MULTAS A CAPRICHO

Vaciar las calles a palos y a multazos es la forma de hacer política social del Partido Popular. Así lo entiende, entre muchos otros cargos públicos, la delegada del Gobierno en Navarra, cuya espuria presencia en la vida política padecemos. Se nota de lejos que quiere hacer méritos dentro del régimen policiaco que ha ido urdiendo su partido y lo está consiguiendo. Su capacidad política se reduce a ser un instrumento de represión del Ministerio del Interior y a figurar en mojigangas, entre uniformados y ensotanados. Resultan repulsivos.

Se les llena la boca con la palabra democracia, como si la representaran en exclusiva, cuando están atacando todo un sistema de derechos y libertades cívicas más elementales, como es el de expresión. Sus ataques a los derechos civiles contemplados en la Constitución son constantes. Y esto no es de ahora. Hace más de dos años que la arbitrariedad de las multas como forma extrema de represión estaba a la vista de quien quisiera verlo y no aplaudirlo. La represión entre tanto ha ido a más. Y muy pronto alcanzará de lleno a los medios de comunicación que no sean serviles con el poder, como son ahora mismo la mayoría de los que se publican o las televisiones, públicas y privadas.

Es propio de bellacos tener pleno conocimiento del estado de precariedad material de los más débiles y, precisamente por eso, acosarlos con multas que comprometen aun más su vida cotidiana, su deteriorado bienestar. Eso es utilizar el miedo como herramienta de control social. ¿De qué cohesión social habla esta gente? Sin duda del silencio de los sometidos, el que resulta de perseguir y atajar cualquier forma de disidencia efectiva y de protesta, y de referirse encima a “marcos legales” que saben tan podridos como inoperantes. En la práctica casi todo está prohibido.

Tienen que acallar a la ciudadanía con sus arbitrariedades y abusos porque, entre otras cosas, son incapaces de atajar el mal que les constituye, que es el de la corrupción generalizada que alcanza al gobierno y a altos cargos de su partido de manera flagrante. Lo silencian, pero no lo atajan, porque no pueden, porque son ellos, les identifica, es su más firme ideología: el enriquecimiento indecoroso, la prevaricación constante. Para atajarlo deberían marcharse, algo que no harán, o deberíamos echarlos y perseguirlos luego ante unos tribunales de justicia a los que ellos mismos se hurtan cuanto pueden y convierten no en un sistema de ejercicio de derechos, sino en una maquinaria represiva en contra del ciudadano despojado en la práctica de cualquier defensa efectiva. La maquinaria burocrática es meramente policial y está urdida contra el ciudadano.

Y si no pueden atajar la corrupción, mucho menos pueden generar empleo real, pero a cambio estafan a los ciudadanos con rescates bancarios y mejunjes financieros; son incapaces de defender la soberanía nacional, pero nadie es más patriota que ellos; no protegen el derecho a la vivienda, pero a cambio urden pactos de silencio informativo para que se hable lo menos posible de ese drama; su respuesta a la inmigración es propia de delincuentes; desmontan la sanidad pública para convertirla en un negocio y la enseñanza poco menos que un privilegio de clase... pero eso sí, no hay quien les gane con la arbitrariedad de las multas, la manejan como la Camorra esa recortada que llaman lupara.

La arbitrariedad no puede formar parte de los fundamentos de un estado de derecho... salvo aquí.

Decimos: este asunto hay que llevarlo a los tribunales europeos, al Consejo de Europa... Bien, sí. Europa debe enterarse de lo que está sucediendo aquí. ¿Para qué? ¿Qué hace el gobierno con las recomendaciones y admoniciones europeas en materia de derechos humanos? Burla.

No estaría de más oír la voz de la magistratura independiente, que la hay, ante este nuevo sistema de atropellos, arbitrariedades y abusos hechos ley, el de las multas gubernativas en aluvión, por todo y por nada, sin otra base legal que la arbitrariedad y que, en la práctica, coloca al ciudadano en una situación de indefensión. Los jueces lo saben y o bien están de acuerdo con el sistema o bien callan, lo que no sé si es peor.

Miguel Sánchez-Ostiz, en Diario de Noticias

LA PUNTILLA DE FLAMARIQUE

La gran obra cooperativa que levantó hace un siglo el "cura de Olite" Victoriano Flamarique saltó por los aires por los malos socios que le acompañaron en el negocio de la exportación de vino a Cuba, México y Ecuador. El sacerdote emprendedor, motor de la modernización económica del pueblo y algunas localidades de la Merindad, buscó socios capitalistas en Bilbao que le dejaron en la estacada y arruinaron. Hasta hubo en tiempo en el que el conocido Café Iruña de la capital vizcaina estuvo empeñado por los de Olite. Sin embargo, al final las deudas ahogaron la idea, los inversores abandonaron al visionario Flamarique y el proyecto cooperativo quedó herido de muerte.

