PARECE QUE DEFINITIVAMENTE HABRÁ INVESTIDURA

ERC haciendo un sobreesfuerzo para estar a la altura del momento histórico, con una responsabilidad de estado que no le van a agradecer los campeones del españolismo y que en cambio le van a reprochar muchos de sus socios y seguidores, ha anunciado que va a facilitar la gobernabilidad de este país.

Realmente no me lo esperaba, no digo que no lo deseara, digo que no me lo creía. Y no me lo creía porque independientemente de que creyese, y siga creyendo, que el PSOE desde hace 40 años es un club de tahúres, que decepciona a todos, usa la mentira como herramienta política y nunca jamás cumple sus pactos; tampoco veo claro qué gana accediendo al gobierno en estas condiciones. De ahí mi alegría contenida y mi inevitable escepticismo. Ya perdonareis si os amargo el día.

Porque hay cosas que se nos olvidan y, salvo que se aclaren en los próximos días, condicionarán el futuro de este gobierno imposible.

El Gobierno de España en funciones tiene prorrogados los presupuestos de Montoro. ¡De Montoro! Y con estos presupuestos las 50 páginas del famoso Acuerdo para un Gobierno Progresista son papel mojado. Sencillamente porque el nuevo gobierno no tendrá recursos para llevarlo a la práctica.

Eso quiere decir que el futuro gobierno PSOE-UP necesitará aprobar unos nuevos presupuestos este

2020 o convocar nuevas elecciones... y para esa aprobación de presupuestos esta vez no bastará con una abstención, necesitará sí o sí los votos independentistas.

España, el Estado Español, el Reino de España, parecen lo mismo pero no lo son, todos a la vez, están en una posición de debilidad no vista hasta ahora. Internamente y sobre todo internacionalmente.

Los plazos para las negociaciones futuras se acortan de 2 años a uno. Menos de un año. En ese plazo el problema catalán tiene que estar resuelto y Cataluña debe tener claro su futuro.

Este gobierno PSOE-UP será débil en extremo, el independentismo es fuerte y cada vez lo va a ser más. Es esta situación tan débil de PSOE-UP la que ha forzado a un acuerdo "de investidura"

Porque lo que ha negociado ERC es la investidura de Pedro Sánchez, sólo eso, la investidura. Y el inicio de negociaciones. Fijar los protagonistas de la negociación, con quien negocias, dar una oportunidad a la vía negociada. Y la mejor situación para negociar la independencia de Catalunya es que la otra parte dependa de ti.

Ese es el escenario que ERC ha preparado para jugar la partida.

Y, por supuesto, ERC sabe que eso (el referendum pactado) ni con la supuesta izquierda gobernando se va a lograr. Porque la maquinaria del estado, la judicatura, los poderes mediáticos, los económicos y el pretoriado funcionarial no lo van a permitir.

Pero eso de ningún modo será el final del procés. Hay un frase que se repite mucho entre los medios independentistas catalanes: "La vía negociada es posible porque la vía unilateral es factible”. Si no lo fuese ERC no tendría nada que negociar en esa mesa. Sería un plan Ibarretxe II.

Ese es el plan B. Si la vía negociada fracasa siempre queda la vía unilateral. Con todos los tribunales y organismos mundiales mirando y especialmente las cancillerías Entonces muchas de las bocas que claman por la negociación y contra la DUI tendrán que callar.

Ese es, repito, el escenario previsto por ERC. Pero nunca aposté por este escenario porque es el peor posible para el PSOE. Y no acabo de ver cuales son sus previsiones y menos sus intenciones, salvo que sean las de siempre: la presidencia del gobierno (cualquier gobierno) como fin en sí mismo.

Y fiarlo todo a que Tamayo no haya vuelto.

Gukgeuk 200104

LAWFARE CONTRA EL NUEVO GOBIERNO

Quédense con un término que va a ser clave para explicar esta legislatura: el 'lawfare' o guerra jurídica. Un neologismo inglés que viene de fusionar las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Esa warfare consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno. Es un intento de ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas. Es una quiebra de la separación de poderes, donde el poder judicial se extralimita y asume funciones que no le corresponden, con el apoyo de los poderes económicos y de los medios de comunicación.

En los casos más extremos de Lawfare –como la conspiración judicial contra Lula en Brasil– las togas sustituyen a los tanques.

Este lunes tuvimos un primer ejemplo: la amenaza de PP, Ciudadanos y Vox de denunciar ante los tribunales un supuesto delito de revelación de secretos cometido por el Gobierno por la aún más supuesta filtración a ERC del contenido del informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras.

Poco importa que no haya evidencia alguna de que tal cosa haya ocurrido. Poco importa también que tal informe no sea secreto alguno ni afecte a la intimidad de nadie. Poco importa que sea imposible cometer un delito con su filtración porque, cuando en teoría se produjo tal cosa, no estaba aportado al procedimiento judicial de una causa que, además, no está secreta. No hay por dónde coger ese supuesto delito pero eso no ha impedido, en otras ocasiones, que se abriera una causa penal. Da igual si luego queda en nada. Una de las premisas de la lawfare es que una imputación es, por sí misma, una pequeña condena.

