La nacionalización parcial de Bankia, intervención de hecho de la entidad,
llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular, es un hito importante, y no
el último, en el desarrollo de la grave crisis en la que está instalado el
sistema bancario.
La forma en la que se ha realizado la intervención es tanto
un reflejo de las contradicciones que recorren al PP, como de la falta de
profesionalidad de sus dirigentes, en un tema en el que deberían tener interés
en aparecer como gente capaz.
Un suceso tan relevante como la nacionalización de
una entidad sistémica, señalada públicamente como tal por el FMI, ha sido
ejecutado con improvisación, filtraciones y titubeos. Fácilmente se podría haber
disparado el pánico de los depositantes, con lo que alguna modalidad de
“corralito” habría sido una realidad en nuestras tierras.
Las contradicciones del PP se pueden resumir en lo siguiente: “No salen las
cuentas”. Los rescates, éste y los próximos, se llevan por delante las más
optimistas previsiones sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit
público. Las cifras que están en juego superan, en orden de magnitud, los
bestiales recortes anunciados y aprobados. Por mucho que se empeñen en repetir
que esto no va a costar nada, las cuentas no salen.
La economía española está inmersa en un bucle contractivo de tal magnitud,
que hace perecederas al instante cualquier cifra estimada sobre el volumen de
las pérdidas de las entidades financieras. El volumen de los activos que en los
bancos no generan rendimientos, total o parcialmente, va a seguir creciendo,
porque el efecto contractivo de los recortes solo se ha manifestado de forma
incipiente. Es decir, la necesidad de provisiones y el reconocimiento de
pérdidas van a continuar.
La crisis bancaria surgió de la mezcla de los errores de gestión de los
directivos bancarios, junto con los intereses mutuos de enriquecimiento no
sostenible de dichos directivos y de los empresarios tóxicos (no son los activos
los tóxicos, sino los empresarios y los banqueros), pero, posteriormente, las
denominadas políticas de austeridad agravaron la crisis bancaria inicial y la
convierten en irresoluble.
La crisis de las subprime en Estados Unidos aceleró la explosión de la
burbuja financiera en España, porque los bancos y las cajas de ahorro se
financiaban mediante las titulizaciones de los préstamos hipotecarios,
titulizaciones que colocaban en Europa y la financiación interbancaria de bancos
no españoles. Ambas vías de financiación colapsaron en agosto de 2007, por lo
que bancos y cajas adoptaron duras restricciones a la concesión de créditos, y
la actividad económica se paralizó bruscamente con la inmediata subida del paro.
En esos momentos algunas cajas de ahorro ya exhibían una situación patrimonial
cercana a la necesidad de intervención.
Era el caso especialmente, de Caja Madrid, Bancaja y CAM. Pero la falta de
una política de fuerte estímulo de la economía, por parte de los gobiernos
europeos y, posteriormente, las políticas neoliberales de brutales recortes, han
exacerbado la crisis económica, convirtiéndola en gran recesión, lo que ha
amplificado y extendido la crisis bancaria al conjunto del sector. Por otra
parte, la denominada crisis de la deuda soberana ha sido la consecuencia de la
crisis económica, provocando la enorme caída de los ingresos fiscales, y el
deterioro de los bancos y cajas, dado que, como ha ocurrido, el gobierno
terminaría rescatando a las entidades con problemas
1.- La
formación de la burbuja
Desde el inicio del euro el crédito concedido, en España, por los bancos y
cajas de ahorro, pasó de representar el 88% del PIB, en el año 2000, al 171% en
el año 2008. Además, la cartera que más creció fue la de construcción y
vivienda. El parque de viviendas nuevas, en el año 2000, ascendió a 334.000
unidades, mientras que en 2007 alcanzó las 734.000 unidades. El precio medio de
la vivienda se duplicó en el mismo período. Además, el inicio del crecimiento de
la construcción de viviendas se inició unos años antes de la creación del euro
como divisa.
El resultado de estas cifras es que en 2007 la exposición al riesgo de impago
de promotores y compradores de vivienda era descomunal. El crédito también se
dirigió a grandes y medianas empresas industriales y de servicios. Pero existen
diferencias significativas con el riesgo inmobiliario.
La mayoría de los promotores inmobiliarios arriesgan muy poco capital en sus
negocios. La práctica habitual, consentida por los bancos y cajas de ahorro, es
la concesión de un alto porcentaje de financiación sobre el total del proyecto,
con el argumento de que habitualmente los préstamos serán subrogados a los
compradores finales de las viviendas. Pero hay otras razones, especialmente en
las cajas de ahorro, y son los vínculos políticos y económicos que se establecen
entre el núcleo directivo, el consejo de administración, formado por políticos,
y los empresarios, promotores inmobiliarios.
En el caso de que la promoción fracase, total o parcialmente, es
prácticamente imposible recuperar la inversión, o en cualquier caso, las
pérdidas serán cuantiosas. Además, las entidades financieras financiaron la
compra de suelo, incluso no urbanizado, basándose en precios determinados por
los precios de los inmuebles que en muchos casos no se llegaron a construir.
