miércoles, 23 de julio de 2014

"EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA GUERRA CONTRA GAZA SON LOS CIVILES"

En el año 2009 el periodista y documentalista valenciano David Segarra visitó Palestina por primera vez. Un primer contacto que al cabo de un año reanudaría al embarcarse en la “Flotilla de la Libertad”, que se dirigía rumbo a Gaza para romper el bloqueo perpetrado por Israel, y que tendría un cruento final: 10 muertos. Pasó tres días en una cárcel de este país y, pasados los hechos, dejó testimonio de lo ocurrido en el documental “Fuego sobre el Mármara”. Durante su tercera estancia en la franja Gazatí (los últimos tres meses), el ejército de Israel ha perpetrado su enésima ofensiva. En la franja prepara desde hace cinco años un audiovisual (“Las cebras de Gaza”) sobre la vida cotidiana de la población palestina bajo el conflicto. David Segarra reside en Caracas, donde fundó la productora Guarataro Films y ha producido varios documentales, entre otros, “Un golpe y una carta” (sobre el soldado que sacó la misiva de Chávez cuando estaba preso durante el golpe de estado de 2002) y “Nuevas Caras” (en torno a los vínculos entre la oposición antichavista y la extrema derecha, en concreto el Partido Popular). Ver fotografías en https://www.flickr.com/photos/davidsegarra/ y artículos en http://davidsegarrasoler.blogspot.com.es/

-A partir de tu experiencia directa en Gaza, ¿qué hechos/realidades destacarías y que habitualmente invisibilizan los medios de comunicación?

-Lo más impresionante de la sociedad palestina y, en concreto, de la franja de Gaza, es que se trata de la sociedad más pacífica, educada y hospitalaria que me he encontrado en ningún lugar del mundo. En tres meses de estancia, he visto un remanso de paz como en ninguna otra parte. La delincuencia no existe, ni prácticamente policía. En mi caso, me he movido con absoluta libertad en mi trabajo como documentalista sin que nadie me pusiera ningún impedimento, cosa que me ha ocurrido en América Latina y Europa. Y es algo que sorprende, porque uno puede imaginar que allí existe una sociedad dura, intolerante y fanatizada. Pero ocurre todo lo contrario.

-La última agresiva militar sobre la franja de Gaza. ¿Consideras que estaba prevista por el gobierno de Israel, con independencia de la muerte de los tres jóvenes que se ha utilizado como coartada?

-Sobre el secuestro y asesinato de los tres jóvenes colonos, el estado de Israel no ha aportado la menor prueba que pueda implicar a ningún grupo político palestino. De hecho, no se ha capturado a los autores y, por tanto, no hay pruebas de quién es el responsable. La ofensiva contra la franja de Gaza es un episodio más de la colonización israelí, que lleva 66 años. En los últimos cinco años hemos visto tres masacres contra este territorio: “Plomo fundido” (2009) y las ofensivas de 2012 y 2014. Israel, un estado colonial, no necesita excusas para expandirse territorialmente y castigar a la población indígena. Como no lo necesitó el imperio español en América ni el imperialismo británico en la India.

-¿Cuál es la esencia de lo que los medios de comunicación califican como “conflicto”?

-Es muy simple, no tiene ninguna complejidad. Se trata de un proceso de colonización abierto desde 1948. El estado de Israel todavía se encuentra en fase de expansión (no han cerrado su proceso de colonización), y la necesitan tanto en Cisjordania como por otra parte el silencio y la humillación de la gente de la franja de Gaza, que son absolutamente insurgentes.

-¿Cuál es la causa, a tu juicio, de la última ofensiva? Se suelen aducir múltiples factores.

-En el contexto actual, creo que la principal razón es impedir la unidad política del pueblo palestino. El “divide y vencerás” es una ley tradicional del colonialismo, vigente desde antes del Imperio Romano. En su proceso de colonización, Israel ha tratado siempre de dividir a los palestinos entre cristianos, judíos, musulmanes, laicos y religiosos, izquierdistas, nacionalistas, islamistas, etcétera. Israel ha tratado de fragmentarlos y enfrentarlos entre ellos. Justo antes del ataque a Gaza estábamos viviendo un proceso “histórico”, en el que las dos mayores organizaciones del pueblo palestino –Hamas y Fatah- habían llegado a un acuerdo sin, y esto es lo más importante, la oposición de los restantes grupos. Que no estaban en el acuerdo pero tampoco se oponían. Esto implica que el pueblo palestino hablaba con una sola voz frente al ocupante. Y eso es algo que le da terror al estado de Israel, porque rompe con el discurso colonial de que está luchando contra fuerzas minoritarias, extremistas y fanatizadas.

-¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en los ataques? Un reciente editorial de La Jornada recordaba la ayuda militar de Washington a Israel por valor de 3.600 millones de dólares en 2014.

-Desde su nacimiento en 1948 y, sobre todo a partir de su expansión en 1967, Israel se convierte en una “punta de lanza” del colonialismo occidental para el control y el sometimiento de los pueblos árabes de la región. Por eso constituye un aliado fundamental, como en su momento lo fue el Chile de Pinochet o la Sudáfrica del Apartheid. Se trata, en definitiva, de aliados esenciales para el control de los recursos naturales. En el contexto actual se dan factores nuevos. Uno es el declive económico –lento pero inexorable- de los Estados Unidos. Eso hace que las piezas del poder –desde el Pentágono hasta Wall Street- traten de retirar en parte a Estados Unidos del tablero militar mundial. Lo que se traduce, a su vez, en que empiece a sentirse el cansancio por parte de los militares y los bloques de poder respecto a Israel. Este país continúa recibiendo la principal ayuda militar y económica por parte de Estados Unidos, pero ya observamos cómo el gobierno de Obama (o cualquier otro en la potencia estadounidense) tiene que ir poniendo freno al expansionismo militar del último medio siglo.

