¿ES POSIBLE UNA NUEVA LEY FORAL DEL EUSKERA?

El Parlamento de Navarra aprobó el día 27 de noviembre durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, entre otras, una propuesta de resolución con el compromiso de constituir una comisión especial para que en el plazo de seis meses se proceda a elaborar una propuesta para una nueva Ley Foral del Euskera, con unos principios inspiradores concretos, como son el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra, la superación de la zonificación lingüística, la oficialización del euskera en toda Navarra, partiendo de las diferentes realidades sociolingüísticas del territorio y adecuándose a ellas, y la voluntad de abordar este proceso de manera participativa, contando con las aportaciones de las entidades locales interesadas, los agentes sociales y los sindicales.

La propuesta se aprobó con 24 votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, la abstención de I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN.

Esta decisión, que abre la puerta a un debate social y político necesario, tiene dos principios de gran calado: el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sea ésta castellanohablante o vascohablante, y la toma en consideración de las diferentes realidades sociolingüísticas que se dan en Navarra, adecuándose a ella.

La propuesta salió adelante por la ausencia en la sesión de un parlamentario de UPN, lo que ha originado cierto debate entre los partidarios de mantener la actual ley que, en nuestra opinión, no garantiza los derechos lingüísticos y una zonificación que delimita esos derechos. El malestar que ha despertado en las filas más reaccionarias esta ausencia no augura un debate constructivo.

Frente a posturas extremas, partidarias del monolingüismo castellano o euskaldun, en Geroa Bai abogamos por el plurilingüismo inclusivo que incluya castellano, euskera, inglés, francés… Todo ello sin perder el referente que debería estar en el centro del debate: el reconocimiento de derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. No se debe equiparar la posición que considera insuficientes los avances que posibiliten aumentar la presencia del euskera en la sociedad, en la administración y en la enseñanza con la que considera que cualquier avance en este sentido es excesivo y hasta peligroso. Porque la primera está en la línea de fomentar el euskera y la segunda en la de impedir su desarrollo.

Que el desarrollo normativo atienda a la realidad sociolingüística y que las políticas lingüísticas deban aplicarse teniendo en cuenta esa zonificación es una cosa, y otra muy diferente que el reconocimiento de derechos pueda estar condicionado por ser considerado excesivo o peligroso. Si se reconocen los derechos de toda la ciudadanía no puede limitarse su ejercicio más allá de que la realidad condicione su aplicación o la forma en que deba ser atendido el derecho.

La Ley Foral del Euskera está superada por la realidad. La ley contiene aspectos positivos como el de reconocer el derecho de toda la ciudadanía a conocer y usar el euskera. Pero tiene dos grandes carencias: la oficialidad del euskera está limitada a una zona y la zonificación no se ha aplicado desde la perspectiva de fomento sino desde un criterio restrictivo. Y tanto la propia ley como la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias permiten una lectura más abierta que, por desgracia, no suele ser la que realizan los jueces o la que han aplicado los responsables políticos.

El debate sobre la oficialidad no es nuevo. En el proceso llevado a cabo para aprobar la Lorafna, el 3 de noviembre de 1980 el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó por mayoría que el euskera y el castellano fueran lenguas oficiales en toda Navarra. Pero la Comisión Negociadora, integrada por una mayoría conservadora, modificó este acuerdo parlamentario dándole la redacción que definitivamente se aprobó estableciéndose así la oficialidad con base en la zonificación.

Partidos que durante el debate de la Ley Foral del Euskera en 1986 argumentaban que el “proyecto de ley sirviera para acercar a la minoría vascoparlante y a la mayoría navarra castellanoparlante” o que “posibilite en el futuro que si los navarros así lo desean y lo eligen, los ciudadanos navarros sean todos bilingües y se comuniquen en la lengua navarra que quieran”, y votaron a favor de la ley, hoy reniegan de sus planteamientos de entonces.

La oposición tiene ahora la ocasión de demostrar que lo de la realidad sociolingüística va más allá de un estribillo recurrente y que está dispuesta e entrar en el fondo de la cuestión porque la aplicación de medidas acordes con las diferentes realidades sociolingüísticas no es equiparable con una zonificación inamovible que recorta derechos a la ciudadanía navarra. Una zonificación construida sobre muros infranqueables nada tiene que ver con derechos y sí con imposición, porque los derechos no se pueden zonificar.

