LOS OTROS AÑOS DE PLOMO

Cuando se abrió el procedimiento judicial contra Juan Mari Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, y sus compañeros de Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), los chicos y chicas que acaban de llegar a la mayoría de edad en Euskadi tenían cuatro años. Evidentemente, ni conocieron aquella situación y es posible que ni siquiera les suenen esos tres nombres que fueron noticia -odiosa noticia- en todos los medios el año 2003 y los siguientes. Los tres altos representantes institucionales fueron procesados por desobediencia, acusados de negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, que en ese momento estaba formado por los parlamentarios de la izquierda abertzale.

Absueltos en 2007 por el Tribunal Superior del País Vasco, la sentencia fue recurrida por el siniestro sindicato Manos Limpias, y el Tribunal Supremo estimó el recurso condenándolos a multa e inhabilitación, sentencia que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional. Catorce años después, esos jóvenes que ni conocieron los hechos ni conocieron a los condenados se han enterado de que fueron juzgados en situación de indefensión y sin siquiera ser escuchados por el tribunal que los condenó. Así lo ha decidido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una resolución que deja al descubierto la arbitrariedad, el atropello y la sinrazón de una justicia al servicio de los intereses políticos del momento.

No es fácil concretar cuándo comenzó aquel funesto tramo de nuestra historia, en el que la justicia española tomó partido descaradamente y ejerció el oficio de mamporrero en interpretaciones de la ley a impulsos políticos, dando por buenas leyes aprobadas ad hoc, dictadas ex profeso para situaciones concretas, contra personas y colectivos concretos. Quizá habría que retrotraer el inicio de esos años de plomo a la decisión del entonces candidato José María Aznar de aprovechar el terrorismo de ETA con fines electorales, decisión intensificada tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, exacerbada tras el Pacto de Lizarra y desparramada posteriormente en leyes, decretos y modificaciones legales que hicieron irrespirable el ambiente político y social de aquellos años.

Lo de la condena de Atutxa, Knörr y Bilbao no fue un caso aislado. Por la cárcel pasó en bloque la Mesa Nacional de Herri Batasuna, un adelanto de la feroz represión posterior derivada de aquella infame teoría del todo es ETA que derivó en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, cajón de sastre del que fueron encadenándose arbitrariedades judiciales y hasta prevaricaciones. Años de plomo en los que hubo que soportar una despiadada presión política y, sobre todo, mediática. Años en los que campaban a sus anchas apóstoles mediáticos que emponzoñaban las mañanas desde sus púlpitos, los Jiménez Losantos, Carlos Herrera o Luis del Olmo, jaleados por unos medios sumisos, parciales y acríticos, en los que prosperaron nuevas estrellas periodísticas entre las que figuraron advenedizos juntaletras que se atribuían los galones de haber sido supuestamente amenazados.

Teniendo en cuenta que ya en el prólogo del Pacto contra el Terrorismo se aludía a PNV y EA como partidos corresponsables, no es de extrañar que pasaran por los tribunales, además de dirigentes de la izquierda abertzale, políticos nacionalistas incluido el propio lehendakari Juan José Ibarretxe. La Ley de Partidos, directa y exclusivamente aprobada contra la izquierda abertzale en clara aberración jurídica, llenó las cárceles de ciudadanos ilegalizados, cerró periódicos y convirtió en apestados sociales a miles de ciudadanos. Fue una deriva de odio imparable, primero ETA, después la izquierda abertzale, después el nacionalismo, después todo lo vasco. Nunca como en aquellos años de plomo han sido los vascos más aborrecidos, más insultados, más rechazados socialmente. El ambiente llegó a ser irrespirable para miles de vascos, ya fueran de vacaciones, o en ejercicio profesional y empresarial, o como conjunto deportivo. Por si ese ramalazo fascista fuera poco, los sucesivos gobiernos españoles no se han cortado a la hora de cambiar, nombrar, trasladar o suspender a jueces y fiscales de las más altas instancias judiciales de acuerdo a sus intereses políticos o económicos.

Lo que son las cosas, ese mismo odio y ese mismo rechazo se han ido derivando hacia Catalunya y los catalanes. La intransigencia española es así.

Aquellos años de plomo, que tampoco están tan lejos en el tiempo, dejaron la huella de una legislación aún no derogada que limita las libertades democráticas, un endurecimiento irracional de las penas, una inercia escandalosa que lo mismo convierte una pelea en terrorismo que condena a quince años la quema de una cabina telefónica.

Catorce años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dejado una vez más en evidencia. Les da igual. El atropello sirvió, en su momento, y para ellos eso es lo que vale.

Pablo Muñoz, en Grupo Noticias