-Estos cambios que apuntas, ¿son de algún modo perceptibles para la opinión pública? ¿En qué se concretan?

-Por primera vez empezamos a ver pequeñas críticas en los medios de comunicación estadounidenses a Israel. Cómo el secretario de Estado de EEUU, John Ferry, llegó a afirmar que Israel estaba cerca de convertirse en un estado de Apartheid (luego tuvo que retractarse, pero lo dijo). Y así observamos muchos signos de cómo Estados Unidos y Europa, poco a poco, sienten que Israel es un lastre para sus políticas exteriores. En los últimos 50 años les ha servido como “lanzadera” o “portaaviones” frente al mundo árabe, pero la tendencia histórica está cambiando.

-Te referías al tratamiento de los medios de comunicación. El País titulaba hace poco en una de sus portadas: “La guerra de Gaza vive el día más mortífero para ambos bandos”. ¿Qué opinas de esta equidistancia?

-Hemos de volver siempre a la historia para contextualizar lo que son los medios europeos. Recordemos que durante el Holocausto judío ningún medio europeo (y ningún gobierno) movieron un solo dedo para salvar a personas que estaban siendo exterminadas. Y todos sabían que estaba sucediendo. La tradición europea de la equidistancia y de colocar al mismo nivel a la víctima y al verdugo está a la vista. El País, El Mundo, La Vanguardia o las televisiones pertenecen a enormes grupos empresariales con vínculos directos con los aparatos económicos y militares estadounidenses e israelíes. Hacen negocio. Esa equidistancia, por otro lado, es la que está haciendo que la ciudadanía se aleje y se informe por los medios alternativos y las redes sociales.

-¿Qué medios de comunicación o metodología recomendarías para informarse sobre la masacre de Gaza?

-Todos. Es fundamental leer a todas las partes. Hoy en día con Internet contamos con el privilegio de poder leer las fuentes directas. En mi caso, no leo la prensa española para la información internacional. Leo directamente las fuentes originales: toda la prensa israelí, la prensa árabe, palestina (en los tres casos, las versiones en inglés), la de los partidos políticos y periodistas a través de twitter y sigo a gente que vive en Gaza. Es muy importante seguir a periodistas o políticos (israelíes de izquierdas y derechas, y palestinos) en las redes sociales. La prensa hoy en día es lenta, está filtrada y depende de intereses económicos, los que sean. Por esa razón, entre otras, sigo en twitter a más de 200 ciudadanos de la franja de Gaza, que informan en tiempo real. Ven las bombas por sus ventanas. Son médicos en los hospitales. Se trata de seguir, no las crónicas de los periodistas españoles o estadounidenses para El País o la CNN, sino sus cuentas de twitter: allí están diciendo la verdad que les censuran y manipulan en sus periódicos. Hemos visto, por ejemplo, los casos de la periodista de CNN o el periodista de NBC apartados de sus trabajos por las informaciones que estaban dando sobre Palestina.

-Esta diferencia entre la información que un periodista ofrece en su periódico y la que comparte en las redes sociales, ¿las observas también en el caso de Israel?

-No, la prensa israelí constituye un caso de estudio. Es cierto que hay cierta diversidad interna. Periódicos más de derechas, otros menos de derechas pero, cuando se produce una guerra, todos los medios de Israel se someten a censura militar. Hay una lealtad absoluta de todos los medios de comunicación hacia el estado de Israel. Pueden encontrarse críticas en momentos de distensión, pero cuando estalla el conflicto los medios ofrecen un apoyo sin fisuras a la guerra y el ejército del país. Esto lo vemos, por ejemplo, en el periódico Haaretz (el equivalente a lo que en el estado español sería El País). Se censura toda la información sobre bajas militares de Israel, fotografías de soldados muertos o heridos, etcétera. En definitiva, la prensa israelí nos sirve para comprender la psicología de esta sociedad, pero no para conseguir información. No la hay.

-Más de 500 palestinos muertos y más de 3.000 heridos son las cifras de la barbarie, suministradas por el Ministerio de Salud Palestino y avaladas por Naciones Unidas. ¿Matizarías las estadísticas con alguna otra cifra?

-De los más de 500 muertos, casi un tercio son niños. Estamos hablando de más de un centenar de niños asesinados. Un 80% son civiles (mujeres, ancianos y gente inocente). Además, hay que reconocerle algo a Israel. Ellos no practican los bombardeos indiscriminados, y eso es algo en lo que dicen la verdad. Utilizan armamento de precisión, bombas inteligentes y ataques quirúrgicos. Esto hace que la realidad sea mucho más grave. Cada muerto en Palestina no es por error. Está absolutamente claro hacia quién va dirigido cada misil. ¿Qué se demuestra con esto? Que el principal objetivo de la guerra son los civiles. Se trata de armas inteligentes que señalan con GPS y menos de un metro de error. Estamos, en fin, hablando de unos crímenes de guerra de una magnitud y cometidos con una frialdad estremecedora. En cuanto a los heridos, podría pensarse en rasguños. Pero no, esos no se incluyen en las listas. Los más de 3.000 heridos son gente sin brazos y sin piernas, con metralla en la cabeza, en coma. Muchos de ellos pueden morir en los próximos días, o quedar en coma o paralíticos para el resto de su vida. Además, están destrozando barrios enteros.

