Sí, tiene razón Isabel Celaá, la ministra portavoz del Gobierno, González Pacheco, Billy el Niño, famoso por las torturas practicadas al menos durante el franquismo, de las que sus víctimas le hacen protagonista, es libre de ir a donde le inviten, pero ese es precisamente el problema o parte de este, no ya su libertad, que también, sino que le inviten a actos sociales de las instituciones del Estado. En cualquier otra sociedad, alguien que hubiese cometido los desmanes y atrocidades que sus víctimas le imputan, estaría fuera de la sociedad hace tiempo, pero el caso es que con Transición o sin ella, no pocas instituciones del estado franquista pasaron sin despeinarse a la jolgoriosa democracia que se permitió el lujo de condecorar a quien cometió torturas y asesinatos en la residencia de un gobernador civil, el de Gipuzkoa. Pero el caso es que un gobierno detrás de otro ha impedido que se investigue siquiera las atrocidades de las que se acusa a González Pacheco. Los juzgados desestiman las querellas que se interponen contra él sin siquiera escuchar a las víctimas, impidiendo de ese modo el relato oficial de lo padecido.
Para sus víctimas ha tenido que ser un duro trago ver a su torturador compartiendo un vinito español en dependencias policiales, de la mano de un Mariscal de Gante, hermano de una exministra pepera y actual alto cargo del Estado, gracias al sistema de las puertas giratorias del que se benefician los políticos profesionales del sistema. Lo que hace ver que el torturador del franquismo cuenta con apoyos expresos en las actuales instituciones del Estado, lo que sí es de preocupar, con vinito español y muy español de por medio o sin él.
Dicen, una vez más y para variar, que le han abierto un expediente disciplinario a quien invitó a Billy el Niño a la fiesta policial, como quien echa carnaza a una pileta de murenas voraces, cuando la realidad es que la mayoría de esos expedientes no son más que un capotazo que termina en agua de cerrajas. Tiempo al tiempo por mucho que no se trate de armar barullo, sino de legítima protesta y de simple indignación por un estado de cosas sobre el que planea la impunidad, el encubrimiento y la complicidad ideológica.
Por el momento, el gobierno no parece contemplar -y mucho me gustaría equivocarme- la retirada inmediata de condecoraciones a Billy el Niño, como no contempla la derogación de la ley Mordaza, que sí contemplaba, como otra muchas cosas, no ya cuando estaba en la oposición, sino cuando hizo campaña electoral, tal vez para no apartarse de la tradición política de prometer mucho y no dar menos, sino gato por liebre. Estaría bien que el gobierno socialista rompiera por esta vez con la tradición y zanjara este turbio asunto, y pusiera una primera piedra de actitud civil y militante contra la impunidad de los abusos del pasado y del presente. No pueden remitirse al eterno “hablarán los tribunales” porque estos tienen por costumbre y tradición callar de manera lastimosa cuando de las rebababas de las instituciones del Estado se trata o hablar lo menos posible para cubrir el expediente si la alarma social es generalizada y los hechos no cuentan con suficientes apoyos corporativos.
No es ninguna novedad que torturadores condenados por ello han ocupado, una vez indultados, cargos de responsabilidad gubernamental o de servicio uniformado activo sin que eso haya levantado otras protestas que las partidistas, esto es, de quienes están frente a los abusos policiales, no a su favor. El sistema no se critica por mucha mugre que rebose. Además, todo depende de en qué bando nos encontremos. Lo justo y lo injusto depende de si nos beneficia, a nosotros o a nuestros socios sociales, económicos o políticos. Las cosas en sí poco valen si no tienen el aplauso adecuado;si lo tienen, el decoro está de sobra. Solo de ese modo puede entenderse la presencia de alguien execrable, por muy ciudadano libre que sea, según afirma la ministra portavoz, en una fiesta policial de la alegre democracia.
Miguel Sánchez-Ostiz, en Diario de Noticias
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