¿Recuerdan el famoso caso del incendio en Guadalajara donde murieron 11 personas por un cambio inesperado en el viento? Una juez muy cercana al PP impulsó una enorme causa penal donde llegó a imputar a 15 políticos y altos cargos del PSOE en un enorme y costoso proceso penal que duró 7 años. Al final, solo hubo un condenado, el único responsable real del incendio: el excursionista que provocó el fuego con una barbacoa.

Aquel caso lo impulsó Concepción Espejel. "Querida Concha", como la llamaba María Dolores de Cospedal, que llegó a condecorarla. Espejel, pese al enorme ridículo de aquel proceso penal, hoy está en la Audiencia Nacional, promocionada por los vocales nombrados por el PP en el CGPJ.

Espejel fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros por su evidente afinidad con el PP. No ha sido un problema en su carrera. Al contrario. Es muy posible que pronto llegue a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Un Tribunal Supremo, conviene recordarlo, donde todos y cada uno de los jueces llegan por nombramientos políticos de los vocales nombrados por los partidos. Y donde el PP hace décadas que se afana por colocar a sus mejores hombres.

La colonización de la cúpula de la justicia por parte de la derecha va a ser clave en esta legislatura. Y no descarten que la primera turbulencia llegue antes incluso de que se logre la investidura.

Este viernes, la Junta Electoral Central (JEC) tiene que decidir si inhabilita a Quim Torra y también a Junqueras. El PP, que ha impulsado ambas peticiones, no oculta su verdadero objetivo: hacer descarrilar la investidura. Lo confiesa de forma pública en Twitter la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo: "Si alguna de las dos peticiones del PP y Ciudadanos contra Torra y Junqueras fueran favorables, ERC tendría muy mal colaborar en la investidura". Como explicaba Elisa Beni en su artículo de este domingo, más claro imposible.

Porque si Torra es inhabilitado cuando aún no tiene una condena firme llegará un maremoto en Catalunya. Si tal cosa ocurre, tendrá que ser el president del Parlament, Roger Torrent, de ERC, quien aplique esa decisión de la JEC porque es dudoso que Torra vaya a dimitir diga lo que diga este organismo administrativo al que ya le sale gratis desobedecer –le supondría otra condena de inhabilitación, como la que ya tiene–.

La JEC, hay que recordarlo, es un organismo administrativo, no judicial, aunque esté formado en una parte por jueces del Supremo y también por representantes de los partidos –el PP tiene dos; PSOE, Ciudadanos y Podemos, uno cada uno–.

La condena de Torra, hay también que recordarlo, no es por rebelión, sedición o corrupción: es por negarse a retirar unos lazos amarillos de los edificios públicos, como pedía la propia JEC.

Para sacar a Torra del juego –y, como carambola, a Pedro Sánchez–, PP y Ciudadanos han recurrido a una ley diseñada contra ETA, uno de esos atajos legales de dudoso encaje constitucional y que durante años se toleraron en España contra el terrorismo. ¿Puede un organismo administrativo derrocar a un presidente autonómico por una condena menor antes siquiera de que se pronuncie el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme? Puede. Cosas más increíbles hemos visto.

A la primera la derecha fracasó en su intento. La Junta Electoral de Barcelona se negó a inhabilitar a Quim Torra con argumentos bastante razonables. La diferencia este viernes es que el PP juega en casa. La actual JEC cuenta con una mayoría conservadora. Es la misma Junta Electoral Central que no vio problema alguno en la campaña de guerra sucia en redes del PP, pero a la que le pareció indignante que Pedro Sánchez usara La Moncloa para sus entrevistas de campaña –exactamente igual que hicieron todos los presidentes anteriores–.

Esta legislatura no será la primera en la que la derecha utilizará los tribunales, con todo su poder, para intentar bloquear al nuevo Gobierno. Ya pasó antes, con la guerra judicial desatada contra José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2008, el PP presentó 26 recursos de inconstitucionalidad. Mariano Rajoy, entonces en la oposición, llevó al Tribunal Constitucional prácticamente todas las leyes que perdió en el Parlamento. Era una forma de desgastar al Gobierno, como demostró después el propio Rajoy cuando llegó al poder con mayoría absoluta y mantuvo muchas de las leyes que había recurrido ante el TC, como la del aborto o la del matrimonio igualitario.

Esa legislatura también fue la de la conspiración del 11-M, cuando el PP acusaba al PSOE de estar detrás del atentado más sangriento de la historia de España, con el apoyo de varios medios de comunicación, que se sumaron a esta infamia para desgastar al Gobierno y vender periódicos.

Son los precedentes de lo que nos espera a partir de 2020: el infierno es el límite. No habrá escrúpulo alguno para intentar tumbar al futuro gobierno a cualquier precio. El argumento –ya lo están creando– es el de presentar esta coalición y este acuerdo con ERC como una enorme traición ante la que todo vale.

Es en ese lenguaje de la traición –y no en sacar a los muertos de las cunetas– donde reside el auténtico guerracivilismo.

