Echarse para atrás no es fácil. La retirada es un arte. Las retiradas han de ser escalonadas, graduales y ordenadas, evitando en todo momento la precipitación, la desbandada y la confusión. Primero un escalón, después otro, con un correcto desplazamiento del puesto de mando, que en ningún momento debe quedar aislado de los que encabezan la retirada y de los que la protegen por detrás. Toda retirada ha de intentar realizarse con dignidad, en severo combate con la desmoralización. Las retiradas pueden ser la antesala de la rendición, o el movimiento necesario e inteligente para evitar la derrota, reagrupar fuerzas, reorientar la estrategia y preparar futuras victorias. La retirada es un arte.
El Gobierno -el Gobierno de España-, ha comenzado el curso político con una retirada y media. Hace quince días conocíamos la decisión del presidente Mariano Rajoy de retirar la contrarreforma de la ley del aborto, auspiciada con esmero y verdadera pasión biográfica por Alberto Ruiz Gallardón, ex alcalde de Madrid, ex presidente de la Comunidad de Madrid, personaje de gran relieve del centro derecha español, miembro del círculo fundacional de Alianza Popular, maquinador incansable y siempre posible candidato a la presidencia del escalón superior, No ha sido, la de la ley del aborto, una retirada cualquiera. Estamos hablando de una cuestión de principios.
La Iglesia católica ha criticado la decisión, la ha criticado con dureza, pero ha decidido no salir en persecución de los que se retiran. La Iglesia del Papa Francisco no quiere entrar en combate con el Partido Popular, ni desgastarle en exceso. Sabe que en un escenario político distinto al actual podría abrirse en España un serio debate político sobre la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede de 1979, que adaptaron el antiguo concordato a la nueva Constitución. La Iglesia de Roma siempre mide muy bien sus pasos. Dos mil años de cultura política nos contemplan. El PP ha sido flexible en una cuestión de principios. Y la Iglesia ha decidido ser flexible con el PP. ¿Quién ha dicho que en España no hay flexibilidad y pragmatismo? Hay flexibilidad, y mucha, cuando conviene.
El Partido Popular suele comenzar los cursos con un gran ejercicio de ‘arriolismo’. El grupo dirigente se reúne con Pedro Arriola, sociólogo de cabecera del partido desde mediados los noventa, y escucha atentamente su carta astral: la sociedad se mueve por aquí, estas son las tendencias, la economía será decisiva, pero no es todo; cuidado, mucho cuidado, con movilizar al electorado de la izquierda. Compactad, compactad, compactad y sembrad la contradicción en el campo adversario.
El pragmatismo arriolista, modulado en Sevilla (lugar de nacimiento del sociólogo), una ciudad con ciclos festivos largos que hacen del paso del tiempo una elipsis perfecta, se basa en un principio sociológico inmutable como la Semana Santa: el centroderecha español –la unión del centro y la derecha, con clara preponderancia de la derecha- no tiene ‘mayoría natural’ en la sociedad española, lo cual obliga a dar la máxima prioridad a su compactación y a desarrollar constantes estrategias de división y desmovilización del campo contrario. Esta es la receta básica. Arriola detecta ahora que el gran enfado de fondo en la sociedad, como consecuencia de las tres crisis que asolan el país (crisis económica, Catalunya y desconfianza en las instituciones), repercute de manera muy directa sobre el área PSOE, fragmentándola con la fortísima proyección de Podemos en los sondeos. Lo cual puede dar lugar a un paisaje nuevo. Radicalmente nuevo. Un PP erosionado, ganador y solitario. Un PP cuyo problema no será ganar, sino disponer de las alianzas necesarias para poder gobernar.
Rajoy pensaba primero en una retirada gradual, silenciosa y escalonada de la ley Gallardón, como es su estilo, pero tuvo que acelerar al tener noticias del “golpe de efecto” que preparaba su ministro de Justicia, herido en su orgullo. Gallardón quería anunciar su dimisión en el Congreso de los Diputados, estando el presidente en China y a cinco días de la convocatoria en Barcelona de la consulta soberanista. Rajoy fulminó el proyecto de ley, se llevó por delante a Gallardón y se fue a China con un humor de mil demonios. No fue una bella retirada.
