LOS FUEROS DE ARANBURU

Al finalizar este año la ciudadanía navarra se levantó con una noticia novedosa en relación con nuestra aportación económica anual al Estado. Y digo novedosa porque desde que tengo uso de razón nunca había visto a un consejero foral comparecer para, datos y estudio riguroso en mano, plantarse ante al Ministerio de Hacienda para decirle que tenemos otros números y que, como pagadores que somos, no vamos a adelantar 93 millones más de inicio.

¡Olé! Eso es bilateralidad.

Porque la bilateralidad a la que estábamos acostumbrados con los gobiernos de UPN era que la Hacienda estatal decía lo que había que pagar y el Gobierno Foral decía amén Jesús. Y esto no funciona así. Una bilateralidad bien entendida es negociar, llegar a un pacto, y después abonar si hay que hacerlo, o recibirlo si las cuentas nos han salido favorables.

Pero no, al Ministerio de Hacienda le parece oportuno que abonemos la totalidad de los 613 millones antes de negociar y que luego ya veremos. Y lo hace con la fórmula del quinquenio 2015-2019 que todavía no está negociada cuando para más inri estamos ya en 2017. No es casualidad, la actual fórmula es muy ventajosa para la Hacienda estatal, por lo que es lógico que no quieran mover un dedo. Lo que no es lógico es el seguidismo de UPN al PP en un asunto tan vital para nuestro futuro económico. Con 93 millones se puede pagar el mantenimiento de toda la red foral de carreteras o hacer tres edificios nuevos de urgencias y tres institutos.

Además, el consejero de Hacienda tiene que fiarse de un Montoro que todavía no ha abonado los 45 millones que nos deben del TAV, y de un PP que ha recurrido 17 leyes del Parlamento navarro de la que destaca aquella del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Dicha sentencia del Tribunal Constitucional sí que atacó los cimientos del Convenio, y no pagar de más si atendemos al estudio de los técnicos de la Hacienda Foral.

Aranburu, con un coraje político digno de alabanza, y apoyado por el Gobierno foral presidido por Uxue Barkos, ha dicho que no. Que no puede ser que los intereses de los navarros y navarras queden supeditados de esa forma. Vamos a más, si un gerente de una empresa pagara un sobrecoste a otra sin haber negociado antes sería automáticamente despedido. Pero si además dicho gerente no hubiera hecho un minucioso trabajo para calcular la cifra exacta de pago dudo mucho que cualquier otra empresa lo volviera a contratar.

Pues esto es lo que los anteriores gestores de UPN hicieron. O mejor dicho, no hicieron. No realizaron un estudio económico serio sobre la aportación al Estado y aceptaron sin rechistar la cifra que ponía Montoro. Es impresionante ver a los regionalistas despotricar de una reforma fiscal para luego ponerse del lado del PP en querer pagar 93 millones de las arcas forales sin negociación alguna. Impresionante o profundamente incoherente en un partido que dice defender el régimen foral y que acuñó el lema de navarrísimo en las pasadas elecciones forales.

Afortunadamente para los intereses de la ciudadanía hay hoy en el Palacio de Navarra un Ejecutivo que defiende sin complejos el autogobierno sobre el que se sustenta nuestro Estado del Bienestar.

José Antonio Beloqui, burukide de EAJ PNV Nafarroa y concejal de Geroa Bai en Huarte

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS, MEMORIA INTEGRAL Y DDHH

Han sido numerosas las ocasiones en las que la ciudadanía navarra ha mostrado su compromiso absoluto y su más escrupuloso respeto para con los derechos humanos. En el momento histórico que vivimos, tras años de dolor y sufrimiento, este compromiso adquiere una mayor importancia para construir la sociedad de convivencia y respeto que todos y todas deseamos. Desde una concepción de memoria integral no podemos olvidar a ninguna víctima de la violencia ilegítima; sea de la más lejana como de la más cercana dentro del arco temporal de las actuales generaciones vivas. Por eso, desde esta perspectiva de integralidad no podemos dejar de mirar también la conculcación de los derechos humanos de aquellas personas navarras presas que están a cientos o miles de kilómetros, o aquellas personas presas que sufren enfermedades.

Somos conscientes de que en la mayoría de los casos de estas personas presas “por cada victimario hay al menos una víctima”, y con la legitimidad que nos da el haber condenado las actividades terroristas por las que en muchos casos han sido juzgados, creemos que resolver esta situación es una urgencia que no podemos ignorar, porque un compromiso serio y sincero con los derechos humanos también exige poner fin a esta injusticia de alejamiento y dispersión, proporcionando además un trato humanitario para quienes se encuentran privados de libertad pese a estar enfermos.