Pero el nuevo gobierno, hay que subrayarlo, es plenamente legal y legítimo. Porque los votos de la izquierda o de los nacionalistas valen exactamente lo mismo que los que votan a la derecha y suman más en el Parlamento. La soberanía popular está por encima de sus soflamas. Es la esencia de esa Constitución que citan a todas horas y solo les preocupa en la parte de la unidad de España.

Por eso el nuevo Gobierno hace muy mal en esconderse de la prensa en el día en que anuncia su programa. No solo porque la transparencia sea obligada para cualquier representante público. También porque se coloca a la defensiva, a pesar de contar con la razón y con los votos.

Ignacio Escolar, en eldiario.es

RIEGO, 200 AÑOS DEL GOLPE POR LA LIBERTAD

Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla, una villa enclavada en el Bajo Guadalquivir que aún hoy es tránsito obligado hacia Cádiz, amanecía, a las 8 de la mañana del 1 de enero de 1820, escribiendo la página más sobresaliente de su historia. Un episodio que es también trascendental para enmarcar la historia contemporánea en España: el pronunciamiento del general Rafael del Riego (Tuña, Asturias, 1784 – Madrid, 1823) que, alzado en armas, pretendía obligar a Fernando VII a abandonar el régimen absolutista restaurado en 1814, tras la Guerra de la Independencia, y volver a acatar la Constitución proclamada por las Cortes de Cádiz en 1812. El triunfo -aunque no inmediato- de esta revolución abrió la puerta al llamado Trienio Liberal, un periodo en el que, por primera vez en la historia, España iba a estar regida por un sistema constitucional. “Las luces de Europa no permiten ya, señor, que las naciones sean gobernadas como posesiones absolutas de los reyes (...). Resucitar la Constitución de España, he aquí su objeto: decidir que es la Nación legítimamente representada quien tiene solo el derecho de darse leyes a sí misma”, rezaba el manifiesto que, dirigido al monarca absolutista, leyó el militar en la hoy llamada plaza de la Constitución del municipio sevillano aquel primero de año del que se cumplen dos siglos.

Personaje sobre el que aún hoy no existe un consenso —“ha pasado a la historia como un personaje controvertido, héroe para unos, militar golpista para otros”, reconoce el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra—, es no obstante indudable que Riego fue el gran protagonista del que está considerado el primer golpe militar de la historia de España. Infiltrado desde el final de la Guerra de la Independencia en los movimientos clandestinos del Ejército que ejercían la oposición liberal al régimen de Fernando VII —que había abolido la Constitución del 12 “como si no hubiera ocurrido jamás”—, el general se encontraba aquel 1 de enero en las provincias limítrofes con Cádiz junto a otros 20.000 hombres. Todos ellos debían embarcar a América con el fin de sofocar las revueltas independentistas que estaban irrumpiendo en territorios del aún Imperio Español. Pero, en un giro que daría la vuelta al curso de la historia española, se salió del guion y proclamó la Constitución de Cádiz.

Las voces más críticas, entre las que se encuentra la de Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, creen que “Riego encontró un pretexto excelente, toda la parafernalia liberal del triunfo de la Constitución, para no ir a las colonias. Nunca se ha puesto de relieve, pero la causa clave es que no quería ir a América”, asegura el profesor, para quien “la labor de Riego fue desgraciada en todos los sentidos y sumió al país en el caos”. “La celebración de esta efeméride debe evitar una única visión histórica determinada", insiste Moreno Alonso. "Hay que ser críticos con las cosas disonantes que tuvo el golpe: lo hicieron dejando a un lado a los doceañistas, esto es, embistieron contra los propios liberales, y Riego obedeció, no a la voluntad popular, sino a las logias masónicas a las que se debía”. En ellas había ingresado años antes por encontrar allí uno de los resortes más poderosos en la lucha contra el absolutismo.

Por el contrario, Guerra cree que “no es posible olvidar que, más allá de las conjeturas acerca de la motivación personal que le indujo a actuar como lo hizo, Riego se subleva reclamando la Constitución liberal de 1812, se opone a la felonía del Rey absolutista y es reprimido brutalmente con un final trágico de descuartizamiento. A partir de 1812, la vida política española tomó el camino del autoritarismo hasta 1978 con la Constitución vigente, salvando el corto período de la República de 1931, que terminó también de manera autoritaria”.

A esta voz se suma la del profesor Alberto González Troyano, profesor de Literatura en las universidades de Fez (Marruecos), Cádiz y Sevilla y Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz de Ciencias Sociales en 2012. “La gesta de Riego ha repercutido de manera más que positiva en la construcción de la España liberal. Deberíamos enfocar el acontecimiento del pronunciamiento como el primer ejemplo en la historia de nuestro país de un militar que se alza en favor de la causa constitucional. Riego no es él mismo, ni sus causas particulares, sino lo que representa: recogió la voluntad colectiva y logró que, durante tres años, el liberalismo triunfara en España”, asegura.

