DE MANIFAS Y MOCIONES

El pasado sábado, 3 de junio, pudimos presenciar una exhibición de músculo de la derecha navarra, convenientemente arropada por otra derecha más extrema y por el PSN, que ya decidirá dónde se encuentra.

El pretexto, como bien sabemos, es la defensa de los símbolos navarros, escudo y bandera, de las “perversas” intenciones... ¡del propio gobierno de Navarra! 

Junto a esta teatralización se han presentado, con el mismo argumento, mociones en diversos ayuntamientos, especialmente en la Ribera. En Villafranca, en concreto, en el pleno del 6 de junio. 

Como a estas horas ya es sabido, Agrupación Independiente de Izquierdas votó en contra de dicha moción y, mediante este comunicado, queremos mostrar nuestras razones para ello. 

-En primer lugar, porque los símbolos propios de Navarra son aceptados, queridos y respetados por toda la ciudadanía y están perfectamente establecidos y regulados por diversas leyes y decretos, el último del año 2015 del actual Gobierno Foral. 

-Igualmente están respetados y defendidos por TODOS los miembros del Gobierno y el Parlamento Foral, así como por la corporación municipal de Villafranca SIN EXCEPCIÓN. 

-Porque la moción de UPN respecto a la bandera es un texto retorcido a más no poder, sin sentido, ya que comienza diciendo que todos somos navarros y queremos nuestra bandera, que ningún navarro reniega de ella, para luego pedir el apoyo a la misma. ¿Que más apoyo que decir que es nuestra y que nos identificamos con ella. 

Se trata, una vez más de una moción tramposa, de jugador ventajista, según la cual oponerse a ella es rechazar los símbolos de Navarra. Una nueva muestra de manipulación, y van... Pero ya nos vamos acostumbrando. 

-Porque la derogación de la Ley de Símbolos que ha servido de pretexto a la derecha no impone nada. Sólo pretende acabar con la inseguridad jurídica de aquellas corporaciones que, democráticamente y con respaldo de su ciudadanía, decidan colocar la ikurriña, bandera de otra comunidad, en efecto, pero, sobre todo, símbolo de una manera diferente de entender Navarra, más amplia y completa. 

-Porque no debemos olvidar que, en los últimos años del franquismo y los comienzos de la transición, todos los partidos progresistas se abrazaron a la ikurriña e incluso concurrieron con ella a elecciones hasta que, por interés político, decidieron promulgar la ley ahora derogada con el fin de prohibirla. 

Se trata, pues, de una ley pensada, no para mejorar las condiciones de vida o laborales de la población, sino una ley en beneficio de sus impulsores. No se pierde nada con su derogación. 

-Como ya se ha dicho esta derogación no impone nada, ni la ikurriña ni ninguna otra bandera. Permitir no es imponer. 

Tampoco divide a los navarros, como se ha querido transmitir. Lo que de verdad divide a cualquier sociedad son las alarmas creadas con las mentiras y manipulaciones protagonizadas por UPN (y otros) buscando su propio beneficio en posteriores comicios. 

-Porque no podemos ni queremos aceptar los calificativos de “ buenos” y “malos” navarros, “navarros de pro” y “los de siempre” o “vecinos de paz” y “los violentos”. Somos tan navarros unos ciudadanos como otros. Rivales políticos, sí. Con otra concepción ideológica y sentimental de nuestra comunidad, también. Pero con el mismo derecho a expresarlo y trabajar democráticamente por ello. 

-Porque no queremos secundar las malas artes de quienes no toleran haberse vistos desalojados de los órganos de poder, como si este les correspondiera por algún tipo de derecho natural o divino, y recurren a todo tipo de artimañas para atacar a los actuales gobernantes o, ¿quién sabe?, para ocultar sus propias miserias. 

-Porque amamos a Navarra como los demás, sin necesidad de envolvernos en la bandera para arrojársela a los rivales políticos. Porque queremos una Navarra sin mutilaciones, donde todas las opciones, donde toda nuestra rica variedad lingüística, social, cultural e ideológica tenga cabida en buena armonía. 

-Porque usan la bandera como cortina de humo para tapar irregularidades o mala gestión en casos como Ultzama, Autovías que nunca se acaban de pagar, Galipienzo , Navarra Arena y tantos otros asuntos de los que no les interesa que se hable. 