En el libro recientemente publicado sobre el centenario de la bodega cooperativa de San Martín de Unx, el economista que ha trabajado de auditor en la Cámara de Comptos Jesús Muruzábal Lerga cuanta que en 1921 Flamarique intervino en la semana agropecuaria que organizó en Álava la Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza, oportunidad que aprovechó para explicar cómo un año antes había promovido la creación de la Federación de Bodegas Cooperativas de Navarra en la que participaban las de Olite, San Martín de Unx y Villafranca "con el objeto de abrir nuevos mercados en el extranjero para nuestros vinos".

Para ello constituyeron una sociedad que operaba desde Bilbao, Bodegas Iruña, con un capital de un millón de pesetas del que las bodegas suscribieron 450.000. Los demás socios eran comerciantes, contratistas, agentes de bolsa y hasta militares con influencia en el norte del África colonial. Destacaban por su implicación de 125.000 pesetas cada uno, Severo Unzué y José Garamendi, que pusieron las instalaciones mientras la federación de cooperativas navarras aportaba el vino. Unzué, además de gerente, también se ocupó de comercializar los caldos en centro América, mientras que Garamendi hacía lo propio en el protectorado español marroquí.

Pronto, en marzo de 1921, comenzaron los problemas. Los socios acordaron ampliar un desembolso en metálico del 10% de su participación. La junta se reunió y decidió no enviar más vino a La Habana hasta que Unzué no mandara el dinero de las ventas. El momento era tan grave que, según recoge Muruzábal, "podría acarrear a la Sociedad una situación peligrosísima y a caso fatal". Sin embargo, contradictoriamente, optaron también por seguir con la exportación.

Las cosas se enturbiaron más. Hubo socios capitalista, como Garamendi, que abandonaron el barco, mientras Unzué reforzó su presencia y se puso un sueldo anual de más de 5.000 pesetas. Simultáneamente, la sociedad que este último mantuvo con el nombre de Vinos Iruña acumuló una deuda pendiente de 210.660 pesetas.

La federación de bodegas navarras llegó al límite. Destituyó de gerente a Unzué y, para compensar sus deudas, se hizo con el negocio que el exsocio explotaba en el Café Iruña de la calle Berástegui de Bilbao, que alquilaron para compensar las pérdidas. Bodegas Iruña, cuyo valor se depreció a menos de la mitad del capital inicial, entró en un declive tal que, en octubre, acordó su liquidación.

El balance de situación era elocuente. Las pérdidas sumaban 842.453 pesetas y el activo más importante estaba reducido al local del café bilbaino, valorado en 101.881 pesetas. En una junta que se celebró en Olite, el nuevo gerente de las bodegas confirmó el estado ruinoso de las cuentas, "por los abusos cometidos por algunos socios, al cubrir deudas particulares" con fondos de la sociedad, lo que obligó a la expulsión de Unzué y la adquisición del café de su propiedad.

En julio de 1923 hubo un intento de resucitar la empresa con la creación y refinanciación de Nuevas Bodegas Iruña Limitada, en la que participaban al 25% cada uno el Banco Agrícola Comercial y la Compañía Productores y Exportadores Españoles, ambos también de Bilbao, mientras las bodegas de Olite, San Martín y Villafranca salían al paso con el 50% restante.

Pero el negocio ya no funcionó. Las pérdidas de las tres cooperativas navarras sumaban 790.587 pesetas. La de Olite tuvo que hacer frente a 395.293, la de San Martín a 237.176 y la de Villafranca a 158.117. La mala elección de socios capitalistas y el negocio fallido de la exportación de vino a América supuso la desaparición de la bodega de Villafranca y dio la puntilla a la de Olite, que durante 15 años tuvo que arrendarse y no elaboró caldos como cooperativa.

Además, hubo que alquilar la sede del centro católico que había impulsado el cura, su salón de actos, el café y la biblioteca. También desapareció la caja rural que financiaba el proyecto y con ella decayó toda la obra social. Los sectores más conservadores de la sociedad, así como los oportunistas que retiraron el apoyo cuando era más necesario, se frotaron las manos.

El edificio de ampliación de la bodega, actual sede de Vega del Castillo, permaneció en manos de algunos socios que funcionaron como junta liquidadora de la deuda. Solo en 1941, con el aumento de precio del vino tras la guerra civil, pudo reanudar su actividad como cooperativa. Fue demasiado tarde para el alma mater del proyecto, el cura Flamarique, que tras el fracaso de su brillante aventura murió prácticamente "exiliado" como canónigo de la catedral de Tarazona (Zaragoza).