-Por otro lado, se habla poco de intereses materiales que Israel pudiera tener en la franja de Gaza, como el gas y el petróleo. ¿Pueden ser elementos que contribuyan a explicar la actual agresión?

-Gaza estuvo ocupada por colonos israelíes hasta el año 2005. Ese año se retiraron los colonos y comenzó el bloqueo, de manera que se convirtió la franja en una prisión a cielo abierto con 1,8 millones de personas dentro. Las razones por las que el estado de Israel decidió retirar a los colonos son dos. En primer lugar, porque estos ya habían saqueado todos los recursos de la franja de Gaza (los acuíferos están contaminados en un 95%; y eso que Gaza es, para entendernos, un oasis con casi 4.000 años de antigüedad, un lugar privilegiado). El segundo factor es que se trata de una zona históricamente insurrecta, y el coste para el estado de Israel de mantener al ejército y a los colonos era muy elevado. Además, es cierto que en los últimos años frente a las costas del Líbano y en la franja de Gaza se han encontrado grandes bolsas de gas submarino. Ésta es otra de las causas por las cuales ahora, y en el futuro, el estado de Israel tendrá conflictos con el Líbano y con Palestina. Porque es lo que les permite tener cierta autosuficiencia energética.

-¿Has vivido personalmente las consecuencias de los bombardeos durante tu estancia en Gaza?

-Sí, y lo más impresionante es llegar al Hospital de Shifa y entrar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Allí ves la realidad: gente sin piernas, quemada, destrozada. Ves a padres empapados en sangre, después de que a sus hijos los saquen de las ruinas. A niñas de cuatro o cinco años, en coma y con metralla en la cabeza. Es una monstruosidad lo que estamos viendo. Porque la masacre está siendo televisada. En los años 40, después de la derrota del nazismo, cuando a los alemanes se les preguntó por qué no hicieron nada ante la barbarie y el holocausto, dijeron que no sabían, vieron ni escucharon nada. Parece imposible, pero nunca sabremos si eso es verdad. Hoy, el mundo entero, y el 100% de los israelíes, sabe lo que está ocurriendo en Gaza. Es decir, nuestra responsabilidad como ciudadanos es mucho mayor que en otras épocas.

-Por último, ¿piensas que se está dando una movilización ciudadana diferente a la de otras ocasiones? ¿Hay una respuesta adecuada frente a la brutalidad sionista?

-En este conflicto estamos viendo el mayor grado de aislamiento de Israel en su historia. No sólo manifestaciones en todo el mundo, también parlamentos y naciones enteras están condenando a Israel. Hemos visto cómo estados de la Unión Europea recomiendan a sus ciudadanos no realizar negocios con las colonias israelíes. Incluso los parlamentos gallego y valenciano han dado su apoyo al pueblo palestino. La fisura en la unanimidad de los medios de comunicación norteamericanos… El pueblo palestino ha llegado a un nivel de saturación y horror que ahora mismo, y esto lo he visto en Gaza, su objetivo no es parar la guerra, sino la libertad, es decir, acabar con el bloqueo, poder pescar, sembrar sus campos y que la frontera esté abierta. Es una lucha de mucha profundidad. Hay una decisión, política y popular, de no volver a la esclavitud de los 8 años de bloqueo. De llegar hasta el final.

Enric Llopis, en Rebelión

UNA REFORMA IGUAL QUE LA DE CASTILLA-LA MANCHA DEJARÍA AL PP SIN DIPUTADOS EN LOS PARLAMENTOS VASCO, NAVARRO Y CATALÁN

La nueva reforma electoral de Castilla-La Mancha es tan brutal que dejaría fuera al PP si se aplicase en el parlamento de Cataluña, Navarra o País Vasco.

Un ejemplo práctico de esa regeneración que teoriza el Partido Popular: el pucherazo que acaba de aprobar en Castilla-La Mancha su secretaria general, un escándalo que tendría que indignar a cualquier ciudadano con el más mínimo respeto por la democracia, sea cual sea su color.

Es la segunda reforma electoral que aprueba De Cospedal en menos de dos años y las dos se han hecho para favorecer las perspectivas electorales del PP, ahora que las encuestas van mal. Primero aumentó los diputados autonómicos de 49 a 53, dando más escaños a las provincias donde el PP consigue más votos. Y ahora, como ni siquiera así tenía garantizado ganar, ha reducido los escaños hasta solo 33.

Que el nuevo diseño favorece claramente al PP no es una opinión: es un dato sencillo de demostrar. Hemos hecho una simulación tomando como base los resultados de las elecciones europeas (GRÁFICO). Hemos calculado cómo quedarían las Cortes de Castilla-La Mancha dependiendo de qué ley electoral se aplique. En las europeas, el PP fue la fuerza más votada en esta comunidad autónoma, pero solo consiguió el 37% de los votos. Con la reforma que aprobó la propia De Cospedal en 2012, el PP perdería la mayoría absoluta. Con su segunda reforma, la mantendría con comodidad.

La nueva ley electoral es tan radical que ha sido necesario modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y pasar ese cambio por el Congreso de los Diputados. Se ha aprobado sin el más mínimo consenso, sin pactar nada con nadie: ni con el PSOE ni con IU ni con UPyD. Es la primera vez en la historia democrática española que un estatuto autonómico se cambia unilateralmente y sin consenso, solo con los votos del PP.