Nosotros consideramos que ese es un uso muy poco noble de los símbolos. ¿No tienen otro modo de ocultarlos? 

-Y finalmente, porque la Historia está ahí y nos da la razón: Porque la Ikurriña ya estuvo sin problemas compartiendo espacio en el balcón de nuestro Ayuntamiento, sin damnificados ni consecuencias irreparables de ningún tipo. 

Viva Navarra /Gora Nafarroa 

Agrupación Independiente de Izquierdas de Villafranca.

PACIFICAR EL ESTADO

La resolución de los conflictos existentes desde la perspectiva de Euskal Herria (la Zona Especial Norte como denominación “oficial” de nuestro mapa imaginario) pasa por momentos de luces, pero también por ciertos enquistamientos que, tal vez, provengan de la forma de entender las relaciones políticas y sociales. Parece novedoso la forma en la que ETA y los agentes mediadores (Lokarri,  Foro Social Permanente, CIV, Artesanos y otros) han resuelto la carencia de implicaciones claras de los estados francés y español en el proceso de paz. La imagen de una organización armada obedeciendo un mandato popular es sin duda positiva y expresa que lo político está por encima de lo militar. Pero si bien no deja de ser innovador y valiente el proceder de pacifistas y mediadores, la resolución sigue rotando en el paradigma maximalista de la legitimidad de la violencia de Estado, al que definitivamente se entregan unas armas. El significado de la paz, una paz revolucionaria, pasa, en mi opinión, por el cuestionamiento de este modelo absolutista, caduco y ficticio de legitimidad; si se quiere realmente un cambio en que lo político prime por encima de lo militar en las relaciones internas y entre los pueblos. Una violencia de Estado que tiene sus expresiones más cruentas en las “ejecuciones” llamadas en su día “extrajudiciales” aun sin aclarar (Sanfermines 78), la depuración de responsabilidades en la toma de decisiones (no es el caso Cabacas), los cientos de casos de torturas que el señor Atucha sigue empeñado en minimizar y toda suerte de vulneración de derechos humanos, civiles y sociales (léase desahucios) perpetrados por los excesos de funcionarios de las fuerzas de “seguridad” en nombre del Estado o por aparatos mercenarios controlados e incontrolados. Una violencia de estado que incluye violencia cultural y práctica contra la soberanía popular y el derecho de las gentes a decidir sus propias condiciones de futuro directa y libremente; la violencia de la ley mordaza contra el derecho de reunión o la libertad de expresión.

Al mismo tiempo que se dan pasos de desarme unilateral por parte de una organización de estilo militar, los Estados y sus reproducciones locales se rearman con más policía (ertzantza, policía foral…), medidas de control social, propagandísticas (programas televisivos pro militarismo de Estado) o aumento de los presupuestos de “defensa”. En este sentido llevamos tiempo observando el uso intensivo del parque natural de las Bardenas, maniobras militares de tierra en diferentes pueblos (Artxanda, Leitza, Larraun, Lekumberri, Urkiola), y, que se sepa, el Plan Zona Especial Norte no se ha abolido; los mecanismos de guerra siguen funcionando (caso Alsasua o la continuidad del derecho del enemigo expresado la imputación de terrorismo a todo tipo de manifestación de violencia bajo el paradigma “todo es ETA”) o la estrategia del negacionismo de la violencia de Estado, a cargo del PP por medio del recurso contra la ley autonómica de víctimas policiales, lo que también podría interpretarse como una forma de afirmar el dominio del Estado central y el control del paradigma de la legitimidad violenta. Toda disidencia en la ZEN es sospechosa. Da igual seas violento o no violento (mientras no sea un pacifismo acrítico y útil a la Paz Romana), como se demostró en la época de la insumisión antimilitarista; todo lo que se oponga al status quo es el enemigo a batir. Como han reiterado una y otra vez sus defensores, el Estado no está en tregua. Los Estados nunca están en tregua, su violencia, sea la que sea, (buena o mala), es razón de Estado. O de Imperio, como el de la OTAN. 

