ESPAÑA, ANTÍTESIS EN JUSTICIA TRANSICIONAL

La amnesia colectiva, el olvido generalizado y un pacto de silencio como método para hilar una transición hacia una democracia. Semejante fórmula solo se ha dado y experimentado aquí. Este es el paradigmático caso del Estado español, que se ha convertido en la antítesis de la justicia transicional a nivel mundial. Este proceso, que se puede denominar como “amnesia constituyente” y amparado por una anomalía legislativa que es la Ley de Amnistía de 1977, se estudia en academias, universidades y foros internacionales por juristas, sociólogos e historiadoras como el contraejemplo. Es el método a no seguir de lo que debe ser un proceso de reconciliación y de memoria histórica. Así lo ha constatado el académico, triple doctor en Historia, en Derecho y en Filosofía y profesor universitario en la UPNA, Roldán Jimeno Aranguren, en sus investigaciones en torno a la memoria histórica dentro y fuera de España. Y más cuando se pone en perspectiva y compara el caso español al lado de otros procesos similares.

“La salud democrática de un Estado que ha devenido de una guerra o una dictadura es más o menos fuerte según haya sido su proceso de transición. Aquí nos encontramos ante un olvido penal y una reparación generalmente tardía, incompleta y de escasa cobertura. Cuando no existe este proceso, lo que surge es una democracia débil, de baja intensidad. El caso de España no tiene parangón en el resto de Europa, pero ni siquiera en las dictaduras de América Latina o en otros procesos en África. Nos hemos quedado solos como ejemplo de lo que no hay que hacer”, detalla Jimeno.

El académico navarro reseñó ayer en Pamplona brevemente este proceso, junto con la investigadora y periodista Amaia Álvarez, con la excusa de la presentación del libro Amnistías, perdones y justicia transicional: el pacto de silencio español, en el que Roldán Jimeno aborda el tema desde la perspectiva jurídica.

“Al final del franquismo, la amnistía se convierte en un lema para los opositores. Había una ilusión desbordante, una necesidad absoluta y quizás no fueron conscientes de la dimensión que la Ley de Amnistía de 1977 estaba tomando, en la que los grandes beneficiados son los propios franquistas que pudieran haber cometido crímenes”, resalta Jimeno, quien recordó que tampoco en esa ley se trató la reparación de colectivos entonces tabú y hoy olvidados, como los homosexuales o los procesos a “mujeres adúlteras. Lo que también queda patente es que la transición española no estaba diseñada, se va improvisando y queda en evidencia respecto a procesos que sí juzgaron a los responsables y en las que hubo depuraciones de funcionarios, como en Grecia y en Portugal en esa misma época”, reflexiona el investigador.

Roldán Jimeno destacó un desconocido episodio ocurrido en 1974 que puso en alerta al régimen tardofranquista: el intento del Reino Unido de llevar a la dictadura frente a los tribunales de la justicia universal. El entonces primer ministro británico, el laborista Harold Wilson, pretendía juzgar las violaciones de Derechos Humanos cometidas en España y llamar la atención de la comunidad internacional. Sin embargo, este intento de juicio fracasó. Muere Franco, se corona a Juan Carlos I y se inicia ese proceso de “amnesia constituyente”.

“Además de las leyes de memoria histórica, el mayor impulso ha sido la perseverancia de las nuevas generaciones no condicionadas por ese silencio, y los reiterados avisos que desde el año 2000 la ONU lleva haciendo a España respecto a que no cuenta con los mecanismos suficientes ni adecuados para abordar este asunto, que han puesto a España ante el espejo internacional”.

EL LIBRO

‘Amnistías, perdones y justicia transicional’. El libro editado por Pamiela aborda el “pacto de silencio español” desde la perspectiva jurídica y es una traducción del trabajo que Roldán Jimeno previamente publicó en inglés bajo el título Amnesties, Pardons and Transitional Justicie: Spain’s Pact of Forgetting a modo de memoria de la investigación que durante 2015 llevó en el Centro Irlandés para los Derechos Humanos, de la National University of Ireland, en Galway. Una obra divulgativa para un público internacional, sin vicios localistas, y que trata el proceso de memoria histórica desde los años de la posguerra, en la década de 1940, hasta las últimas propuestas parlamentarias de este año 2018.