El pucherazo es tan brutal que se podría dar el absurdo de que el PP sea la segunda fuerza en número de votos, pero consiga una mayoría absoluta en escaños incluso si logra apenas el 35% de las papeletas. Absolutamente toda la oposición sale trasquilada con una reforma que eleva el porcentaje de votos necesarios para obtener un escaño hasta unos límites antidemocráticos, que buscan dejar fuera a los partidos pequeños ahora que el voto de izquierda está dividido. En las provincias más pequeñas, como Cuenca o Guadalajara, hará falta un mínimo del 14% para poder conseguir representación parlamentaria. Con un umbral mínimo así, el PP no tendría un solo escaño ni en el parlamento vasco ni en navarro ni en el catalán.

Por si todo esto fuera poco, el PP se guarda otro as en la manga, no vaya a ser que ni siquiera así logren ganar. Hasta tres meses antes de las elecciones, no se sabrá exactamente cuántos escaños tiene cada provincia. De ese modo, Cospedal puede apretar aún más las tuercas si las cosas van mal, decidiendo de forma arbitraria –basta con un decreto ley– qué provincias tienen número par o impar de diputados. ¿La trampa? Que podrá dejar con un número impar solo aquellas provincias donde tengan la certeza de que van a ganar, aunque sea por un voto (Guadalajara es la candidata ideal). Como el número de escaños será tan bajo, hará falta una enorme ventaja, superior al 20% de los votos, para conseguir romper el empate en diputados en una provincia "par".

El modelo completo es un traje a medida para el Partido Popular y la excusa para aplicarlo a apenas diez meses de las elecciones no puede ser más falaz. Dice María Dolores de Cospedal que lo hace en aras de la austeridad. Pero, ¿qué clase de "ahorro" supone reducir el número de unos diputados que ya no cobran sueldo? Solo uno: un recorte en democracia. Un hachazo a las urnas imposible de aceptar.

Ignacio Escolar, en eldiario.es

LAS JUVENTUDES DE UPN INICIAN LA CAMPAÑA ""NAVARRA NO ES EUSKALERRIA"

Juventudes Navarras, organización juvenil de UPN, ha puesto en marcha una campaña que va a llevar a cabo en las distintas localidades que inician sus fiestas patronales con el objetivo de "defender la identidad de la Comunidad foral, sus Fueros y sus instituciones".

La asociación juvenil ha editado 60.000 pegatinas y 1.200 chapas que repartirá gratuitamente en las distintas localidades. Asimismo, ha puesto a la venta en las sedes de UPN de Pamplona y Tudela 1.000 polos, cuyo precio es de 15 euros.

Los lemas de la campaña son tres y todos ellos se ven reflejados en el material que Juventudes Navarras ha preparado. Los mensajes que la asociación quiere transmitir son: 'Perdona que me ría Navarra no es Euskalerria', 'Navarra forall y Española' y 'Navarra forall & forever'.

Según ha explicado el presidente de Juventudes Navarras, Nacho Igea, "nos encontramos en un momento en el que resulta más necesario que nunca defender la identidad de Navarra, una Comunidad foral integrada en el resto de España".

Igea ha afirmado que "hay quienes siguen tergiversando la historia y lanzando un mensaje erróneo sobre la realidad de nuestra Comunidad, un mensaje que habla de ese ente que los nacionalistas denominan Euskalerria".

Ha manifestado que Juventudes Navarras "siempre defenderá, frente a los postulados abertzales de los independentistas y las ansias centralizadoras de algunos partidos nacionales, la idiosincrasia de Navarra, una comunidad con sus derechos históricos amparados en el Fuero y la Constitución".

Durante las fiestas de San Fermín, Juventudes Navarras comenzó a distribuir todo el material de su campaña, una campaña que cobra especial fuerza durante estos días con el inicio de las fiestas patronales de Tudela y San Adrián. Será también durante el mes de agosto cuando jóvenes de localidades que celebran sus fiestas porten las chapas, las pegatinas y las camisetas de la asociación.

El año pasado, Juventudes Navarras llevó a cabo una campaña similar, bajo el título 'No me toques los Fueros'.

Diario de Noticias

martes, 22 de julio de 2014

EL ESTATUTO DEL 32 (2). EL DESARROLLO DEL PROCESO ESTATUTARIO DE 1932

El decreto redactado por Indalecio Prieto del 8 de diciembre se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. En él se decía que asambleas provinciales de ayuntamientos debían de decidir si se deseaba un Estatuto Vasco-Navarro común o Estatutos para cada provincia. Si las asambleas provinciales apostaban por el primero, las Gestoras redactarían un proyecto. Una Asamblea general de Ayuntamientos podría rechazar, modificar o aprobar dicho proyecto de Estatuto común. En caso de rechazo, la Asamblea podría proponer otro distinto. De aprobarse en la Asamblea, haría falta un referéndum en el que harían falta 2/3 partes del censo. Por último, se requeriría la aprobación del Parlamento. Hay que decir que en el Decreto no se decía nada de que en la Asamblea general de ayuntamientos se pudiera hacer consideración separada de ningún territorio.