Para quienes intentamos pensar en términos civiles de resolución y no en términos de presunción de culpabilidad y predelincuencia o en parámetros de amigo/enemigo, vencedores/vencidos, conmigo/contra mí; las vías pacíficas se presentan, en ocasiones, duras y difíciles; pero, sin duda, las únicas que pueden desmontar una concepción de las relaciones humanas tan militarizada. Esta concepción resitúa de nuevo el atentado de Manchester al esquema binario, reduciendo la complejidad de lo político, para así legitimar nuevamente acciones de guerra y seguir trazando relaciones políticas y económicas geoestratégicas al margen de los marcos convencionales de regulación democrática (una parte de lo que acaba de descubrir Jorge Mario Bergoglio). En nuestro ámbito, desmilitarizar el pensamiento, recuperar con más profundidad la sensibilidad perdida, podría abrir el camino a la resolución de los conflictos derivados de una concepción militarista del Estado, de Poder contra poder. Esa vía conduce a la desmilitarización material: desde el desarme de las policías municipales a la supresión de secretas, policías nacionales, guardias civiles y militares y toda la logística de control político social, incluida la desmilitarización conceptual de lo judicial (y del espacio de impunidad construido en parte por el propio aparato judicial). Compleja sinergia de los diferentes antimilitarismos y pacifismos que podrían confraternizar de nuevo en objetivos globales, contra el polígono de tiro en las Bardenas, o locales, como el proceso de paz, dando forma a una posible demanda social más amplia. El modelo policial denominado eufemísticamente propio y popular frente a un modelo que pueda cubrir los intereses de algunas élites de recambio puede subsumirse y consentir con el sistema de desigualdades, olvidando que un mundo más seguro es un mundo más justo, no uno con cámaras de videovigilancia en cada esquina y una alta densidad policial. 

La lógica agenda política de víctimas, presos y reconciliación parece postergan este asunto ineludible y, sin embargo, a mi modo de ver, en el meollo de la cuestión: para que no haya víctimas generadas por los estados no será suficiente con que haya cámaras en las comisarías, se incluyan los derechos humanos y el tratamiento a los detenidos en las oposiciones de policías o militares, supriman las armas letales antidisturbios como los lanzapelotas o aprendan a decir buenos días; sino que habrá de contemplarse la desaparición de las estructuras estatales de violencia y sus lógicas de servicio a las élites o su sistema de dominación, el Estado; parte objetiva de la violencia estructural, por impensable, no cuestionada. No es sólo con la ausencia de un solo tipo de armas, ni tan siquiera con la desaparición de una sola organización armada, como se van a resolver los conflictos. A nadie se le escapa que después de que ETA desaparezca y bajo la propaganda de que ETA es algo más que una organización armada, podrían seguir exigiendo que desparezcan las organizaciones sociales de apoyo a los presos, el EPPK, etc.

Está en la raíz de las injusticias, las desigualdades, incluidas las de clase, y las diferenciaciones culturales y sociales discriminatorias la matriz de una amplia gama de conflictos políticos, sociales y culturales. Antes que la policía o el ejército, hay cuatrocientos “artesanos y artesanas” que podemos contribuir a la convivencia y a la justicia social. La cuestión, pues, de la bilateralidad o de la multilateralidad tanto como la resolución en términos civiles parece igualmente imprescindible para construir nuevos espacios de entendimiento en un ejercicio de empatías que pueda dibujar un mapa imaginario compartido. Por fin devuelta la humanidad al enemigo, reclamamos la humanidad multilateral. Es cierto que hay mucho camino por delante, pues hay mucho pasado detrás frente a todos, y, que hace falta un importante esfuerzo de imaginación (moral) para pensar ya en un escenario en el que la dialéctica de la violencia se ha sustituido completamente por otro de confrontación pacífica y de aproximación conjunta a la verdad. Aunque nadie nos enseñó la clave del saber dialogar, por lo menos, una parte se desarmó. Por eso creo que es hora también de que ese humanismo se objetive en un mandato social de desmilitarización integral. Tenemos derecho a una paz justa, equilibrada, en beneficio de toda la sociedad y duradera, con toda la “ingeniería artesanal”  que seamos capaces de generar para la igualdad y la convivencia por encima de todas las armas y todas las guerras. 

Víctor Abarzuza Fontellas

UPN Y SU AMBIGÜEDAD RESPECTO A LA AMNISTÍA FISCAL DEL PP

La sentencia del Tribunal Constitucional, anulando la amnistía fiscal aprobada por el PP, con Cristóbal Montoro como Ministro, ha traído consigo duras declaraciones de casi todos los partidos, peticiones de dimisión y un largo etcétera. El “amnistiazo”, como algunos le han denominado, fue aprobado en 2012. Y UPN tuvo que nadar y guardar la ropa respecto a una medida que sacaba adelante su socio en Madrid, mientras aquí el gobierno dependía del pacto con los socialistas. Repasar hoy las posiciones de los regionalistas respecto a aquella amnistía fiscal resulta algo mareante por la llamativa oscilación entre una postura y su contraria.