Los productos no vendidos no son exportables y solo pueden deteriorarse. El
parque actual de viviendas en manos de las cajas de ahorro y bancos los han
convertido en las mayores inmobiliarias. Pero con la particularidad de que son
activos que solo generan costes.
La formación de la burbuja era ya bastante evidente en 2002. El Banco de
España, con Caruana nombrado por el PP, como gobernador, no acometió ninguna
labor preventiva, y la supervisión prudencial brilló por su ausencia, Miguel
Angel Fernández Ordoñez (MAFO), nombrado por el PSOE también se abstuvo de
intervenir, y la burbuja explotó.
¿Se podía haber abortado la burbuja inmobiliaria? Greenspan declaró que no
era posible utilizando los tipos de interés, y ese argumento se ha repetido por
nuestros lares, teniendo en cuenta además, que el Banco de España no tenía ya el
control de los tipos de interés. Sin embargo, la forma de impedir la formación
de la burbuja, o frenarla en sus comienzos, habría sido mediante la exigencia de
provisiones específicas adicionales, tanto por incremento de la cartera de
promotores, como por exceso de concentración del crédito promotor. Dictar esas
medidas sí estaba al alcance del Banco de España, pero no lo hizo.
La provisión estadística o anticíclica, algo tenía en cuenta el crecimiento
del crédito, pero era muy favorable al crédito hipotecario, por el efecto de las
garantías. En definitiva, el Banco de España falló en la regulación prudencial,
sea por razones de falta de voluntad política y responsabilizarse de abortar el
crecimiento, o bien sea por incomprensión de la situación, o por ambas
cosas.
2.- La crisis de Bankia
En la crisis de Bankia confluyen dos cajas de ahorro, Caja Madrid y Bancaja,
pero en el análisis también podemos incluir a la CAM, cuya crisis estalló antes.
Entre las tres han acumulado un terrorífico volumen de créditos ligados al
negocio inmobiliario. Comparten ciertas características comunes, que les
confiere cierta singularidad dentro del sistema bancario español. Estas tres
cajas han estado gobernadas por el Partido Popular en el período en el que se
incuba la burbuja inmobiliaria.
La cartera de préstamos de las tres entidades ha acumulado una gran
concentración de préstamos a promotores inmobiliarios, con los que los miembros
de los consejos de administración tenían fuertes vínculos, o incluso se llegaban
a sentar en los consejos como empresarios independientes. En el caso de la
Comunidad Valenciana, Bancaja y CAM financiaron todo tipo de proyectos
faraónicos, que resultaron, en gran parte, inversiones fallidas. Las tres cajas
tomaron grandes participaciones industriales, con el fin de sentar en los
consejos de administración de las grandes empresas españolas a los presidentes y
otros destacados miembros de las cajas.
El principal mérito de Miguel Blesa, catorce años presidente de Caja Madrid,
fue el ser amigo de Aznar, y en el caso de José Luis Oliva, el haber sido
presidente de la Generalitat Valenciana, le convertía en un reputado banquero.
Los sueldos conocidos de los presidentes de las cajas se igualaron con los de
los bancos privados, al mismo tiempo que las remuneraciones de los consejeros
también alcanzaban cifras escandalosas. Así se conseguía el gobierno corporativo
“perfecto”, en el que los intereses de los consejeros estaban adecuadamente
alineados con los intereses de los presidentes: enriquecerse todos.
El núcleo directivo no podía estar al margen de la bonanza y, además de
retribuciones y fondos de pensiones millonarias, se les premiaba con puestos en
consejos de administración de empresas participadas, muchas de ellas compartidas
con promotores inmobiliarios. Así se cocinaron las condiciones ideales para la
tormenta perfecta. Todos los implicados tenían intereses en el negocio, y éste
estaba basado en aumentar el balance, generar beneficios a corto plazo, porque
si la situación cambiaba, ya tenían sus cláusulas de protección, en forma de
fondos de pensiones y salida de la entidad con indemnizaciones millonarias.
3.- El Banco de España
El Banco de España no tuvo voluntad en poner fin a la burbuja inmobiliaria, y
una vez desatada la crisis financiera, actuó con criterios nacionalistas y
corporativistas, defendiendo las maravillas de la regulación anticíclica y la
solvencia de las entidades españolas. Es cierto que en Europa los bancos
centrales actuaron con criterios similares al Banco de España, lo que dio lugar
a una serie de pruebas de estrés condicionadas por los intereses de cada ente
regulador, y consiguiendo más desconfianza que otra cosa, cuando una vez pasadas
la pruebas seguían manifestándose graves problemas de liquidez y solvencia, sin
necesidad de que se dieran las condiciones extremas planteadas en las pruebas de
estrés. También es cierto que la regulación anticíclica era una medida positiva,
pero muy parcial e incompleta, y no la medicina adecuada ante una crisis
sistémica.
Con la llegada de MAFO el gobernador intentó paliar sus carencias de
conocimiento de los problemas de los bancos, con los ataques cotidianos contra
los intereses de los trabajadores. Mientras tanto, el Banco de España dedicó
grandes recursos a validar, y a convalidar, modelos de riesgo de crédito
construidos por las entidades, en el marco de Basilea II, para cumplir con los
requerimientos de recursos propios, modelos que han sido barridos por la
eclosión de la crisis bancaria.