Daniel Burgui Iguzkiza, en Diario de Noticias

LO QUE SUPONE EL ASCENSO DE VOX

Los fundadores de Podemos recuerdan bien una encuesta que fue clave en su nacimiento. La del CIS del 8 de mayo de 2014, previa a las elecciones europeas del 25 de mayo que fueron su puesta de largo. Aquella encuesta les dio, por primera vez, la expectativa de un escaño. Finalmente fueron cinco. Pero sin duda en ese resultado influyó que, dos semanas antes de las elecciones, el CIS certificara a Podemos como un partido al que se podía votar sin tirar la papeleta a la basura porque podía lograr al menos un escaño; como una opción de voto útil; como una alternativa realista.

Romper el techo del CIS en la política española es decisivo. Fue decisivo para aquel primer Podemos que celebró ese solitario escaño en la encuesta del CIS como su primera gran victoria. Para alcanzar los escaños antes hay que alcanzar las encuestas, que tienen un poco de anticipación y otro poco de profecía autocumplida, como bien saben en Pacma o Equo. O como le pasó al propio Vox en aquellas europeas, en las que no entraron ni en el CIS ni después en el Europarlamento.

Vox, ahora sí, lo ha conseguido. El escaño que  la reciente encuesta del CIS otorga a este partido de ultraderecha en las elecciones andaluzas es otra prueba más de una tendencia al alza, que reflejan todos los sondeos. También, un espaldarazo que puede aumentar sus votos. Y más allá de las enormes diferencias en cuanto a fondo, forma y mensaje, el ascenso de Vox tiene algún paralelismo con lo que fue, cuatro años atrás, el nacimiento de Podemos. Aunque ambos partidos salgan de espacios electorales antagonistas; dudo muchísimo que Vox vaya a alcanzar algún día la importancia en la política española que hoy tiene Podemos.

Hoy el votante potencial de Vox no se juega gran cosa en estas elecciones, que da ya por perdidas. La derecha tiene más que asumido que seguirá en la oposición en Andalucía. Igual que en aquellas europeas en las que nació Podemos la izquierda no aspiraba a una victoria.

El candidato del PP, Juanma Moreno, no emociona ni a los suyos. Pablo Casado no lo ha sustituido, a pesar de que no pita, y de que era uno de los principales partidarios de Saénz de Santamaría, porque así asumirá un coste político menor con su derrota. El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, tampoco sube con fuerza, porque ha gobernado con el mismo PSOE del que ahora reniega y con el que es posible que vuelva a gobernar. No hay una sola encuesta que pronostique una victoria para la derecha y todos dan por hecho que Susana Díaz repetirá como presidenta, con la única incógnita de quién será su socio de Gobierno.

En ese contexto de opinión pública puede haber, en teoría, mucho votante conservador que se dé el gusto de votar a Vox, como rabieta, como opción deseada y que antes no era realista, o como alternativa a quedarse en casa.

Para PSOE y Podemos, la irrupción de Vox tiene consecuencias positivas porque fragmenta el bloque conservador y reduce sus posibilidades. Desde el Gobierno no ocultan su interés en que Vox engorde y, a corto plazo, puede parecer una buena noticia para la izquierda. Aunque a largo sea una pésima noticia para España.

Que Vox deje de ser un partido friki y residual para convertirse en una opción política legitimada por su presencia parlamentaria es malo para todos. La entrada en las instituciones de sus propuestas –que son una mala mezcla entre el nacionalcatolicismo de toda la vida con lo peor de la ultraderecha europea– daría normalidad a un discurso tóxico para la convivencia. Vox ya está utilizando las mismas técnicas de redes y propaganda que antes usó Trump, que usó Bolsonaro. Pulsando las mismas teclas en el estómago de la sociedad que usa Le Pen en Francia, o Salvini en Italia. Un discurso cuya única diferencia frente sus referentes europeos es un furibundo anticatalanismo, un patriotismo de hojalata. Es de ahí, de Catalunya, de donde sacan la mayor parte de sus votos; donde han encontrado su principal argumento de campaña.