Denunciamos el castigo añadido que las políticas penitenciarias que desde ideologías opuestas se aplican por razones estrictamente políticas se infligen a los presos y presas de Navarra o con arraigo en Navarra:

Por una parte porque se trata de una legislación específica que contraviene tanto las orientaciones de la normativa internacional en esta materia, como las propias orientaciones de la legislación española o francesa; por otra porque se abandona y condena al ostracismo precisamente a aquellos presos y presas que -en las peores condiciones- eligieron el camino político y ético de la conocida como Vía Nanclares.

Y precisamente conforme a esas mismas orientaciones, leyes y normativas, un trato humanitario y respetuoso con los derechos entraña excarcelar a las personas que padezcan enfermedades graves y renunciar a una legislación excepcional concebida como un castigo, no solo contra quienes cumplen sus condenas sino también contra quienes forman parte de sus familias y círculos de amistades. Es preciso y urgente dejar de añadir más sufrimiento a tanto dolor acumulado lo antes posible, respetando siempre la dignidad de todas las personas afectadas. Un objetivo que solo alcanzaremos si sabemos conjugar la voluntad política con la aplicación de la legislación desde el escrupuloso respeto de los derechos y sin arbitrariedades. Así mismo, y desde una perspectiva del reconocimiento del daño causado a sus víctimas y el carácter ilegítimo de la violencia que practicaron, queremos impulsar el reconocimiento social y legal hacia los denominados presos y presas de la Vía Nanclares por su contribución a una política de paz y convivencia.

No podemos dejar de tener un recuerdo especial para aquellos presos y presas navarras que a su carácter de victimarios unen el de ser también víctimas. Nos referimos a presos y presas que fueron víctimas de políticas de reclutamiento porque eran adolescentes menores de edad, que son quienes llevan sobre sus espaldas las condenas más largas por los cambios de legislación, como la denominada Doctrina Parot. Un drama extendido a padres y madres todavía jóvenes que no tienen expectativas de ver a sus hijos en la calle, a pesar de la ausencia de ETA, debido al tamaño de sus condenas. Desde el hecho cierto del cese de la actividad armada de ETA, y desde la actual normalización de quienes fueron autores intelectuales de ese reclutamiento y la excepcionalidad de las medidas legales que en su momento se adoptaron, apostamos por tratar a este colectivo con la excepcionalidad de los atenuantes de su edad de reclutamiento y con la perspectiva de que nuestra sociedad cree las mejores condiciones de paz y convivencia. No sería la primera vez que la democracia española sigue este camino excepcional con la mencionada perspectiva.

Solo desde una perspectiva de integralidad se logrará que los derechos humanos defendidos de corazón por la inmensa mayoría de la sociedad de Navarra sean plenamente respetados.

Juana García Santamaría, miembro de Zabaltzen (Geroa Bai)

EL NEGOCIO OCULTO DE LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS

El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.

El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.

El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.

El número de reclusos “trabajadores” aumenta año a año y se ha multiplicado por tres en tan solo una década. En teoría estos organismos que contratan presos para el exterior hablan de “programas de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido en un negocio lucrativo para muchas empresas. En la  memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.

Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España, pero hay muchos más.

El más llamativo es el de la familia Pujol-Ferrusola, porque entre sus negocios también está este penitenciario, aunque no ha salido a la luz tras destaparse el escándalo sobre las actividades de la saga. Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Jordi Pujol, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. El ex recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar.

Según fuentes que investigaron al CIRE, la familia Pujol estuvo desde el principio en esta entidad. Se les conoce también un negocio de flores dependiente de esta institución. Estas iniciativas pronto pasaron a otras manos porque, según las citadas fuentes, “los Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”.

El Corte Inglés se enriquece con los presos por partida doble. Por un lado los tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones precarias y por otro lado son luego los propios reclusos los que adquieren esos productos. La multinacional de Isidoro Álvarez suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los lotes higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes. También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por ocho horas de trabajo.

Otras muchas empresas y sectores se nutren de la mano de obra barata de las cárceles. Por ejemplo, el de fabricación de automóviles. En las cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart.

Otro de los que saca tajada del negocio de las cárceles es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS. Construye las cárceles y después cobra el alquiler, como es el caso de Brians 2, la prisión de Manresa, la de Figueras, la de Tarragona y muchas más por todo el territorio español. Por cada una de ellas, dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de un millón de euros”. Florentino Pérez fue uno de los constructores que se benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Otras empresas que también se han beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la primera, su consejero delegado es Josep Miarnau, mientras que Ferrovial está presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo. También participan del reparto del pastel FCC, grupo de empresas de las hermanas Koplovitz.

