Parece que Mariano Rajoy le ha cogido gusto a responder a cada solicitud que no sea de su agrado con una invitación a reformar la Constitución. Lo hizo con motivo de la reivindicación del derecho a decidir por parte del sector mayoritario de la ciudadanía catalana y lo ha hecho ahora también como respuesta a las demandas de un referéndum sobre el modelo de Estado (Monarquía o República) cuando la abdicación de Juan Carlos I en su hijo ha dado lugar a que las distintas opiniones al respecto salieran a la calle. Probablemente lo haga inducido por algún asesor de imagen que entienda que la respuesta permite responder con una negativa sin decir no. O tal vez sea producto de la seguridad de quien sale a jugar a la plaza siendo el dueño del balón. Porque, evidentemente, una reforma constitucional, que precisa de una mayoría de dos tercios de las Cortes, difícilmente podrá ser aprobada sin el apoyo de los dos grandes partidos y eso es algo con lo que cuentan tanto PP como PSOE. Incluso en otro escenario que pudiera resultar de la convulsión política actual, es difícil imaginar una reforma constitucional sin contar con los dos grandes partidos que en su día se encargaron de dejarlo todo atado y bien atado.
La invitación a promover una reforma constitucional se ha convertido, pues, en el nuevo leit motiv del presidente del Gobierno, empeñado en que nada cambie y en que, al mismo tiempo, no parezca que él es el freno de ninguna iniciativa. De esta forma, la Constitución, lejos de ser un lugar de encuentro, una herramienta flexible y adaptable a la cambiante realidad, una norma de convivencia que dé respuestas a las distintas sensibilidades, requerimientos y peticiones de la ciudadanía, se ha convertido en unas rígidas reglas de juego de un partido al que buena parte de la sociedad no quiere jugar.
Éste ha sido uno de los mensajes que la sociedad ha enviado alto y claro a los partidos tradicionales. Pero hay todavía quienes siguen sin darse cuenta de que no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, apuntalando un sistema político a la defensiva, tratando de capear el temporal de la mejor manera posible y mirando hacia otro lado esperando a que escampe. Ese ha sido el gran error de los principales partidos políticos en los últimos tiempos, que han confundido la defensa de sus propios intereses, de un marco de juego que conocían y controlaban, con las necesidades y preocupaciones reales de la ciudadanía.
En más de una ocasión hemos podido oír a líderes de PP y PSOE decir que no era el momento de una reforma constitucional o que para tocar la Constitución era necesario lograr, al menos, el mismo nivel de acuerdo que se alcanzara durante la Transición. Pero lo cierto es que hace mucho tiempo que el recurso al consenso constitucional de 1978 ha perdido la fuerza que durante tanto tiempo se le ha atribuido.
Se trata de un argumento que ya no sirve, en primer lugar, porque el consenso de la Transición, con sus claroscuros, no fue solo numérico, sino también territorial, no era solo cuantitativo, sino también cualitativo. Quiso incorporar, aunque sin conseguirlo del todo, no solo a la mayoría de la población, sino también a la mayor cantidad posible de sensibilidades ideológicas y geográficas. Con todo, en 1978 la Constitución tuvo un importante déficit en Euskadi y es más que evidente que hoy en día lo tiene también en Cataluña.
No sirve, en segundo lugar, porque la mayor parte de la ciudadanía actual no vivió aquella Transición, no participó en ella y no tuvo ocasión de votar. Han pasado 35 años desde que la Constitución fuera aprobada en un referéndum y no ha sido revisada ni modificada de forma sustancial ni cuando han gobernado los socialistas ni cuando lo han hecho los populares. No sirve tampoco porque buena parte del espíritu de aquella Carta Magna, en lo que, por ejemplo, a la cuestión de las identidades se refiere, ha sido completamente modificado y cercenado por medio de Leyes Básicas del Estado y de una interpretación jacobina y restrictiva de las virtualidades del texto y del contexto de la Constitución por el propio Tribunal Constitucional. Pero no sirve, sobre todo, porque son precisamente quienes acuden al argumento sobre ese mismo consenso, los que se olvidan de él cuando quieren impulsar una modificación como la que se dio con el artículo 135 en el año 2011.
El alejamiento de la sociedad respecto de la cosa pública o, al menos, de los partidos tradicionales se debe precisamente al hecho de que la agenda política que han marcado poco o nada tenía que ver con los problemas reales de la sociedad. La lectura que algunos hacen de la abdicación de Juan Carlos I es que ahora tampoco es el momento de abrir el debate sobre Monarquía o República, como si hubiera un ente superior que permitiera a ciertos políticos saber, mejor que a la sociedad a la que dicen servir, cuáles son los debates que le convienen y cuáles no. En este sentido, resulta un tanto indignante que se quiera coartar la soberanía popular en cuestiones que, si bien no están en la agenda política de los grandes partidos, sí lo están en la de millones de personas. Y en esta misma línea, me parece que es importante resaltar que no es solo una cuestión de democracia, del derecho democrático que tiene la ciudadanía a decidir sobre temas que le afectan en primera persona -que no sería poco-, sino que se trata también de una cuestión de respeto y de dignidad, porque no se puede tratar a la ciudadanía como a un menor de edad que no sabe lo que le conviene, como a un súbdito que careciera de los derechos individuales de un sistema democrático.
La Constitución no puede ser al mismo tiempo esa norma básica de convivencia que dicen que es y un parapeto que permita a ciertas posiciones políticas seguir atrincheradas en la defensa de su status y en hacer que nada cambie para poder mantenerlo. Es evidente que hay quienes, como Mariano Rajoy, insisten en que la Constitución no sea un elemento vivo adaptado a las nuevas exigencias de la sociedad sino un símbolo, una figura retórica alejada de cualquier atisbo de realidad. Ya no valen esos llamamientos al mito del consenso ni a que no es el momento de hablar de algo. La sociedad es mayor de edad y está reclamando para sí el derecho a decidir sobre los temas que le afectan en primera persona.
Uxue Barkos y Ávaro Baraibar