Vox normaliza el racismo. La intolerancia. El machismo. Pretende un modelo tan estrecho para España que solo caben las regiones, y no las nacionalidades. Rompe cualquier idea de país que no sea el de los buenos y los malos, los españoles de bien y la antiespaña que no habla en cristiano. Reivindica  la historia del Cid Campeador y la reconquista, tan falsa como el mito de Santiago. Bebe de la nostalgia franquista y de un nacionalismo supuestamente antinacionalista, donde el himno y la bandera, y no los derechos de los ciudadanos, son el patrimonio más importante.

Vox propone, entre otras medidas, deportar a los inmigrantes ilegales, construir en Ceuta y Melilla “un muro infranqueable”, suprimir la memoria histórica, eliminar las autonomías, ilegalizar a los partidos independentistas, agravar las penas por “ofensas y ultrajes a España y sus símbolos”, presionar diplomáticamente para recuperar Gibraltar o un “plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal”.

Algunas partes de este discurso les sonarán. Ya se nota su influencia en el PP de Pablo Casado, y eso que Vox aún es solo una amenaza no demostrada en las urnas. Imaginen si, además, logran sentarse en el Parlamento de Andalucía.

Ignacio Escolar, en eldiario.es

¿NO SIRVE PARA NADA LA COMISIÓN SOBRE CAN?

Con la vuelta a la actividad del curso político, han vuelto las sesiones de la comisión que investiga ¿Qué pasó en Caja Navarra?. Esa desaparición que algunos se empeñan en negar bajo el eufemismo de transformación en CaixaBank. El hecho cierto es que aquella Caja tutelada por el Gobierno de Navarra, con su aportación tributaria, con el relevante efecto directo e indirecto que generaba en nuestra economía, con el compromiso con iniciativas estratégicas navarras más allá de su aparente rentabilidad económica, con su centro de decisión aquí… aquella Caja Navarra ha desaparecido.

Con el mismo empeño y los mismos intereses, quienes niegan esa desaparición afirman que “esta comisión no está sirviendo para nada”. Es cierto que la maraña de datos, informes y cifras pueda hacer que parte de la ciudadanía se pierda. Pero una cosa está clara: cada vez se sostiene menos aquel relato (cuento, podríamos decir) que los responsables de aquel proceso de desaparición llevan años repitiendo machaconamente.

Ese relato expresado por Enrique Goñi en el Parlamento: “Lo que ha pasado ha sido una tormenta regulatoria unida a una debacle macroeconómica, con una desaceleración súbita, una crisis de confianza y una falta de liquidez tremenda. No hay más que ver qué ha pasado con los bonos soberanos. Eso ha pasado ¿Lo había previsto alguien? No, señorías”. Si eso es lo que acabó con Can, ¿por qué no sucedió lo mismo con todas las Cajas de nuestro entorno geográfico que hoy existen como Caja Rural, Laboral Kutxa, Ibercaja o KutxaBank? O aquella otra explicación del mismo señor Goñi: “Banca Cívica fue un proyecto útil, aunque interrumpido. ¿Por qué útil? Porque permitió la integración en Caixabank, que de otra forma no hubiera sido posible”. ¡Como si hubiera sido el destino prefijado por un visionario!

En esta comisión hemos contado con información proporcionada por la Audiencia Nacional, la UDEF, el Banco de España, etcétera, que no teníamos antes. Hemos contado con el testimonio impagable -basado en datos- de los dos directores generales anteriores al señor Goñi. Hemos conocido los episodios de una gestión nefasta, caótica y megalómana -tanto en los años de bonanza económica como en los del inicio de la crisis- que nos ha permitido descubrir que se había llegado a pérdidas en la actividad ordinaria de Can y que los índices de solvencia bajaron casi al mínimo permitido por la ley. Como un edificio al que se le añaden alturas pero sin profundizar los cimientos, la etapa de Goñi fue el inicio del tambaleo que con la entrada de CajaSol terminó en hundimiento.