Otros productos que hacen los presos son los mosquetones para practicar la escalada y el rápel. También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería.

Telefónica hace también negocio a costa de los presos, pues mantiene una situación de monopolio. Ello es posible porque todos los reclusos deben comprar obligatoriamente las tarjetas de Telefónica para llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España son más de 60.000, calcúlense los beneficios.

En Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. En Cataluña el Grupo Codorniu tiene a condenados trabajando para bodegas de Lleida. Otras empresas que utilizan la mano de obra barata de los presos son Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec (electrónica y comunicación).

Además OATPP tiene contratos con Ayuntamientos de toda España y todo signo político. Las Cámaras de Comercio de muchas provincias firman convenios con esta entidad. También tiene convenio con las cárceles la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).

Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE. En este sentido hay que mencionar al blog en apoyo a los presos, Punto de Fuga, que está haciendo un meticuloso trabajo de investigación sobre estas empresas.

Las denuncias sobre explotación de presos empiezan a ser cada vez más numerosas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía informó recientemente de que unos 12.000 reclusos están empleados en la cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y entre 80 y 300 euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos laborales de los presidiarios es “un problema casi desconocido” que niega horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo de 100 euros”.

Otras fuentes coinciden en que los presos empleados no tienen pagas extraordinarias, horas extra o vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles.  Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco días a la semana.

Valentín Matilla González es un ex recluso que estuvo tres años en Villabona (Asturias) y fue excarcelado en noviembre de 2013. Corrobora lo que publica Casellas: “Hay negocios en todas las cárceles, pero solo algunas se consideran ‘productivas’, porque fabrican para empresas”. No es el caso de la prisión de Villabona, pero sí, por ejemplo, de la del Dueso (Cantabria), “a la que todos quieren ir porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha indigencia. Para que te trasladen tienes que portarte bien y por supuesto hay tráfico de influencias”.

Habla de El Corte Inglés, el suministrador “oficial” de los objetos de consumo de los presos: “Si un interno quiere tener una televisión, no puede ir al mercado libre, sino que tiene que comprarla en El Corte Inglés”. El sistema es el siguiente: aparece por las cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de los reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos.

También el Banco Santander se beneficia de una situación de monopolio porque los presos solo pueden tener sus ahorros en la entidad de Botín. Incluso, si se mandan transferencias, tienen que ser a través de este banco.

Los presos gastan e ingresan a través de una tarjeta vinculada al Santander. Pueden ingresar un máximo semanal de 100 euros, lo que ocurre habitualmente los miércoles. Si, por ejemplo, el ingreso se hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no se cobra, “así que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero de todos los presos de España durante los días que no pueden hacer uso de él”.

Matilla conoció a muchos presos que venían de otras cárceles españolas y le contaron los negocios de cada localidad. Pone el caso de Alcalá-Meco, en el que un director trasladó la panadería de la prisión al exterior para aumentar el negocio.

En el Centro de Integración Social (CIS) de Villabona se preparan los destinos remunerados para algunos internos. Por ejemplo, para el sector  de limpiezas, en el que la remuneración es de 150 euros mensuales. En la cocina las condiciones laborales “son un escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas jornadas y la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería remunerados que se realizan a través de convenios entre instituciones penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles. Los presos aseguran que no existen tales cursos, sino que son enviados a trabajar igual que los empleados municipales, cobrando unos 300 euros mensuales con la misma jornada laboral que sus compañeros; además, aseguran, tienen que pagarse el transporte.

El Ayuntamiento de Langreo fue el primero de Asturias que firmó un convenio con la prisión de Villabona a través del CIS. En teoría los reclusos trabajan en un taller de formación para aprender un oficio y luego reinsertarse en la vida laboral. Lo cierto es que no es así. Son peones utilizados (sin recibir ninguna formación) en las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está con ellos ningún monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas acompañados de un empleado municipal que les indica la tarea a realizar.

Los presos con los que contactó esta revista aseguran que para este tipo de trabajos no se hacen nóminas sino que “te dan un papel de mala manera”. En Villabona, dice Matilla, los destinos remunerados “los maneja un tipo, la mano derecha del director de seguridad, que por supuesto funciona por medio del tráfico de influencias, con sus chivatillos y una cola de gente esperando para que les reciba y les de un trabajillo”.

Antiguamente había economatos que ahora han pasado a denominarse “boutiques”. Este cambio de nombre ha supuesto simplemente un aumento de precios de los productos que se venden.

Pero no son solo los empresarios los que sacan tajada de los presos. También se benefician muchos funcionarios de prisiones, que utilizan entidades públicas, como el CIS o el CIRE, desde las cuales se mueven todos estos negocios, muchas veces camuflados como talleres de formación, y cuya filosofía empresarial no es por supuesto explotar a los presos sino “integrarles en el mundo laboral”.

