Desde hace unos meses el elemento más visible de la situación catalana es la crisis del independentismo, que se muestra incapaz para dar una respuesta eficaz a las limitaciones impuestas por el Supremo y el Constitucional al proceso de investidura.
Tras los intentos fallidos de Puigdemont y Jordi Sánchez, el independentismo no tenía más que dos opciones. Una, presentar un candidato, incurso en proceso judicial, pero en situación de abordar presencialmente la investidura. La otra, inclinarse por un candidato limpio.
La decisión de optar por Turull encendió las alarmas en los poderes del Estado, pues no podían permitir que un encausado por rebelión pudiese ser nombrado president. Ello provocó el adelanto in extremis del auto de procesamiento y el ingreso en prisión del candidato. Los únicos que podían neutralizar esta estrategia eran los cuatro diputados de la CUP. Sin embargo, incomprensiblemente optaron por la abstención, malográndose la investidura.
La estrategia de Llarena, más política que procesal, había funcionado. Para la satisfacción plena sólo restaba añadir al ingreso en prisión de los encausados la detención de Puigdemont, extremo que se cumplió el domingo en Alemania. Sin embargo, nada garantiza que la operación planeada para derrotar al independentismo irredento termine según lo previsto. Puede salir el tiro por la culata.
El acoso judicial y policial está teniendo su reacción en importantes sectores, tanto internos como internacionales, que muestran su rechazo a esta estrategia de reducir toda la dimensión del problema a una cuestión criminal. Ahora mismo, Cataluña está más presente que nunca en el ámbito internacional, no por un asunto de delincuentes sino como ejemplo de un problema político nefastamente tratado por el Estado español.
Llaman la atención los editoriales de esta semana de los diarios "The Times" y "The New York Times", donde en el primero se afirma que "Madrid necesita comenzar a hablar con sus oponentes y dejar de buscarlos en la cárcel" y en el segundo se sugiere a Alemania contribuir con un gesto conciliador con Cataluña para "calmar una confrontación que ha ido demasiado lejos". También hay que destacar el requerimiento efectuado a España por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos".
Se han producido reacciones en la sociedad catalana como la creación de la plataforma "Espacio Democracia y Convivencia" que agrupa a decenas de entidades sociales y a CC.OO. y a UGT, con la pretensión de luchar por la libertad de los políticos presos. El propio Sindic, nuestro Ararteko, ha reprochado al TC haber convertido en delito el referéndum.
Tenemos también la situación que se le podría crear a España si Alemania rechaza la petición de entrega de Puigdemont. Una hipótesis nada descartable a la luz de lo que se establece en el auto de procesamiento, pues en el mismo se afirma que la rebelión prevista en el Código Penal contempla actuar "violentamente" como acción distinta a actuar "con violencia". Una distinción jurídica que no tiene plasmación en el Código Penal ni en la doctrina jurisprudencial. Esta interpretación, fabricada "exnovo" puede servir para el enjuiciamiento en España, si tal doctrina la confirma en su día el Constitucional, pero puede ser letal para la pretensión de entrega del detenido, pues en el Código Penal alemán se condena la alta traición por actuar "con violencia o por medio de amenaza con violencia". Si Puigdemont, según Llarena, no actuó con violencia sino violentamente, podría encontrarse España con la negativa alemana; pues ésta sólo podría autorizar la entrega por rebelión si en los hechos enjuiciados hay acción "con violencia". Si la justicia alemana dice que no, en ese mismo instante se acabó la credibilidad internacional e interna del caso contra Puigdemont y el resto de los procesados.
Tras los intentos fallidos de Puigdemont y Jordi Sánchez, el independentismo no tenía más que dos opciones. Una, presentar un candidato, incurso en proceso judicial, pero en situación de abordar presencialmente la investidura. La otra, inclinarse por un candidato limpio.
La decisión de optar por Turull encendió las alarmas en los poderes del Estado, pues no podían permitir que un encausado por rebelión pudiese ser nombrado president. Ello provocó el adelanto in extremis del auto de procesamiento y el ingreso en prisión del candidato. Los únicos que podían neutralizar esta estrategia eran los cuatro diputados de la CUP. Sin embargo, incomprensiblemente optaron por la abstención, malográndose la investidura.
La estrategia de Llarena, más política que procesal, había funcionado. Para la satisfacción plena sólo restaba añadir al ingreso en prisión de los encausados la detención de Puigdemont, extremo que se cumplió el domingo en Alemania. Sin embargo, nada garantiza que la operación planeada para derrotar al independentismo irredento termine según lo previsto. Puede salir el tiro por la culata.
El acoso judicial y policial está teniendo su reacción en importantes sectores, tanto internos como internacionales, que muestran su rechazo a esta estrategia de reducir toda la dimensión del problema a una cuestión criminal. Ahora mismo, Cataluña está más presente que nunca en el ámbito internacional, no por un asunto de delincuentes sino como ejemplo de un problema político nefastamente tratado por el Estado español.
Llaman la atención los editoriales de esta semana de los diarios "The Times" y "The New York Times", donde en el primero se afirma que "Madrid necesita comenzar a hablar con sus oponentes y dejar de buscarlos en la cárcel" y en el segundo se sugiere a Alemania contribuir con un gesto conciliador con Cataluña para "calmar una confrontación que ha ido demasiado lejos". También hay que destacar el requerimiento efectuado a España por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos".
Se han producido reacciones en la sociedad catalana como la creación de la plataforma "Espacio Democracia y Convivencia" que agrupa a decenas de entidades sociales y a CC.OO. y a UGT, con la pretensión de luchar por la libertad de los políticos presos. El propio Sindic, nuestro Ararteko, ha reprochado al TC haber convertido en delito el referéndum.
Tenemos también la situación que se le podría crear a España si Alemania rechaza la petición de entrega de Puigdemont. Una hipótesis nada descartable a la luz de lo que se establece en el auto de procesamiento, pues en el mismo se afirma que la rebelión prevista en el Código Penal contempla actuar "violentamente" como acción distinta a actuar "con violencia". Una distinción jurídica que no tiene plasmación en el Código Penal ni en la doctrina jurisprudencial. Esta interpretación, fabricada "exnovo" puede servir para el enjuiciamiento en España, si tal doctrina la confirma en su día el Constitucional, pero puede ser letal para la pretensión de entrega del detenido, pues en el Código Penal alemán se condena la alta traición por actuar "con violencia o por medio de amenaza con violencia". Si Puigdemont, según Llarena, no actuó con violencia sino violentamente, podría encontrarse España con la negativa alemana; pues ésta sólo podría autorizar la entrega por rebelión si en los hechos enjuiciados hay acción "con violencia". Si la justicia alemana dice que no, en ese mismo instante se acabó la credibilidad internacional e interna del caso contra Puigdemont y el resto de los procesados.
Xabier Gurrutxaga, en el Diario Vasco
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