GRECIA: ALTERNATIVAS PARA ENCONTRAR TRABAJO EN UN PAÍS ASFIXIADO

El 6 de noviembre está convocada una nueva huelga general en Grecia. Será el quinto paro en lo que va de año que convocan los sindicatos para protestar contra los despidos de 4.000 funcionarios, antes de que finalice el año y el paso a la reserva laboral de 25.000 empleados públicos (que cobrarán menos), en un país que agoniza debido a las medidas impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Interna­cional). Con un paro que ronda ya el 27,5%, –el 60% entre los jóvenes–, la posibilidad de encontrar un empleo por cuenta ajena es ínfima para muchos griegos. El empleo como autónomos o en cooperativas es, en ocasiones, el único camino a seguir para los empleados de las empresas que quiebran.

El diario i Efimerida ton Sintaktón es uno de los ejemplos más exitosos de este fenómeno. Fue lanzado el 5 de noviembre del año pasado con cerca de 120 empleados –entre periodistas, técnicos y administrativos– que se habían visto afectados por la suspensión de pagos del Eleftherotypia, un periódico de tradición izquierdista. Desde entonces, una junta elegida por la asamblea general, a la que pertenece la totalidad del capital, gestiona lo que se ha convertido en un diario de referencia, definido por los cooperativistas como “nuestra propia respuesta a la crisis”.

En Tesalónica, tomando como referencia el modelo de las fábricas recuperadas en Argentina, los trabajadores de la empresa de materiales de construcción Vio.Me decidieron organizarse tras la quiebra. La cooperativa, que fue visitada en junio por la periodista Naomi Klein, funciona desde febrero con buenos resultados. En Atenas florecen numerosas iniciativas a menor escala, entre ellas cafeterías autogestionadas como To Pangaki. El local aloja además actividades culturales y el excedente, tras pagar los sueldos, se destina a apoyar proyectos afines. Pero también se ofertan otros servicios: Sinápiro es una cooperativa de joyeros que organiza seminarios de arte.

Por su parte, Collective Courier fue formada por repartidores en paro que ahora ofrecen servicios de mensajería e incluso cubren encargos en el extranjero. Sin embargo, otras iniciativas cooperativistas se basan en el trabajo voluntario. Es el caso de Svura (Peonza), un grupo de consumo que echó a andar en marzo. “El objetivo es mantener los precios lo más bajos posible, así que al coste del productor, con el que tratamos directamente, le sumamos sólo un 10% para cubrir gastos de alquiler y electricidad”, explica una voluntaria del grupo habitual, que oscila entre 15 y 25 personas. El objetivo del colectivo es “tejer poco a poco la red de una nueva sociedad, aquí y ahora, en la que sean clave la solidaridad, la dignidad y la participación activa de los miembros”.

Sus estantes cuentan con la producción de agricultores ecológicos locales y camisetas y pósters cuya recaudación va destinada a la lucha del movimiento zapatista en Chiapas. Pero también venden artesanía, jabones y libros de segunda mano que, a través de asociaciones de barrio, aportarán fondos a familias sin recursos en Grecia. Además se pueden adquirir productos manufacturados de pequeñas cooperativas que elaboran conservas o pasta de dientes. Según una voluntaria, que habla en nombre de la asamblea, desde la apertura de Svura se ha podido apreciar un aumento de interés por estas iniciativas que tratan de promover la justicia social y formas de organización alternativa. “Aunque –reconoce– el poder adquisitivo de la gente es muy limitado a consecuencia de la crisis”. El colectivo mantiene contactos con otros grupos de consumo y aspira a formar una red de intercambio de servicios, en la línea de Skoros, una iniciativa anterior a la crisis que promueve el trueque, o de los bancos del tiempo surgidos a raíz de las acampadas en la plaza Sintagma.

Con el objetivo de poner en común y debatir las vivencias de los participantes en este tipo de proyectos se celebró en Atenas el II Festival Alternativo de Economía Solidaria y Cooperativa. Entre el 10 y el 12 de octubre se llevaron a cabo ponencias y talleres en las que participaron bancos de tiempo, pueblos ecológicos, clínicas, farmacias sociales y cooperativas de trabajo. También ofrecieron información sobre sus acciones iniciativas como el Movimiento 136, una plataforma que trata de frenar la privatización del agua de Tesalónica a través de la adquisición de la compañía por parte de una cooperativa ciudadana.

