La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia”. Arranco con esta cita del emperador romano Marco Aurelio, uno de los exponentes del estoicismo -corriente que antepone la razón sobre el pathos o las pasiones-, porque estas líneas van de eso. De hacer política identificando qué se puede cambiar y qué no, y de analizar la acción de gobierno desde los matices de la razón. La controversia sobre Salesianos ha dado pie a muchos argumentos pasionales y de trazo grueso, no exentos de cierto maniqueísmo, pero pretendo realizar una aportación en otros términos.
La modificación sin acuerdo del PSIS suponía el riesgo de eventuales sentencias indemnizatorias de entre 37 y 44 millones
En contra del plan de Salesianos se han esgrimido interesantes reflexiones sobre la especulación de suelo y la presión inmobiliaria. Comparto plenamente muchos de esos puntos de vista. No sólo eso, sino que además este Gobierno ha puesto especial empeño en imprimir un giro social para dar carpetazo a la voracidad urbanística que ha caracterizado a toda una época en Navarra durante 25 años. Los principios que han inspirado la reorientación de los expedientes urbanísticos -entre ellos, también el PSIS de Salesianos-, el ambicioso Plan de Vivienda de alquiler social o las políticas de rehabilitación y regeneración urbana llevadas a los barrios materializan este giro. Y estas líneas van de lo mucho que se puede cambiar, pero también de lo que no, al menos sin poner en riesgo los intereses públicos.
La realidad insoslayable es que el PSIS de Salesianos no partía de un folio en blanco. Sobre la mesa nos encontramos con una herencia blindada de gobiernos anteriores que, aprovechando la necesidad de modernizar un histórico centro de FP, impulsaron un plan urbanístico de aprovechamiento intensivo y que suprimía la reserva legal de VPO. Es evidente que hoy la operación no hubiera tenido cabida.
¿El expediente se podía echar atrás o haberse paralizado? Sí, claro. Pero los poderes públicos están obligados a responder sobre las consecuencias que hubiera acarreado. Contravenir plazos, reducir unilateralmente los aprovechamientos, alterar de forma arbitraria el concurso arquitectónico o haber denegado la licencia municipal implicaba saltarse la ley. De eso eran conscientes los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona -que no hallaron mácula alguna y tuvieron que conceder la licencia-, de Nasuvinsa y del propio Gobierno.
Así pues, la modificación o paralización de este PSIS sin acuerdo con Salesianos era inviable, como nos lo advertían todos los informes jurídicos, externos y propios. Y, además, digámoslo también en plata -nunca mejor dicho-, el cambio de ordenación debía acometerse a costa del bolsillo de los contribuyentes navarros ante al riesgo de eventuales sentencias indemnizatorias o pérdidas de entre 37 y 44 millones de euros.
Todo el presupuesto anual del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra. Es el despropósito al que hemos tenido que hacer frente, por ejemplo, en la reciente sentencia de la Ciudad del Transporte. ¿Estábamos dispuestos a pagarlo? ¿Y quién asumía las pérdidas para las arcas públicas? El Gobierno, francamente, no estaba para estas bromas.
Pero sigamos el consejo de Marco Aurelio y veamos ahora aquello que sí se podía cambiar. El exalcalde Enrique Maya ha dicho que hemos seguido “al pie de la letra” el plan de UPN y PSN. Tiene su ironía. Lo que este plan siguió al pie de la letra fue el modelo de gestión de la citada Ciudad del Transporte.
Es decir, que el Gobierno comprara un solar garantizándole a Salesianos más de 40 millones y si había beneficio, el negocio para los promotores inmobiliarios privados era redondo; pero las pérdidas las asumía la Administración si la subasta no cubría la operación.
El nuevo convenio renegociado por Nasuvinsa reequilibra el reparto de las plusvalías -aumentándolas significativamente en favor de los intereses públicos- y establece que los riesgos los asumirá Salesianos, que podrá optar por seguir adelante o no en función de sus números. A su vez, los beneficios que se generen por encima de los 37 millones acotados como máximo para el nuevo centro de FP irán destinados a vivienda social.
Pero no dicho en genérico -cuando apenas había vivienda social en la anterior legislatura- sino concretamente para el nuevo plan de 524 VPO de alquiler social. Justamente todo lo contrario al plan de UPN y PSN. Y todo eso sin contar otros cambios para evitar que las grandes empresas copen la subasta, para favorecer la contratación de personas en proceso de inserción sociolaboral o para garantizar que, en ningún caso, las arcas públicas saldrán perjudicadas de esta operación. Cuestiones todas ellas, al parecer, irrelevantes para el portavoz de UPN.
El Gobierno de Navarra ha calibrado sopesadamente lo que se podía modificar y lo que no y, finalmente, ha optado por cambiar el modelo y velar por la defensa de los intereses públicos. Con el objetivo -no lo olvidemos- de contar con una dotación educativa estratégica en la Comarca de Pamplona al menos para los próximos 50 años -una garantía también introducida por el nuevo convenio- que responda a los retos de la FP del siglo XXI.
Miguel Laparra Navarro, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra
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