El resumen viene a ser el siguiente: UPN tuvo que aceptar la exigencia del PSN para no aplicarla en Navarra, pero se negó a votar a favor de declaraciones institucionales en ese sentido. Después, unió sus votos al PP en Madrid para aprobar la amnistía fiscal, que finalmente dejaría de aplicarse en la Comunidad Foral forzada de nuevo por su acuerdo de legislatura con los socialistas.

“No se aplicará”.- Resulta que, el 4 de abril de 2012, con la propuesta de amnistía fiscal sobre la mesa, el Gobierno de Navarra de UPN y PSN anunció que la medida no se aplicaría en Navarra. Los socialistas lo tenían claro: Roberto Jiménez señalaba que era “la gota que colma el vaso, a los defraudadores lo que hay que hacer es perseguirles. La amnistía fiscal en Navarra no se aplicará”. Tanta rotundidad fue tragada por Yolanda Barcina, aunque… no sin reticencias.

“Que se aplique”.- Porque, solo ocho días después de aquel anuncio de que en Navarra no se aplicaría, UPN aprobó, con su voto, la amnistía fiscal. El 12 de abril de 2012, UPN, Foro Asturias y CiU aprobaron con sus votos junto al PP el decreto de medidas fiscales que incluía esta amnistía. Los suyos fueron 193 votos, al que se sumó por error un diputado del PSOE: 194 en total. En contra, el resto de la oposición, desde el PSOE a UPyD, desde Izquierda Plural a Geroa Bai. 137 votos en contra.

“No diremos que no se vaya a aplicar”.- UPN, de hecho, ya había dado un aviso de sus intenciones solamente dos días antes de aquella votación en el Congreso. Fue en el Parlamento Foral, a cuenta del debate de dos propuestas de declaración institucional contra la amnistía fiscal. Una de ellas la presentaba Bildu, la otra Nafarroa Bai. Ambas fueron aprobadas, per0 ninguna contó con el apoyo de UPN, que votó en contra de la de Bildu y se abstuvo en la de NaBai.

Con la aprobación de ambas declaraciones (cuyos textos pueden leerse íntegros en la web de la cámara legislativa), el Parlamento foral se posicionaba en contra de la aplicación en la Comunidad de dicha amnistía fiscal, así como mostraba su compromiso en la lucha contra el fraude. UPN no apoyó estos principios, con su abstención y su voto en contra, respectivamente, frente a las declaraciones propuestas.

“De acuerdo, no la aplicaremos”.- Pero UPN necesitaba de los socialistas, que sí habían aprobado las declaraciones y que, a nivel federal, estaban siendo muy duros con Montoro y su propuesta. Así que Navarra, una vez más, fue “different”. El 11 de mayo, finalmente, UPN y PSN acordaron no aplicar la amnistía fiscal en Navarra, en unas negociaciones sobre un pacto para reducir el déficit. Un paquete de medidas “de ajuste presupuestario” en el que se impuso el céntimo sanitario en las gasolinas y se aumentó la jornada laboral de los funcionarios.

La “regularización voluntaria” propia de Navarra

Un mes después, el 15 de junio, se aprobó para Navarra una ley foral que incluía nuestra propia “regularización voluntaria” ofrecida a los defraudadores de la Hacienda Foral. Era la ley 10/2012, que no podía llamarse de “amnistía fiscal” aunque sonase parecido. La ley emanó del Parlamento, no del Gobierno, y tenía además sus matices.Por ejemplo: los defraudadores (siempre que no hayan sido citados previamente) podrían pagar de forma voluntaria y extemporánea los impuestos no satisfechos dentro de los plazos reglamentarios, evitando “sólo” el 90% del importe de los recargos y el 20% de los intereses de demora. Pero el tipo de gravamen no era el 10% de Rajoy, sino el que correspondiese de los legalmente vigentes en cada impuesto, sin ninguna rebaja.

Aquella ley foral, de hecho, fue puesta en valor fuera de nuestras fronteras, por respetar la Constitución (lo que no hacía el decreto del PP en Madrid), y por las diferencias con la propuesta de Montoro y Rajoy.

