Desde que hace poco más de seis meses el Gobierno del cambio asumió las riendas de la comunidad, rara ha sido la semana que no se ha visto sobresaltado por distintos compromisos heredados que merman notablemente su capacidad de gasto. Sin necesidad de levantar las alfombras, van aflorando operaciones ruinosas (Iberdrola), reclamaciones (pabellón Reyno Arena), necesidades imperiosas de inversiones (red de carreteras, sede del Palacio foral) o impago como consecuencia del pésimo convenido firmado con el Estado para la construcción del TAV.
De esta forma, el agujero económico recibido como legado de los sucesivos gobiernos de UPN (intereses de deuda, peajes en sombra, paga extra pendiente de abono, etc) se va agrandando, hasta el punto de que el lastre heredado asciende al menos a 365 millones de euros. Más del 9% del presupuesto aprobado este jueves (4.005 millones de euros), el primero que ve la luz desde 2012 y con el que se pretende, dentro de las limitada disposición económica, revertir algunos de los recortes aplicados en los últimos años y atender las necesidades sociales de carácter más urgente.
Especialmente gravoso para las arcas públicas ha sido este mes de enero. El día 11, el Gobierno de Navarra tuvo que desplazarse a la sede del Ministerio de Fomento para reclamar los 30 millones de euros que le adeuda el Estado desde 2015, correspondientes a los trabajos ejecutados antes del 31 de diciembre de 2014. La reunión, muy tensa, concluyó sin acuerdo. Y pese a que hasta en UPN reconocen que corresponde a Fomento asumir este pago, la realidad es que el convenio firmado en abril de 2010 para el desarrollo de esta infraestructura es muy gravoso para Navarra. De hecho, es la única comunidad que asume el coste de anticipar las obras y carga con los intereses correspondientes, a lo que se suma ahora la dificultad en recuperar la inversión en un tren que, si algún día se pone en marcha, será del Estado.
Sin tiempo de digerir este varapalo, el pasado día 22, la Cámara de Comptos sacó los colores a los tres últimos gobiernos de UPN por la tan penosa como atípica y finalmente ruinosa operación de compraventa de acciones de Iberdrola. Una ocurrencia iniciada con Francisco Iribarren de consejero de Economía, que su sucesor en el cargo, Álvaro Miranda, empeoró al no desprenderse de estos títulos cuando pudo obtener beneficios y así se lo requirió el Parlamento. El remate final a este despropósito llevó la firma de Lourdes Goicoechea con una venta inoportuna entre abril y octubre de 2014 que arrojó unas pérdidas al erario público de la friolera de 19,6 millones.
No ha terminado aquí la relación de malas noticias recibidas en enero. El pasado martes, la consejera de Cultura, Juventud y Deporte, Ana Herrera, alertó de que el agujero del pabellón Reyno Arena va a superar de largo los 56 millones ya gastados en esta dotación, aprobada en 2008 con los votos de UPN-PP, PSN y CDN, y con la que nadie sabe qué hacer con ella ocho años después.
El director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Ruben Goñi, reveló que la conclusión de este megalómano pabellón requiere de otros 6,9 millones. Además, Herrera informó de la existencia de tres reclamaciones por valor de 5 millones. La más importante asciende a 3,9 millones. Ha sido impuesta por las constructoras FCC y Obenasa, quienes argumentan que el cambio en la planificación del proyecto decidido a finales de 2011 -entonces con UPN y PSN en el Gobierno- les perjudicó. Además, hay sendas reclamaciones pendientes de resolver. Una de 531.000 euros por desacuerdo con una certificación de obras y otra de 578.000 euros por intereses de demora.
Entre los múltiples compromisos de pago heredados de UPN, el Gobierno actual tiene nada menos que 203,4 millones para el Canal de Navarra hasta 2019. De ellos, 33,2 debe acometerlos en 2016 (15,2 son pagos a Aguacanal en concepto del canon de la primera fase, 3,5 a Aguas de Navarra, 8,5 a Canasa y 6 en subvenciones para equipamiento de parcelas).
Asimismo, en este recién iniciado 2016 ha de hacer frente a 104,4 millones por los intereses de la deuda pública generada principalmente en los últimos cinco años y entre la que asoman algunos préstamos contratados a tipos por encima del 5% que el Gobierno actual se propone revisar a la baja.
A todo esto hay que sumar los 64 millones anuales que cuestan los peajes en la sombra (los 43 que se paga por la Autovía del Camino y los 16,5 por la del Pirineo son los más elevados) sin contar el ya mencionado canon del Canal.
Las cuentas públicas también se ven lastradas por los 72 millones de merma de ingresos derivada de la reforma fiscal que aprobaron UPN, PSN y PPN a finales de 2014, y por los aproximadamente 29 millones para hacer frente al 50% de la extra que se suprimió a los empleados públicos en 2012 y que todavía se les adeuda.Y si por si todo esto fuera poco, el Ejecutivo foral alertó el 21 de enero de la urgencia de acometer un plan para la mejora de la deteriorada red de carreteras. Fue el vicepresidente económico, Manu Ayerdi, quien recordó que la inversión media anual debería ser de unos 60 millones, pero solo se han desembolsado 27, por lo que la puesta al día de las carreteras exige a este Gobierno un esfuerzo extraordinario de otros 33 millones. Casi nada.
Javier Encinas e Itxaso Mitxitorena, en Diario de Noticias
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