UPN Y SU AMBIGÜEDAD RESPECTO A LA AMNISTÍA FISCAL DEL PP

La sentencia del Tribunal Constitucional, anulando la amnistía fiscal aprobada por el PP, con Cristóbal Montoro como Ministro, ha traído consigo duras declaraciones de casi todos los partidos, peticiones de dimisión y un largo etcétera. El “amnistiazo”, como algunos le han denominado, fue aprobado en 2012. Y UPN tuvo que nadar y guardar la ropa respecto a una medida que sacaba adelante su socio en Madrid, mientras aquí el gobierno dependía del pacto con los socialistas. Repasar hoy las posiciones de los regionalistas respecto a aquella amnistía fiscal resulta algo mareante por la llamativa oscilación entre una postura y su contraria.

El resumen viene a ser el siguiente: UPN tuvo que aceptar la exigencia del PSN para no aplicarla en Navarra, pero se negó a votar a favor de declaraciones institucionales en ese sentido. Después, unió sus votos al PP en Madrid para aprobar la amnistía fiscal, que finalmente dejaría de aplicarse en la Comunidad Foral forzada de nuevo por su acuerdo de legislatura con los socialistas.

“No se aplicará”.- Resulta que, el 4 de abril de 2012, con la propuesta de amnistía fiscal sobre la mesa, el Gobierno de Navarra de UPN y PSN anunció que la medida no se aplicaría en Navarra. Los socialistas lo tenían claro: Roberto Jiménez señalaba que era “la gota que colma el vaso, a los defraudadores lo que hay que hacer es perseguirles. La amnistía fiscal en Navarra no se aplicará”. Tanta rotundidad fue tragada por Yolanda Barcina, aunque… no sin reticencias.

“Que se aplique”.- Porque, solo ocho días después de aquel anuncio de que en Navarra no se aplicaría, UPN aprobó, con su voto, la amnistía fiscal. El 12 de abril de 2012, UPN, Foro Asturias y CiU aprobaron con sus votos junto al PP el decreto de medidas fiscales que incluía esta amnistía. Los suyos fueron 193 votos, al que se sumó por error un diputado del PSOE: 194 en total. En contra, el resto de la oposición, desde el PSOE a UPyD, desde Izquierda Plural a Geroa Bai. 137 votos en contra.

“No diremos que no se vaya a aplicar”.- UPN, de hecho, ya había dado un aviso de sus intenciones solamente dos días antes de aquella votación en el Congreso. Fue en el Parlamento Foral, a cuenta del debate de dos propuestas de declaración institucional contra la amnistía fiscal. Una de ellas la presentaba Bildu, la otra Nafarroa Bai. Ambas fueron aprobadas, per0 ninguna contó con el apoyo de UPN, que votó en contra de la de Bildu y se abstuvo en la de NaBai.

Con la aprobación de ambas declaraciones (cuyos textos pueden leerse íntegros en la web de la cámara legislativa), el Parlamento foral se posicionaba en contra de la aplicación en la Comunidad de dicha amnistía fiscal, así como mostraba su compromiso en la lucha contra el fraude. UPN no apoyó estos principios, con su abstención y su voto en contra, respectivamente, frente a las declaraciones propuestas.

“De acuerdo, no la aplicaremos”.- Pero UPN necesitaba de los socialistas, que sí habían aprobado las declaraciones y que, a nivel federal, estaban siendo muy duros con Montoro y su propuesta. Así que Navarra, una vez más, fue “different”. El 11 de mayo, finalmente, UPN y PSN acordaron no aplicar la amnistía fiscal en Navarra, en unas negociaciones sobre un pacto para reducir el déficit. Un paquete de medidas “de ajuste presupuestario” en el que se impuso el céntimo sanitario en las gasolinas y se aumentó la jornada laboral de los funcionarios.

La “regularización voluntaria” propia de Navarra

Un mes después, el 15 de junio, se aprobó para Navarra una ley foral que incluía nuestra propia “regularización voluntaria” ofrecida a los defraudadores de la Hacienda Foral. Era la ley 10/2012, que no podía llamarse de “amnistía fiscal” aunque sonase parecido. La ley emanó del Parlamento, no del Gobierno, y tenía además sus matices.Por ejemplo: los defraudadores (siempre que no hayan sido citados previamente) podrían pagar de forma voluntaria y extemporánea los impuestos no satisfechos dentro de los plazos reglamentarios, evitando “sólo” el 90% del importe de los recargos y el 20% de los intereses de demora. Pero el tipo de gravamen no era el 10% de Rajoy, sino el que correspondiese de los legalmente vigentes en cada impuesto, sin ninguna rebaja.

Aquella ley foral, de hecho, fue puesta en valor fuera de nuestras fronteras, por respetar la Constitución (lo que no hacía el decreto del PP en Madrid), y por las diferencias con la propuesta de Montoro y Rajoy.

30.000 defraudadores beneficiados

30.000 contribuyentes se acogieron finalmente a aquella reforma fiscal que, durante su tramitación, era presentada por la oposición como un “coladero” para corruptos y ladrones de guante blanco. No iba a ayudar a luchar contra el fraude, sino todo lo contrario. Cristóbal Montoro justificó con “inspecciones muy numerosas” aquella amnistía fiscal. Se localizaron 246 millones defraudados, de los que se liquidaron 189. Muchas de aquellas liquidaciones se lograron tras cruzarse datos procedentes de la amnistía fiscal con aquellos de la declaración de bienes en el exterior, el denominado modelo 720, que permite localizar fondos en paraísos fiscales, por ejemplo.

Los nombres de aquellos 30.000 contribuyentes amnistiados siguen siendo un misterio, a diferencia de los morosos de la Hacienda Foral Navarra, que fueron hechos públicos en aras de la transparencia hace apenas unas semanas. Aquella lista incluía curiosidades y sorpresas. Sin duda, no defraudaría (y perdón por el verbo empleado) conocer los navarros que se vieran beneficiados de aquella amnistía de Montoro.

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