30.000 defraudadores beneficiados

30.000 contribuyentes se acogieron finalmente a aquella reforma fiscal que, durante su tramitación, era presentada por la oposición como un “coladero” para corruptos y ladrones de guante blanco. No iba a ayudar a luchar contra el fraude, sino todo lo contrario. Cristóbal Montoro justificó con “inspecciones muy numerosas” aquella amnistía fiscal. Se localizaron 246 millones defraudados, de los que se liquidaron 189. Muchas de aquellas liquidaciones se lograron tras cruzarse datos procedentes de la amnistía fiscal con aquellos de la declaración de bienes en el exterior, el denominado modelo 720, que permite localizar fondos en paraísos fiscales, por ejemplo.

Los nombres de aquellos 30.000 contribuyentes amnistiados siguen siendo un misterio, a diferencia de los morosos de la Hacienda Foral Navarra, que fueron hechos públicos en aras de la transparencia hace apenas unas semanas. Aquella lista incluía curiosidades y sorpresas. Sin duda, no defraudaría (y perdón por el verbo empleado) conocer los navarros que se vieran beneficiados de aquella amnistía de Montoro.

orain.eus

NUCLEARES, MÁS FACILIDADES PARA LA PRÓRROGA

El Gobierno sigue allanando el camino y dando facilidades a las empresas titulares de las nucleares para que puedan prolongar su funcionamiento más allá de los 40 años. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó ayer varios cambios de normativa en esa dirección. Una de esas modificaciones, por ejemplo, permitirá que los dueños de estas plantas tengan más tiempo para presentar la solicitud de esa prórroga.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se afana en eliminar las trabas administrativas para que las nucleares puedan funcionar 60 años. Pero a la vez se encuentra atrapado en un laberinto nuclear. De un lado, las empresas del sector insisten en obtener reducciones de impuestos para ver despejado su horizonte económico, mientras que de otro lado una mayoría del Congreso es partidaria de un cierre paulatino de las centrales.

El pleno del CSN, organismo encargado de autorizar y vigilar el funcionamiento de las centrales nucleares, dio el visto bueno a la reforma del sistema de renovación de las licencias de las centrales nucleares. Era lo que le pidió el Ministerio de Energía. Y, como casi siempre, se opuso la consejera Cristina Narbona, uno de los cinco componentes del pleno.

Almaraz (Cáceres) tendrá dos años más para decidir si sigue a partir del 2020

Hasta ahora, las nucleares –para renovar los permisos de explotación– debían presentar la solicitud tres años antes del vencimiento de la autorización. Así, el CSN disponía de suficiente tiempo para estudiar la documentación y emitir su juicio. Sin embargo, con el cambio introducido ahora, tendrán más tiempo. Menos prisas. Es lo que habían reclamado las empresas propietarias.

La modificación de urgencia se ha efectuado cuando estaba a punto de expirar el plazo para que la central de Almaraz (Cáceres), gestionada por Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, pudiera presentar la petición de renovación para seguir la explotación. El plazo de solicitud acababa el 8 de junio (el permiso vigente expira en el año 2020). En cambio, ahora Almaraz tendrá casi dos años más de tiempo para decidir si continúa y alarga su vida más allá de los 40 años de funcionamiento.

La normativa promovida por el Ministerio de Energía (y bendecida por el CSN) establece concretamente que los titulares de las centrales nucleares podrán presentar la nueva solicitud una vez que el Gobierno haya aprobado el Plan Integral de Energía y Clima (en un plazo máximo de dos meses después de su publicación), o tengan que presentar la revisión periódica de seguridad.

Las plantas pidieron más tiempo para decidir y que se les reduzcan los impuestos

“Estamos ante una decisión gravísima del CSN, ya que se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos para el medio ambiente y las personas”, dice Juantxo López de Uralde coportavoz de Equo (Podemos).

La decisión del Gobierno persigue complacer a los dueños de las nucleares y, sobretodo, permite ganar tiempo para sobreponerse a los actuales desacuerdos. La brecha entre el Gobierno y las empresas del sector nuclear se ha reabierto en medio de las desavenencias sobre el futuro de la central burgalesa de Garoña, cerrada en diciembre del 2012. La reapertura de esta central ha sido ideada como la punta de lanza para que otras centrales prorrogaran el funcionamiento más allá de los 40 años; pero este plan no es tan fácil. Es un terreno minado. Las centrales temen que el negocio no sea seguro; al menos, eso dicen.