Según Casellas los empleados del CIRE “viven a cuerpo de rey y son parte del entramado que explota a los presos”. ATLÁNTICA XXII intentó ponerse al habla con Instituciones Penitenciarias para preguntar sobre estas denuncias, aunque indicaron que por “vacaciones” nadie podía atender a la llamada de la revista. Lo mismo ocurrió con otro de los organismos denunciados por Casellas en su libro, el CIRE. Su directora, Elisabeth Abad i Giralt, eludió contestar a las preguntas de esta revista, aunque desde  el gabinete de prensa mandaron un mensaje en el que afirmaban que el CIRE tiene un objeto más social que económico y que “es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que se ocupa de la reinserción de las personas privadas de libertad, mediante la formación en oficios y el trabajo penitenciario”.

Fernando Romero, en jmlsm.wordpress.com

UNILATERALIDAD Y CONFIANZA

Muy curiosa, cuando menos, la reacción del Ministerio que sigue dirigiendo Montoro, para desgracia de los españoles, ante la más que justificada medida del Consejero Aramburu de acabar con el cachondeo descontrolado en que se ha convertido la negociación del convenio para el período 2015 -19. Negociación que, por otra parte, debió de dejar cerrada, empaquetada y con lazo la administración Barcina y que como con casi todo lo demás dejó los deberes sin hacer. Algún día habrá que preguntarse a qué demonios se dedicó el gobierno Barcina en sus cuatro interminables años de inacción, a parte, claro está, de a liquidar Cajanavarra, que es el único logro visible de su gestión.

Pero digo curiosa porque el adjetivo sería un buen eufemismo para una reacción que solo puede calificarse de Kafkiana. Acusa Montoro, o quien le escriba los discursos, al Gobierno de Navarra de tomar medidas unilaterales y minar la confianza necesaria para abordar una negociación bilateral. Habría que recordarle que el convenio a renovar es el correspondiente al quinquenio 14 -19 y que si las campanadas de la Puerta del Sol no estuvieron muy influenciadas por el modelito de la Pedroche ya hemos entrado en el 17 que es, si las matemáticas y el modelito no me nublan el cerebro, el ecuador de su periodo de vigencia.

Dejando al margen la cuestión espacio-tiempo, lo más unilateral de todo este asunto parece la decisión del Ministerio de aplazar sine die la negociación del convenio agarrándose a una cláusula especialmente beneficiosa para el Gobierno Central y gravosa para Navarra, amparándose en que parece que los intereses de Barcina en Madrid estaban más ligados a pasear palmito por la caverna mediática madrileña que a afrontar sus responsabilidades como presidenta de Navarra, y supeditándola a los intereses electorales de Mariano.

Tan unilateral, al menos, como la decisión de no pagar los 45 millones de euros que la Administración central debe a Navarra del adelanto sufragado por el gobierno foral de las obras del TAV, adelanto, este sí, que debemos a la capacidad negociadora del zorro corellano que queriendo imitar a la CAV nos regaló el peor acuerdo que ha firmado Navarra desde la paccionada, y eso que ya ha llovido desde entonces.

Pero si lo de la unilateralidad produce asombro, lo de la confianza es ya directamente hilarante, diría que de descojono pero mi mujer me tiene prohibido usar palabras malsonantes cuando escribo.

Confianza pide un gobierno que tiene diez y siete leyes del Parlamento Foral recurridas al Constitucional, un gobierno que nos chantajeó a todos los navarros con el famoso IVA de la Wolksvagen, un gobierno que desde 1839 no ha tenido otra obsesión que ir laminando y recortando los derechos forales, un gobierno que intentó suprimir el convenio en 1892 y al que solo la movilización popular de los navarros hizo dar marcha atrás, un gobierno que se ha constituido en base a un acuerdo con un partido como Ciudadanos que directamente pide la supresión del convenio.

En fin, que recordando el título de aquella película… ¿Por qué le llaman confianza si quieren decir sexo?

Como bien dice hoy Aingeru Epaltza en su columna de Diario de Noticias…#GamazoLevantateYAnda

Aunque no sé yo si va a hacer falta con tantos imitadores que le han salido en Moncloa y, lo que es más grave, en la Plaza Príncipe de Viana.