Clara Palma, en Diagonal

LAS SICAV Y EUSKALERRIA IRRATIA

Durante los últimos dos años, el diputado de UPN Carlos Salvador ha votado al menos en cuatro ocasiones en contra de acabar con los privilegios fiscales de las SICAV, siendo accionista de una de ellas. Según la declaración de bienes presentada por el propio Salvador en el Congreso, posee más de 260.000 euros en acciones de la SICAV Maturity Inversiones. Según el diario de sesiones del Congreso, el diputado regionalista se ha opuesto con su voto reiteradamente a diferentes iniciativas de PSOE, Izquierda Plural y Amaiur que buscaban acabar con el más que generoso trato fiscal que se dispensa a las SICAV. Concretamente, lo ha hecho el 6 de marzo de 2012, el 30 octubre de 2012, el 16 de febrero de 2013 y el 17 de septiembre de 2013. Como mucha gente sabrá, la SICAV es una herramienta utilizada habitualmente por los grandes capitales. Se trata de una sociedad de inversión de capital variable supuestamente colectiva, que en muchas ocasiones está bajo el control de una única persona o grupo familiar -se da la curiosa circunstancia de que dos de los seis directivos de Maturity Inversiones comparten los dos primeros apellidos con el diputado regionalista; y otros dos, el segundo- que utiliza esta figura subrepticiamente para que sus inversiones financieras tributen al 1%. Los rendimientos del trabajo tributan en una horquilla que va del 24% al 43%. Por lo tanto, utilizando su cargo público, Salvador ha votado sistemáticamente en un sentido que beneficia sus intereses privados. Se trata de una actuación legal pero ética y estéticamente dudosa. Sorprendentemente, desde esa delicada posición, Salvador se permite atacar a la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, por pedir en el Congreso ayudas para Euskalerria Irratia -emisora en la que trabaja un servidor- siendo accionista de la empresa que edita esa radio. Ya lo hizo el año pasado, y quedó claro que mientras las acciones no le rindan dividendos, Barkos puede pedir esas ayudas. Aclaradas las formas, vayamos al fondo: Barkos pone dinero de su bolsillo -como otras muchas personas- y trabaja en el Congreso a favor de la comunicación en un idioma minorizado como el euskera. Salvador se llena los bolsillos y trabaja en el Congreso para que tanto él como otros pocos privilegiados puedan seguir llenándose los bolsillos escamoteando dinero a Hacienda. Y -como decían los clásicos- Hacienda somos todos.

Juan Kruz Lakasta, en Diario de Noticias

"ESTUVIERON OCHO AÑOS Y LO ÚNICO QUE HICIERON FUE UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA INSUFICIENTE"

Pocas voces hay tan privilegiadas como la de Nicolás Sánchez-Albornoz para hablar sobre el Valle de los Caídos. Nicolás fue enviado a un grupo de trabajo forzoso al Valle de Cuelgamuros el 24 de marzo de 1947 como preso político. Allí, gracias a que sabía “leer y contar” fue destinado a labores de administración. Un año más tarde, en 1948, Nicolás consiguió escapar de allí gracias a la ayuda del Federación Universitaria Escolar, en la que militaba durante la República. “Mi compañero y yo andamos por la sierra hasta llegar a El Escorial, donde nos esperaba un coche que nos llevó a Francia”, cuenta Nicolás a Público.

Debido a su pasado y a su trayecto profesional como historiador, el PSOE contactó con él en varias ocasiones para recoger sus opiniones sobre qué se debía hacer con el Valle de los Caídos llegando a mantener dos reuniones con funcionarios del ministerio de Presidencia con motivo de la elaboración de la Ley de Memoria Histórica. Nicolás, según él mismo narra, señaló a los funcionarios que lo primero que había que hacer era sacar de allí “inmediatamente” los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera para “poder pensar con más serenidad el destino de la obra”. “Lo estudiaremos”, le contestaron los funcionarios con los que estuvo reunido.

Este martes, tras conocer que el PSOE ha presentado una proposición no de ley para que los restos de Franco sean exhumados del Valle de los Caídos, Nicolás ha señalado un breve: “Yo ya lo dije hace años, pero no me hicieron caso”. Esa extraña sensación de alegría por el contenido de la proposición del texto presentado por el PSOE y de indignación por realizarla desde la oposición y no durante los últimos ocho años del Gobierno de Zapatero ha sido compartido, con diferentes matices, por las asociaciones de memoria histórica contactadas por Público.