También hemos sabido de las compras inexplicables de terrenos baldíos o de participaciones de empresas en las que se pierde el 100% de la inversión. Hemos visto con datos escandalosos que, al mismo tiempo que la Can se iba deteriorando, los ingresos personales del señor Goñi se iban multiplicando. Es decir, que Goñi cobraba más aun cuando peor le iba a la Caja.

Y que cuando llega el momento de las dificultades -esa etapa de la que el señor Asiáin está tan orgulloso-, hemos comprobado que la dirección de la Can elige la peor de las opciones con su decisión de participar en la creación de Banca Cívica, sobre todo con una CajaSol con un volumen de pérdidas esperadas mayor que el de sus fondos propios, lo que nos indica que la caja andaluza podría estar cercana a la quiebra en el medio plazo, a medida que dicha pérdida se fuera materializando. Para fortuna de los andaluces, fue Caja Navarra, quien a través del acuerdo de mutualización, absorbió la mayor parte de esas pérdidas generadas en Andalucía.

Así lo confirma la demoledora due diligence(DD) que encarga CaixaBank antes de comprar Banca Cívica. Una DD que muestra una Banca Cívica cuasi quebrada por el gran volumen de activos deteriorados que trajo consigo CajaSol. Y el acta en el que CaixaBank valora en cero euros los fondos propios aportados por Banca Cívica. A cambio el banco catalán obtendría un interesante fondo de comercio y unos cuantiosos créditos fiscales que le permitirían en los años siguientes un importante ahorro en impuestos que Hacienda Foral dejaría de recaudar. ¿De verdad alguien puede decir que Navarra no pierde nada si deja de ingresar lo que le correspondería?

La triste desaparición de la Caja centenaria de todos los navarros y navarras, que pasó de contar con un patrimonio de 1.200 a 200 millones de euros, se produce con la dejación de funciones, desidia y/o colaboración de un Gobierno de Navarra que tenía estatutariamente la obligación de tutela de la Caja. El de Navarra fue el único Gobierno del que no consta que decidiera algo en este proceso, a diferencia de las juntas de Canarias, Castilla y León y Andalucía, que sí lo hicieron sobre el futuro de sus respectivas Cajas.

Estos datos y otros muchos que no caben en un artículo de opinión los hemos ido conociendo en estos meses al paso de técnicos, directivos y exdirectivos de Can por la Comisión de Investigación. ¿De verdad es sostenible que esta comisión no está sirviendo para nada? Esto solo se puede afirmar desde la ignorancia o desde el deseo de mantenimiento de desinformación.

Nos enfrentamos, sí, a una conspiración de silencio de determinados medios y fuerzas políticas implicadas, pero también contamos con una creciente participación y ayuda de exempleados de Can y de exclientes enfadados que día a día nos dan nuevas pistas y nos piden, nos exigen, que no cedamos en esta búsqueda de la verdad sobre las causas de la desaparición de Caja Navarra.

Koldo Martínez, portavoz parlamentario de Geroa Bai (publicado por Diario de Noticias)

COMPTOS VE UNA CLARA MEJORÍA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Cámara de Comptos ha destacado que la situación financiera de la Administración foral en 2017 presenta "una clara mejoría" en los indicadores económicos-financieros respecto a anteriores ejercicios, a la que han contribuido, ha indicado "la actualización de la aportación del Convenio Económico con el Estado y la reforma fiscal de 2016".

El órgano fiscalizador ha remitido al Parlamento el informe sobre las cuentas generales de 2017, que ofrece una visión global sobre la situación económico-financiera del sector público foral. El informe recoge los datos económicos de la Administración foral y sus organismos autónomos; el Parlamento de Navarra y las instituciones parlamentarias: Cámara de Comptos y Defensor del Pueblo; el Consejo de Navarra; y las sociedades y fundaciones públicas.

El informe señala que la Administración foral gastó el año pasado 3.984 millones e ingresó 4.528 millones. En el capítulo de gastos destacan cuatro áreas: Sanidad, con algo más de 1.000 millones; Educación, con 635 millones; el convenio económico con el Estado, al que se dedicaron 511 millones; la protección social, que suma casi 500 millones; y la deuda pública, que exigió un gasto de 381 millones.