Finalizamos trayendo aquí la propuesta con que Miguel Izu realiza en la parte final de su artículo Política lingüística, el cambio necesario publicado en DIARIO DE NOTICIAS el día 5 de noviembre: “cooficialidad de lenguas en todo el territorio y zonificación de las políticas lingüísticas, no zonificación versus cooficialidad en todo el territorio, debería ser un nuevo paradigma a debatir. Si realmente queremos debatir”. Por nuestra parte, solo cabe añadir que tenemos disposición total al debate y estamos abiertos a llegar a acuerdos.

Virginia Alemán, Koldo Martínez (parlamentaria y portavoz parlamentario) y Jabi Arakama, miembros de Geroa Bai

ESPAÑA HA ENTRADO EN UNA DERIVA TENEBROSA

Creo que España vive una de las mayores crisis de su historia. Han confluido los lastres del momento mundial con los peores genuinamente patrios dibujando un retrato desolador. Algunos arrancan desde los confines del tiempo para llegar a esta instante preciso de explosión. La noticia, aún peor, es que no es el final, por este camino queda mucho dolor por sufrir, mucho deterioro por experimentar. Una crisis que tiene culpables, incluso entre las víctimas. Muchos deberían mirarse en el espejo a ver si se reconocen y reaccionan.

La involución que ha sobrevenido a este país con la excusa de la crisis catalana debería hacer sonar los timbres de todas las alarmas. Tanto como el retrato deplorable de una parte de la sociedad, irracional y vengativa, que ha emergido. La factura va a ser impagable. Si son de los que prefieren el Viva España que no reconoce como himno ni la propia hija del cantante que la popularizó, pueden seguir tomando el soma. ¿Qué es el soma? Lean. “Un mundo feliz” de Aldous Huxley les será muy instructivo. Mejor aún -más corto y da menos trabajo-, las amargas reflexiones del ex simpatizante nazi Martin Niemöller, autor del famoso “ Cuando vinieron a por mí”. Ya han venido, y vendrán a por más, a por los soplagaitas también.

Porque el problema español es la deficiente educación, no la erudita –que también- sino la que enseña a discernir y actuar en valores. Y la que no engulle, a diferencia de aquí, fallos estructurales como la corrupción. Si hay unos cuantos millones de personas, en la calle y en los partidos, a quienes les gusta retozar en el fango, sepan que eso no ayuda a ningún crecimiento. Y que son responsables del daño que infieren a otros conciudadanos con principios éticos más exigentes y del golpe desestabilizador que dan a la democracia.

“ Un atentado al Estado de Derecho”, la “corrupción en estado puro"  del PP que aflora en la Gürtel. Así de claro lo acaba de decir en el Congreso Manuel Marocho, inspector jefe de la UDEF, la unidad de investigación de la misma policía a la que aplauden muchos cuando apalea a ciudadanos por orden del gobierno. Marocho afirmó además que sufren presiones y que Rajoy y la plana mayor del PP cobraron sobres en negro. Dinero que se retrae de los derechos de los ciudadanos. Los medios “concertados” con el PP no publicaron nada  de esta noticia en las portadas como una nueva página en la historia de la manipulación. Y RTVE, la televisión pública estatal, lo censuró de su minutado. 

Esta política de los medios contrasta con la de gran parte de sus viñetistas que muestran el sentido crítico del que el periodismo está careciendo. De ahí que varios hayan sido despedidos de los diarios en los que trabajan. Un manifiesto con la firma de cien ilustradores denuncia el  #HumorAmenazado 

¿Y los partidos que sostienen a un PP en minoría para que gobierne como lo está haciendo? ¿Y lo que supone de caldo de cultivopara múltiples arbitrariedades? El PSOE,  Ciudadanos, nacionalistas varios, ¿Qué explica el apoyo? No cuela ya ninguna excusa o evasión. No, en personas que piensan. El maquiavélico “fin que justifica los medios” se dejó bajo la silla muchos principios. Sepan para quién trabajan y el país que forman.