Fernando VII tardó en reaccionar casi tres meses. Fue necesario que una gran multitud rodeara el Palacio Real de Madrid para que atendiera a las exigencias de Riego. Lo hizo con un manifiesto que incluía la histórica proclamación por la que fue apodado El felón, en relación con su deslealtad: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Así comenzaba el Trienio Liberal, un sueño breve que acabó con Riego guillotinado en la Plaza de la Cebada de Madrid por orden del propio monarca, que no había dejado de maniobrar para hacer fracasar el ensayo liberal y que se consumó con la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis comandados por el duque de Angulema. “Riego asistió solo a su final, abandonado por todo el mundo. Fue un hombre de pocas luces, un mito inconsistente construido sobre un personaje que estaba hecho con una cera que ardía mal”, insiste el profesor Moreno Alonso.

No obstante, recuerda Guerra, “no está nuestra historia contemporánea tan llena de personajes que hayan dado su vida por defender los valores democráticos constitucionales como para dejar pasar un aniversario redondo, 200 años, sin recordar al general Riego. Durante más de dos siglos en España no se alcanzó la construcción de un Estado moderno porque las fuerzas reaccionarias del momento se conjuraban para impedirlo: el trono, la espada, el altar y las grandes fortunas agrarias. El principio liberal que proclama el liberal Riego se confirma con la Constitución del 78, que se mira mucho en la del 12, con un Ejército que asume el papel que le consigna la Constitución y con un monarca —en realidad son dos— que defienden la democracia constitucional, en febrero de 1981 y en octubre de 2017 como fechas culminantes”.

Amalia Bulnes, en El País

"EL NUEVO INFORME CONFIRMA QUE APENAS QUEDA MARGEN DE ESTABILIDAD EN YESA"

El informe encargado por el Gobierno navarro muestra ganas de presentar un nivel de seguridad en el embalse de Esa que no se puede garantizar.

Estamos en las mismas de siempre. La seguridad de Yesa siempre ha sido una promesa. Creo que llevo diciendo esto desde el año 2013. Estamos en 2019 y seguimos hablando de que vamos a conseguir una estabilidad. Esto, además, convive con el discurso de que la zona es estable pero tenemos que hacer obras para asegurar esa estabilidad. Es lo que arrastramos desde 2013, cuando se produjo lo que en muchas escuelas o facultades de Geología llaman «la catástrofe de 2013». En el nuevo informe hay un eufemismo que se ha puesto muy de moda: equilibrio estricto.

¿Qué quiere decir? 

Este concepto tiene un significado en geotecnia, especialmente en taludes que se mueven. Es sinónimo de factor de seguridad igual a uno, esto es, cuando las fuerzas que tienden a sostener una ladera son las mismas que las tienden a tumbarla. En ese caso, estamos en un equilibrio estricto. Hay artículos, muy interesantes, empezando por las propias notas de prensa del Gobierno de Navarra, que dicen que el problema está solucionado porque la ladera está en equilibrio estricto. Ha habido artículos de opinión muy beligerantes con la gente que en su momento advirtió del problema que teníamos en Yesa diciendo que aquí no pasa nada (por eso llevamos 20 años de retraso) porque está en equilibrio estricto. Este equilibrio estricto, el nuevo eufemismo, está diciendo simplemente lo que se decía hasta ahora (o al menos decíamos algunos), que el factor de seguridad sigue siendo uno, que no hay margen de seguridad. Por lo tanto, se han gastado ingentes cantidades de dinero, de medios, de obras, se ha puesto en movimiento maquinaria que no ha conseguido salir de ese equilibrio estricto.

¿Qué se propone?

Más obras para salir del equilibrio estricto. En el nuevo informe se hace mucho hincapié en que el factor de seguridad es antiguo, que es de lo que han hablado hasta ahora en todos los informes colgados en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El caso es que ahora no les gusta el factor de seguridad porque no hay manera de levantarlo y lo cambian por el equilibrio estricto. Se utiliza el factor de seguridad solo cuando interesa. Hay varios apartados en los que se menciona que hay una discusión sobre qué valor tiene el factor de seguridad en una ladera que ya se ha movido. Dicen que no es muy representativo y que quizás habría que utilizar otra forma de hacer la medida. En caso de hacer ciertas obras futuras, podría ser útil el factor de seguridad, siempre que logren subirlo. Para eso sí vale. Pero para hablar de la situación actual, que es lo que se pidió por parte del Gobierno al encargar el informe, dice que no vale; no vale para la situación actual, pero sí para la futura, siempre que se pueda subir hasta 1,20 o 1,30. Ahora sabemos que estamos a uno, sin margen de seguridad. Por eso no vale y lo sustituyen por una nueva forma de medición, que es la velocidad de movimiento. Estamos aceptando que se mueve, cuando [Luis] Zarraluqui aseguró, por activa y por pasiva en 2013, que estaba ‘absolutamente parada’.

De hecho, en la nota del Gobierno se reconocía un desplazamiento de dos milímetros al mes. ¿Es preocupante?

