El Gobierno de Navarra, mediante el recién creado Instituto de la Memoria elaborará un informe sobre las circunstancias que rodearon al asesinato de la activista Gladys del Estal que murió por un disparo de la Guardia Civil junto al puente del Ebro en Tudela el 3 de junio de 1979 en el marco de una manifestación pacifista. Así lo aseguró la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Ollo en el marco de la presentación del Instituto de la Memoria que realizó el pasado miércoles en Tudela. Ollo indicó que durante este año trabajarán en este informe junto con el de la investigación del asesinato de Germán Rodríguez, de cuya muerte en los Sanfermines de 1978 en Pamplona se cumplen ahora 40 años. Ollo afirmó que “se está trabajando en estos informes pero con mucha dificultad en este ámbito porque estas dos actuaciones que hemos hecho han sido recurridas por el abogado del Estado, además del debate político en el Parlamento que han generado”. La consejera añadió que la intención es tratar de acometer “la reconstrucción de la memoria de las víctimas y de sus familiares”.
La posible investigación y análisis de las circunstancias que rodearon a la muerte de Gladys se apoyan en uno de los objetivos del recién nacido Instituto para la Memoria, que, entre otras funciones, busca restablecer la memoria más reciente de las víctimas ocurridas entre los años 60 y la actualidad, tanto a manos de la banda terrorista ETA como de la Extrema Derecha. Sin embargo, estas últimas no tienen reconocida la condición de víctimas como ocurre con Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Mikel Zabalza, Ángel Berrueta o José Luis Cano, frente a los muertos y heridos en Montejurra que sí tienen esa condición de víctimas del terrorismo, al considerar que fueron asesinados a manos de una organización criminal en relación con la Extrema Derecha. Para Ollo “no tienen esa condición de víctimas pese a que para la ciudadanía lo son. La ley foral de 2015 fue una de las últimas leyes aprobadas en la legislatura anterior por todas los grupos menos por UPN y PPN. El Gobierno de Madrid la recurrió al Tribunal Constitucional, y, mientras, se ha suspendido casi toda la aplicación de esta ley. Sólo han levantado la suspensión en algunos artículos anecdóticos pero uno nos permitió sacar una convocatoria de grupos de investigación universitarios para el estudio de algunos casos y hacer actos de reconocimiento a víctimas que no tiene aún ese carácter oficial”.
Diario de Noticias
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