Luis Miguel Escudero, en La Voz de la Merindad

LA RUINA DEL AVE: TRAS 22 AÑOS EN MARCHA, LOS INGRESOS NO CUBREN NI UN TERCIO DE LA INVERSIÓN

La alta velocidad está siendo una de las grandes apuestas del Gobierno para revitalizar la inversión en obra pública. Sin embargo, cada vez será más difícil que el Estado rentabilice la inversión en una red cuyo mastodóntico coste se aleja cada vez más de los ingresos que logra obtener por su explotación. Desde que se puso en marcha el AVE, con la apertura al tráfico de la línea Madrid-Sevilla, la inversión se ha disparado por encima de los 47.000 millones de euros, mientras que los ingresos apenas han superado los 14.200 millones.

Es decir, la cantidad recaudada por la venta de billetes no cubre ni siquiera un tercio de la inversión que se ha realizado hasta este momento. Y al ritmo actual de incremento del número de pasajeros, aún deberían transcurrir 40 años para llegar a amortizar la inversión aunque se diera la red por concluida, algo que está lejos de suceder, dado los planteamientos del Ministerio de Fomento.

Actualmente, la obra en curso del gestor de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) asciende a más de 12.500 millones de euros, a los que hay que sumar los costes de mantenimiento de los cerca de 2.300 kilómetros que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Otra lectura de estas cifras es que hubiera hecho falta el triple de pasajeros que ha empleado las líneas de larga distancia y alta velocidad para poder amortizar la inversión realizada durante las últimas dos décadas.

Pero este capítulo también va a ser complicado. El pasado año, Renfe logró su un registro histórico de 24 millones de pasajeros de larga distancia y alta velocidad. Pero son cifras que quedan en ridículo si se comparan con los 160 millones de pasajeros que registró Alemania, con una red de alta velocidad con la mitad de kilómetros que la española.

Y tampoco admiten paralelismo alguno con las que exhibe Francia, con 120 millones de viajes en 2013, con una red aún más pequeña que la alemana.

Con estas cifras no son de extrañar las palabras pronunciadas la pasada semana por el presidente de Adif. En un desayuno informativo organizado por Executive Forum, Gonzalo Ferre admitió que la red de alta velocidad en España “no tiene ni pies ni cabeza” con tan sólo 24 millones de pasajeros. “Es insostenible”, remarcó Ferre para después admitir que “vamos a necesitar mucha imaginación para hacerla rentable”.

Los números justifican las palabras de Ferre. Desde que se abrió la primera línea de AVE, la cifra de pasajeros ha superado los 388 millones, lo que ha resultado tremendamente insuficiente para hacer rentable ninguna de las líneas que actualmente está en funcionamiento.

Además, cabe añadir que las tasas media de ocupación y aprovechamiento de los trenes no supera en ninguno de los ejercicios el 70%.

Los esfuerzos de Renfe Operadora por incrementar la cifra de pasajeros se han visto reflejados en estrategias como una notable reducción del precio de los billetes y la incorporación de nuevos servicios como los denominados vagones silenciosos, en los que no está permitido el uso de dispositivos móviles.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha mostrado repetidamente su satisfacción por el hecho de que la cifra de pasajeros de larga distancia y alta velocidad se haya incrementado y que tenga como horizonte inmediato la cota de 28 millones de pasajeros. Sin embargo, para el presidente de Adif no es suficiente.

Gonzalo Ferre estima que la red debería contar con el doble de pasajeros de los que actualmente se registran en los próximos cuatro años. El objetivo sería alcanzar los 50 millones para 2018 o, como mucho, para 2019.

Una meta que se corresponde más con los deseos que con una realidad palpable. Bien es cierto que la entrada en servicio de cerca de 1.000 kilómetros más de trayectos de alta velocidad contribuirá a aproximarse al objetivo.

Pero tampoco escapa a nadie que, igualmente, volverá a poner en lugar inalcanzable la ansiada rentabilidad. 

Raúl Pozo, en Vozpópuli

CIFUENTES Y ETA

La desestimación de la demanda por injurias interpuesta por Ada Colau, ex portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, obliga a discutir el alcance de la libertad de expresión que merece un cargo público cuando exhuma el espantajo de ETA para desacreditar a sus adversarios. La activista acusaba a la política del PP de vulnerar su derecho fundamental al honor al vincularla al "entorno de ETA". Cifuentes declaró en el 2013 en una entrevista radiofónica  que "la PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Y más tarde especificó que Colau había manifestado su apoyo hacia "grupos que tienen mucho que ver con el entorno de ETA".

Para la jueza Atarés, aunque la opinión de la política fuera inexacta estaba amparada por el derecho de expresión como posición personal alrededor del debate sobre los límites de los escraches. En la sentencia, el motivo principal para bajar el listón de protección al honor de la activista fue que en el pasado ésta hubiera recurrido a duros calificativos (como "gentuza") para referirse a los miembros del PP.