Tal y como se mencionó en la entrada anterior, ese decreto coincidió en el tiempo con la votación por parte de los diputados en Madrid del PNV a favor de Alcalá-Zamora como primer presidente de la República y con la aceptación jeltzale en un comunicado oficial de las reglas del juego de la República. Asimismo, los nacionalistas aceptaban aquel decreto. La colaboración del PNV era refrendada días despues por el movimiento de alcaldes que había impulsado el Estatuto de Estella meses antes. Incluso se acordó que la Comisión encargada de redactar el proyecto de Estatuto estuviera formada por cuatro representantes de las Gestoras y tres del movimiento de los alcaldes, si bien posteriormente se añadieron otros tres del PSOE que protestó por no estar representado. La Comisión se formó con cuatro republicanos, tres socialistas, un nacionalista, un tradicionalista y un católico independiente. De ellos, tres eran navarros: el republicano Rufino García Larrache, el católico independiente Rafael Aizpún Santafé y el socialista Salvador Goñi Urriza. El primero de ellos fue uno de los cuatro redactores finales del texto, junto con el republicano Madariaga, el peneuvista Basterrechea y el socialista Armentia.

El 21 de enero de 1932 se celebraron las asambleas provinciales de los ayuntamientos en las cuatro capitales, que se pronunciaron a favor de un Estatuto único: 423 de los 549 ayuntamientos votaron que sí, representando el 90 por ciento de la población. 160 ayuntamientos navarros, que representaban a 209.479 habitantes, se inclinaron por el Estatuto Vasco-Navarro, mientras que 36 ayuntamientos, con 28.891, apoyaban al Estatuto Navarro; otros 21, con 66.553, rechazaron cualquier Estatuto y otros 12, con 20.044, se abstuvieron. Además, 39 ayuntamientos no enviaron representantes. De los 21 municipios que votaron que no al Estatuto común, 19 eran ayuntamientos de la Ribera con mayoría republicano-socialista, y 9 de los 12 que oficialmente se abstuvieron también tenían la misma orientación política.

En la misma reunión se aprobó una proposición del radical socialista Emilio Azarola, alcalde de Santesteban por el artículo 29 (es decir, no elegido democráticamente, sino por ausencia de otras candidaturas), según la cual el porcentaje de dos tercios del censo electoral que debía de aplicarse en la definitiva asamblea de ayuntamientos y en el referéndum en el marco de la región autónoma en constitución, se exigía también a los resultados del referéndum y de la Asamblea referidos al marco exclusivo de Navarra. La aceptación de esa propuesta sería clave en la Asamblea posterior del 19 de junio.

La ponencia redactora del texto estatutario llegó a desplazarse al sur de Navarra con el fin de reunirse con representantes de esta zona para así integrar su problemática específica en aquél. Esas reuniones, protagonizadas, sobre todo, por los republicanos Rufino García Larrache y David Jaime Deán, dos de los tres miembros de la Gestora de la Diputación navarra más significativamente a favor del Estatuto Vasco-Navarro, trataban de eliminar tanto las reticencias de los republicanos y los socialistas de la Ribera (que pensaban que un marco institucional común entre las cuatro provincias vascas sólo serviría para incrementar el peso de la derecha) como el escaso vasquismo constatable en la mitad sur de Navarra. Acerca del limitado eco de las posturas vasquistas en la mitad sur de Navarra, basta recordar el 0,1 por ciento que el PNV obtuvo en la Ribera Tudelana en las elecciones de 1936; el comentario de Manuel de Irujo en el que, en carta a Aguirre, se refería a la Ribera como “nuestro Ulster”; y las agresivas posturas de la prensa izquierdista de Tudela y de Pamplona. Así por ejemplo, en El Eco del Distrito, periódico republicano tudelano, a finales de junio y principios de julio de 1931 se insistió en que si se aprobaba el Estatuto de Estella sería conveniente la implantación del cantón independiente de Tudela.

El planteamiento de García Larrache y de Jaime Deán de integrar la problemática específica de la Ribera en el proyecto de estatuto en redacción tuvo un primer éxito cuando el 18 de diciembre de 1931 El Eco del Distrito, el periódico republicano tudelano antes citado, alabó el texto de propuesta que el primero de aquéllos presentó a la Diputación navarra y a las demás diputaciones vascas de cara a que las múltiples peculiaridades de la Ribera (en el plano cultural, económico y social) fueran recogidas en la elaboración del Estatuto Vasco-Navarro.

De hecho, el estatuto en su redacción final, entregado el 21 de marzo, hacía especial hincapié en esas peculiaridades. El artículo 3, abría la puerta a la instauración de “regímenes administrativos peculiares en cuanto a las materias afectadas” en aquellas comarcas como la Ribera en que concurriesen “peculiaridades económicas o jurídicas de importancia”. Por su parte, los artículos 34 a 41 son un bloque, centrado en el trabajo y la propiedad de la tierra, inédito hasta entonces y que se hace eco de reivindicaciones agraristas de izquierda muy frecuentes en el sur de Navarra. En ellos se afirma que se podría obligar a los propietarios de tierras incultas a trabajarlas, a venderlas o a cederlas a familias necesitadas o a asociaciones agrícolas para que las cultivasen, siendo la administración la que estableciera los contratos previa audiencia a los propietarios. También se hablaba de que el órgano ejecutivo común, el Consejo Permanente, de acuerdo con las diputaciones, dictaría las disposiciones y arbitraría los recursos económicos suficientes “para reivindicar los terrenos de origen comunal a favor de los Municipios, parcelarlos y ponerlos en producción”.