Comptos ha indicado que las cuentas analizadas "reflejan fielmente la imagen del patrimonio, la situación financiera y del resultado económico y presupuestario". Apunta, no obstante, tres salvedades: "la no aplicación en toda su extensión de la normativa contable; la falta de un inventario de bienes; y el no registro de las obligaciones generadas por el montepío de funcionarios".

Respecto a los datos de 2016, los gastos "se han mantenido prácticamente igual", mientras que los ingresos han aumentado un 12 por ciento.

El informe subraya que la situación financiera de la Administración foral presenta "una clara mejoría" en los indicadores económicos-financieros respecto a anteriores ejercicios.

Esta evolución positiva se plasma en que los ingresos corrientes superan en 272 millones los gastos corrientes, incluida la carga financiera. Por primera vez en los últimos años, el remanente de tesorería presenta un valor positivo en 360 millones, "lo que refleja capacidad para amortizar deuda o acometer inversiones", ha resaltado Comptos.

A 31 de diciembre de 2017, la deuda de la Comunidad foral ascendía a 3.258 millones, lo que supone un incremento de 200 millones respecto al ejercicio anterior debido a "la necesidad de financiación externa para hacer frente a vencimientos de deuda". El informe apunta, en este sentido, la "dependencia" de la Hacienda Foral del calendario de amortización de deuda y de la evolución de los tipos de interés de la misma.

En relación a la deuda, la Cámara de Comptos ha recordado que el pasado mes de marzo la agencia Standard&Poor's otorgó a Navarra la máxima calificación: 'A con perspectiva positiva', lo que refleja "la confianza en la solvencia de nuestra comunidad".

El informe señala que en 2017 la Administración Foral cumplió con el objetivo relacionado con el volumen de necesidades de financiación y con el de sostenibilidad financiera, incumpliendo el relativo a la regla de gasto.

En cuanto al análisis de legalidad, la Cámara de Comptos señala que la actividad económico-financiera de la Administración foral "se realiza de acuerdo a la normativa vigente". Se apunta como excepción el gasto abonado por prestaciones con contratos cuya vigencia ha finalizado o sin soporte contractual.

2.922 FUNCIONARIOS MENOS ENTRE 2013 Y 2017

El informe de la Cámara de Comptos incluye un análisis sobre la plantilla orgánica de la Administración foral y la evolución en el personal fijo durante los últimos años.

Entre 2013 y 2017 ha habido 3.523 bajas de funcionarios, la mayoría por haber accedido a la jubilación, mientras que solo 601 funcionarios han ingresado en la Administración foral. Esto supone una variación negativa de 2.922 funcionarios en los últimos cinco años.

Un desfase que "se ha compensado a través de la contratación temporal, que ha aumentado notablemente". De hecho, a finales de 2017 el 45 por ciento de la plantilla de la Administración foral era personal temporal. Para la Cámara de Comptos, ese índice es "excesivo y preocupante" y ha advertido de "la descapitalización del personal y del envejecimiento de la plantilla", cuyas consecuencias considera "negativas". En este sentido, el informe señala que más de la mitad de la plantilla de funcionarios supera los 50 años.

Por todo ello, Comptos urge al Gobierno de Navarra a que "reduzca la temporalidad de su plantilla a través de ofertas públicas de empleo".

17 EMPRESAS PÚBLICAS CON 1.100 EMPLEADOS

Finalmente el informe se refiere a las empresas y fundaciones públicas. En la actualidad existen 17 empresas con 1.100 empleados. El resultado global del ejercicio fue negativo en 369.000 euros. La deuda a largo plazo de las sociedades públicas suma 120 millones.

Respecto a las cinco fundaciones públicas, tiene un patrimonio neto de 1,8 millones y una deuda a largo plazo de 5,4 millones. Emplean actualmente a 154 personas.