A pesar de su aparente razonabilidad, estos argumentos presentan serios problemas. Pretender otorgar el mismo alcance a la libertad de expresión de quien ostenta el poder de quien carece de él es un claro despropósito.  En primer lugar porque no es lo mismo ser un cargo público que un tertuliano o ciudadano cualquiera. Por razón de su cargo, precisamente, cuando la delegada atribuye hechos concretos a personas con nombre y apellidos goza  de una especial fiabilidad. No por casualidad, algunos no dudaron en creer el falso apoyo "a grupos filoetarras" y la injuria corrió como pólvora por todas las redacciones de los medios de comunicación. Determinar lo que es una opinión o una información a menudo no es fácil. No pocas opiniones se apoyan en datos que constituyen informaciones. A la práctica, algo decisivo es saber quién es el emisor de las palabras controvertidas. En este caso, no resulta ocioso recordar que Cifuentes es responsable de la seguridad pública de los madrileños. Difícilmente sus valoraciones personales puedan deslindarse de las propias de su función pública. Sea en una entrevista o en una rueda de prensa, sus opiniones en materia de seguridad tienen un evidente sesgo informativo. Es, por eso, que debe medir siempre sus expresiones, contrastar la información y evitar causar alarmas innecesarias en cuestiones tan sensibles como las vinculadas al terrorismo.

En verdad, cuando se escuchan las palabras de la delegada es imposible ocultar la sensación de que, precisamente, lo que pretendía era despertar el rechazo hacia Colau. Hacia la portavoz de una organización que gozaba de un creciente respaldo social (de hasta el 90% según las encuestas) en un momento en que los índices de popularidad del PP estaban por los suelos. Durante muchos años, el recurso al comodín del terrorismo ha formado parte del manual de la derecha española cuando ésta se ha visto en apuros. Y ese sí es un rasgo distintivo de ella respecto a las derechas catalanas o vascas, quizás por no compartir su pasado antifranquista. La invocación de ETA para descalificar la acción de un adversario suele tener un gran impacto emotivo y es útil cuando se pretende expulsar a alguien del campo de juego. Por allí empiezan o terminan muchas discusiones. Cuando un dirigente político, o un periodista, logran estamparle el epíteto de "proetarra" a quien les incomoda, el plano de debate se desplaza al terreno propio y todo empieza a girar en torno eso.

En el caso de Colau la infamia se inoculó con una gran carga de virabilidad en la opinión pública y con un efecto inmediato. Tanto en los medios como en las redes su nombre quedó irremediablemente asociado al de ETA. Eso fue, sin duda, el pistoletazo de salida de todo tipo de insultos, amenazas de muerte contra ella y su hijo de 3 años, acusándola de "terrorista". Pronto llegaron también los vetos en los platós televisivos y las infatigables interpelaciones para que pidiera perdón a las víctimas. De la mano del diputado Iturgaiz, la injuria voló hasta el Parlamento europeo cuando el PP solicitó que se le retirara el prestigioso galardón Premio Ciudadano Europeo 2013.

Subrayar las coincidencias más aparatosas con ETA, y si no existen inventarlas, forma parte de una estratagema habitual del PP especialmente aberrante. En primer lugar porque se mantiene vivo el fantasma del terrorismo para ganar posiciones políticas a costa de estigmatizar y proyectar una sombra de sospecha sobre los adversarios políticos. Ese es el caso reciente de Pablo Iglesias. En segundo lugar porque se banaliza el sufrimiento de ciertos colectivos sociales, ya sea el de las miles de familias que pierden sus casas con la estafa de las hipotecas ya sea el de las propias víctimas del terrorismo. Sin ir más lejos, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) calificó las injurias contra Colau como "una falta de respeto" hacia ellas. Las muestras de rechazo llegaron también de Amnistía Internacional, Human Right Watch u otras entidades del mundo de la justicia o los derechos humanos. La propia asociación Jueces para la Democracia emitió un duro comunicado en el consideraba que se trataba de una "difamación gratuita y tremendamente censurable".

Igualmente preocupante es que haya jueces con dificultades por distinguir el nivel de protección de la libertad de expresión y del honor destinado a un cargo público y el del resto de los ciudadanos. En efecto, no puede tratarse igual en una sociedad democrática la crítica efectuada desde el poder que la crítica de quien no lo ostenta. Y más cuando ésta última se dirige no contra otros particulares sino, precisamente, contra él. No en vano, tribunales como el de Estrasburgo han recordado en varias ocasiones que esa crítica  goza de mayor protección y que el Estado, por la posición dominante que ocupa, debe procurar evitar criminalizar al disedente. "Los límites a la crítica aceptable -mantuvo el Tribunal en 1998- son más amplios respecto al Gobierno que respecto a un simple particular". Y recordó que "sus actos deben situarse bajo el atento control no sólo de los poderes legislativos y judiciales, sino también de la opinión pública".