Tenemos a numerosos dirigentes catalanes en la cárcel. No hagan caso a The Times que los llama “ Los prisioneros de Rajoy” en un editorial, no;  sigan haciendo caso a los voceros del bloque que son los más entusiastas en considerarlo muy justo y respetuoso con la ley.  O a sus tripas que les piden ensañamiento. Y sobre todo, pasen horas en la disquisición semántica de si son presos políticos o políticos presos. Recuerden que a estos ya los han trincado -con las justificaciones que sea-, y que van por más. Y denle un par de vueltas a la idea. 

España no es Turquía, dicen. Pues camina hacia a ella a pasos agigantados. Con presos políticos, políticos presos, por su actuación política. Y sigan desgranando la madeja. ¿A qué viene la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del reprobado ministro Montoro? ¿Porque su gestión es mejor y les deja en evidencia? Llevan tres años incumpliendo el déficit.  El Samur y los colegios infantiles, les molestan.  En particular la gestión del gasto (o inversión) en los ciudadanos. Los gráficos claman. Y los detalles. Usar medidas coercitivas y autoritarias como batalla política es sucio. Quien lo apoya, se pringa.

Se está judicializando la política hasta terrenos abusivos. Plantean querellas desde el Fiscal General reprobado hasta sindicatos policiales hacia compañeros de profesión como el cesado Mayor Trapero de los Mossos o la alcaldesa de Barcelona a quien acusan de “desobediencia”. No hay querella alguna hacia los participantes en la guerra sucia de "Las cloacas del Estado". Hay que volver a preguntarse quién manda aquí y cómo siguen tragando los socios del PP también el paquete de altos cargos que ellos mismos reprobaron.

Llaman a comparecer ante el juez hasta unos jubilados – dice al menos la noticia de prensa- que se sintieron injuriados por ser calificados de "nazis" –sigue diciendo la noticia de prensa- durante una manifestación ultra que cercó la Asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza el 24 de Septiembre. Concentración que impidió a los reunidos, más de 400 cargos públicos, salir del recinto durante horas y en la que fue agredida la presidenta de la Asamblea de Aragón. Impunemente. La investigación de los hechos se encuentra en " un limbo legal" que puede acabar en nada y que contrasta con la celeridad otorgada a los denunciantes ofendidos por la calificación de "nazis". Vean en este vídeo el talante de los congregados y sus gritos pidiendo la ejecución de los acosados.  

El caso es que se ha citado –dice la noticia de prensa de El Periódico de Aragón, difundido por gran número de sus colegas- a Alberto Garzón y a Pablo Echenique. A otras personas y también a Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política de la Universidad de Valencia, y a mí,  según la nota de prensa sin que nadie lo haya confirmado con nosotros . Ni Javier De Lucas ni yo estuvimos en esa asamblea, ni en esa ciudad, ni hicimos otra cosa que manifestar en Twitter la opinión que nos merecía ese cerco. Como otros miles de personas. Como Garzón y Echenique con todo el derecho. Si se va a penalizar la opinión –ya se está haciendo en algún caso- pasamos a otra dimensión. Y si se trata de amedrentar, también.

Ni Javier de Lucas ni yo hemos recibido la citación que afirma la prensa hemos recibido. No sabemos si sus fuentes les han anticipado un proyecto antes que a los interesados o se ha repensado la inaudita admisión a trámite o ni siquiera existe. Y aún he de añadir algo más. Mi profesión no es haber sido transitoriamente, durante apenas un mes, “candidata número de 2 por Zaragoza por Unidos Podemos”. Como independiente, que nunca explicitan. Mi profesión es el periodismo que vengo ejerciendo desde hace casi medio siglo con algunos resultados a constatar. Nunca ser “candidata” es una profesión o el título de por vida y menos cuando ni salí elegida. Algo que no lamento, por un balance de variables, aunque no reniego de aquella experiencia. Ni soy ni fui militante de Podemos ni de ningún partido y no he participado en actividad política alguna desde entonces. No así otros informadores que actúan de claros voceros de algunas formaciones. La ley del embudo siempre es injusta.

Pero parémonos un poco ¿La querella o lo que sea es por tuits o retuits? Ahí tenemos a toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llamando fascistas a 5 millones de personas. Fascistas, facción Fake Winston Churchill en una cita falsa que se le atribuye. Para ella no rigen las denuncias. Ni siquiera las de corrupción que anegan al partido que preside en Madrid. Cifuentes, eso sí, demuestra su incapacidad para un trabajo en favor de una ciudadanía a la que, según su ideología, desprecia e insulta.