Es difícil encontrar una prueba empírica más contundente, para testificar el
fracaso. Mientras los técnicos del Banco de España, han dedicado ingentes
recursos públicos para comprobar la supuesta validez de las bases de datos, los
sistemas de rating y las estimaciones de probabilidades de default , la
solvencia de las entidades se disolvía como un azucarillo en el café para todos
de Basilea II. Sin embargo, todavía no hemos visto ninguna reflexión crítica,
emanada desde el Banco de España, sobre las causas de la crisis bancaria y el
fracaso de la regulación tecnocrática y favorable a las entidades que son las
reglas de Basilea.
4.- EL Banco Central Europeo (BCE)
El BCE es uno de lo grandes problemas de la crisis. El poder político y
económico, favorable a los intereses de los empresarios y banqueros, han dotado
al BCE de un estatuto de independencia de los gobiernos, mientras que los
gobiernos resultan dependientes del BCE. Esta situación insólita, que invalida
los más elementales principios de la democracia formal, ha convertido al BCE en
el tirano de Europa. Derribar esta tiranía es uno de los principales objetivos
para poder avanzar en una salida de la crisis. Draghi, igual que Trichet, impone
condiciones a los gobiernos. Modula las inyecciones de liquidez, para que el
sistema no se hunda, pero utiliza su inmenso poder como arma de chantaje.
Las dos últimas inyecciones de más de un billón de euros, no han sido gratis.
Sin esas inyecciones muchos bancos no podían hacer frente a sus necesidades de
liquidez ante los vencimientos de deuda emitida, ni tampoco podrán haber seguido
acudiendo a las subastas de deuda pública en España e Italia. Pero el BCE impone
condiciones de forma autoritaria y exige más sacrificios, más recortes y más
austeridad. Su ideología fundamentalista, y su estatuto de independencia, en
línea con las fuerzas conservadoras, es uno de los principales obstáculos para
una salida de la crisis.
5.- Las nacionalizaciones para socializar pérdidas y privatizar
beneficios
Los gobiernos de derecha son enemigos de lo público salvo cuando tienen que
utilizar los recursos públicos a favor de los intereses privados. Esto se vuelve
a repetir con la nacionalización de Bankia y los apoyos públicos ya concedidos,
más los próximos que están por venir. Por más que el ministro Luis de Guindos
repita que lo que está haciendo es un magnífico negocio para los contribuyentes,
las terribles consecuencias de la crisis y de las políticas de recortes son
irreversibles (Los costes de la reforma financiera).
Con la creación de los “bancos malos” el gobierno ha abierto otra vía de
necesidad de apoyos de recursos públicos. Después de tanto “esquema de
protección de activos”, FROB, cocos, el problema elemental es que las cajas y
los bancos han sufrido, y van a sufrir, enormes pérdidas, y “alguien” tiene que
hacerse cargo de ellas. Hay que reponer capital a las entidades o dejarlas caer
y, en ambos casos, las pérdidas se socializan, porque el capital solo procede de
los recursos públicos, sea en forma de emisiones de deuda pública, emisiones del
FROB, o futuros rescates procedentes de Bruselas, que también habrá que pagar.
Pero esto son los costes directos, porque los costes indirectos del
estancamiento y retroceso económico, por muchos años, es inconmensurable.
6.- Perspectivas
Con la intervención de Bankia se ha producido una escalada en la evolución de
la crisis bancaria, que se acelera por momentos. Desde todos los ámbitos se
reclama saber cual es el “verdadero valor de los activos tóxicos”, para lo cuál
el gobierno ha exigido la actuación de expertos independientes que valorarán no
solo las carteras dañadas, sino todos los activos bancarios. La petición de
expertos independientes deja por los suelos al Banco de España que es el
responsable directo de evaluar la salud de las entidades bancarias. Pero, en
cualquier caso, se trata de un esfuerzo inútil. El resultado del trabajo de los
evaluadores independientes será más zozobra.
Es una muestra de que los más elementales principios económicos se
desconocen. Realizarán estimaciones que a los pocos meses quedarán obsoletas,
porque en un escenario tan abierto como el actual las variables fundamentales
están en la política. Solo un cambio de rumbo profundo en las políticas de
recortes puede salvar la situación. El efecto de los recortes anunciados por el
gobierno sobre la morosidad, debido al aumento del paro y el deterioro del
tejido empresarial, elevará las cifras de morosidad a niveles insostenibles.
La posible salida del Grecia del euro tendrá consecuencias y los costes de la
deuda pública pueden alcanzar niveles imposibles de financiar. Valorar los
activos bancarios en estas circunstancias es un ejercicio inútil. Los bancos
solo tienen solución si se crea un escenario en el que los créditos solventes
crezcan más deprisa que la morosidad, porque además, en ese escenario, muchos
deudores recuperarían la capacidad de pago. Todo lo que no sea eso, es avanzar
hacia el desastre.
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