Nicolás quiere ver en la proposición un cambio de postura del PSOE tras el “batacazo electoral” del partido en las últimas elecciones generales. Otros, por el contrario, califican la propuesta de ”agravio a las víctimas”, de “juego político” y de “movimiento errático”. José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, es el que más lejos llega en sus críticas y culpa al PSOE de acometer “un insulto más hacía las víctimas del franquismo”.

“Cuando están en la oposición se vuelven ‘rojos’, pero cuando gobiernan dan un giro a la derecha. ¿De qué nos vale esta proposición si ya sabemos que cuando vuelvan a gobernar harán otra cosa? Me parece una tomadura de pelo”, crítica Pedreño, que recuerda que su Federación ha reclamado decenas de veces la retirada de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos tanto cuando gobernaba Aznar como cuando lo hizo Zapatero. “Tuvieron ocho años y lo único que hicieron fue una ley de Memoria insuficiente y un informe de expertos condenado a quedarse en un cajón”, asegura.

Su indignación es compartida por Cecilio Gordillo, miembro de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, que califica la última propuesta del PSOE como una “barbaridad”. “Llevamos más de una década reclamando lo que dice esa proposición de ley. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno? Es hipocresía pura y dura”, se pregunta Gordillo, que recuerda al Partido Socialista que en Andalucía, donde gobiernan con el apoyo de Izquierda Unida, pueden hacer más para recuperar la memoria.

Un juego político

Más calmado, pero con la misma profundidad en su crítica se muestra Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Consultado por este diario, Silva se ha mostrado partidario del contenido de la propuesta del PSOE aunque ha mostrado su rechazo al momento en el que ha sido presentado. “No me parece bien que este tipo de planteamientos se hagan cuando uno está en la oposición. Debieron hacerlo cuanto estaban en el Gobierno”, ha explicado el presidente de la ARMH.

Silva considera que realizar este tipo de proposiciones cuando se está en la oposición y no en el Gobierno termina convirtiendo un tema de suma importancia en un “juego político para retratar la cantidad de cultura franquista que queda en el PP”. “Si uno entiende que la retirada de los restos de Franco de Valle es algo básico de una cultura democrática, también debía entenderlo así hace un año, hace dos y hace quince años. Me parece triste que al final se convierte en un juego para fotografiar al Partido Popular y desgastar al Gobierno”, ha valorado Silva.

“La lucha está en Argentina”

Manuel Blanco Chivite, condenado a muerte por el régimen franquista e indultado en el último momento en septiembre de 1975 y miembro de la asociación de expresos del franquismo La Comuna, considera, por el contrario, que si lo que se busca es luchar por desterrar el franquismo la cuestión principal no es “la de los cadáveres de Franco o José Antonio” sino presionar al Gobierno para que extradite a Argentina a los dos “torturadores del régimen franquista” sobre los que pesa una orden de detención internacional.

“El PSOE ha movido una ficha errática. Es un movimiento infantil que se sale de la cuestión en la que está hoy la lucha contra el franquismo. El problema de la impunidad del franquismo está hoy en el juzgado número 1 de Buenos Aires y en la negativa del Gobierno español a extraditar a dos torturadores del régimen. Ahí es donde hay que luchar y no en el cadáver de Franco”, ha concluido Blanco Chivite.

Alejandro Torrús, en Público

POLÉMICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO A CUENTA DE LA ADJUDICACIÓN DE PARCELAS COMUNALES

Los ediles de Unión del Pueblo de Murillo (UPM) y de Agrupación Independiente Murillo (AIM) volvieron a enfrentarse durante la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Murillo el Fruto, esta vez a cuenta de la adjudicación de aprovechamiento de las parcelas comunales de cultivo. Y es que AIM interpuso un recurso de reposición para declarar nula de derecho la adjudicación realizada hace escasas semanas, y por tanto dejarla sin efecto, al entender que se dictó "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En su intervención, Pedro Blázquiz, único edil de AIM que pudo acudir a la sesión, ya que comenzó a las 11:00 horas, en horario laboral, expuso que el Consistorio no cumplimentó el trámite de publicación edicial en el Boletín Oficial de Navarra (BON) causando "evidente indefensión" a todos aquellos interesados en acceder a los aprovechamientos que no aprobó la lista de admitidos provisional, ni abrió un plazo de reclamaciones de la misma; y que la adjudicación se realizó mediante sorteo y no siguiendo un reparto equitativo. Además puso de manifiesto que algunos de los beneficiarios forman una misma unidad familiar aunque el Ayuntamiento les ha conferido tratamiento de dos unidades independientes.