Ahora se prepara una segunda retirada, con mayor prudencia y sigilo. El PP también comenzó el curso con el firme propósito de modificar la ley electoral municipal con vistas a introducir un sesgo mayoritario en las elecciones locales del 2015, que vienen envenenadas. En realidad, esta decisión comenzó a madurarse entre los meses de junio y julio. Inmediatamente después de las europeas, con un descalabro más que notable de los dos partidos principales, los denominados ‘barones regionales’ del PP -expresión horrenda que nos ilustra sobre la visión feudal que aún perdura en la política española-, comenzaron a transmitir mensajes de gran preocupación a la Moncloa. Nervios. Nervios. Hay qué hacer algo.
Comenzó a idearse entonces una reforma de la ley electoral local para otorgar un premio de mayoría al partido o coalición más votada, con el sugerente y engañoso título de “elección directa del alcalde”. ¿Queréis más democracia? Pues aquí la tenéis. Corrección mayoritaria del sistema electoral local, para evitar que los ayuntamientos sean gobernados por “pactos de perdedores”. Se cotejaron las encuestas, se repasaron los mapas y se llegó a la conclusión de que un premio de mayoría para el partido que alcanzase el 40% de los votos, con más de cinco puntos de ventaja sobre el segundo, era un buen corte para Madrid, Valencia y la gran mayoría de las capitales de provincia, dada la notable fragmentación del voto de la izquierda con la impetuosa entrada en escena de Podemos. El curso comenzó con esta idea, expresada en algún momento con aires de “trágala”: si al PSOE no le gusta, da igual, tenemos mayoría absoluta para aprobarlo.
A lo largo del verano, sin embargo, algunas de las coordenadas de fondo se han modificado. Las perspectivas de recuperación económica siguen ahí, en las previsiones del Ministerio de Economía y en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado, pero el cuadro de estancamiento europeo y las derivadas de la tensión occidental con Rusia y el recrudecimiento de la guerra en Mesopotamia no invitan a un exagerado optimismo. Las cosas se pueden complicar en los próximos meses. Y las corrientes de malestar en la sociedad española son cada vez más profundas, quizá más profundas de lo que indicaron las elecciones europeas. Sólo faltaba el Ébola.
El PP comenzó el curso con el firme propósito de cambiar la ley electoral municipal –las leyes electorales regionales son más difíciles de tocar, puesto que en su mayoría se hallan vinculadas a los estatutos de autonomía, cuya modificación suele requerir mayorías cualificadas-, pero topó con el rechazo frontal del PSOE: no, no, no y de ninguna manera. Rechazo total del PSOE y dificultad de encontrar aliados. CiU estaba casi disponible, pensando en la alcaldía de Barcelona. Inicialmente estaba más disponible la U que la C, pero la cuestión catalana está que arde y no se va enfriar antes de Navidades. El Partido Nacionalista Vasco también estaba algo disponible, siempre que los catalanes fuesen por delante. La modificación de las reglas electorales ocho meses antes de unas elecciones es un asunto muy delicado en un país en el que la desconfianza en la esfera pública está alcanzando cotas escalofriantes. Un “trágala” sería ahora muy temerario.
Desde mayo, la confianza en los grandes partidos no ha cesado de descender. En estos momentos, ninguna encuesta sitúa al PP con el 40% de los votos en ninguna capital de provincia relevante, por muy fragmentado que pueda estar el espacio electoral socialista. El 40% es hoy un listón demasiado alto para el premio de mayoría. Es probable que ese umbral no lo supere nadie en las grandes ciudades. En Barcelona, con toda seguridad, no. Para tener efectos reales sobre el mapa político, el premio de mayoría debería otorgarse ahora a la lista que obtuviese el 35%. Y ese es un porcentaje mucho más difícil de justificar, sin un pacto político amplio . Un ‘trágala’ con el listón rebajado al 35% sería un escándalo.
