
El 3 de febrero de 2011 Juan Carlos de Borbón creó el marquesado de Villar Mir, otorgado a Juan Miguel Villar Mir, cuya biografía es muy completa. Ministro de Arias Navarro en los 70, fundador del grupo constructor OHL y perejil de todas las salsas corruptas: su nombre figuraba en la libreta de Bárcenas, en el caso Zaplana, en el caso Lezo… Es, por supuesto, uno de los agraciados con los contratos del AVE saudí con los que Juan Carlos I obtuvo al menos 100 millones en comisiones ilegales, cuyos "proyectos empresariales" habría seguido "allanando" el nuevo rey Felipe VI en su viaje de 2017. Villar Mir es también el suegro de López Madrid, su hombre en OHL, condenado por las tarjetas black, detenido por el caso Lezo, investigado en un puñado de asuntos extremadamente turbios y a quien la reina Letizia Ortiz llamó "compi yogui" en el cariñoso mensaje para arroparle tras el escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”. En la conversación intervenía Felipe VI más prudente (no en vano lleva toda la vida estudiando para el cargo) recomendando continuar la conversación en persona, no por escrito. La continuidad dinástica en OHL va de la mano de la continuidad dinástica en Zarzuela con un hilo conductor: la corrupción y el desprecio a los intereses de los españoles.
La posición de la monarquía en la economía y la política exterior española de los últimos cuarenta años no ha sido neutra, ni es cosa de los últimos años, ni se ha limitado a la construcción. Y, desde luego, lo que la ha guiado no ha sido nunca los intereses de los españoles.
Los inicios del reinado de Juan Carlos I en plena crisis mundial del petróleo no permitían equívocos: se le atribuye (Jesús Cacho: El negocio de la libertad, Ed Foca, 1998) el acuerdo con Arabia Saudí por el que cobraría una comisión por cada barril de petróleo que importara España de la tiranía saudí. España condicionaba a este negocio ilegal la economía española en un momento tan frágil. Contaba Cacho que cuando un "ingenuo" responsable español de CAMPSA, entonces pública, consiguió en 1979 un acuerdo para importar petróleo kuwaití más barato, el Gobierno le llamó a capítulo porque ese tema no se podía tocar: España tenía que centrarse en la importación de petróleo saudí aunque le saliera más caro porque a Juan Carlos I le salía personalmente más rentable. Son los mismos años en los que el rey Juan Carlos pedía al Sha de Persia dinero para financiar a UCD (Gregorio Morán: “Adolfo Suárez: ambición y destino”, Debate, 2009): el partido en el Gobierno, que garantizaba el negocio petrolero del propio rey Juan Carlos; el partido que se opuso a una consulta a los españoles sobre la monarquía porque, según Adolfo Suárez confesaría años después, la habrían perdido. La financiación ilegal de partidos políticos también empezó de su mano.
No hace falta decir que en estas décadas la construcción y la energía han sido pilares de la corrupción que ha sufrido nuestro país y que ha condicionado nuestra economía poniéndola al servicio de negocios muy fértiles para una pequeñísima élite político-empresarial frente a los intereses del conjunto de los españoles. Las dos grandes crisis que ha vivido nuestro país hasta la actual han sido la del petróleo y la inmobiliaria y en ninguna de las dos primó el interés general sobre el interés de una pequeña minoría: más bien al contrario, las crisis causaron mucho sufrimiento para la inmensa mayoría y un ingente botín para muy poquitos.
La corrupción de Zarzuela ha acompañado, si no condicionado, las políticas económicas y exteriores más perniciosas para nuestro país.
La protección cortesana a las irregularidades de la Casa Real ha retorcido aspectos cruciales de nuestra democracia. La cultura política y mediática que pretendió blindar al monarca ha ido avanzando hacia una cultura profundamente antidemocrática, que sustituye la deliberación republicana y la fiscalización del poder por el peloteo cortesano. Esa cultura política ha corroído en España los cimientos imprescindibles para una democracia liberal avanzada.
Muchísimos medios de comunicación abdicaron de su obligación con el derecho fundamental de los españoles a la información silenciando casos de corrupción conocidos y convirtiendo los viajes de negocios para obtener comisiones en “misiones del mejor embajador que tiene España”. Cuando hay grietas en la sumisión voluntaria del aparato mediático aparece el Código Penal con una sobreprotección de la Corona más propia de regímenes autoritarios.
Las instituciones democráticas (desde los más altos tribunales hasta el Congreso de los Diputados pasando por todos los Gobiernos que hemos tenido) se han deteriorado retorciendo, cuando no vulnerando obscenamente, la legalidad para mantener ocultas las ilegalidades cometidas desde Zarzuela. Apenas hace unos días la Mesa del Congreso de los Diputados se negaba a tramitar la petición de comisión de investigación a sabiendas de que tenía perfecta cobertura constitucional (el artículo 76.1 faculta la creación de estas comisiones sobre “cualquier asunto de interés público” independientemente de que sea o no judicializable). El PSOE, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular deberían tener la decencia de pedir perdón a los españoles por haber dado cobertura consciente a la corrupción saltándose la legalidad y, sobre todo, los principios democráticos y liberales.
Esa cultura cortesana y corrupta para la que es más importante proteger al jefe que guardar una mínima decencia va de la mano de los peores lastres de la cultura política y mediática española, en la que el sectarismo asume que todo vale, la mentira, la ilegalidad, el robo, con tal de defender una trinchera que no se evalúa, no se controla, no se fiscaliza. Es también la cultura económica que ha sometido los intereses legítimos del común de los españoles al interés privado, ilegítimo y frecuentemente ilegal de una élite corrupta.
La cultura cortesana irradiada desde Zarzuela contiene todos y cada uno de los lastres de la política española. Ha debilitado las posibilidades económicas de España, las ha sometido a intereses de élite y no de conjunto (con el consiguiente desprecio por unos servicios públicos que no importan a esa élite: ahora que vemos cuánto dependemos de los servicios públicos, ¿alguien recuerda un solo miembro de la Familia Real que usara la sanidad o la educación públicas?) y en vez de servir a las instituciones españolas se han servido de ellas.
Felipe VI está intentando jugar con los tiempos para salvar una institución condenada, su propio cargo. Es muy simbólico que su comunicado intentando una voladura controlada del "caso Juan Carlos I" fuera apenas unos minutos antes del aplauso que los españoles dábamos al personal sanitario. Como esos jugadores de fútbol que pretenden que el árbitro olvide sacarles tarjeta porque tras su falta siguió la jugada por ley de la ventaja, Felipe VI sabe que España no puede pararse ahora y que guardamos el monumental escándalo para después de la crisis sanitaria y económica en la que estamos centrados los demás y que él está intentando aprovechar para esconderse.
Sin embargo, precisamente la batalla es de tal envergadura que a la vuelta tendremos que repensar muchas cosas. Tendremos que repensar una Europa necesaria pero hoy insuficiente para afrontar crisis que son siempre conjuntas; tendremos que examinar el desmantelamiento y privatización de servicios públicos, especialmente sanitarios y recuperarlos; y también tendremos que repensar una estructura institucional debilitada por intereses ajenos al pueblo español para que el país deje de estar al servicio de los intereses concretos de unas élites minúsculas, a cuyo frente ha estado siempre la Casa Real.
Hugo Martínez Abarca, en Cuarto Poder
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