El informe de la Cámara de Comptos incluye también un seguimiento de las recomendaciones de anteriores informes. Entre las que quedan pendientes cita la "necesidad de aprobar el Plan General de Contabilidad Pública de Navarra o, en su defecto, aplicar en toda su extensión el Plan General de Contabilidad Pública"; también recomienda que "se reflejen en el balance las obligaciones del montepío de funcionarios, que se elabore un inventario de todos los bienes de la Administración foral y que el sistema contable ofrezca información sobre el coste de los servicios públicos".

Diario de Navarra

NO, EL GOBIERNO DE NAVARRA NO HA PROHIBIDO CANCIONES DE AMARAL Y EL CANTO DEL LOCO POR MACHISTAS

Amaral ha sido Trending Topic otra vez por su canción de 2002  Sin ti no soy nada. El motivo han sido titulares en prensa informando de que el Gobierno de Navarra (sustentado por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra) "censura" canciones del grupo zaragozano, de El Canto del Loco o de Shakira por "machistas". Un diputado de UPN, Carlos Salvador, había compartido unas horas antes una actividad educativa del programa Skolae llamada 'No me cantes violencias' en las que se enumeraba un listado de temas "que promueven sexismo", "que promueven violencia de género" o "que denuncian la violencia de género".

Esa ficha forma parte de un programa que promueve la educación en igualdad dirigido a centros escolares, Skolae, que cuenta con un total de 2010. Lo confirman desde el Departamento de Educación de Navarra a eldiario.es, desde donde niegan "rotundamente" que se censuren esas canciones en clase. "Es rotundamente falso que propongamos la prohibición de escucharlas", explican, "se utilizan contenidos de canciones para cuestionar el modelo de hombre y mujer que muestran, si es el que queremos, sano y saludable".

Desde Educación manifiestan que el programa que lo incluye no es nuevo sino que se implantó como experiencia piloto en 16 centros escolares de la comunidad el curso pasado, y se ha ampliado el presente a otros 100. Se trata de lo que describen como parte de un "material educativo" adaptado a edades. En la ficha que compartía en Twitter el diputado de UPN se especifica que esta en concreto está pensada para chicos y chicas de 12 a 16 años, es decir, estudiantes de la ESO.

La actividad consistiría en analizar letras de canciones para detectar "el mito del amor romántico, de las medias naranjas, de personas que te complementan, de que sin novio no tienes valor... en las que aparecen en el texto y en mil más que hemos cantado. Es material educativo para acompañar a la atención, para hacer ver al alumnado qué escucha, y si están o no de acuerdo. Avanzar en el desarrollo de capacidad crítica frente a la desigualdad como forma de prevenir la violencia". En la ficha se define esto como "analizar el machismo e incluso la violencia que puede reproducirse" en las canciones, indicando que pensar que solo el reaggetón lo hace "es un error".

Declaran además en Educación que las listadas no son las canciones que necesariamente se tratan en clase si se realiza esa actividad, sino que son solo ejemplos. "Se puede trabajar con esas o con las que se proponga, preguntar qué canción se usa o se escucha ahora y vamos a ver", apuntan, como forma de llevar al aula contenidos que los adolescentes integran en su vida diaria, más actuales.

Algunas de las canciones son incluso de otras generaciones:  Te espero sentada es de un disco de Shakira del año 1995, y  La Mataré, de 1987, la retiró de sus directos durante años su intérprete, Loquillo,  por las diversas polémicas. Desde Educación informan de que es porque son cogidas de otros documentos educativos de otras comunidades que se remontan a 2013. Aseguran que "se han utilizado también en Canarias o Comunidad Valenciana", aunque en las respectivas Consejerías no aparece referenciado.

El grupo se ha pronunciado varias veces sobre las acusaciones a la letra de Sin ti no soy nada por tóxica desde que el tema fuera número 1 hace 16 años. Eva Amaral decía  en una entrevista en Público en 2017 que le resultaba "muy difícil" "poder considerarla machista", aunque sí habla "de un sentimiento muy extremo de dependencia emocional".  En una propuesta educativa del Ayuntamiento de Valencia de 2013 utilizaban otra canción de Amaral,  Salir Corriendo, pero como ejemplo de lucha contra la violencia machista

eldiario.es

SANTIAGO ABASCAL Y CIERRA ESPAÑA

El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a insistir ayer en que el nacionalismo y el patriotismo no sólo son muy distintos sino que una cosa es exactamente la contraria de la otra. Fue un cambalache conceptual -algo así como explicar la diferencia entre un paraguas y una sombrilla- que realizó ante 70 jefes de Estado que conmemoraban el centenario del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, una multitudinaria matanza que duró más de cuatro años y en la que perdieron la vida entre nueve y diez millones de personas.