El CSN emitió en febrero un dictamen técnico favorable a la apertura de Garoña (pendiente a la adopción de ciertas mejoras e inversiones); pero los socios de Nuclenor (Iberdrola y Endesa), discrepan: Iberdrola no ve clara la reapertura; Endesa la apoya.

Los planes sobre Garoña y el almacén nuclear en Cuenca no están aún resueltos

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, manifestó hace unas semanas que el futuro de Garoña “no es viable económicamente” y por eso había pedido a su socio, Endesa, que dejara las operaciones. Argumentó que la filial Iberdrola Generación Nuclear se encuentra en pérdidas, y culpó a los gobiernos y sus políticas fiscales: “Se han ido poniendo impuestos y obligaciones, a los que va casi el 50% de los ingresos”.

Asimismo, otro cambio de normativa aprobado ayer por el pleno del CSN significará también que los titulares de las nucleares podrán enviar al CSN la documentación técnica y de seguridad sobre la futura o posible renovación de las plantas independientemente de la solicitud de renovación. Esta situación abocaría a los técnicos del CSN a efectuar evaluaciones para la renovación de los permisos de explotación sin la solicitud previa. La protesta de muchos técnicos del CSN no se ha hecho esperar “De esta manera, si, finalmente, la empresa decidiera no presentar la solicitud por la razón que sea, el CSN habría llevado a cabo un trabajo ingente absolutamente inútil”, se queja Nieves Sánchez, portavoz de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN). “Esto sería un despilfarro de recursos públicos”, lamenta esta asociación, convencida de que estos esfuerzos “se podrían aplicar a otros servicios mas productivos”.

Técnicos del CSN critican que a este organismo se le exigen “decisiones políticas”

ASTECSN ha denunciado que las facilidades dadas por el Gobierno “se fundamentan en la petición de una entidad privada” –en referencia a la demanda de Iberdrola al Gobierno de contar con más tiempo para decidir sobre la renovación de licencias–. Afirma también que de forma reiterada el Gobierno hace recaer sobre un órgano regulador público y de carácter técnico (el CSN) decisiones políticas que favorecen al sector eléctrico cuando debería abordarse un debate social y político previo para decidir el futuro de las centrales.

Las intenciones del Gobierno para prorrogar la vida de las nucleares han quedado demostradas repetidamente. Pero no se han materializado. Además de las situación de incertidumbre sobre la reapertura de Garoña, sigue sin resolverse el litigio sobre el almacén temporal centralizado (ATC), que debe acoger, en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) todos los residuos da alta actividad de las centrales.

Antonio Cerrillo, en La Vanguardia

UPN OLVIDA QUE FUERON 17 GRUPOS VECINALES QUIENES RECLAMARON QUE SU BARRIO SE LLAME TXANTREA

La oficialización de la denominación en euskera del barrio de la Txantrea ha provocado una airada reacción del grupo municipal de UPN que ha emitido una nota de prensa en la que descalifica al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y considera el acuerdo municipal como una “cacicada identitaria” propia de un “obseso” que “donde puede planta una tx”. El grupo regionalista, añade en su comunicado, que el acuerdo abre “una innecesaria brecha en la convivencia, creando un problema donde no existía”, en alusión a las relaciones vecinales.

Sin embargo, lo que UPN no refleja en su comunicado es que la petición para que la Txantrea pasara a denominarse de forma oficial en su versión en euskera es una petición de… hasta 17 grupos y colectivos de vecinos del barrio, donde residen algo más de 20.000 pamploneses, según el datos padronales por barrio, sexo y edad 2010-2015 publicados en la web oficial del Ayuntamiento de la capital navarra.

Una petición que, además, fue respaldada por un informe, una iniciativa vencinal que suma 17 asociaciones.

Entre los colectivos que han solicitado que su barrio se llame Txantrea se pueden encontrar algunos tan representativos de su vida social y cultural como la Peña Armonia Txantreana, que cuenta con 340 socios, la Coral San José Abesbatza o la UDC Txantrea KKE que, en la actualidad tiene 4.260 socios y que en 2010, y por acuerdo respaldado de forma mayoritaria, normalizó el nombre de su sociedad y adoptó la denominación en euskera.

