martes, 20 de abril de 2010

VUELVE UPN AL ABORTO

El Ejecutivo foral apremió ayer al Consejo de Navarra para que emita con urgencia su dictamen preceptivo para impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo elaborada por el Gobierno de Zapatero y que prosperó enmendada con el apoyo de PNV, ERC, IU-ICV, BNG y NaBai. La panoplia leguleya de la consejera Kutz no puede esconder el intento de utilización partidaria -y por tanto sectaria- del Alto Tribunal ante la determinación de UPN de seguir haciendo de Navarra un territorio vedado a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a los supuestos legales e incluso ante la evidencia de que la nueva regulación de plazos resulta mucho más garantista que la anterior. Porque, por muchos preceptos que se invoquen, la cuestión reside en que no se le impida al Gobierno regionalista seguir enviando allende de las fronteras forales a las navarras que legítimamente quieran abortar en ese ejercicio entre pueril y fariseo pero grave desde el punto de vista democrático. En la vertiente política, la primera consideración es que UPN continúa mancillando las resoluciones de la mayoría parlamentaria, depositaria de la soberanía popular, que le ha exigido en repetidas ocasiones el estricto cumplimiento de la ley. A partir de ahí, dos certezas más: en primera instancia, que Yolanda Barcina recurre al aborto como obvio señuelo al objeto de minimizar la previsible fuga de voto al PP y, especialmente, que al Gobierno de UPN no le duelen prendas en desairar de nuevo a quienes le mantienen en el poder, los socialistas, cuando la normativa recurrida es una de las leyes referenciales del PSOE en la segunda legislatura de Zapatero. A la espera de si el rechazo dialéctico del PSN se materializa en alguna reacción de alcance práctico, cosa más que dudosa a estas alturas, lo cierto es que UPN le somete otra vez a un lacerante escarnio público. Lo peor del caso, de lejos, es que UPN insiste en convertir a las navarras en ciudadanas de segunda, víctimas de la arbitraria actuación de un partido político que antepone sus convicciones morales al imperio de la ley menoscabando, además de la seguridad jurídica de la mitad de la población, la dignidad de unas mujeres que no precisan ninguna tutela para decidir en conciencia sobre su propio cuerpo. Quienes sostienen que en Navarra no existe la caverna, aquí tienen una buena muestra.
Editorial del Diario de Noticias

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