Vox ha pasado de las palabras a los hechos. Tras meses de mítines y mensajes incendiarios contra el feminismo o la inmigración, el partido de Santiago Abascal está dispuesto a utilizar las instituciones donde tiene representación para llevar a cabo sus cruzadas ideológicas.
La formación política que logró dar la sorpresa en las andaluzas e irrumpió con 12 diputados en la Cámara autonómica ha decidido utilizar los mecanismos de control parlamentario para poner en marcha una caza de brujas entre los funcionarios de la Administración. Su primer objetivo son las unidades contra la violencia machista. El presidente del grupo parlamentario, el polémico exjuez Francisco Serrano, ha solicitado a la presidenta de la Cámara andaluza "una relación detallada con los nombres y apellidos" de los empleados públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal.
El anuncio es mucho más que una declaración de intenciones. Forma parte de la campaña de Santiago Abascal, que a dos meses de las elecciones generales, donde todas las encuestas pronostican una considerable subida, quiere enviar un mensaje a los suyos de hasta dónde está dispuesto a llegar en las instituciones. El partido de extrema derecha ya se había quejado de que la Junta que ahora preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla no enviase a la Policía los datos de los inmigrantes sin papeles que constan en la sanidad andaluza. Y ahora emplea los mecanismos parlamentarios para arremeter contra el personal que trabaja en la atención a víctimas de violencia machista.
El objetivo que persigue Vox es "depurar" esos órganos que sirven para la elaboración de informes sobre los malos tratos para los posibles juicios y también a la hora de conceder ayudas a las víctimas por parte de la Junta. La formación de Abascal pretende distinguir a los profesionales que están "formados y acreditados" para ese trabajo y los que actúan en función de "motivos ideológicos", según la formación.
Vox pasa así de la retórica a las actuaciones concretas. La formación de extrema derecha tiene en las políticas de igualdad –que sus dirigentes consideran "supremacismo de género"– uno de sus principales caballos de batalla. El jefe de Vox en Andalucía ya había cuestionado a los empleados públicos que desarrollan labores relacionadas con la lucha contra la violencia de género, de quienes llegó a decir que ejercen "sin capacidad profesional y sin estar colegiados" afectando a "la custodia de menores".
Serrano es un firme defensor de la derogación de la ley de lucha contra la violencia de género y ya como juez utilizó su posición contra lo que ha llegado a tachar de "yihadismo de género". El Tribunal Supremo inhabilitó a Serrano por prevaricación por ampliar el régimen de visitas del padre de un menor para que pudiera ir a una procesión de Semana Santa, aunque luego fue readmitido en la carrera.
La formación de extrema derecha calienta de esta forma la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril en las que ningún sondeo cuestiona ya que entrará en el Congreso con mucha fuerza y que puede ser incluso determinante en la configuración de un Gobierno tras los comicios. Además, ha ido a por uno de los asuntos más sensibles –la lucha contra la violencia machista– y a las puertas del Día de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo que también se prevé multitudinario este año.
Pero la maniobra de Vox es la expresión en las instituciones de lo que durante estos meses ha sido una de sus señas de identidad. "Saben que no nos callamos, que somos políticos que decimos lo que pensamos. Da igual si tenemos que enfrentarnos a las feministas supremacistas o a los golpistas catalanes o a los de la desmemoria histórica", avisó recientemente el secretario general del Vox, Ortega Smith.
Irene Castro, en eldiario.es
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