Claro. Quiere decir que está en equilibrio estricto, que el factor de seguridad es uno, que se está moviendo. Por lo tanto, no gusta. En su momento, y en los estudios que hice, comenté que podríamos hablar de varios factores de seguridad dependiendo de la zona. La ladera de Yesa no es grande y compacta con un comportamiento unificado, sino que tiene lóbulos que se mueven, otros que duermen. De hecho, ellos hablaban de cuatro deslizamientos ahora mismo: uno a 60, otro a unos cien metros, el del Inglés y otro más. Son cuatro superpuestos. Hay deslizamientos pequeños, superficiales, que indican que se han sobrepasado los factores de seguridad locales en esa zona concreta. Si hacemos un global de todo lo que se está moviendo y lo dividimos entre el número de deslizamientos que hay da uno. Sigas el camino que sigas, acabas con el factor de seguridad uno. Por ello, proponen sustituirlo por el control de la velocidad en busca unos umbrales de seguridad, fijados entre 0,5 y 1,5 milímetros al mes. De ahí para abajo, se admite que se mueve pero se mueve poco. A partir de 1,5, saltan todas las alarmas. El problema está en cómo controlar esto. Proponen una infraestructura de control con una red de sensores por la ladera

¿En qué consiste esa red?¿Cómo funciona?

Es como cuando echas miel encima de una superficie lisa, ves que se desparrama a distintas velocidades. Si la superficie es rugosa como es el caso, peor todavía porque hay zonas en las que va muy rápido y en otras muy lento. Depende de muchas condiciones (lluvia, subidas y bajadas del embalse, de las propias actuaciones en las obras,...), va a haber zonas que en su momento se movieran que ahora estarán quietas. Pero hay otras, como en la zona alta, como adelantó el profesor Francisco Gutiérrez de la Universidad de Zaragoza, en las que hay deslizamientos. Se trata de sustituir el factor de seguridad por otro parámetro, que ahora produce mucha euforia porque permite agarrarse a un clavo ardiendo. Pero creo que va a tener un recorrido muy pequeño porque es absolutamente ilógico, acientífico completamente.

En la nota que hizo pública el Gobierno navarro se reconoce que hay que seguir invirtiendo en seguridad en una obra que está a punto de quintuplicar el presupuesto inicial debido, fundamentalmente, a este tipo de intervenciones.

Sí, va camino de quintuplicar el presupuesto y de no recuperar la seguridad. Se ha invertido mucho dinero en seguridad. Es lo que decíamos al principio, la seguridad en Yesa siempre ha sido una promesa. Desde el principio. Tengo que decir que no estoy ni a favor en contra del proyecto de Yesa. Tengo mi opinión como ciudadano, especialmente en lo que se refiere al gasto ingente de dinero público que sale de mis bolsillos y de cómo lo gestionan unas personas que solo quieren oír lo que a ellos les interesa. Como científico, tengo que decir que se está jugando con fuego. Esto me ha traído el calificativo de agorero, de apocalíptico. Me decían que era el geólogo de la plataforma opositora, como si tuviera unos intereses especiales. Simplemente, en los trabajos que me ha tocado hacer y teniendo en cuenta el trabajo de otros profesionales, realizaba un estudio sobre qué trabajos eran más lógicos. Lógicos, no ideológicos. Me encontré con que uno de los trabajos más lógicos era el de Antonio Casas, de la Universidad de Zaragoza, que sí puede estar posicionado en contra. También hay gente que está a favor y ha retocado muchos valores, como en los cálculos presentados a la CHE, que está clarísimo que han modificado los valores del nivel freático. Claro que tienen previsto hacer obras de cara al futuro. Este informe confirma, como dije, que la ladera está triturada. El otro día salía un artículo de opinión de un exconsejero de Obras Públicas en el que descalificaba a quienes hablábamos de ladera triturada con el argumento del equilibrio estricto. ¡No sabe de qué habla! El informe habla de ladera milonitizada, triturada. Hay una serie de problemas que habría que investigar. Precisamente esa trituración hace que quien tome las riendas de las fuerzas de rozamiento que tienden a sostener la ladera son los contactos entre esas partículas rotas. Como no se conoce muy bien, después de 20 años de obra, habría que invertir otra vez dinero en estudiar cuál es realmente la fuerza o el rozamiento de esas partículas y extrapolarlo a un comportamiento tensional de la ladera. Esto se tendría que haber hecho al principio de los principios, como indica toda ley.

También ha apuntado al problema del movimiento de agua en la parte alta y media de la ladera.

Se pensaba que el agua iba en la dirección perpendicular a la traza del río Aragón, que venía de Leire. Pero cuando sube y baja el embalse, hay diferentes movimientos de agua. Pero sí que hay una dirección dominante, que es la que viene de la sierra de Leire. Hay unos acuíferos que funcionan de una manera cuando están altos y de otra cuando están bajos. Eso hay que conocerlo bien y no se conoce. Por lo tanto, se propone un estudio también del movimiento del agua. Pero antes de conocerlo ya se ha dado una solución, la famosa zanja de drenaje por la zona de las urbanizaciones que recogería las aguas para evitar que se filtrase a la parte interna de una ladera triturada. Lo que pasa es que tenemos el problema de que esa zanja cortaría parte de uno de los principales planos de deslizamiento. Y eso es una barbaridad. Por eso en el nuevo informe se dice que la zanja puede estar bien pero que justo ese no es el sitio idóneo. Aparte de la zanja habría que hacer otra serie de cosas, nuevas medidas para asegurar todavía más la estabilidad. Por lo tanto, hay que meter dinero en estudiar el movimiento del agua, en hacer una zanja no sabemos dónde y en hacer otras cosas que todavía no han dicho cuáles son. Más dinero, que es lo que ha pasado en 2009, en 2011, 2013, 2017, 2018. Cuando se den cuenta de que el nuevo eufemismo del equilibrio estricto es una tomadura de pelo habrá que ver qué inventan.