“Perder la vida”, como si te la hubieras dejado olvidada en un autobús, es un eufemismo muy bonito para resumir la agonía de morir con las tripas reventadas de un tiro, el pecho atravesado por una bayoneta, los miembros amputados por la gangrena o los pulmones hechos sopa por el gas mostaza. Esos nueve o diez millones de soldados murieron todos y cada uno de ellos defendiendo una bandera exactamente igual a la que ondeaba detrás de los muy dignos mandatarios que escuchaban a Macron. Es decir, fallecieron de una enfermedad mortal llamada patriotismo, pero no de nacionalismo, que es otra enfermedad distinta y en ningún caso digna de elogio.

¿Cuál es la diferencia? No se crean que es fácil de resumir, entre otras cosas porque el concepto de “patria” incluye el de “nación”, según muchos diccionarios. Albert Rivera ha vertebrado buena parte de su discurso en esa distinción, que él resume en esta frase que parece el reclamo de una óptica: “Sólo veo españoles”. El patriotismo no se guía por conceptos obsoletos como la raza o la lengua, sino por valores unas veces abstractos, como la libertad, y otros más concretos, como los índices del Ibex. La conferencia de Macron era muy interesante, pero algunos de los presentes no pudieron evitar aburrirse, bostezar o directamente pegar cabezadas como el rey de Marruecos, Mohamed VI. Sentada al lado de Trump, que tenía cara de estarse preguntando cuándo servían la manduca, estaba Angela Merkel con unos cascos en los que seguramente estaba oyendo Hip hop. El peñazo habría resultado más interesante si, eufemismos chorras y disquisiciones bizantinas aparte, Macron hubiera soltado alguna verdad sobre la auténtica mecánica del patriotismo. Por ejemplo, aquello que dijo Patton sobre que ningún bastardo había ganado una guerra muriendo por su país, sino haciendo que otros bastardos murieran por el suyo.

Mucho más directo y expeditivo, Santiago Abascal no ha dudado en recurrir al lenguaje bélico en el acto de presentación de los candidatos de Vox a las elecciones andaluzas que tuvo lugar en Sevilla. Citó a un gallego, Salvador de Madariaga, para recordar que un andaluz es “un español al cuadrado”, prometió cerrar las mezquitas fundamentalistas (a Pablo Iglesias, en un alarde de humorismo muy personal, lo llama “Pablo Mezquitas”) y apeló a la épica de la Reconquista en una comunidad (él prefiere hablar de “regiones”, al estilo franquista) que es propiedad del PSOE desde hace décadas. La operación de vuelta atrás, a los orígenes, queda patente en su denuncia de los que quieren convertir la Catedral de Córdoba en la Mezquita de Córdoba, una reescritura histórica sólo apta para costaleros cerebrales. Al igual que Rivera, Abascal es muy patriota, pero poco nacionalista, aunque ambos sólo ven españoles desde Gibraltar hasta el Pirineo, exceptuando Portugal, donde sólo ven bacalao.

David Torres, en Público

LAS LECCIONES DEL CASO BATERAGUNE

La sentencia de Estrasburgo en relación a las cinco condenas dictadas en el caso Bateragune vuelve a demostrar la importancia suprema de contar con una justicia independiente e imparcial. Sin independencia o con parcialidad no hay verdadera justicia y quiebra además la confianza, esa institución silente que vertebra la vida en sociedad y la convivencia democrática.

Ante vulneraciones de derechos tan evidentes como la injusta condena padecida por los encausados en el caso se puede y se debe formular sana y dura crítica, porque tales errores y actuaciones desviadas han sido evaluadas y apreciadas, una vez más, por el Tribunal de Estrasburgo.