Ander Muruzabal, en Nafar Herria

ALGO HUELE A PODRIDO EN DINAMARCA

En fechas recientes ha aparecido muerto Yves Chandelon, el Auditor General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La versión oficial es que ha sido un suicidio. La versión de sus familiares y amigos es que el alto cargo de la OTAN había recibido llamadas telefónicas amenazantes y que había avisado a su círculo más próximo que su vida corría peligro. Estaba investigando las redes de financiación de Estado Islámico. Algo que a día de hoy, los medios de comunicación han sido incapaces de explicar.

Jürgen Todenhöfer, periodista alemán y diputado demócrata cristiano durante más de veinte años en el Parlamento Alemán, publicó a finales de verano una entrevista con un alto comandante de Al Nusra (antigua Al Qaeda a la que han cambiado el nombre para blanquearla) en el que se decía claramente lo que muchos siempre hemos pensado: detrás de los movimientos yihadistas están EEUU, Turquía, las monarquías árabes e Israel. Jürgen Todenhöfer no es sospechoso de antisistema o conspiranoico, y es uno de los pocos periodistas que para conocer a fondo la problemática siria ha viajado hasta allí. Porque en la época de la postverdad, o de la hiperrealidad, a lo que nos han acostumbrado es a crónicas realizadas desde capitales europeas no sabemos bien con qué fuentes.

En los vídeos publicados en internet en páginas de libre acceso y sin censura, como liveleak, se puede ver cómo la oposición yihadista está utilizando misiles TOW para destruir tanques. Estos misiles ni son baratos, ni son fáciles de conseguir, ni pueden comprarse sin dejar rastro. Los que conocemos el mercado de las armas, sabemos perfectamente que siempre existe una trazabilidad y que quien los fabrica hace un seguimiento de quién compra y quién vende su producto. La industria armamentística norteamericana, y más para armas tan sofisticadas como los TOW, no vende en un mercado generalista. Para poder tener un orden de magnitud, cada misil cuesta unos 50.000 dólares norteamericanos, que en el mercado negro de armas puede ser dos, tres o cuatro veces más.

Por otro lado, es de dominio público que los yihadistas extraen petróleo y lo venden. Hay dos preguntas que los medios no han querido hacerse: ¿Cómo lo transportan? ¿Quién lo refina? El transporte de petróleo en bruto es fácilmente detectable por satélite. Estamos hablando de envíos regulares y de millones de barriles. Y, más inquietante, el petróleo crudo no sirve para nada, debe ser refinado. Alguien está refinando esos millones de barriles. Esto es indiscutible. Hay teorías al respecto. Se acusa a Israel de haber comprado en 2015 unos 19 millones de barriles de petróleo a Estado Islámico. Sí, Israel. Choca pensar que esté haciendo tratos comerciales con los islamistas, pero no choca tanto si pensamos que EI e Israel comparten enemigos: Irán y Hezbolá.

En este contexto, con todas las dudas que plantea el infierno sirio, hay realidades que escapan a las interpretaciones. Realidades que tienen nombre y apellidos, como Joanna Palani, por quien Estado Islámico ofrece un millón de dólares. Joanna Palani es una joven danesa, de orígenes kurdos, que decidió enrolarse en las filas de resistencia kurda (las milicias de autoprotección femininas, las YPG). El que una chica de 23 años, estudiante universitaria, decida dejar una vida cómoda en Dinamarca, para ocupar un puesto de combate (tiene bajas confirmadas de soldados de Estado Islámico, ese es el motivo de una recompensa tan alta por su cabeza) choca con la doctrina oficial de los medios y los políticos europeos. Desde el inicio del conflicto sirio, y esto es terriblemente incorrecto decirlo, aunque sea cierto, lo que se ha intentando potenciar desde Europa es la huida y la deserción. Europa prefiere a los sirios en campos de refugiados a defensas suicidas como la de Kobane o victorias sobre los islamistas como la de Alepo.

Solo una doctrina así explica que Joanna Palani esté detenida en Dinamarca a la espera de juicio. Las palabras de Joanna resultan incómodas para las potencias occidentales que han apoyado a la oposición yihadista. Habla de cómo esa oposición yihadista somete a miles de mujeres sirias a la exclavitud sexual, de la salvaje imposición de la sharia y, lo más peligroso, da un mensaje contrapuesto al discurso de políticos y organizaciones no gubernamentales europeas: hay que luchar por el futuro, porque si todos huimos ante la barbarie, un día no habrá dónde huir. Ese discurso europeo relativista y equidistante, intentando blanquear organizaciones yihadistas como los “cascos blancos” (white helmets) y toda esa maquinaria de propaganda que nos bombardea con montajes realizados por los propios yihadistas, se viene abajo ante la dosis de realidad que transmite Joanna Palani. O ante la que quizá nos habría inoculado Yves Chandelon si no hubiese aparecido muerto.