Lo cierto, no obstante, es que a la práctica sucede justo lo contrario. Las multas indiscriminadas y el acoso sistemático de la delegada del gobierno contra los manifesantes en Madrid son un buen ejemplo de ello. La impunidad de declaraciones difamatorias de cargos públicos contrasta también con la dureza exhibida cuanto son otros los que se exceden. La petición de 4 años de prisión y condena a un ciudadano por haber llamado "puta" en twitter  a la propia delegada es otra prueba de ese doble rasero. A la luz de este relato, no resulta extraño que se generalize la percepción de que existe un trato de favor hacia los más fuertes. Lo que para ellos es un simple ejercicio de libertad de expresión, para los más débiles se convierte en un grave exabrupto a castigar. En verdad, cada vez que eso sucede las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que cuando un responsable político quiere mantener a raya a un disidente u opositor, acusandole impunemente de "terrorista" o "filoterrorista", no solo degrada su honor e imagen púbica. Degrada a la sociedad que lo tolera. Y a sus espacios de crítica, irrenunciables en cualquier sistema democrático.

Jaume Asens, abogado, en Público

EL MINISTRO DEL "TODO ES ETA"

Del auto del juez Ruz no se desprende que el exministro Ángel Acebes se haya apropiado de fondos del PP, sino que pudo conocer la existencia de una caja B y no alertó al respecto, y que permitió que otros tomaran para sí dinero de esa contabilidad opaca como, presuntamente, la mujer del extesorero Luis Bárcenas. En cualquier caso, no se trataría de una imputación menor. Desde algunos ámbitos ya se ha anticipado que el partido va a tratar de minimizar la mayoría de las acusaciones de corrupción asegurando que el grueso de los hechos se remonta a la época del expresidente español José María Aznar, o bien salpica a sus hombres fuertes, condición que indudablemente ostentaba Acebes como exministro de Justicia y después de Interior. Podrían contribuir a esa teoría las informaciones que apuntan a que la red Gürtel que lograba contratos con administraciones públicas del PP a cambio de regalos o comisiones sufragó parte de la boda de la hija de Aznar con Alejandro Agag. Aun así, la oposición ya ha puesto sobre la mesa que, cuando Mariano Rajoy se hizo con la presidencia del PP en 2004, designó como número dos a Acebes, que ocupó la secretaría general hasta 2008. Además, a pesar de sus fuertes vinculaciones con Aznar, el exministro ha sido un hombre clave dentro del PP en general, apadrinó la Ley de Partidos que desembocó en la ilegalización de la izquierda abertzale, y será recordado por haberse empecinado en atribuir los atentados del 11-M a ETA cuando todo apuntaba al islamismo radical.

DUREZA Acebes es el símbolo de la época más dura del PP en materia de paz y normalización. Le tocó ser ministro de Justicia (2000-2002) y de Interior (2002-2004) después de que fracasaran las conversaciones de Zurich entre el Gobierno de Aznar y ETA, y fue justo entonces cuando comenzó a gestarse un estado de opinión en los ámbitos más inmovilistas de Madrid a favor de endurecer el discurso ante la organización armada y la izquierda abertzale. En aquella época se asentó definitivamente la teoría del todo es ETA, amparada por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Antes de la llegada de Acebes, ya se había ordenado la clausura del diario Egin, pero fue él quien, inspirando la redacción de la Ley de Partidos de 2002, dio un soporte normativo y en cierto modo un impulso a las ilegalizaciones de partidos y a las operaciones contra todas aquellas estructuras que el Estado considerara soportes de ETA, ya fueran periódicos o bares.

A partir de entonces y en cascada, se sucedieron las ilegalizaciones de HB, EH, Batasuna y las marcas posteriores; y se sembró la semilla de los macrojuicios, esas vistas en las que llegaban a compartir banquillo hasta medio centenar de personas, y cuyos casos irían resolviéndose incluso años después del adiós de Aznar por las dilaciones procesales. Durante la era Acebes, se desarticuló la asamblea de electos municipales Udalbiltza, arrancó el sumario contra las herriko tabernas que ha desembocado recientemente en una condena contra líderes de Sortu como Rufi Etxeberria o Joseba Permach -aunque la mayoría tienen toda la pena cumplida o buena parte de ella en prisión preventiva-, y Egunkaria fue clausurado.

En ese último caso, Acebes llegó a querellarse contra el exdirector del medio, Martxelo Otamendi, por denunciar torturas. El exministro consideró que sus acusaciones eran falsas y que había seguido “a pies juntillas el manual de ETA que aconseja a sus militantes” que denuncien malos tratos. Por ello, intentó imputar un delito de colaboración con la organización armada a Otamendi. Pero el PP recibió un serio revés. La denuncia de Acebes fue archivada por la Audiencia Nacional, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó condenando a España por no investigar las torturas referidas por el periodista.

En su empeño por vigilar los pasos de la izquierda abertzale, terminó salpicando al PNV. Insinuó que los jeltzales no serían los más indicados para oponerse a la Ley de Partidos cuando en el Parlamento Vasco “toda la oposición lleva escolta, se encuentra el exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, y desde la tribuna se justifican los atentados”. “Eso es una vergüenza”, lanzó. Cuando el Tribunal Supremo ordenó disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la Ley de Partidos, avisó de las “graves consecuencias” que traería un incumplimiento de la orden judicial por parte de la Mesa de la Cámara presidida por el jeltzale Juan María Atutxa, que terminó inhabilitado, al igual que Kontxi Bilbao y Gorka Knörr.