Lo que sí está clara es la guerra emprendida por quienes detentan el poder, tantas veces con trampas –el dinero B es una trampa-  y sus soportes en otros estamentos para mantener sus abusivos privilegios. Se llega a la conclusión del profundo deterioro de la política, el periodismo “concertado” con el poder (en definición ultranatura de nuestra profesión), una parte de la justicia y un sector decisivo de la propia sociedad.

Y a otra más personal a la que, a pesar de múltiples avatares, no había llegado a aproximarme tanto: Es inútil informar a los que no quieren oír, ni ver, ni saber.  Quien no se haya enterado de lo que ocurre, ha tenido tiempo sobrado de hacerlo. Serán ellos quienes deberán explicar a sus familias, a sus vecinos, al resto de sus conciudadanos, por qué nos han traído y mantienen en este lodazal. Sepan las víctimas inocentes a quien se lo deben. Las culpas están perfectamente definidas. España ha entrado en una deriva tenebrosa, que no acaba aquí.

Péguense entre ustedes y recojan sus despojos. La vida es demasiado importante y corta para malgastarla en batallas inútiles, e inútil es ocuparse de la gente tóxica. De la vida, forma parte hacer lo que creemos en conciencia. Informar también, a pesar de todo.

Rosa María Artal, en eldiario.es

¿DÓNDE ESTÁN LOS RESTOS DE CIU?

Hace cinco años, la última vez que CiU se presentó a unas elecciones, ganó la contienda con 50 escaños. Y fue un mal resultado. Un lustro más tarde, las encuestas dan una quincena de diputados al PDeCAT, principal formación heredera de la federación que durante tres décadas dirigió los designios de Catalunya.

¿Qué ha pasado por el camino? Implosiones y escisiones han atomizado el espacio del centro derecha nacionalista hasta hacerlo irreconocible, en un contexto en el que procés soberanista y la crisis económica han hecho bascular la centralidad política catalana hacia la izquierda. Ni Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fundada por Jordi Pujol en 1974, ni Unió Democràtica de Catalunya (UDC), creada en 1931 por Manuel Carrasco i Formiguera –demócrata cristiano fusilado por el franquismo– existen ya, pero son la raíz de un amplio árbol genealógico que va bastante más allá del partido del actual president, Carles Puigdemont.

En su huida de los casos de corrupción, el antiguo partido de Pujol, reconvertido ahora en Partit Demòcrata Europeu de Catalunya, ha ido perdiendo compañeros de viaje. Es el caso de Germà Gordó, miembro de la última hornada de dirigentes del partido, que impulsa desde hace meses un partido de nombre inequívoco: Nova Convergència. Exconsejero de Justicia con Artur Mas e imputado por el TSJC en el caso del 3%, Gordó quedó apartado del grupo parlamentario de Junts pel Sí hace algunos meses, pero ideológicamente apenas presenta matices respecto a las líneas generales del PDeCAT. El 27 de octubre votó a favor de la Declaración de la independencia y no está previsto que presente candidatura propia el 21D.

Sí hay más discrepancias, sin embargo, con el partido Lliures, impulsado por antiguos dirigentes de CDC como el exconseller Antoni Fernández Teixidó. La escisión «liberal» agrupa a militantes molestos tanto con la vía soberanista como con los pactos con ERC en materia económica, que han revertido algunas medidas neoliberales impulsadas por el primer gobierno de Mas (2010-2012). La convocatoria del 21D impuesta por Madrid les ha pillado a contrapié, y todavía están intentando lograr recursos y cuadros humanos para presentarse, por lo que su presencia en las elecciones es una incógnita. En tal caso, Roger Montañola, exdiputado promesa de Unió, podría ser el candidato.

Las cosas están más claras en el espacio de la antigua UDC, después de que ayer la ejecutiva del PSC aprobase la alianza con Units per Avançar, el partido sucesor de Unió. Su líder, Ramón Espadaler, ocupará el tercer puesto en la lista de Miquel Iceta. Un canto al camaleonismo político por parte de ambos.

Tras romper con CDC y sufrir la escisión de la mitad de su militancia –que fundó Demòcrates y ahora se presentará junto a ERC–, en pocos meses Unió se quedó sin representación en Barcelona y Madrid, y con una deuda de 22,5 millones de euros. Sus responsables decidieron disolver 85 años de partido y fundar Units per Avançar. Por el camino dejó la política Josep Antoni Duran i Lleida, que el jueves bendijo el pacto Espadaler-Iceta y que la semana pasada estrenó retiro dorado en la patronal española, CEOE. Por los servicios prestados.