Estado Islámico y sus aliados representan lo peor de nuestro mundo. Son una versión cruel de la antigua Inquisición, con un poder, unos medios y unos métodos que superan a esos fanáticos. Ante eso, Joanna Palani recupera la tradición shakespiriana: “Los kurdos están luchando por la democracia y los valores occidentales. Si me capturan o muero, estaré orgullosa de por qué me mataron“.

Las icónicas Arín Mirkán, Rehana o Asia Ramazan (la que llamaban la “Angelina Jolie kurda”) han muerto en plena juventud. Como ellas, cientos de las mujeres que integran las YPG no han podido cumplir los veinticinco años. Que su sacrificio no solo no sea valorado, sino que se considere delito en Europa es una terrible mancha que debería avergonzarnos. Porque cuando se considera delictivo dar tu juventud en algo tan objetivamente noble como evitar que los bárbaros yihadistas sometan una región, alguien está pervirtiendo nuestro sistema de valores. Algo huele a podrido en Dinamarca.

David Betancourt, en La Pajarera Magazine

SOBRE EL NOMBRE DE VALDIZARBE EN EL NUEVO MAPA LOCAL

En los últimos días hemos conocido la propuesta del gobierno de sustituir las sesenta y cinco mancomunidades actuales por trece comarcas. Una propuesta de la que se ha destacado su carácter abierto y en la que se incluye Valdizarbe como una de las trece comarcas. En la actualidad, Valdizarbe, en forma de mancomunidad, es una entidad que está constituida por trece localidades que pertenecen a Valdizarbe, la Novenera, Val de Mañeru y Guesálaz. Atendiendo a los datos de población, cada subcomarca representa el treinta y cinco, el cincuenta y cinco, el ocho y menos del uno por ciento respectivamente. Si atendemos a la razón de ser de la mancomunidad podemos ver que su nombre no se corresponde con la realidad de las localidades que la integran. Por ello, la reforma del gobierno también debería contemplar el ajuste a la realidad o la denominación con un nombre nuevo que representara a la mayoría de los integrantes.

El nombre de Valdizarbe hace referencia a una comarca que desde la Edad Media estuvo integrada por Puente la Reina, Obanos, Guirguillano, Echarren o Artazu, entre otros. En paralelo a ello, Larraga, Berbinzana, Artajona, Mendigorría y Miranda de Arga constituyeron un territorio que no sólo formó una comarca como Valdizarbe sino que hasta llegó a tener un fuero propio, el Fuero de la Novenera, una de las siete familias de fueros locales anteriores al Fuero General. Hace unas décadas, Valdizarbe se constituyó en una mancomunidad y Larraga, Artajona y Mendigorría hicieron lo propio con la mancomunidad de la Santa Cruz. Hasta que éstos últimos, junto con otros de la Novenera, se incorporaron a la de Valdizarbe. El giro de estas localidades, vinculadas históricamente a la merindad de Olite (actual Mairaga), se debió en parte al hecho de que Larraga y Artajona, que habían protagonizado sus primeras traídas de aguas en 1918, habían comprado en la segunda República los derechos del manantial de Riezu para el abastecimiento de agua. Algo importantísimo. Y dicho manantial estaba en la proximidad a la mancomunidad de Valdizarbe.

Actualmente, la mancomunidad de Valdizarbe da servicio a todos ellos y cuenta con una sólida estructura. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, histórico y representativo, el nombre de la entidad adolece de una incorrección que está provocando una deformación. Ya que las nuevas generaciones están asociando Valdizarbe al territorio que nunca ha sido, como es el caso de la Novenera. Con la propuesta que se presenta no se pretende que el nombre represente a todos los territorios pero si a la mayoría. Una representación que también se ve reflejada en la división territorial del POT. Por ello, desde estas líneas se propone a la mancomunidad, el gobierno o a los ayuntamientos que conforman la entidad, que aprovechen esta oportunidad para ajustar el nombre del territorio en cuestión a la realidad actual. Las soluciones pueden ir en dos direcciones. Si el nombre va a tener un carácter geográfico, la denominación deberá incluir el nombre Novenera, pasándose a llamar comarca de Valdizarbe-Novenera. Con ello, se pasará de representar al treinta y cinco por ciento actual de los vecinos al noventa por ciento nuevo. Y si se va a prescindir del carácter geográfico, el nombre nuevo deberá ser neutral.

Igor Cacho Ugalde (Larraga), Licenciado en Historia (en La Voz de la Merindad)

LIBIA, SEPULTADA EN EL CRIMEN Y EL SILENCIO

No sabemos cuántas personas han muerto en Libia hoy a consecuencia de la brutal intervención de la OTAN en 2011. Algunas fuentes hablan de unos treinta mil muertos; otras, aumentan esa cifra. Por su parte, la Cruz Roja calcula unos ciento veinte mil muertos, pero no hay duda de que esa guerra que inició la OTAN ha destruido el país y arrojado a sus seis millones de habitantes a una pesadilla siniestra.