ISLAMISMO También fue protagonista tras los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid. Cuando se halló una furgoneta con detonadores y una grabación del Corán, insistió en la autoría de ETA como hipótesis principal. Haber reconocido la responsabilidad de Al Qaeda hubiera colocado al PP a los pies de los caballos cuando solo quedaban tres días para las elecciones generales, ya que la opinión pública hubiera interpretado que el brutal atentado que segó la vida de casi doscientas personas había sido una represalia por la participación del Estado en la guerra de Irak, una intervención muy cuestionada.

No obstante, la hipótesis de ETA parecía tan forzada a ojos de los votantes que nadie la creyó, y a la rabia inicial provocada por el atentado se sumó la indignación por sentirse manipulados por el Gobierno español con fines electorales. Quedan para la historia las protestas de los ciudadanos ante las sedes del PP en puertas de la votación. Terminó ganando el socialismo de José Luis Rodríguez Zapatero, y nunca podrá saberse si el resultado hubiera sido el mismo si el PP hubiera admitido desde el primer momento que el atentado lo perpetró Al Qaeda.

CATALUNYA El exministro exprimió el argumento de ETA también en el debate del Estatut catalán. Acebes utilizó las informaciones sobre el diálogo entre la organización armada y el ex conseller en cap y ex líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira para tratar de deslegitimar la reforma estatutaria asegurando que estaba “tutelada” por la organización armada. Además, fue uno de los diputados que firmaron el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El cepillado de la norma por parte de los jueces ahondó el descontento de los catalanes con el Estado español y, tras un nuevo varapalo del PP a sus aspiraciones con la negativa de Rajoy a negociar un pacto fiscal, abonó la ola independentista y condujo a la apuesta por la consulta a la que los populares siguen sin encontrar una solución política.

Miriam Vázquez, en Noticias de Gipuzkoa

DEMANDA ARTIFICIAL

Las demandas artificiales. Las demandas artificiales, que mencionó Barcina al hilo de la extensión del Modelo D a cualquier punto de la geografía navarra si se modifica como parece que así será la Ley del Euskera de 1986: “Con el cambio se pueden crear demandas artificiales con objetivos políticos”. Me encantan las palabras nuevas. O las uniones de palabras que aportan más que la suma de esas palabras en solitario. También disfruto cuando alguien en su enfado o en su berrinche confunde lo que quiere decir. Y que encima y además y por esta confusión insulta al otro. No existen las demandas artificiales. Por definición una demanda es algo real. Demandas comida si tienes hambre, bebida si tienes sed y cultura si te sientes bobo, pero si lo haces, si demandas, es porque existe algo real, tangible, que deseas. Si padres y madres de localidades de Navarra creen que sus hijos e hijas van a formarse mejor o más en el Modelo D, eso no es una demanda artificial. Puede ser una demanda insuficiente, que lleve a costes económicos disparatados, pero nunca artificial. Puede ser una demanda que no gusta a Barcina y su gente, que siempre ven en el otro a un ser -padres en este caso- abyecto que solo tiene objetivos políticos, como dijo ella. Es aquí donde Barcina insulta a esos padres y madres. Y lo hace gravemente, negando la posibilidad de que simplemente quieran que sus hijos estudien en euskera, que es un idioma. La oferta sí que puede ser artificial y muchas veces lo es. Si ofertas un macropabellón, un circuito de coches, un museo de la fiesta. A veces se ofrecen cosas poco viables o muy arriesgadas que no coinciden con la demanda, muy inferior a lo que se ofrece y a lo que se gasta. A UPN lo que de verdad le puede es que ya no controla todo el supermercado y cada vez menos qué quiere la gente para comer, para beber y para dejar de ser bobo.

Jorge Nagore, en Diario de Noticias

PODEMOS Y CATALUNYA

La convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya, en estos momentos bastante probable, aunque no del todo segura, tendría una gran dimensión experimental, llámense o no plebiscitarias. Ese carácter plebiscitario no lo van a decidir, de antemano, ni la Generalitat, ni los partidos, ni las asociaciones cívicas que hoy actúan como partidos en Catalunya, ni los medios de comunicación, no siquiera las redes sociales. El carácter y significación de unas elecciones lo deciden libremente los ciudadanos con su voto. Esos comicios anticipados podrían alcanzar, o no, cierto carácter plebiscitario, pero constituirían, con toda seguridad, el mayor experimento político en la España en crisis.

Esas elecciones anticipadas, en diciembre o enero del año que viene, abrirían las urnas – las urnas de verdad– en el momento más álgido e impredecible del enfado social por el mal funcionamiento de la política profesional y las instituciones. Elecciones en la segunda área metropolitana de la península en el peor momento de la más difícil de las tres crisis hoy en curso: la crisis económica, la crisis de Catalunya con el Estado español y la crisis en la moral pública.