No hay sentencia que pueda rescatar ya la libertad perdida ni compensar la afección al vulnerado derecho a la participación política. La sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo -que en cuanto a este extremo de la eventual compensación económica se remite a un eventual proceso interno ante la Justicia española- declara que los condenados sufrieron un juicio injusto, vulnerándose así el derecho contemplado en el art.6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretado en la ausencia de imparcialidad por parte del tribunal sentenciador.

Ello mina una vez más la credibilidad democrática de tribunales de excepción que, como la Audiencia Nacional, contravienen el principio (art 24 de la Constitución) del derecho al juez natural predeterminado por la ley y que han hecho del Derecho penal de autor buena parte de su razón -anómala- de existencia.

Y si además, como ocurrió en este caso, su orientación es secundada después por el Tribunal Supremo y por el propio Tribunal Constitucional -en ambos casos con importantes disidencias internas plasmadas en votos particulares- el descrédito para la justicia española es mayor, si cabe.

Procede recordar ahora que ya en su voto particular discrepante, el magistrado del Supremo Miguel Colmenero opinó que el recurso de Otegi debió ser estimado, en atención a que la sentencia de la Audiencia Nacional fue dictada por la magistrada Ángela Murillo, a la que el Supremo anuló una sentencia anterior por falta de imparcialidad hacia Otegi. Para el magistrado Colmenero, debía haberse anulado la sentencia y celebrarse otro juicio.

Otro magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, compartió los argumentos de Colmenero pero además consideró que si la documentación sobre una línea política autónoma de ETA no se consideró suficiente para ilegalizar a Bildu, mucho menos debería serlo para condenar penalmente a sus valedores, aunque procedan del mundo de Batasuna, por lo que debieron ser absueltos.

Todavía hoy causa perplejidad jurídica analizar los fundamentos jurídicos contenidos en los 177 folios de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por los que decidió mantener en prisión a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez por el delito de integración en banda armada. Una sentencia dictada con ajustadísima mayoría en la Sala -tres votos frente a dos discrepantes-, que en su primera versión-borrador contemplaba una orientación contraria a la luego conocida y que finalmente se inclinó, cambiando el magistrado ponente o redactor de la misma, por mantener la débil, indiciaria y alejada de toda prueba de cargo condena a los imputados.

En el caso de Arnaldo Otegi, la condena -confirmada pero rebajada en su extensión temporal respecto a la fijada por la Audiencia Nacional- por parte del Tribunal Supremo a seis años de cárcel llevó aparejada una pena accesoria de diez años de inhabilitación que le impiden acceder a un cargo público hasta 2021. Al persistir a día de hoy los efectos de tal parte de la sentencia, y tras la decisión de Estrasburgo, Otegi tiene abierta, una vez que ésta sea definitiva -solo cabe intentar por parte del Gobierno español un complejo y poco viable recurso ante la Gran Sala, integrada por 17 magistrados en la propia Corte de Estrasburgo- la vía de un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para solicitar la anulación de tal condena.

En efecto, la reforma del año 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de un recurso de revisión de una resolución judicial firme “cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo sobre protección de Derechos Humanos”. Este recurso solo se admite siempre que la violación del derecho “entrañe efectos que persistan” -en el caso de Otegi, sigue inhabilitado- y solo podrá ser presentado “por quien hubiera sido demandante” ante el TEDH.

En este caso concurren todos y cada uno de esos requisitos. El margen de maniobra del Supremo es mínimo. No hay argumento ni procesal ni sustantivo que pudiera llegar a fundamentar una sentencia confirmatoria de tal pena de inhabilitación y su mantenimiento hasta 2021. Tal hipotética decisión supondría desvirtuar la decisión del Tribunal de Estrasburgo e implicaría de facto un desacato a la misma, porque los Estados parte en el texto normativo internacional, como lo es España, se comprometen a acatar las sentencias de Estrasburgo, sentencias que tienen (art.46 del Convenio) fuerza obligatoria.

Juanjo Álvarez, en Grupo Noticias