Martxelo Díaz, en GARA

ALERTA LINGÜÍSTICA EN GALICIA: LOS NIÑOS Y JÓVENES PIERDEN EL GALLEGO

La lengua gallega está atrapada en una paradoja. Tras resistir a 40 años de marginación y desprecio durante la dictadura, encara una preocupante crisis cuatro décadas después de que la democracia le abriera las puertas de la escuela y las instituciones. Los estudios sociolingüísticos alertan de que la transmisión a los niños del que aún hoy es el idioma más hablado en Galicia se está rompiendo. “La lengua necesita una alimentación diaria para sobrevivir, y lo que ha ocurrido es que los padres han dejado de hablarles en gallego a sus hijos”, opina Pilar Ponte, profesora en secundaria con casi 20 años de experiencia y premiada por sus innovadoras iniciativas para la normalización lingüística.

El informe del Consejo de Europa que alerta del retroceso que ha sufrido el idioma propio de Galicia en la última década ha confirmado los peores pronósticos, considera que la escuela es una de las causas e insta a la Xunta a enmendar su política lingüística. Entidades y organizaciones de profesores y padres habían advertido en 2010 de que el modelo escolar implantado ese año por el Gobierno autonómico del PP ponía en riesgo el mantenimiento del idioma entre los más pequeños, que ya lanzaba señales de debilitamiento. Alberto Núñez Feijóo, abandonando la senda marcada por Manuel Fraga, decidió retirar la prioridad al gallego en las aulas. Estableció que su uso fuese exactamente igual al castellano, marcó unas asignaturas concretas para cada lengua excluyendo el idioma propio de ciertas materias como las matemáticas o la física y suprimió los programas voluntarios de inmersión lingüística en Educación Infantil para niños de entornos castellanohablantes. El porcentaje de chavales que nunca habla en gallego se ha disparado 15 puntos en una década, del 29% al 44%.

“El gallego se nos está escapando entre los dedos porque no se están adoptando las políticas necesarias para mantenerlo”, esgrime Henrique Monteagudo, secretario de la Real Academia Galega, una institución que intentó sin éxito frenar la normativa de Feijóo en los tribunales. La justicia avaló la legalidad del modelo, pero el Consejo de Europa sostiene que no respeta los compromisos internacionales de España para preservar las lenguas cooficiales y en su última resolución reclama a la Xunta que lo enmiende. El Gobierno gallego ha dejado claro que no piensa hacerlo.

La Xunta presume de que las mismas estadísticas que revelan la pérdida de uso del gallego entre niños y jóvenes confirman que el porcentaje de ciudadanos capacitados para hablar y escribir en el idioma propio de la comunidad es “el más alto de la historia”. “En la franja que va de 15 a 29 años, a la que le afectó el decreto [de uso de lenguas en la escuela], el 90,16% de la población dice saber hablar gallego mucho o bastante, lo que es un dato muy bueno”, defiende la Secretaría General de Política Lingüística citando datos de este año del Instituto Galego de Estatística. “El gallego es la lengua cooficial con más uso de todas las de España”, recuerda.

“Lo que me transmiten los amigos que tienen, como yo, niños gallegohablantes es que al llegar a la escuela, en 15 días pierden su lengua”, cuenta Rute Pallarés. Ella ha escolarizado a sus hijos en un colegio público del área rural de Vigo en el que tanto las familias como el profesorado están muy comprometidos con el uso del gallego. “Todos tenemos claro que de esta forma los niños serán competentes en las dos lenguas, porque el castellano es la lengua ambiental cuando salen del colegio”, explica Pallarés, miembro de la asociación de padres del CEIP Paraixal. E incide: “Yo quiero que mis hijos sepan castellano, sería tonta si no fuera así, pero sin que pierdan el gallego; eso sería robarles riqueza y cultura”.

Xosé Soto, maestro en un colegio de Oroso (A Coruña), cree que rebajando la presencia del gallego en las aulas la Xunta cuestionó por primera vez en democracia la necesidad de proteger el idioma propio. “Se reabrieron debates en la comunidad educativa y en las familias que yo, tras 30 años en la docencia, consideraba superados", afirma. Con ambas lenguas "rodando en igualdad” pese a que el gallego está en inferioridad de condiciones, aduce, los niños se pasan al castellano porque “perciben que ese es el idioma del éxito”. “Se ha prohibido que determinadas materias como las matemáticas se den en gallego, y para las que sí se pueden impartir, los materiales de apoyo a los que podemos acceder en Internet son en castellano”, añade.