Experimento Catalunya, como otras veces en la historia. Elecciones en el momento de máxima eclosión de la Tangentópolis española, que también es la Tangentópolis catalana. Cada semana, un nuevo escándalo, como mínimo. Ayer fue imputado por manejo de dinero negro el ex ministro del Interior y ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes. Dinero de la ‘caja B’ del PP para, entre otras actividades, financiar Libertad Digital, el portal del periodista Federico Jiménez Losantos, uno de los más destacados pirómanos de la España reciente. Un agitador protegido durante años por el cardenal Antonio María Rouco Varela, hasta que el Vaticano decidió parar los pies a la Cope incendiaria. Ayer también se supo que la justicia de Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por presunto blanqueo de dinero. Y pronto vendrá la investigación fiscal de Catalunya Caixa. Momento de máximo voltaje.

El experimento del 2012, que CiU no supo ver

Las anteriores elecciones catalanas, en noviembre del 2012, ya tuvieron un marcado carácter experimental, que Artur Mas, sus asesores, sus consejeros y su equipo de campaña no supieron captar en toda su profundidad en el momento de decidir el anticipo. Era la primera vez que se abrían las urnas en la fase más intensa de la política de austeridad en España. Un despliegue de recortes particularmente intenso en Catalunya, en el campo de la sanidad y la enseñanza. La gente tuvo la oportunidad de ir a votar mientras caían chuzos de punta sobre sus intereses materiales Votó soberanismo, mayoritariamente -sin desbordar excesivamente el caudal de voto nacionalista del 2010-, pero no quiso concentrar su voto en Convergència i Unió.

CiU perdió 12 diputados y Esquerra Republicana ganó 11. Sumados, ambos partidos perdieron un diputado en relación a la anterior convocatoria. Los avatares de la actual legislatura catalana son fruto de aquella reestructuración del voto nacionalista/soberanista, en buena parte motivado por el malestar por los recortes. Muchos electores no quisieron dar plenos poderes al partido que tenía la tijera podadora en las manos y que defendía su uso con rigorismo jansenista, casi luterano. En aquel tiempo, el presidente de la Generalitat, un hombre educado en la escuela cartesiana francesa y con notable apego a la disciplina, profesaba el credo merkeliano con más devoción que ahora. Ahora estamos en vísperas de un Partit del President casi de centroizquierda. Lo veremos muy pronto. Adiós neoliberales catalanistas, adiós. El nuevo referente del grupo dirigente catalán es hoy, en lo social, el primer ministro italiano Matteo Renzi: camisa blanca, determinación, eficacia, discurso de la equidad y Twitter.

El 14 de noviembre del 2012, diez días antes de las elecciones, el equipo de Mas no supo leer la gran manifestación de protesta que recorrió las calles de Barcelona. Los sindicatos habían convocado huelga general contra la gestión de la crisis, al unísono con los sindicatos portugueses. La huelga general ibérica. El paro fue irregular en toda España, pero la manifestación más numerosa fue la de Barcelona. A un sector del nacionalismo/soberanismo catalán la interferencia de lo ‘social’ le molesta profundamente. Es algo que viene de lejos. En 1936, un núcleo de Estat Català conspiró activamente contra el presidente Lluís Companys por la proximidad de este con los sindicatos. Hay un libro muy interesante al respecto: “Contra Companys, 1936” (Universitat de València, 2012), coordinado por los historiadores Enric Ucelay-Da Cal y Arnau Gonzàlez Vilalta.

Mercado único de la indignación en España

En noviembre del 2012, la directiva de CiU no supo leer el significado de esa manifestación –y si lo supo, ya era demasiado tarde- y ahora podría ser que los principales dirigentes del bloque soberanista –no sólo los de Convergència- ignorasen la existencia de un mercado único de la indignación social en España.

La teoría de la desconexión de la sociedad catalana respecto de los avatares del resto de la sociedad española no es cierta. Es, en mi opinión, una incorrecta apreciación de la realidad social. Con toda seguridad existe ‘desconexión’ entre la intelectualidad nacionalista y en sectores sociales de intenso activismo. Pero nunca hay que confundir la parte con el todo. La realidad, como siempre, es bastante más compleja. Pondré un ejemplo. La semana pasada en la residencia sanitaria Germans Trias (Can Ruti) de Badalona, había unos carteles convocando una asamblea, cuyo primer punto llevaba por titulo: “Tots som Teresa”, en referencia a Teresa Romero, la enfermera gallega infectada de ébola en el hospital Carlos III de Madrid. El sistema sanitario público catalán es orgánicamente independiente del madrileño y, sin embargo, Teresa conmueve. Si el contagio su hubiese producido en un hospital de Toulouse no habría carteles en Can Ruti diciendo “Nous sommes tous avec Thérèse”. Hay en estos momentos un mercado único de la indignación en España y el nuevo operador político en ese mercado se llama Podemos.