Por todo ello concluyó que el Consistorio "incumplió flagrantemente la normativa reguladora del aprovechamiento de los bienes comunales, saltándose a la torera no sólo ya elementales requisitos de publicidad, sino el propio método procedimental de adjudicación".

Tras desestimar el recurso, el grupo que lidera el alcalde, Javier Gárriz, interpuso una enmienda de sustitución, que se aprobó por mayoría, a través de la cual el primer edil explicó que "nunca se ha anunciado en el BON la apertura del plazo para solicitudes parciales" porque todos los vecinos conocen las normas y "si consideran que han adquirido el derecho o simplemente desean hacer su solicitud, la presentan cuando lo creen conveniente y se tramita sin problemas ni indefensiones". También aclaró que el sorteo se realizó en función de las puntuaciones asignadas a los solicitantes, en las que figuran los ingresos de la unidad familiar, el número de miembros que la componen y el tamaño de la explotación, entre otros.

Ainara Izko, en Diario de Noticias

EL ENTORNO DE BARCINA RADICALIZA EL DISCURSO DE UPN Y REABRE LAS HERIDAS INTERNAS DEL PARTIDO

La polémica intervención del diputado Carlos Salvador en el último consejo político de UPN y los duros reproches del portavoz Sergio Sayas al PSN por no apoyar una moción suya a cuenta de la polémica sentencia de Estrasburgo han incendiado UPN. Dos sucesos que en apenas una semana han reabierto las heridas internas del congreso de marzo, y que la formación regionalista todavía no ha logrado suturar.

De poco han servido los llamamientos a pasar página y recuperar la confianza mutua entre las dos partes, claramente diferenciadas y cada vez más irreconciliables, y cuyas diferencias volvieron a salir a luz en el consejo político que la formación regionalista celebró el pasado viernes. Desde semanas antes el sector derrotado había hecho constar sus discrepancias con la gestión que del partido está haciendo el equipo de Barcina, y que tuvieron reflejo público en dos artículos de prensa de Faustino León y Chon Latienda, abiertamente hostiles con la presidenta, y que daban muestra del sentir interno. Críticas que suelen ser habituales en las charlas privadas entre militantes, pero cuya exposición pública ha acabado en un expediente a Latienda, militante de base que internamente se vincula a Miguel Sanz. El proceso previsiblemente acabará sin sanción, pero sirvió para calentar la cita.

Un ambiente enrarecido que motivó el cónclave interno más tenso de los últimos años, y que acabó por incendiar el diputado Carlos Salvador. Habían intervenido varios de los partidarios de Alberto Catalán, entre ellos Amelia Salanueva, Eradio Ezpeleta y el propio León, mostrando su preocupación por la situación del partido y reclamando mayor protagonismo en la toma de decisiones. Un sentir extendido en UPN, donde se observa con inquietud la ruptura de relaciones con el PSN y la ausencia de una dirección política clara, lo que ha dejado al partido con un Gobierno inoperante y ante el serio riesgo de perder el poder.

A todos ellos respondió Salvador con una crítica furibunda, casi ofensiva a juicio de los interpelados, que hizo recordar las duras discusiones del último congreso. De poco sirvieron los esfuerzos de Enrique Maya, Juan Luis Sánchez de Muniáin o de la propia presidenta por apaciguar a la oposición interna. Con la desconfianza a flor de piel, todos los críticos con la dirección actual se sintieron aludidos.

El partido todavía intentaba rebajar la tensión cuando el miércoles Sergio Sayas arremetía contra el PSN acusándole de connivencia con el terrorismo. Una proclama que ha dinamitado los esfuerzos del Gobierno por lograr un improbable apoyo socialista, y que ha sido muy criticado internamente por quienes insisten en la necesidad de recuperar puentes con su único aliado posible. Pero que va más allá, y que incluso complica los esfuerzos de Barcina por lograr la complicidad futura del PSOE.