Claro que Unió siempre fue vista en Catalunya más como una agencia de colocación que como un partido político con espectativas de futuro. Otro ejemplo, ya para acabar, es el del actual delegado del Gobierno español –o virrey– en Catalunya, Enric Millo, antiguo militante de Unió y nueva muestra de travestismo político no apto para estómagos débiles. Abandonó el partido despechado porque no le dieron asiento en el Parlament, por lo que se ofreció a ERC a cambio de un escaño –así lo reveló el entonces líder republicano Joan Puigcercós–. Tras su negativa, acabó recalando en el PP. Hasta hoy.

Beñat Zaldua, en GARA

ELECCIONES DEFINITIVAMENTE VICIADAS

La disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre se convirtió en el tránsito de la aprobación del 155 CE por el Senado por la mañana y el mensaje por televisión del presidente del Gobierno por la tarde en el “núcleo esencial” de la operación de intervención de la autonomía de Catalunya. La finalidad de la aplicación del artículo 155 CE no era la de suspender el ejercicio del derecho a la autonomía, sino la de devolver la palabra a los ciudadanos de Catalunya. Dado que el President Puigdemont se había negado a hacerlo, no había quedado más remedio que cesarlo. No había otra manera de convocar elecciones.

Este es el relato con el que se ha justificado el recurso al 155 CE. La Comunidad Autónoma de Catalunya no ha sido propiamente intervenida, sino que durante cincuenta y cinco días se está dirigiendo la Administración catalana por una persona designada por el Presidente del Gobierno, a fin de que opere con normalidad mientras se desarrolla el proceso electoral. Se garantiza que la gestión no se detenga, para que exista la normalidad mínima a fin de que se pueda ejercer el derecho de sufragio.  Todo sigue igual, con la excepción de que es el Presidente del Gobierno de la Nación y no el President el que ha puesto en marcha el proceso electoral.

El relato hubiera tenido credibilidad si el presidente del Gobierno hubiera ordenado al Fiscal General del Estado que se abstuviera de intervenir durante el proceso electoral y que se respetara lo que ha sido una costumbre en el pasado de que, convocadas elecciones, la actividad judicial se dejaba en suspenso durante el proceso electoral. Pero ha ocurrido todo lo contrario. El 155 CE ha desencadenado un activismo fiscal y judicial frenético, que no solamente está marcando el proceso electoral cuando casi todavía no ha empezado, sino que ha viciado de manera definitiva el ejercicio del derecho de sufragio previsto para el 21D.

Obviamente si en el día de ayer el Tribunal Supremo hubiera adoptado respecto de Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament la misma medida cautelar que adoptó la Audiencia Nacional respecto de los miembros del Govern, la situación sería todavía peor. Hasta es posible que no se pudieran siquiera celebrar las elecciones. Esto, probablemente, es lo que ha llevado al juez instructor del Tribunal Supremo a no actuar exactamente igual a como lo hizo la Jueza de la Audiencia Nacional. Pero el hecho de que la expresidenta del Parlament ingresara en prisión aunque por poco tiempo por orden de un juez del Tribunal Supremo, algo que solo había ocurrido anteriormente con los miembros de la Mesa de Herri Batasuna, es un mensaje que lo dice todo.

El Gobierno de la Nación ha decidido no intervenir la Administración de Catalunya pero sí intervenir el proceso electoral mediante la Fiscalía y, a través de ella, de los Tribunales, que están actuando como agentes electorales del PP y de Ciudadanos. El énfasis que se está poniendo en la violencia como elemento definitorio del “procés”, argumentado en la querella del Fiscal General, pero también en el auto del Magistrado del Tribunal Supremo contra toda la evidencia empírica de que disponemos, es un regalo para estas formaciones políticas, que son avaladas como las únicas portadoras de la convivencia pacífica en Catalunya.

Esa estrategia está empezando a surtir efecto. Hay un desconcierto perceptible no solo en el nacionalismo catalán, que es el que está siendo directamente golpeado, sino que también es perceptible en el socialismo y en el espacio de Podemos. La agresión fiscal y judicial ha abierto grietas en todas las opciones políticas menos en las dos inequívocamente no españolas, sino españolistas.