Por lo demás, en esa redacción final del Proyecto de Estatuto vasconavarro continuaba vigente en gran medida el espíritu que animaba a los dos proyectos debatidos el año anterior. No obstante, comparado con el de Estella, el Estatuto de las Gestoras era de perfil algo más bajo. No hablaba de “Estado Vasco”, sino de “núcleo político administrativo autónomo” y eliminaba como facultades las relaciones con la Santa Sede y la defensa. Además, reconocía en su artículo 5 que los poderes que se le conferían al pais vasco-navarro se ejercitaban de acuerdo con la Constitución, algo que no se mencionaba en Estella. Por otra parte, el artículo 2 subrayaba el respeto hacia la organización foral de los territorios históricos: “Cada provincia se regirá autonómicamente dentro de la unidad del País Vasco, acordando cada una su organización y régimen privativo y ejerciendo las competencias no autonómicas no atribuídas a los poderes del conjunto de la entidad autonómica”.

La novedad quizás más relevante concernía a la composición del órgano legislativo. Si anteriormente se había optado por la representación paritaria entre las cuatro provincias, ahora se señalaba que el Parlamento General, del que no se decía de cuántos miembros se compondría, estaría integrado por representantes elegidos por sufragio universal directo y secreto y régimen proporcional, designados la mitad por los electores de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, en número igual por cada una, y la otra mitad mediante el sistema de lista y cociente por todo el electorado del País Vasco-Navarro, constituído en colegio único (art. 15). Ese cambio hacia que Navarra y Álava, las dos provincias en las que las fuerzas que a partir de 1933 constituirían el Bloque de Derechas tenían más fuerza, perdieran peso específico, lo que, obviamente, beneficiaba a la conjunción republicano-socialista y al PNV. En cambio, en el órgano ejecutivo, el Consejo Permanente, que tendría su sede en Vitoria (art. 21), la presencia de las provincias se basaba en parámetros de exquisita igualdad: los 8 consejeros serían elegidos por el Presidente, elegido a su vez por mayoría absoluta en el Parlamento, seleccionando dos representantes parlamentarios de cada una de las listas de cinco candidatos que le presentara por separado cada uno de los cuatro territorios (art. 19).

En lo que se refería al idioma, a pesar de que tanto el euskara como el castellano se declaraban cooficiales, la oficialidad del primero se restringía en la práctica a las zonas vascoparlantes. Al igual que en los demás proyectos estatutarios, serían las diputaciones quienes fijarían qué territorios debían ser calificados como vascoparlantes (art. 13).

El 24 de abril las Gestoras aprobaron el proyecto, reunidas en sesión plenaria en San Sebastián. Asimismo, ese proyecto estatutario tuvo el apoyo de toda la Comisión Gestora de la Diputación de Navarra el 5 de mayo de 1932, a excepción del de uno de sus miembros, el tudelano Luis Soriano. La Comisión Gestora, con la misma abstención de Soriano, acordó publicar el 2 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia una circular a favor del Estatuto. En la circular la Comisión Gestora insistía en el Estatuto Común como “el mejor camino a seguir”, negando la tesis de que la personalidad de Navarra pudiera quedar desdibujada y mencionándose diversas ventajas de naturaleza económica. Además, se hacía referencia a los riesgos que “para Navarra supondría el quedar al margen, viviendo aislada y afrontando los problemas que ese aislamiento cree”, subrayando, al final, que la apertura de cauces de las reivindicaciones regionales no suponía merma de la soberanía nacional, sino que suponía tender hacia “una estructuración de España fundada en la realidad”. Posteriormente, el 9 de junio la Diputación publicó una nota oficial en la que comunicaba que había invitado a partidos políticos y entidades para proporcionarles información sobre el Estatuto, en especial sobre sus aspectos económicos, instalando, además, para ello una “Oficina del Estatuto Vasco-Navarro”.

Fernando Mikelarena, en su blog

LA POTESTAD TRIBUTARIA DE NAVARRA Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio referida al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) ha abierto un profundo debate sobre la potestad real de Navarra para mantener, establecer y regular su régimen tributario, potestad a la que se refieren el artículo primero y siguientes del vigente Convenio Económico. Ya he tenido ocasión de expresar mi enorme preocupación por la situación generada.

Creo, sin embargo, que conviene situarlo en un contexto global, y más comprensible, para que la ciudadanía pueda valorar más adecuadamente la cuestión y fijar también, cada uno, su propia posición al respecto. Que me perdonen los reputados juristas que se han pronunciado sobre la materia si no soy lo suficientemente preciso en algún extremo. Confío en que esos eventuales matices no afecten a la conclusión global.

De acuerdo con la legislación vigente, nuestro sistema fiscal está formado, al menos en teoría, por dos tipos de tributos: los que Navarra pacta con el Estado, llamados tributos convenidos, y los que Navarra establece directamente respetando unos determinados principios generales. Unos y otros, para poder aplicarse, precisan de una ley aprobada en el Parlamento de Navarra. Dicho de otra manera, un tributo regulado por el Estado en ningún caso puede aplicarse en Navarra.

A su vez, en lo que se refiere a los tributos convenidos, los hay básicamente de dos clases: aquellos en los que el pacto con el Estado incluye la capacidad de Navarra para regular la letra pequeña, por lo que la ley que los regula puede ser diferente a la ley estatal que los regula en territorio común, eso sí, respetando unos principios generales, y aquellos en los que el pacto con el Estado establece que Navarra deberá regularlos siguiendo exactamente la letra pequeña de lo establecido por el Estado.

