En los últimos tiempos se ha generado una polémica sobre la oportunidad de poner o no en marcha la segunda fase de lo que se ha venido llamando el Canal de Navarra, un conjunto de actuaciones que comprenden no sólo la ejecución del canal propiamente dicho, sino el equipamiento de la zona regable con el agua de dicho canal y el abastecimiento de agua para otros usos.
En este sentido, se acusa por algunas formaciones políticas al Gobierno de Navarra de paralizar una obra que se dice de vital importancia para el desarrollo de la Comunidad Foral y además de negar las posibilidades de desarrollo de una zona, la Ribera, poniendo en peligro incluso el suministro de agua de boca e industrial.
Conviene decir que en la ejecución de esta obra están implicados el Gobierno del Estado, que posee el 60 por ciento de las acciones de CANASA, la empresa pública encargada de los estudios y la ejecución del Canal, así como el Gobierno de Navarra, con el 40 por ciento restante, y los particulares afectados, dueños de las tierras de la zona regable y agricultores, que son quienes tienen que acometer los gastos de equipamiento de las parcelas, con subvenciones a menudo procedentes del Departamento de Desarrollo Rural de la propia Comunidad Foral.
A esto hay que añadir un complejo sistema de financiación que repercute en las tasas que CANASA cobra a los regantes por el uso del agua que han ido subiendo poco a poco con base en la disminución de la demanda del agua (a menos regantes precio más alto), y la regulación del sistema eléctrico que ha generado menos ingresos en las centrales hidroeléctricas con las que se financia la propia CANASA. Además hay que sumar algunas incertidumbres y algunos datos.
Las incertidumbres proceden de la adecuación o no de algunas de las tierras que se pretenden regables a la instalación del regadío y a la falta de experiencia de muchos agricultores que no tienen hábito de nuevos cultivos, unido al hecho de que se trata de una inversión a largo plazo que a veces compromete a las siguientes generaciones, de las que no se tiene la certeza de que vayan a ocuparse en la misma actividad.
Algunos datos los suministra el reciente informe de septiembre de 2015 de la Cámara de Comptos. De este documento se desprende que la ejecución de la primera fase ha hecho disminuir el número de parcelas y de propietarios dueños de las mismas, que se haya reducido el número de agricultores autónomos y haya aumentado el de asalariados (el informe no especifica en qué condiciones laborales dada las dificultades confesas de calcular el impacto laboral de la obra). Es verdad que aumenta el número de cultivos, pero también que más de la mitad de las innovaciones se hacen en parcelas pequeñas, correspondiendo el principal aumento de variedades nuevas al maíz. Todo ello en definitiva tiene que ver con un modelo de desarrollo agroindustrial basado en grandes extensiones en pocas manos, explotadas por jornaleros, cuya rentabilidad es desigual y que se basa en la variación del precio del mercado del maíz.
Por otra parte aproximadamente el 30% del cultivo de la zona regable de la primera fase se mantiene con cultivos tradicionales de secano, cuya producción además se ha encarecido en la zona regable. Esto ha hecho que en la llamada ampliación de la primera fase, entre los ríos Arga y Ega, existan ya municipios con regadío tradicional que se han opuesto a ser enganchados a esta infraestructura, prefiriendo seguir con su actividad habitual. Todo sin hablar de los costes medioambientales del proyecto, que nadie parece tener en cuenta.
Desde Podemos-Ahal dugu tenemos claro que esta infraestructura no nos parece adecuada, no sólo por el modelo de sociedad que implica, sino también por sus altos costes económicos y financieros. La propia cámara de Comptos sostiene que se está financiando en contra de la equidad intergeneracional. A esto añadiremos que el pago de esta gran infraestructura está colonizando el presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural, de tal manera que imposibilita el desarrollo de cualquier otra política que no sea la ejecución de esta obra durante muchos años.
El Acuerdo Programático de los partidos que sustentan al Gobierno de Navarra no dice otra cosa que lo que ya reconocieron en el 2012 el Presidente de la Junta de Bardenas, Señor Gayarre, la Consejera del anterior Gobierno de Navarra Sra. Goicoechea, y el propio Ministro del ramo del PP, Sr. Arias Cañete, no sólo ponían en duda la viabilidad actual de un proyecto que data de principios de los años 90, sino declarando expresamente que había que proceder a una reformulación del Proyecto teniendo en cuenta las dificultades de financiación actual.
El suministro de agua a la parte sur de Navarra no depende de la ejecución de una sola infraestructura, llámese Canal de Navarra u otra. Quienes ahora exigen la ejecución inmediata de esta obra se olvidan de sus dudas anteriores y además ocultan que si el Gobierno de Navarra, en contra de lo que dicta el más elemental sentido común, apuesta actualmente por la ejecución de la Segunda Fase estará demorando de forma grave la posibilidad de acometer estudios y proyectos para llevar agua de uso doméstico e industrial a la Ribera a corto-medio plazo. Esto sí que sería una grave irresponsabilidad que algunos se empeñan en llevar hacia adelante. Por tanto hay que decir claramente que con la opción del Canal de Navarra, desmedida e insostenible a nuestro juicio, no se agotan las posibles soluciones al suministro del agua en la Ribera de Navarra, que absolutamente nadie pone en duda.
Podemos-Ahal Dugu Navarra
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