En marzo próximo se cumplirán seis años del inicio de la matanza: desde buques y aviones, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña lanzaron un diluvio de bombas y de misiles de crucero. Justificaron la guerra y la matanza con la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, que sólo hablaba de utilizar las “medidas necesarias” para proteger a la población civil que “estuviera amenazada”, y que autorizó una zona de exclusión aérea, pero no la invasión del país. No había autorización alguna para iniciar una intervención militar, ni mucho menos un ataque para derrocar el gobierno del país. China y Rusia, así como la India y Alemania, se abstuvieron en aquella votación del Consejo de Seguridad, y, posteriormente, a la vista de la guerra impuesta, tanto Moscú como Pekín denunciaron la abusiva interpretación que habían hecho Washington, sus aliados europeos y la OTAN de la resolución del Consejo. Sudáfrica, que también había votado a favor de la resolución, denunció después el uso desmesurado del acuerdo para forzar un “cambio de régimen y la ocupación militar del país”.

Fue tal la hipocresía de Washington, Londres y París, que sus aviones llegaron a bombardear a la población civil en Bengasi y Misrata, entre otras ciudades libias, matando a centenares de personas, pese a que supuestamente intervenían en su defensa. Previamente, las “fuerzas rebeldes” fueron entrenadas por instructores militares norteamericanos y de otros países de la OTAN, al tiempo que les facilitaron armamento sofisticado e información, y el Departamento de Estado norteamericano trabajó para crear un Consejo Nacional de Transición para imponerlo como nuevo gobierno tras la derrota de Gadafi. De hecho, desde antes del inicio de la agresión militar, comandos militares británicos y norteamericanos (en operaciones aprobadas por Cameron y Obama, violando la legalidad internacional) se habían infiltrado en Libia y llevaban a cabo acciones de sabotaje y asesinatos selectivos. Los militares occidentales llegaron al extremo de utilizar vestimenta similar a los milicianos del bando rebelde, para camuflar su intervención ante las instituciones internacionales: eran militares de la OTAN, pero nunca reconocieron su condición, y adiestraron a los rebeldes y lucharon junto a ellos.

Durante los meses del verano de 2011, la OTAN lanzó miles de misiones de combate, y envió comandos de “operaciones especiales” para reforzar los ataques de los rebeldes armados y apoyados por la alianza occidental. El 20 de octubre, sin fuerzas para resistir, Gadafi huyó de Sirte y su convoy fue atacado por aviones norteamericanos y franceses, y, finalmente, fue detenido por fuerzas rebeldes, ayudadas por esos “comandos de operaciones especiales” norteamericanos. Después, lo asesinaron a sangre fría. Cinco días antes del asesinato de Gadafi, el primer ministro británico, Cameron, y el presidente francés, Sarkozy, volaron a Libia, a la zona controlada por los rebeldes, mientras los equipos de la CIA norteamericana trabajaban para localizar a Gadafi y asesinarlo. Su muerte fue celebrada por Obama, Cameron y Sarkozy.

Violando la resolución de la ONU, utilizando de nuevo la guerra como instrumento de su política exterior, Estados Unidos y sus aliados consiguieron sus propósitos. Los bombardeos de la OTAN destruyeron aeropuertos, infraestructuras y puertos del país, centros oficiales, cuarteles, carreteras, y centenares de miles de personas fueron forzadas a huir, según estimaciones de la ONU, convirtiéndose en refugiados en su propia tierra. Las reservas y recursos del país en el extranjero fueron intervenidos por los gobiernos occidentales. Hoy, la economía del país es apenas una tercera parte de lo que era antes de la intervención de la OTAN en 2011. Después, estalló la lucha de banderías entre los distintos grupos armados (como ocurrió en Afganistán tras el triunfo de los “señores de la guerra” apoyados también por Estados Unidos); llegó el caos al país, la devastación, los milicianos fanáticos y bandidos armados que se apoderaron de todo. Libia pasó a ser una pesadilla, donde los secuestros, los centros de tortura clandestinos, los asesinatos, las violaciones de mujeres, se han apoderado de la vida cotidiana en el infierno; y donde faltan hasta alimentos y medicinas, hasta el punto de que en muchas ciudades, como en Bengasi, los habitantes se ven obligados a comer alimentos podridos y ratas.