Si tomamos los 2.876 millones de ingresos tributarios de 2013, la inmensa mayoría -la práctica totalidad- corresponde a los tributos convenidos con el Estado. Aproximadamente la mitad corresponde a tributos convenidos en los que Navarra tiene capacidad de regular la letra pequeña (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, sobre todo), y la otra mitad a los convenidos donde Navarra tiene que copiar al milímetro lo que dice el Estado (IVA, impuestos especiales -alcoholes, hidrocarburos, tabacos, electricidad…- sobre todo).

Es obvio que en los tributos convenidos con capacidad regulatoria de Navarra pueden surgir conflictos entre Navarra y el Estado de hasta qué punto Navarra está o no respetando los principios generales de referencia, por ejemplo el famoso principio de la presión fiscal efectiva global equivalente. También pueden aparecer tensiones cuando el Estado regula un tributo nuevo en una materia nueva y hay que convenirlo con Navarra. Convenir es pactar, y el pacto puede no producirse o retrasarse mucho, pese al eventual interés de Navarra en poder tener un tributo nuevo en esa materia en marcha con la consiguiente recaudación. No es ésta sin embargo la cuestión que está detrás de la sentencia del Tribunal Constitucional.

El área de conflicto está en lo referido a los tributos nuevos que establezca directamente Navarra sin pactarlos con el Estado en materias no reguladas previamente por éste. Aparentemente, de la lectura de la legislación vigente se deduce que Navarra sí puede hacerlo respetando unos principios generales. Este ha sido el caso del IVPEE. Navarra lo aprobó un día antes de que el Estado aprobara un tributo nuevo sobre esa misma materia. El Estado lo recurrió ante el Tribunal Constitucional -y recurrió sólo este tributo pese a que Navarra también aprobó los impuestos sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos que no recaudan ni van a recaudar nada- , y éste le ha dado la razón señalando que el tributo navarro era inconstitucional. Se ha basado para ello en una ley, y esto es lo grave, que no tiene aplicación en Navarra, usando para ello una argumentación jurídica muy rebatible, pero sentando jurisprudencia, tras una sentencia parecida referida al Impuesto sobre Grandes Superficies Comerciales. Es decir, que el Tribunal Constitucional está diciendo que, de facto, Navarra no puede establecer sus propios impuestos, ya que, si alguien los recurre, van a ser anulados. En este momento no existen en Navarra tributos propios operativos que tengan un mínimo de transcendencia recaudatoria. Está claro que el Estado está dispuesto a frenar contundentemente esta vía.

Sin ninguna duda, en el camino hacia una soberanía fiscal plena, por supuesto que engarzada también en principios armonizadores comunes -no podemos olvidar en este terreno el marco fiscal europeo-, será fundamental defender nuestra capacidad reguladora en los tributos en los que ya la tenemos, esencial tratar de conseguir mayor capacidad reguladora en aquellos tributos convenidos en los que no tenemos ningún margen, y capital también blindar nuestra potestad para regular tributos propios. Todo ello conscientes de la transcendencia de negociar adecuadamente la aportación anual al Estado y los ajustes de IVA e impuestos indirectos.

En este avance, son centrales dos cuestiones: quién representa a Navarra en su relación con el Estado y, sobre todo, quién es el árbitro que interpreta las diferencias.

El propio Convenio establece que el órgano competente para las negociaciones con el Estado es la Comisión Coordinadora integrada por 6 representantes de cada Gobierno (Navarra y Estado). Sería bueno preguntarse si, a la vista de la diversidad y complejidad del mapa político de Navarra, pudiera ser conveniente una modificación en el criterio de designación de la representación navarra, de forma que, manteniendo el Gobierno un peso importante, pudiera haber una representación parlamentaria que asegurase un mayor consenso. También sería muy conveniente consolidar y fortalecer todavía más -nos consta que ya existen- las relaciones bilaterales entre los técnicos especializados navarros y los de la CAV que muchas veces lidian con situaciones similares. Y fomentarlas también en los niveles políticos.

El quid, con todo, está en el árbitro. El Tribunal Constitucional. No es un árbitro que traslade imparcialidad, que genere la sensación de equivocarse a veces a favor de unos y otras a favor de los otros. En nuestro proyecto de futuro tenemos que tratar de ir dibujando un sistema bilateral de resolución e interpretación final de los conflictos.

Manu Ayerdi, parlamentario de Geroa Bai

MEDITERRÁNEA DE CATERING: ALGO HUELE A PODRIDO

Este parece el cuento de nunca acabar, pero que a estas alturas está adquiriendo ya tintes dantescos... Llega un momento en que empiezo a preguntarme si no estamos lindando ya la prevaricación e incluso el cohecho.

A pesar de que la evidencia les tendría que rendir a que esto no funciona, se limitan a parchear, y siempre a costa del servicio público. ¿Que obtienen a cambio? Algo tiene que ser, si no no se entiende. Y así está definido el cohecho: regalo ó dadiva a cambio de algún beneficio, supongo que mutuo.

Algo obtiene Mediterránea de catering y algo la consejería de Salud, o vete a saber quién.

Si escarbas un poco aparece un tal Arturo Fernández, vinculado al PP y con unos cuantos trapos sucios. Si sigues escarbando el proceso de retermalización está bien para las cadenas de comida preparada que venden en los supermercados y que cada usuario se prepare en cada momento, pero ¿qué ventaja tiene, en un hospital por ejemplo, cocinarlo a modo tradicional, enfriarlo, y recocinarlo a los pocos días? ¿Qué ventaja tiene que, con este sistema, unas comidas aparezcan semicrudas, otras muy tostadas, lo que debiera ser crujiente esté cocido? ¿Y que las cosas sean de elaboración industrial, por ejemplo el arroz con leche (incomible, por otra parte) las natillas, que también son de tarrina? ¿Las croquetas también son más sanas que las que hacían en gestión pública en las propias cocinas cada día? Eso sin contar el disparate ecológico de acumular tanto plástico innecesariamente.