Posibles elecciones anticipadas en Catalunya en el momento en que cristaliza y toma consistencia un nuevo vector: el vector Podemos. El partido de la protesta, el Partido de la Ira. Podemos está dando el primer paso para configurarse como una organización política estable, con estructuras de carácter vertical, y a lo largo de esta semana 150.000 inscritos votarán las líneas maestras del programa y de los criterios de funcionamiento. El ‘hastag’ de apoyo a Pablo Iglesias en twitter fue tendencia ayer en Barcelona. Los resultados de la votación, el próximo lunes.

Podemos, vector fuerte en el área metropolitana

Podemos es en estos momentos la principal novedad de la política española, con incidencia en Catalunya, muy particularmente en los barrios más periféricos de la ciudad de Barcelona y en los municipios del área metropolitana. Los círculos de Podemos han surgido en la Gran Barcelona que hace años votaba mayoritariamente a socialistas y comunistas. Después de una primera prueba en las europeas del pasado mes de mayo, hay mucha gente con la papeleta de Podemos entre los dientes esperando a que abran los colegios electorales. Es probable que sea Artur Mas i Gavarró, presidente de la Generalitat, el primero en hacerlo. Experimento Catalunya. Alto voltaje.

Las encuestas más recientes otorgan a esa nueva corriente radical-democrática, con sesgos populistas, unos 50 diputados en unas elecciones generales. Un resultado que desbarataría definitivamente el esquema binario de la política española y abriría nuevos escenarios en las Cortes, obligando, quizás, a un pacto de gran coalición PP-PSOE. Esa es hoy la tendencia.

El actual grupo dirigente de Podemos –el ‘triunvirato’ formado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón– concede mucha importancia a la política catalana e intentará tener ficha en el nuevo tablero si hay anticipo electoral. Tienen mentalidad estratégica. Hay, al menos, dos trabajos demoscópicos recientes que otorgan unos 12 diputados catalanes a Podemos, si las elecciones al Parlament se celebrasen hoy, con el actual sistema de partidos. Esos doce diputados podrían dejar medio noqueada a ICV-EUiA (el equivalente catalán de Izquierda Unida), empujando a la suma de CiU y ERC por debajo de los 68 diputados. Los dos partidos principales del nacionalismo/ soberanismo /independentismo podrían no alcanzar la mayoría absoluta. En el Palau de la Generalitat tienen constancia de estas proyecciones.

El ‘Partit del President’

Evidentemente, estas estimaciones deben ser matizadas. En estos momentos, con unos porcentajes de fidelidad de voto muy bajos para los partidos principales, los sondeos hay que cogerlos con pinzas. Siempre hay que hacerlo y ahora más que nunca. En caso de elecciones anticipadas, CiU, con toda probabilidad, no acudirá a las urnas con ese nombre. CiU ha muerto como marca electoral en el interior del cráter Jordi Pujol. Creo que nunca más veremos papeletas con el anagrama de CiU en los colegios electorales. Está surgiendo el ‘Partit del President’ que tomará otro nombre e incorporará a numerosos independientes, con o sin Unió (en mi opinión con Unió). CDC también quiere sumar a ERC en la gran lista –“lista de país” en el argot- y esta no quiere y busca la manera de escabullirse. Esa es una de las causas de la increíble película de los hermanos Marx que esta semana está viviendo la política catalana. Haya o no lista unitaria del nacionalismo/soberanismo, el ‘Partit del President’ será una de las dos novedades de las elecciones anticipadas, si finalmente se convocan. La otra novedad será Podemos.

Podemos querrá presentarse en Catalunya. Estratégicamente no pueden renunciar al tablero catalán. Deberán encontrar la fórmula –solos o acompañados-, definir un programa y seleccionar un candidato o candidata capaz de competir con figuras ya muy conocidas por los electores. No es fácil y teóricamente no hay mucho tiempo para ello. La marca Podemos es hoy fuerte, pero en unas elecciones la figura del candidato cuenta mucho. Ellos lo saben bien e imprimieron el rostro de Pablo Iglesias en las papeletas electorales de las recientes europeas. El ‘triunvirato’ de Podemos deberá aguzar el ingenio si quiere estar en el tablero estratégico catalán.

Podemos es hoy el décimo pasajero de la política catalana. No se le ve, pero se le intuye. ICV les tiene pánico. ERC teme ver bloqueado su avance en el área metropolitana de Barcelona. La joven CUP –que estos días está demostrando una gran agilidad política- está incómoda. Los socialistas, demediados, ven venir otra sisa. Ciutadans está que trina con el partido que ha interceptado el ascenso de Albert Rivera al Olimpo del regeneracionismo.

¿Elecciones plebiscitarias? Experimento Catalunya. Experimento metropolitano.

Enric Juliana, en La Vanguardia