En el mundo en el que se mueven los adolescentes, el gallego brilla por su ausencia, subraya Ponte. No hay una versión en esta lengua para Whatsapp ni para Instagram. Tampoco las radiofórmulas o los videojuegos suelen usar el idioma propio de Galicia y en plataformas como Netflix solo se ha estrenado hasta ahora una serie. El Consejo de Europa ha recriminado también al Estado su escasa presencia en la Administración central y en el sistema judicial. “La exclusión del gallego en la Administración, en la justicia y en las actividades socioeconómicas es evidente. No es un problema de demanda. Es simplemente que nos niegan toda oferta que permita el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos”, sostiene Queremos Galego, la plataforma ciudadana integrada por 600 entidades que se formó para protestar contra el modelo escolar implantado por Feijóo.

Rute Pallarés apunta también a prejuicios todavía vigentes que hunden sus raíces en la dictadura. “Yo aún tengo familiares que hablan en gallego, pero cuando se dirigen a los niños lo hacen en castellano. Es algo que se arrastra del pasado, pero también influye que hoy está muy vigente eso de que tener una identidad propia es malo”, señala.

Rogelio Carballo, presidente de la confederación gallega de asociaciones de madres y padres de alumnos (Confapa), se declara gallegohablante y se dirige mayoritariamente a sus hijos en esta lengua, la que también hablan sus padres. Pero sus hijos se expresan en castellano. “A su edad yo hacía lo mismo y ahora hablo en gallego”, aduce. Aboga por “favorecer su uso por la vía del prestigio, de la utilidad y del enriquecimiento, pero no por la imposición: si el gallego tiene futuro, es porque convence, no porque se establecen obligaciones”.

Los sociolingüistas están inmersos en desentrañar las causas de esta crisis. Entre 2015 y 2016, el Consello da Cultura Galega, dependiente de la Xunta, detectó en un estudio un “escaso compromiso” de los jóvenes con el empleo del gallego pese a tener una “buena imagen” del idioma y admitir la “situación delicada” que atraviesa. “Mis abuelos siempre hablaron gallego y a mí siempre me hablaron en castellano”, contaba un adolescente de Viveiro (Lugo) en un grupo de discusión. “Pues mis padres hablan en gallego, pero, yo no sé por qué, me pasa como a ti, hablo castellano”, terciaba otro chaval. El informe, que incluía una encuesta a 800 chavales de entre 15 y 25 años, recogía una conclusión: “Cuando se les pregunta por la lengua de transmisión a su descendencia, la mayoría opta por el castellano”. Es un fenómeno para el que los entrevistados confesaron "no encontrar explicación".

Sonia Vizoso, en El País

EL CNMA Y LOS PRESUPUESTOS CONTINUISTAS

El pasado 27 de diciembre se convocó el Consejo Navarro de Medio Ambiente, para debatir y en su caso aprobar el presupuesto del Departamento del año 2020.

El presupuesto de este año es continuista, es decir deficitario. Sabido de que es de los más bajos de todas las Comunidades, no llega para cubrir todas las necesidades ambientales de la nuestra Comunidad. Esta es la razón que la que, al igual que el pasado año, no fuera aprobado dicho presupuesto por la mayoría del Consejo.

El presupuesto se manifiesta insuficiente de cara a dotar al Guarderío con los efectivos necesarios, para llevar adelante las tareas propias de control en el medio rural. En la zona de la Ribera, hasta ahora contaban con 8 personas y se ha pasado a 10, cuando las necesidades reclaman duplicar la plantilla. 

Esta falta de medios para el control ambiental, afecta directamente a la contaminación por vertidos, ya sean en industrias, granjas, o como en una empresa de Caparroso que produce biogás, cuyos residuos procedentes de la biodigestión vierte en parcelas agrícolas. 

Esos vertidos en suelo agrícola contienen metales pesados y nitratos que requerirían un seguimiento continuado por parte del Gobierno o en su caso por una empresa especializada independiente. A esta empresa de Caparroso, que debería estar cerrada por sus reiterados incumplimientos, se le han abierto numerosos expedientes sancionadores por infracciones de todo tipo, tanto por parte de Medio Ambiente como por otros organismos. Pero al margen de su funcionamiento, lo preocupante es que los vertidos contaminados esparcidos en parcelas, acaban en nuestros ríos, acuíferos y hasta en los productos que llevamos a nuestra mesa. Recordemos que van en aumento en Navarra los acuíferos contaminados por nitratos.

En el Caso de del Parque de Bertiz, la joya de la corona, ocurre lo mismo. No hay dinero suficiente para combatir la invasión de especies exóticas que colonizan el parque. Las especies laurel-cerezo, caki de Virginia, bambú, paulonia, palmera, fallopia..., año a año aumentan su expansión, representando un verdadero peligro si no se actúa en profundidad desde ya. Algo parecido está ocurriendo en la cuenca del rio Bidasoa, por lo que habría que habilitar personal y presupuesto para combatir este preocupante problema de expansión de plantas invasoras.

En Navarra tenemos 17 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 42 Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Según testimonio de un técnico del Departamento y debido a falta de presupuesto, solamente se gestionan adecuadamente dos de ellas; Bertiz y Artikutza.

¿Y que podemos decir del Cambio Climático...? Después de la celebración reciente de la Cumbre del Clima COP25 en Madrid, ha quedado meridianamente clara la urgencia de intervenir con todos los medios para intentar mitigar la Emergencia Climática. En Navarra, ¿podemos hacerlo con unos presupuestos ambientales continuistas...? Lo dudo, aunque en este caso no dependen las soluciones solamente de inversiones, sino de otras medidas que no se ponen en práctica.