La alternativa al premio de mayoría es la introducción de una segunda vuelta, abierta a más de dos partidos, según el modelo municipal francés, en el que pasan al ‘ballotage’ los partidos que logran superar el 11% del voto sobre el censo. Esa era hace unas semanas una alternativa plausible, que provocaba recelos entre algunos dirigentes territoriales del PP, especialmente en Galicia, donde la dinámica de “todos contra el PP” ha sido muy interiorizada por las izquierdas. Una segunda vuelta con el PP en primer lugar, el PSOE debilitado y un dinámico Podemos pisándole los talones, no era una mala perspectiva para el combate electoral en las grandes ciudades. Pero este escenario también ha cambiado. Podemos tiene prácticamente decidido no concurrir con su nombre en las elecciones locales. Su grupo dirigente se quiere reservar para las generales de noviembre. No quieren líos internos, ni entrar en el complicado obrador de los pactos. El grupo dirigente de Podemos tiene miedo a verse en medio del pasteleo de los pactos municipales, con los socialistas e Izquierda Unida reclamando la convergencia de toda la izquierda. Podemos quiere llegar a las generales sin mácula ‘partidista’.
Tomando como patrón el resultado de las elecciones europeas, Podemos ha superado el listón municipal del 5% en 3.247 municipios españoles. Ello significa que el grupo encabezado por Pablo Iglesias podría tener concejales en más de 3.000 de los 8.000 municipios que hay en toda España. Tendría asegurada representación municipal en casi todas las 63 ciudades con más de 100.000 habitantes. ¿Tiene capacidad el grupo propulsor de Podemos para gestionar una tarea de tal envergadura? Las europeas, con circunscripción única, son fáciles de organizar. Las municipales exigen un aparato político fuerte, experimentado y habituado a la complejidad humana.
Podemos no quiere ir a las municipales, pero la “corriente social Podemos” querrá expresarse cuando en mayo se abran los colegios electorales. Por ello han empezado a surgir otro tipo de fórmulas como la candidatura ‘Guanyem Barcelona’ que se está gestando en la capital catalana, con Ada Colau previsiblemente al frente. Podemos podría indicar a sus potenciales votantes que esa es la candidatura adecuada: ni Izquierda Unida, ni Podemos, algo nuevo con el timbre de todas las izquierdas alternativas. Una fórmula que exige la selección de buenos candidatos, con verdaderas dotes taumatúrgicas: poner de acuerdo a las diversas izquierdas alternativas no está al alcance de todos los humanos. La izquierda, cuanto más izquierda es más razón cree tener. Y la razón pura, auténtica pieza de porcelana, no admite mercadeos y componendas.
Estos próximos meses veremos grandes maniobras para incrustar el espíritu rebelde de Podemos en las más variadas candidaturas de izquierda. Incluso, el PSOE se está iniciando en esta caligrafía. Aires de asamblea, camisas blancas con las mangas arremangadas, rebeldías mediáticas, ingenios publicitarios, asesores posmodernos, oh yea..., propuestas, más o menos informales, como la de eliminar el ministerio de la Defensa. Podemos habita ya entre nosotros, sin que conozcamos su verdadera dimensión física. Está y no está. Nos hallamos ante un gran acontecimiento metafísico.
Sin un Podemos orgánico y multiplicado por tres mil municipios, una segunda vuelta electoral favorece claramente al PSOE o a los ‘Guanyem’ o ‘Ganemos’ que tengan éxito. En tales circunstancias, una segunda vuelta podría favorecer, por norma general, la unidad electoral de las izquierdas. “Todos contra el PP”.
Por todo lo anteriormente expuesto, la reforma de la ley electoral municipal es en estos momentos especialmente problemática para el Gobierno de Mariano Rajoy. La ilusión de principios de septiembre se ha desvanecido. El PP la ha puesto a enfriar en la nevera y no debiera extrañarnos que de la primera bandeja pase pronto al congelador. A menos que surja una inesperada posibilidad de pacto.
La arte de la retirada, efectivamente, requiere gracia, talento y un manejo adecuado del tiempo. Así en Madrid, como en Barcelona.
Enric Juliana, en La Vanguardia