¿También es más higiénico que, en vez de bandejas térmicas cerradas como antes, tengamos durante horas bandejas abiertas y desparramadas de fuera de hora apestando a comida los offices y pasillos ?

La Cámara de Comptos ya dejó claro que sale más caro, salvo que ahorren en personal, que es lo que hacen, y eso que seguramente no tuvieron en cuenta los flecos, como que la mayoría de dietas de los ingresos de la tarde, por ejemplo, las cuantifican como fuera de hora, aunque las pidas a las 4 de la tarde y las cobren aparte, o que utilicen los ascensores públicos para trasladar sus mamotretos de carros, que, curiosamente, no se habían estropeado tanto nunca como en los dos últimos años, por no hablar de que a determinadas horas son casi de su uso exclusivo, porque el resto de público es casi imposible que los cojamos si los están utilizando ellos.

¿Y qué hace la Administración? Amonestarles y poco más. Gastarse el dinero en asesores de la cosa para llegar a la conclusión de que cambien los carros, que resultan tan malos o más que los otros. Ahora son más bajos, pero más anchos, con tres líneas de bandejas. Para sacar las de en medio tenemos que meter todo el brazo al calorcico, a ver si nos quemamos será, y para recoger las de abajo agacharnos en posturas imposibles. Será que les viene mejor a todos los implicados, incluida Salud Laboral, que nos vayamos cogiendo la baja por lesiones de espalda. Y, sobre todo, sacar directrices dictatoriales que nos obliguen al personal público a realizar tareas que ni siquiera en 1982, en plena indefinición de funciones, hemos realizado.

Obligarnos, bajo amenaza de expediente, a hacer las tares propias y definidas para los pinches de cocina, manipulando restos de comida y dedicando el tiempo a hacer cabriolas para transportar y meter las bandejas en esos carros, haciéndonos perder un tiempo incalculable en detrimento del tiempo de asistencia a los pacientes, que es nuestro verdadero cometido, en vez de obligar al jefe, porque los trabajadores no tienen la culpa, a contratar, aunque gane menos dinero, que ese es el quid de la cuestión, más personal para que sean ellos quienes gestionen el reparto y la recogida, y tenernos todos los días en un enfrentamiento de quién hace qué, no deja de ser un abuso de autoridad y una vulneración de nuestros derechos, de todos, públicos y privados, es decir, una prevaricación disfrazada... o no tanto.

Quiero animar a que nadie ceje en el empeño hasta que consigamos la reversión a lo público y a que la dirección resuelva satisfactoriamente los problemas que origina por sus, presuntamente, cacicadas...

Sagrario Berrozpe, auxiliar de Enfermería del Complejo Hospitalario (en Diario de Noticias)

LA PEÑA SPORT DEBERÁ READMITIR O INDEMNIZAR A IÑAKI SÁDABA

La Peña Sport deberá readmitir en su puesto o indemnizar con 11.900 euros al que fuera entrenador del equipo durante tres meses en el año 2013, Iñaki Sádaba. Así se desprende de una sentencia notificada ayer por el Juzgado de lo Social número 3 de Navarra, que estima la demanda formulada el 12 de noviembre por el técnico navarro -asistido por el letrado Íñigo Zabalza Landa- contra el club y declara “improcedente” su despido, que tuvo lugar el 8 de octubre.

El 8 de julio de 2013, Sádaba firmó un contrato que le vinculaba como entrenador a la Peña Sport, cuyo primer equipo militaba entonces en Segunda División B. Tres meses después, el presidente del club tafallés, Rafa del Amo, anunció la destitución del técnico navarro, que varios meses después se convirtió en entrenador del Erri-Berri, y la contratación de Miguel Merino como su sustituto en el banquillo azulón.

Sádaba solicitó a Del Amo la indemnización por despido contemplada en su contrato, que se extendía hasta el 30 de junio del presente año, pero la entidad tafallesa se negó a ello por “falta de jurisdicción del orden social”, puesto que el contrato fue suscrito con arreglo a la modalidad de “entrenador aficionado” y en él no se recogía retribución alguna, por lo que la relación entre ambas partes no era laboral.

Lo cierto, sin embargo, es que la Peña Sport pagaba a Sádaba 1.700 euros mensuales fuera de nómina, una cantidad que tiene la consideración de salario, de ahí que la jueza María Teresa Reta Cárcamo haya estimado la existencia de “una relación laboral especial de deportista profesional” y, a consecuencia, haya estimado la demanda interpuesta por Sádaba contra el club. “Desestimo la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la Peña Sport, y estimando la demanda formulada (...) declaro improcedente el despido”, reza la sentencia.

La Peña Sport deberá indemnizar al demandante con 11.900 euros, en cuyo caso “la relación laboral entre las partes quedará extinguida en la fecha del cese efectivo del trabajo”. De no hacer esto en un plazo máximo de cinco días desde ayer, el club deberá readmitir a Sádaba como entrenador, “con abono de los salarios dejados de percibir desde el día siguiente a la fecha de efectos del despido hasta la fecha de la notificación de la sentencia o hasta que se hubiera encontrado otro empleo”. Contra esta sentencia cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Diario de Noticias