Tanto Sayas como Salvador forman parte del círculo más cercano a la presidenta. Un grupo de dirigentes con escasa experiencia, surgido del congreso, que ha aprovechado el discreto perfil público del nuevo secretario general, Óscar Arizcuren, para buscar protagonismo mediático y fijar un discurso más radical y controvertido, que se ha visto reflejado en polémicas como la doctrina Parot o la propuesta para obligar a ver la ecografía antes de abortar. Todo con el aval de Barcina, que públicamente ha respaldado a ambos dirigentes, cada vez con mayor influencia dentro de la formación. Lo que aumenta la preocupación de quienes temen por el rumbo del partido y que, de momento, miran desde la barrera.

Diario de Noticias

TODAS LAS VÍCTIMAS NO SON IGUALES

En pleno escándalo mediático y de la sociedad civil, en el que han participado el gobierno, periodistas y juristas de reconocido prestigio, ocasionado por la sentencia del tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la “doctrina” Parot, con manifestación multitudinaria apoyada por miembros de la dirección del Partido Popular y recibimiento de las víctimas por el rey, incluidos, José Amedo Fouces se pasea por los platós televisivos haciendo apología del crimen. De sus crímenes. Del asesinato de las veintinueve personas, una niña de tres años entre ellas, que cayeron bajo las balas o las bombas que el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)  distribuyó a su buen criterio por bares, coches, plazas y domicilios para ultimar a supuestos etarras –ninguno tenía sentencia firme-,  o a ciudadanos ajenos a tal actividad, que desgraciadamente para ellos se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Ese Amedo es recibido en los canales de televisión como una estrella invitada, se sienta al lado de periodistas y políticos honrados y tanto el presentador del programa como los otros contertulios le preguntan, con una mezcla de admiración y cortesía, sobre sus fechorías. Y tan siniestro personaje no duda en dar detalles de sus crímenes y de los de sus asociados y sicarios que también fueron condenados con él, justificándolos, considerándolos incluso un servicio a la patria.

El que era subcomisario de la Policía Nacional en Bilbao en 1983 –después de haber pertenecido a la siniestra Brigada Político Social bajo la dictadura- cuando se inician los crímenes del GAL, en septiembre de 1991 fue condenado por laAudiencia Nacional a 108 años y ocho meses de prisión y accesoria de inhabilitación por seis delitos de asesinato frustrado (cinco como autor moral y uno como autor por inducción), lesiones, asociación ilícita y falsificación, todo ello en relación con el llamado “caso Amedo-Domínguez”. Tal sentencia fue confirmada de modo prácticamente íntegro por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en marzo de 1992. Y nuevamente en julio de 1998 fue condenado, junto a otros, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a nueve años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación absoluta por los delitos desecuestro y malversación de caudales públicos, en relación con el llamado “caso Marey”.

Pues bien, este asesino convicto y confeso –las entrevistas televisadas se realizan con el pretexto de promocionar un libro en el que cuenta con detalle sus fechorías- es tratado en los medios de comunicación no ya con la normalidad con que se mueven otros tertulianos, sino con la deferencia que merece un personaje excepcional. Ese indeseable asegura que nunca se lucró con los delitos, cuando se demostró en los juicios que sólo en una noche en el casino Kursaal de San Sebastián perdió 30 millones de pesetas, que provenían directamente de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Y ahora se atreve, a cara descubierta y frente a la pantalla, a calificar de canalla al juez Garzón, sin que ninguno de los comparten mesa con él le haga reconvención alguna. El juez Garzón que fue el que, con minuciosidad y paciencia, instruyó las causas contra él y contra diecisiete cargos del Ministerio de Interior implicados en la organización, inducción y pago de los delitos. Y no sería tan mala y tendenciosa la instrucción, como aseguran los delincuentes, cuando la Audiencia Provincial los condenó a todos y tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional ratificaron las condenas.

Amedo salió en libertad condicional en el año 2000, después de haber pasado doce años en prisión, la mitad de ellos en régimen abierto. Es decir, que de los 118 años de condenas cumplió en régimen cerrado únicamente 6. Los demás condenados – Michel Domínguez fue el más cercano colaborador de Amedo-, sicarios franceses, portugueses y españoles, y no digamos los cargos del Ministerio de Interior han disfrutado de beneficios semejantes.