La lista de colectivos txantreanos que han solicitado al Ayuntamiento de Pamplona la oficialización del nombre Txantrea es la siguiente:

Peña Armonia Txantreana

Txantreako Gaiteroak

Txantreako Jai Batzordea

Euskadun Biltoki Elkartea

Coral San José Abesbatza

Club Deportivo Txantrea Herri Kirol Taldea

Txantrean Auzolan

Apoyo Escolar Chavo Txiki

Txantrea Kultur Elkartea

Txantreako Erraldoien Konpartsa

Akelarre Kultur Elkartea

Kaskallueta

Txantrea Mendi Taldea

Apyma Bernat Etxepare

Txantrean Euskalerrian Euskaraz

Txantreako Emakumeak

UDC Txantrea KKE

navarra.orain.eus

CONDENAN AL SANTANDER A DEVOLVER 300.000 EUROS EN TAFALLA POR NO INFORMAR DEL RIESGO DE SUS VALORES

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tafalla ha condenado al Banco Santander al estimar la demanda interpuesta por un matrimonio dedicado al sector agrícola y obliga a la entidad a devolver los 300.000 euros que invirtieron en valores del Santander, un producto complejo y de alto riesgo del que el banco no informó adecuadamente a sus clientes. La sentencia es recurrible. El producto fue comercializado por la entidad bancaria en septiembre de 2007 con el objetivo de financiar la realización de una OPA -junto con Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS)- sobre el banco holandés ABN AMRO, y que ha supuesto graves pérdidas para los afectados, pérdidas que, en muchos casos, han llegado a superar el 50% del capital invertido.

Según la sentencia, el matrimonio, siendo el agricultor y ella ama de casa, suscribió con el Banco de Santander 60 títulos del producto financiero Valores Santander en fecha 21 de septiembre de 2007. En junio de 2012 optó por la conversión voluntaria de los valores en acciones. Los demandantes sostenían que en todo momento suscribió lo que consideraba un contrato de depósito a plazo fijo que iban a generar unos intereses, ofreciéndole la opción de convertir el dinero invertido en acciones del Banco Santander. El matrimonio defendía que no fueron informados de que el dinero iba a ser invertido en bolsa o en acciones, ni que podía perder parte del mismo en función de las fluctuaciones del mercado, ni constaba el interés al que le remuneraban el producto, ni el plazo de vencimiento, ni ningún dato económico o del funcionamiento de la vida del mismo”. La entidad no negó ni las adquisiciones, ni los importes, ni los valores, pero se oponía a las pretensiones de sus clientes por entender que “no hubo defecto de información ni error alguno y ello puede deducirse de los actos coetáneos y posteriores de los hoy demandantes, y de haber existido no hubiera sido excusable”.

Al analizar el asunto, la juez recuerda que incumbe a la entidad demandada “probar la circunstancia alegada de haber cumplido debidamente con los deberes de información y transparencia, cuidando de los intereses de sus clientes como si fueran propios, y asegurándose debidamente de que los productos contratados son adecuados a su perfil y objetivos de inversión”. La juez concluye que el Santander no cumplió con ese deber y que, cuando lo hizo, fue posteriormente a 2012, y por ello considera “prueba suficiente la declaración de los adquirientes que acredita que no se les informó fundamentalmente de dos cuestiones que era la posibilidad de recuperar el dinero invertido y que no hubiera riesgo en la inversión”. El fallo relata que de la documentación aportada se acredita también la escasa información recibida, ya que el tríptico que se entregaba a los clientes es de muy difícil comprensión”.

Por este motivo, la juez entiende que “el desconocimiento alegado no le es imputable, ni quiera por omisión, al existir una obligación legal positiva que impone a la entidad financiera la carga de asegurarse no sólo la idoneidad del producto y su adecuación a lo que realmente quiere el cliente, sino también que el cliente comprende en su integridad la operación, con sus consecuencias y riesgos. En definitiva, el banco debe asegurarse que se cumplen los precedentes requerimientos para ejecutar la contratación del productor. Y en cuanto a la información y conocimiento del contenido, efectos y riesgos del contrato no es meramente formal, pues se requiere que el cumplimiento de las normas sobre la protección e interés del cliente sea eficaz y conste que efectivamente llegó a comprender en todos sus efectos el mecanismo y consecuencias del contrato”. Esto no se realizó, zanja la juez.