A ese paisaje del infierno, se une la destrucción de centros públicos, de plazas, parques y lugares donde la población acudía antes de la guerra; se añade el robo de propiedades, los fusilamientos y decapitaciones públicas organizadas por los grupos yihadistas, que han pasado a ser moneda común de la nueva Libia hoy. Fuentes independientes hablan de centenares de personas, tal vez miles, decapitadas por los destacamentos armados de fanáticos milicianos religiosos. Grupos salafistas y yihadistas siguen controlando importantes áreas del territorio, y, aunque Washington intentó levantar un decorado democrático, en las elecciones de junio de 2014, sobre un censo de tres millones y medio de personas, apenas votó el 18 % de la población. Muchas ciudades han quedado convertidas en ruinas, y las minas antipersona son un peligro mortal para los supervivientes.

Varios centenares de grupos armados, enfrentados entre sí, pugnan por el control del territorio y de la riqueza del país, junto a las mafias que trafican con personas, que condenan a trabajos forzados a emigrantes, que matan con total impunidad, mientras dos gobiernos y dos “parlamentos”, en Trípoli y en Tobruk, (éste, apoyado entonces por la OTAN), intentaban derrotar al adversario y obtener el reconocimiento exterior. Para salir del caos, los gobiernos occidentales impulsaron el llamado “gobierno de unidad nacional”, que se creó en Marruecos en diciembre de 2015, presidido por Fayez al-Sarraj, aunque sigue sin establecer su autoridad en todo el país, e incluso es incapaz de controlar Trípoli, donde existen varias decenas de milicias armadas cuya agenda se centra en apoderarse del petróleo para exportarlo, en extorsionar a la población, a los inmigrantes y a traficar con personas. En otras importantes ciudades libias, como Sirte, Misrata, Tobruk, ocurre lo mismo. A su vez, el general Jalifa Haftar controla ahora Tobruk, con ayuda militar y financiera de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Haftar es un militar libio que, tras romper con Gadafi, fue trasladado por la CIA a Estados Unidos, en los años noventa, para posteriormente, encabezar la milicia armada que financió la agencia norteamericana. A ellos hay que añadir las fuerzas controladas por Daesh, el autodenominado Estado Islámico, que cuenta con importantes connivencias en las monarquías del golfo Pérsico.

En ese caos infernal, Washington sigue enviando “grupos de operaciones especiales” (como el que llegó en diciembre de 2015 a la base militar de Al-Watiya, en el distrito de An Nuqat al Khams, junto a la frontera tunecina, comando que fue bloqueado por grupos armados y obligado después a salir del país), y utiliza su aviación para bombardear a milicias que no son de su agrado, mientras apoya al gobierno de Fayez al-Sarraj, aunque sigue contando con la baza de Haftar, viejo empleado de la CIA. En la práctica, las distintas milicias se bloquean entre sí, y el caos es tal que no existe un bando capaz de imponerse a los demás. Estados Unidos intenta estabilizar la situación, a través del gobierno de Fayez al-Sarraj, aunque no desdeñaría apoyar a un gobierno de Haftar si consiguiera imponerse en la mayor parte del país: quiere contar con un gobierno cliente que asegure sus intereses, y el Departamento de Estado es capaz de hacer presentable a cualquier gobierno de bandidos.

Estados Unidos y sus aliados europeos (Gran Bretaña, Francia) responsables de la tragedia del país, están interesados en cuestiones diferentes: Bruselas intenta contener la llegada de emigrantes desde Libia hoy en día, que algunas fuentes calculan en 150.000 anuales, asunto que preocupa especialmente a Alemania; Washington pretende controlar a Daesh (con quien contemporiza en Siria, donde, de facto, es visto como un aliado en la guerra para derribar al gobierno de Damasco), desactivar los centenares de milicias, y recuperar la producción de petróleo. A su vez, el enviado especial de la ONU para Libia, Martin Kobler, intenta, sin fortuna, mediar en el caos.

Mientras tanto, las televisiones y la gran prensa internacional dejaron hace tiempo de mostrar interés por Libia hoy, siguiendo un guión utilizado muchas veces con éxito. Libia, convertida en un estado fallido, con presencia de Daesh (que acaba de perder Sirte), donde todos los grupos y milicias cometen crímenes de guerra ante la indiferencia occidental, es hoy un país del que ninguna potencia de la OTAN se hace responsable, aunque la tercera parte de la población necesite ayuda alimentaria urgente, aunque los libios tengan que comer ratas y beber aguas pestilentes, aunque se vean obligados a contemplar constantes asesinatos y decapitaciones, aunque allí la vida no valga nada, y las cancillerías sean conscientes de que los libios han sido condenados a vivir en un infierno.

Higinio Polo, en El Viejo Topo