Pero no se han convocado manifestaciones ni celebrado debates ni difundido condenas públicas por la inaudita lenidad con que, tanto la justicia española como los gobiernos sucesivos, del PSOE y del PP, como la Dirección de Prisiones, han tratado a los asesinos de los GAL, organizados por el Ministerio de Interior de los gobiernos de Felipe González.  Ni por supuesto se han hecho declaraciones, orbi et orbe, condenando tales resoluciones judiciales y  penitenciarias, en todos los micrófonos a que políticos y periodistas tienen acceso, como ha sucedido con los excarcelados de ETA, de los que el que menos prisión ha cumplido han sido 21 años, y la primera beneficiada por la libertad llevaba 27 años encarcelada.

Porque ya se sabe que en España todas las víctimas no son iguales, y tampoco sus asesinos. Ni José Antonio Lasa, ni José Ignacio Zabala ni Segundo Marey ni el trabajador ferroviario Jean Pierre Leiba, ni los dos miembros de los comités antinucleares Xavier Lorenzo y Endica Lorenzo, ni José Oliva Gallastegui, ni Bonifacio García ni Juan Jaúregui Aurria ni el bailarín Christian Olaskoaga. Ni el concejal pediatra Santiago Brouard, tiroteado en su propia consulta médica, ni  Juan José Iradier, ni Christian Casteigts ni Emile Weiss y Claude Doer ni Dominique Labeyrie ni el fotógrafo del diario Egin Xabier Galdeano ni Emile Weiss y Claude Doer ni Robert Caplanne, ni Karmele Martínez ni Federick Haramboure ni la niña de tres años Nagore Otegu, ni Christophe Matxikote y Catherine Brion ni Juan Carlos García Goena, muertos por los GAL, ninguno de los cuales tenía relación alguna con ETA ni con su entorno, merecen el respeto, la condolencia ni el homenaje que les tributan a las víctimas de los etarras.   Suponiendo, lo que es mucho suponer en un Estado de Derecho, que los demás asesinados fueran todos etarras, sin haber sido sometidos a juicio alguno y en un país que ha suprimido la pena de muerte.

Pero, reflexiono, ¿Cómo puedo pedir en España igualdad en la justicia y el reconocimiento a las víctimas del GAL, cuando por los ciento cincuenta mil ciudadanos civiles asesinados por las hordas fascistas durante años no se ha proseguido ninguna causa en nuestro país, y sus familiares han debido acudir a la justicia argentina para recibir el mínimo consuelo de que una jueza exija la extradición de algunos de los verdugos?

Ciertamente en nuestro país todas las víctimas no son iguales.

Lidia Falcón, en Público

FAGOR, DE EMPRESA MODELO A FIASCO SIN LÍMITES

Fagor Electrodomésticos (FED) ha sido la empresa donde prendió la mecha del llamado movimiento cooperativista vasco. No en balde la precursora de esta empresa, se llamaba ULGOR, nombre conformado por las iniciales de los precursores del cooperativismo que actuaron bajo la batuta de Don José María Arizmendiarrieta. Ni qué decir tiene que estos hombres, se esté de acuerdo o no con ellos, eran unos grandes idealistas. Los que todavía viven están compungidos por el fiasco al que nos han llevado los gestores que han regido la cooperativa los últimos diez, quince años.

A la situación de Preconcurso de Acreedores, en las puertas del Concurso, se llega por gestiones desastrosas, proyecciones de futuro francamente mejorables, huidas hacia adelante con dosis altas de oscurantismo y ocultamiento de datos hacia dentro y fuera de la cooperativa. Se dice que algunas de éstas grandes adquisiciones, Mastercook en Polonia y Brandt en Francia, se hicieron sin una asignación para hacer frente a los costes financieros que estas operaciones suponían. Ya en esos años fabricábamos electrodomésticos, el producto de siempre, con poco valor añadido y tecnologías de fácil manejo por las empresas de Países Emergentes y con altas probabilidades de poner en el mercado productos de igual calidad a precios más baratos. Era el momento de repensar el cooperativismo y de analizar los márgenes del cooperativismo en un mundo globalizado. Pensar en si había que ir a un modelo de empresas más reducidas, adaptadas al territorio con nuevos productos que fueran tecnológicamente avanzados, y social y ecológicamente sostenibles. No se hizo y así estamos donde estamos.