Desde Zubiri Abogados, que han defendido a los clientes en este procedimiento, se recomienda a todos aquellos particulares, sobre todo ahorradores minoristas que era el perfil que captaban estas entidades, que acudan a profesionales para revisar y analizar si se encuentran en casos similares al de los valores del Santander o con otros bancos. Debe agilizarse el examen de esas reclamaciones porque podría caducar su derecho de reclamación.

Enrique Conde, en Diario de Noticias

EL EX EXCONSEJERO MENDOZA Y EL EUSKERA

Tras el golpe de Estado de 1936 y desatada la guerra civil, las familias navarras fueron coaccionadas con violencia para que no transmitiesen el euskera a sus descendientes, lo que a este antiquísimo idioma le supuso un gran retroceso artificial e impuesto. Esta situación de opresión para el idioma vernáculo navarro se prolongó sin solución de continuidad hasta la llegada del Gobierno de Uxue Barkos, con la salvedad de la Ley del Vascuence de 1986, un mínimo democrático, insuficiente para gran parte de la ciudadanía en tanto que se sometía a la Comunidad Foral a una zonificación que numerosos colectivos euskaltzales ni la comparten, ni la comprenden. José Luis Mendoza ha procurado como consejero de Educación que el euskera recupere ese terreno perdido durante el franquismo y los gobiernos de UPN, es decir, una profundización en los derechos lingüísticos. Aunque pudo parecer que su marcha significaba una rectificación de la política lingüística gubernamental, María Solana continúa en lo fundamental sus líneas maestras, en cuanto a propiciar una normalización del euskera en Navarra. Lamentablemente, muchos ciudadanos, sobre todo de la Zona Media y la Ribera, a pesar de que ese habría sido su deseo, nunca lo utilizarán de forma experta porque, aun nacidos ya en democracia, ni siquiera pudieron estudiarlo como asignatura en la escuela pública, algo que habría favorecido unos estudios especializados posteriores. Esa frustración cultural y vital causó actitudes y comportamientos muy radicales en las últimas décadas del siglo XX entre quienes se sentían también vascos, sentimiento perenne en Navarra, pero no habían gozado de la posibilidad de formarse en euskera, ni de aprehender tan siquiera nociones básicas o elementales de este bello idioma preindoeuropeo, un tesoro cultural de innegable e inapreciable valor lingüístico y antropológico.

El déficit estructural padecido por el euskera en Navarra contiene un marcado carácter ideológico: el acusado antivasquismo que caracteriza a UPN, el partido que ha gobernado la Comunidad Foral durante más años, con el apoyo y la aquiescencia del PSOE, cuyas posiciones han variado hasta convertirse en irreconocibles. El PSN, en la transición del franquismo al Régimen del 78, fue un partido vasquista, los Gobiernos Urralburu no mostraron especial hostilidad hacia el euskera, pero en la actualidad, por más que entiendan muchos de sus dirigentes que el vasquismo forma parte esencial de la idiosincrasia navarra, su crítica a la política lingüística del Gobierno foral coincide totalmente con la de UPN y PPN. Al parecer, la actual dirección socialista ha asumido que solo les votarán los progresistas y centristas que se posicionan en contra de cualquier tipo de promoción de la cultura vasconavarra, incurriendo en el craso error e injusticia manifiesta de circunscribir y limitar lo eusquérico a las fronteras exclusivas de la CAV.

El exconsejero Mendoza ha hecho su trabajo, una labor ardua, y las críticas han ido más allá de lo razonable; pero lo realizado desde su consejería no debe ser desechado. No existe imposición alguna cuando un sector muy significativo de la sociedad, que sobrepasa el espectro nacionalista, demanda medidas favorables para la lingua navarrorum. No seamos hipócritas: el castellano seguirá ocupando un lugar más que preeminente en Navarra, y no se dejará de impartir en ningún caso el inglés en las aulas. La discriminación positiva hacia el euskera sigue siendo necesaria en orden a reparar el genocidio idiomático perpetrado durante la Guerra Civil y el franquismo. Tal vez el consenso no sea posible todavía, porque UPN no asimila de forma adecuada su salida del poder, mas se deberá convenir en que el euskera es una lengua propia de Navarra y en que se ha pretendido su desaparición durante demasiado tiempo.

Alberto Ibarrola Oyón, en Diario de Noticias