Ya veremos qué pasa de aquí al 21D, porque la situación evoluciona a tal velocidad y con giros tan extraños, que es difícil hacer predicciones. Puede ocurrir que lo que se considera que es una estrategia ganadora, no acabe siéndolo.

Pero lo que es seguro es que la campaña está envenenada.  Cuando el poder judicial entra en un debate político, ya no es posible continuar debatiendo. La devaluación del voto ciudadano es la consecuencia inevitable. 

Tal como se va a desarrollar la campaña electoral, me temo que las elecciones no contribuyan en lo más mínimo a plantear en términos razonables la integración de Catalunya en el Estado.

Javier Pérez Royo, en eldiario.es

AL SEÑOR LUIS ZARRALUQUI ORTIGOSA

Estimado colega y compañero: leí el viernes pasado en Diario de Noticias, la intervención que tuviste en el Pleno del Parlamento de Navarra, el 4 de este mes.

Esta se centraba, al menos lo que yo leí, en el Plan de Carreteras de Navarra y finalizaste la misma diciendo que “centrar todo el esfuerzo inversor de obra nueva en una sola obra es un error porque en toda Navarra hay múltiples obras pequeñas que beneficiarían a un conjunto mayor de población y a pequeñas empresas”.  Valorabas que la asignación a la variante de Tafalla “obedecía a ciertas presiones de personas que apoyan al Gobierno de Navarra”.  Hasta aquí tú cita. Desconozco si esa afirmación estuvo acompañada de datos más ajustados en cuanto número de personas afectadas, empresas, lugares de esas obras, etc., para poder realizar una comparación que demostrase que lo que decías era cierto.

Me llamó profundamente la atención que una persona como tú que reúnes muchas características para hablar de este tema: eres arquitecto superior, con conocimiento profundo del campo del urbanismo, el desarrollo de suelos, la urbanización, planes de negocio inmobiliario, dirección de proyectos de edificación, promoción de viviendas tanto libres como protegidas, has participado en la gestión y desarrollo de proyectos urbanos de gran envergadura en Navarra  Mendillorri, Sarriguren, Ripagaiña) y has sido miembro de los Consejos de  Administración de diferentes sociedades públicas y privadas, hasta aquí lo que he encontrado en tu perfil en internet, hicieras de este modo tan grosero, de grueso, esa afirmación. 

Desde luego vaya por delante que ese perfil que tienes en internet, supera ampliamente el mío, pero lo que yo si poseo es un conocimiento y vivencia directa de la situación e historia de la red viaria de Tafalla.

Nací en Tafalla, hace 68 años y como tú soy arquitecto nº 611 del COAVN,  formada en la ETSAN de Pamplona, desde el año 76. He vivido donde nací y allí he trabajado hasta el día de hoy. Este lugar se encuentra al borde del Camino Real, Errege bidea, o Errepidea, la actual N-121. 

Tafalla como muy bien sabrás se encuentra atravesada por este antiguo Camino Real de Norte a Sur y por las vías que a nivel Este-Oeste unen toda la Zona Media de Navarra desde la zona de Sangüesa hacia Tierra Estella. Bueno pues Tafalla que se asentaba en el SE de la colina de Sta. Lucía, tenía como su límite  hasta la Edad Media el famoso Camino Real. Pero cuando Tafalla empieza a saltar al otro lado del mismo, aquello empieza a variar. Los edificios del S XVII, 1673, levantados en el borde Sur de Tafalla pusieron un límite físico a este Camino Real. Estoy hablando del Arco de Recoletas que une los dos edificios situados a ambos lados del CR.

Por otra parte la salida del Casco Antiguo de Tafalla por su lado Sur debe salvar el paso por encima de la carretera que nos une con Estella, dada la diferencia de cota existente. Y aquí aparece el segundo arco el de la Cuatropea.

Hasta aquí a grandes rasgos la historia de la red vial de Tafalla que hasta los años 50 del siglo pasado, soportaba el servicio demandado en nuestra ciudad y alrededores.

Pues bien a día de hoy seguimos en Tafalla con las mismas dimensiones de 1673, en pleno S XXI y así han ocurridos los desastres, muertes y demás tragedias que ha soportado Tafalla, la ultima en el año 87 siendo Arquitecto Municipal nuestro colega Enrique Maya, puedes preguntarle detalles de lo que te comento. 