Por otra parte, cada vez es mayor la legislación ambiental procedente de Europa y en cambio no aumenta en la misma proporción el personal del Departamento para su puesta en práctica.

El CNMA es un órgano consultivo de participación ciudadana, al que solamente se nos convoca por imperativo legal para la aprobación del presupuesto y algunas Leyes. Creemos que esto debería cambiar y pasar a ser un instrumento social que contribuya al necesario debate y participación ciudadana en temas ambientales. No nos resignamos a seguir siendo un florero decorativo sin contenido alguno, que se nos convoque como en el caso de los presupuestos, cuando los mismos ya han sido aprobados en el Parlamento.

Y hablando de su funcionamiento, esperábamos la presencia de la Consejera en la primera reunión del CNMA en esta legislatura, para que se presentase y nos comunicara las líneas de actuación de su Departamento en los cuatro próximos años. Es lo que hizo en su momento la Consejera saliente. 

El Medio Ambiente lo tenemos que mantener entre todos y las instituciones deberían facilitarlo dando participación a la sociedad y a sus colectivos. No es de recibo que el Parlamento apruebe recientemente en 24 horas (seguramente por presión de los fabricantes), la modificación de la Ley Foral de Residuos que permitirá el retraso de la entrada en vigor de la prohibición de la venta de elementos plásticos de un solo uso. Esto cuando la propia Ley de Residuos de Navarra, en su artículo 13, plantea que las futuras revisiones se realizarán mediante la Comisión de Seguimiento y Control con participación ciudadana.

Juan del Barrio, miembro del Consejo Navarro de Medio Ambiente

AL SEÑOR MARTÍN ZABALZA

Hace tiempo ya que se inició esta legislatura, y con ella vinieron cambios respecto a la anterior, entre ellos actitudes distintas en relación a la política de memoria histórica y, más en concreto, en la forma de tratarnos a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, víctimas del terrorismo de Estado, término éste que parece no existir en el vocabulario de la mayoría de los políticos, ni en el de ninguna institución oficial, disimulándolo con expresiones como "hechos luctuosos" o "trágicos sucesos" y, en el mejor de los casos, como "víctimas de la violencia política".

Asistimos últimamente a una serie de intervenciones y artículos en prensa en las que, personas que no han sufrido lo que nosotras, parece ser que son capaces de saber y de categorizar el dolor de unas y otras y afirmar que unas sufrieron más que otras, o de poner cifras encima de la mesa. Afortunadamente, también hay otras personas que, como sucedió en un encuentro que tuvo lugar en el Parlamento de Navarra entre un familiar de una víctima de la violencia del Estado y una víctima del atentado de Hipercor, promovido por el Foro Social, nos abre una puerta al entendimiento y a la solidaridad entre todo tipo de víctimas. Porque todas hemos sufrido, y todas lo hemos hecho de una forma injusta y cruel, aunque algunas hayan sido merecidamente reconocidas y otras todavía esperamos ese reconocimiento que también merecemos.

A día de hoy no hemos tenido ningún contacto oficial con la nueva Dirección de la oficina de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, por lo que podemos afirmar, sin ninguna duda, que cuando en comisión parlamentaria al Sr. Martín Zabalza se le preguntó por parte de la representante de EH Bildu "si había habido alguna interlocución con las víctimas sin reconocimiento" y contestó afirmativamente, estaba faltando a la verdad porque, sr. Zabalza, saludarse durante el último homenaje a Mikel Zabaltza en Orbaizeta no es tener una interlocución.

No es nuestra intención pedirle explicaciones por lo sucedido en esa comisión. Nosotras no estábamos allí. Si tiene que dar explicaciones tendrá que ser a los representantes políticos del pueblo de Navarra, si es que así se lo exigen. Lo que queremos saber es si es su intención mantener contactos con nosotras, qué política tiene intención de llevar la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos en esta legislatura con las y los familiares de la violencia del Estado, y si vamos a poder ver algo de luz en este negro túnel por el que caminamos.

Somos personas pacientes Sr. Zabalza. Algunas llevamos más de cuarenta años exigiendo verdad y justicia y continuaremos haciéndolo. El silencio institucional y las actitudes excluyentes son algo que no nos merecemos y que no aportan nada a la convivencia. Todo lo contrario, son sal en las heridas. Está en su mano revertir esta situación, mirar hacia adelante y obrar en consecuencia. Para ello contará con todo nuestro apoyo.

Firman este escrito: Txaro Arregi Marín (Hermana de Mikel Arregi Marín), Aitziber Berrueta Mañas (Hija de Angel Berrueta Legaz), Aingeru Cano Perez (Hermano de José Luis Cano Perez), Eneko Etxeberria Álvarez (Hermano de José Miguel Etxeberria Alvarez 'Naparra'), Fermín Rodriguez Saiz (Hermano de Germán Rodriguez Saiz), Begoña e Idoia Zabaltza Gárate (Hermanas de Mikel Zabaltza Gárate)