Es evidente que en el capítulo de responsabilidades hay mucho que rascar. Responsabilidades tanto sociales como políticas, por la mala gestión y por hacerlo de una forma un tanto peligrosa y errática. Gente que ha ostentado los más altos puestos en Fagor Electrodomésticos mientras se estaba gestando el fiasco, están situados hoy en la cúspide de MCC (Grupo Mondragón). Parece ser que en el cooperativismo actual da igual cuales sean los resultados de tu gestión: la resultante es ascenso hacia puestos de más responsabilidad. Esto evidentemente no puede seguir así, no nos lo podemos permitir.

Actualmente, en nuestra cooperativa y, también, en el movimiento cooperativista en general, nos encontramos con la urgente necesidad de debatir sobre el devenir del cooperativismo, tanto en los aspectos puramente empresariales como en los sociales. Habrá que pensar el tipo de empresa, tipo de productos, dimensionamiento… Creo que la aureola del cooperativismo como organización capaz de superar las crisis, hacer una gestión mejor y hacerlo de forma más democrática y participativa entra en la rampa de caída.

En el apartado social conviene analizar y proponer cómo tiene que ser el cooperativismo del siglo XXI. Es bastante evidente que en el terreno de la participación y protagonismo de los socios y socias no son válidos instrumentos creados hace más de 50 años y pensados para aquella sociedad y aquel tipo de empresa, mucho más pequeña y manejable. Nuestros congresos, los congresos de la MCC, no pueden ser actos formales, tendrían que ser el marco de debates en profundidad de estos aspectos con la participación de todos y todas las cooperativistas. En cualquier caso, hay que hacer un gran esfuerzo para que los valores y logros sociales del cooperativismo, al igual que los logros empresariales se contemplen en los planes de gestión y se controlen con todo rigor.

Junto a este apartado tenemos que hacer lo imposible para superar las dolorosas consecuencias que han traído consigo los “cristales rotos” de FED. Quedan en la calle 2000 socios y socias suponiendo un empobrecimiento masivo para el Alto Deba, para Basauri y para aquellas empresas que trabajaban para FED. Quedan en la calle, sin que nadie se acuerde de ellos y ellas, los centenares de eventuales que trabajaban en las cooperativas. Se dice que se van a articular cerca de 1000 puestos de trabajo para socios que, por lo menos a la hora de escribir estas líneas, no se han objetivado de ninguna manera. La forma de solucionar este tema sería por medio de prejubilaciones y reubicaciones. Conviene que las prejubilaciones no sean, en algunos casos, tan miserables como las que se han propuesto: a los 55 años el 50% (con el 60% del 80% que se cobra actualmente). Las reubicaciones en otras cooperativas tienen que ser para toda la gente, incluyendo a quienes tienen minusvalías sobrevenidas. No podemos despojarnos de los “deshechos”. Hay que crear puestos de trabajo para toda aquella gente que trabajaba para FED, para toda.

Hay que devolver también sus dineros a la gente que se le debe por Aportaciones Voluntarias y Capital social. El cooperativismo no puede actuar como un banco malo y si te he visto no me acuerdo.

Insigne tarea la que nos queda. Convendría abordar la misma desde un organismo plural que incorpore a todos los sectores de la Cooperativa: Consejos Sociales, corrientes críticas como Ahots Kooperatibista, la asociación Ordaindu que reclama capitales y Voluntarias, comisión de minusvalías etc. éste podría ser un órgano para proponer alternativas y de control de lo que desde la MCC llaman Mesa de empleo.

No quiero terminar sin citar el papel puramente conservador de algunos intelectuales que se encargan siempre de promocionar las bondades del cooperativismo. Un poco de espíritu crítico y análisis de la realidad nunca viene mal. A lo mejor debieran ser más comedidos quienes nunca han trabajado en empresas industriales. Es evidente que son las empresas el organismo básico del cooperativismo. Cuando algunos criticábamos el plan Industrial, que nos ha llevado a esta hecatombe, decían que todo estaba bien, la solidaridad y patatín y patatán. Ganas tiene el menda de oírles analizar ahora este fiasco y no irse por los cerros. Servirá el cooperativismo, pero lo que ocurre por el camino es importante. Ser progresista no es solamente predicar, hay que analizar las realidades sin orejeras.

Ánimo que conseguiremos con lucha que esta negra situación mejore y recompongan los cristales rotos del fiasco.

Mikel Olabe, miembro de Ahots Kooperatibista (en Viento Sur)