Como conocerás bien, las travesías que cruzan Tafalla son competencia del Gobierno de Navarra y desde aquí, el Ayuntamiento, no puede intervenir en ellas salvo para llamar la atención sobre esta situación. Como Experto Urbanista te podrás hacer idea de la calidad de la vida urbana de Tafalla soportando estas travesías. Pero no todo va a ser malas noticias, el 14 de Marzo de 2011 se aprueba el PSIS de la variante de Tafalla. Se estudiaron 14 posibilidades y se respondieron a las alegaciones presentadas varias de ellas por la entonces Alcaldesa de Tafalla Cristina Sota. Los proyectos ya están aprobados la Fase 1 el 15/03/13 y la Fase 2 el 29/04/14 es decir hace más de tres años pero hasta ahora seguíamos igual.

También en Octubre del 2010 se aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tafalla, PMUS. En este estudio aparecen datos sobre el tráfico de vehículos pesados internos, externos sus orígenes y destinos. Este estudio también fijaba un escenario a largo plazo, para el 2018, en el que se redujeran los consumos energéticos un 50% y lo mismo las emisiones de CO2, 50%, con relación al año 2010. ¿Qué te parece el resultado actual? Si miras en un vistazo dimensiones de la travesía creo que te asustarás de los lugares por donde tenemos que atravesar los peatones.

Lo que me sorprende de esta exposición tuya en el Pleno del Parlamento de Navarra es que teniendo tu cualificación como Arquitecto Experto Urbanista y habiendo sido Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda en el Gobierno de Navarra hasta 2003, luego volviste al sector privado hasta el 2011 en que te has vuelto a incorporar a tu plaza de funcionario del Servicio de Vivienda, no hayas leído algo en tu ordenador para conocer estos datos que están expuestos al público desde el propio Gobierno de Navarra.

Pues bien ahora que parece que la situación de Tafalla podrá ser menos peligrosa para todos los habitantes de esta ciudad y que por fin podremos salir a la calle sin miedo a que perdamos la vida en ello, ¿te extraña que desde Tafalla pidamos que se ejecuten los proyectos aprobados por el anterior Gobierno de Navarra? por cierto perteneciente a tu propio partido. ¿Para que los hizo y aprobó?

De todos modos como colega y compañera cuenta conmigo para que cuando quieras o puedas te acompañe a dar una vuelta por esta ciudad y veas la situación de la que te hablo, por ti mismo.

Hasta cuando quieras, recibe un saludo

Amaia Jaurrieta Osés, en Diario de Noticias

EL GOBIERNO FORAL VA A SUAVIZAR DOS CURVAS DE LOS ALTOS DE PERALTA

El Gobierno de Navarra va a adecentar y suavizar en las próximas semanas dos de las múltiples curvas que hay en la NA-624, concretamente en lo que se conoce como Altos de Peralta, una vía que ha sido motivo de queja en los últimos años debido al mal estado y peligrosidad de la calzada.

Aunque la obra “es mínima” y no acaba con el problema, el Ayuntamiento de Peralta aprobó por unanimidad en el último pleno la cesión del terreno necesario para que Obras Públicas lleve a cabo la actuación y mejore, en la medida de lo posible, un tramo de esta vía.

Tanto los plazos de ejecución como la cuantía de la obra, que saldrá de la partida de Conservación de Carreteras, aún no se conocen puesto que está todo en manos del Ejecutivo foral y será dicha Administración la que se encargue de todo el proyecto.

En la zona la noticia ha sido recibida con alegría a pesar de que no da solución a los 13 kilómetros que piden arreglar. Sin embargo, y tal y como apuntaba el alcalde peraltés Juan Carlos Castillo, “está claro que algo es menos que nada, pero nuestra demanda sigue siendo una actuación integral en la carretera, una obra que solucione el problema del todo. Es cierto que en los Altos de Peralta es donde más peligro, congestión y curvas hay, pero existe riesgo en toda la vía”.

De hecho, recordaba, el arreglo de esta carretera, con un presupuesto de unos 7 millones de euros, estaba previsto dentro del III Plan Director de Carreteras de Navarra 2009-2016 pero por motivos económicos nunca llegó a efecto.

MOVILIZACIONES Además, y ante la creciente preocupación vecinal y los continuos accidentes, los alcaldes de Andosilla, Azagra, Falces, Funes, Marcilla, San Adrián y Peralta se movilizaron en su día y se reunieron con el Gobierno de Navarra para tratar de buscar una solución. Al mismo tiempo, y por iniciativa de un particular, se recogieron cerca de 2.000 firmas a través de Internet pidiendo su arreglo.

Se trata de una carretera que además de enlazar Peralta con Andosilla sirve de conexión entre Peralta y San Adrián, dos de las localidades de la zona con más industria.

De hecho, por esta carretera hay más de 3.000 desplazamientos diarios (una de las más concurridas de la Comunidad Foral) de los que el 10% son vehículos pesados, datos que el Ejecutivo conoce y que reconoce como válidos.

“Los carriles son estrechos, de apenas tres metros de anchura, algo que obliga a los camiones que se van a cruzar a pararse o a invadir el carril contrario. El asfalto tiene unos cantos en los laterales de la plataforma de un grosor superior a los doce centímetros de altura y la cantidad de baches debido a los parcheos es alarmante. Todo ello sumado a la inexplicable cantidad de curvas que hay”, alegaban recientemente los vecinos de la zona al respecto.

Diario de Noticias

LA JUEZA LAMELA INTENTÓ CONVENCER A BÉLGICA DE QUE EL GOVERN ERA CORRUPTO PARA CONSEGUIR SU EXTRADICIÓN EXPRÉS

La jueza Lamela intentó convencer a Bélgica de que Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas son corruptos. La magistrada de la Audiencia Nacional se jugó a esa carta el razonamiento fundamental de las órdenes europeas de detención, con las que pretendía la extradición efectiva y exprés de los cinco políticos catalanes.  

Este trámite entre países de la Unión Europea se resuelve de manera inmediata si los delitos por los que se reclama detenciones figuran en una lista con más de 30 categorías. En ninguna de ellas figuran la rebelión o la sedición. Así que Lamela no dudó en marcar con una equis otra casilla en el formulario: "corrupción". 

En el relato enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, Lamela habla de cinco delitos de los que acusa al Govern cesado (prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). Sin embargo, en sus autos de prisión, la misma magistrada solo cita tres delitos (rebelión, sedición y malversación). Entre la orden de cárcel y la petición a Bruselas, los delitos de Puigdemont y su equipo han crecido de manera inexplicable. 

El detallado listado que la jueza ha remitido a Bélgica contrasta con lo escrito por la propia Carmen Lamela en el auto en el que admitía la querella presentada por la Fiscalía General del Estado. En aquel auto, Lamela advertía de que el delito de rebelión "absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación". 

Además de la profusión en el listado de delitos que Lamela presenta ante Bélgica es destacable el orden que la magistrada le da a los mismos. La prevaricación es el tipo delictivo elegido por la jueza de la Audiencia Nacional para encabezar la lista enviada en la orden de detención y entrega.

Según ese escrito "el Govern con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fue alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista, sabedor de que, por su ilegalidad, el referéndum solo podría celebrarse por la fuerza coactiva de la muchedumbre movilizada a estos efectos". 

Estrategia fallida

El formulario de una euroorden permite a quien la redacta explicar los hechos por los que pide la detención y traslado de un ciudadano. Se trata de un documento que incluye un importante apartado final: un listado que los países solicitantes deben cubrir simplemente marcando con una equis en las casillas adecuadas a los delitos por los que persigue a las personas reclamadas. Ese listado (pactado entre los miembros de la Unión Europea) no incluye ningún tipo delictivo relacionado con los hechos vinculados al proceso secesionista. Lejos de dejar en blanco esa lista de casillas, Lamela marcó con una equis el delito de corrupción. 

Si Bélgica hubiera estimado la comisión de ese delito por parte de Puigdemont y sus consellers, la entrega hubiera sido inmediata. Muy al contrario, la justicia belga ha decidido estudiar en profundidad las acusaciones generales de la jueza española, desechando la posibilidad de impulsar un trámite automático. Dicho de otro modo, las calificaciones del Govern de Puigdemont como un grupo de corruptos no han sido tomadas en consideración por la justicia de la capital comunitaria. 

eldiario.es