El Gobierno sigue allanando el camino y dando facilidades a las empresas titulares de las nucleares para que puedan prolongar su funcionamiento más allá de los 40 años. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó ayer varios cambios de normativa en esa dirección. Una de esas modificaciones, por ejemplo, permitirá que los dueños de estas plantas tengan más tiempo para presentar la solicitud de esa prórroga.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy se afana en eliminar las trabas administrativas para que las nucleares puedan funcionar 60 años. Pero a la vez se encuentra atrapado en un laberinto nuclear. De un lado, las empresas del sector insisten en obtener reducciones de impuestos para ver despejado su horizonte económico, mientras que de otro lado una mayoría del Congreso es partidaria de un cierre paulatino de las centrales.
El pleno del CSN, organismo encargado de autorizar y vigilar el funcionamiento de las centrales nucleares, dio el visto bueno a la reforma del sistema de renovación de las licencias de las centrales nucleares. Era lo que le pidió el Ministerio de Energía. Y, como casi siempre, se opuso la consejera Cristina Narbona, uno de los cinco componentes del pleno.
Almaraz (Cáceres) tendrá dos años más para decidir si sigue a partir del 2020
Hasta ahora, las nucleares –para renovar los permisos de explotación– debían presentar la solicitud tres años antes del vencimiento de la autorización. Así, el CSN disponía de suficiente tiempo para estudiar la documentación y emitir su juicio. Sin embargo, con el cambio introducido ahora, tendrán más tiempo. Menos prisas. Es lo que habían reclamado las empresas propietarias.
La modificación de urgencia se ha efectuado cuando estaba a punto de expirar el plazo para que la central de Almaraz (Cáceres), gestionada por Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, pudiera presentar la petición de renovación para seguir la explotación. El plazo de solicitud acababa el 8 de junio (el permiso vigente expira en el año 2020). En cambio, ahora Almaraz tendrá casi dos años más de tiempo para decidir si continúa y alarga su vida más allá de los 40 años de funcionamiento.
La normativa promovida por el Ministerio de Energía (y bendecida por el CSN) establece concretamente que los titulares de las centrales nucleares podrán presentar la nueva solicitud una vez que el Gobierno haya aprobado el Plan Integral de Energía y Clima (en un plazo máximo de dos meses después de su publicación), o tengan que presentar la revisión periódica de seguridad.
Las plantas pidieron más tiempo para decidir y que se les reduzcan los impuestos
“Estamos ante una decisión gravísima del CSN, ya que se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos para el medio ambiente y las personas”, dice Juantxo López de Uralde coportavoz de Equo (Podemos).
La decisión del Gobierno persigue complacer a los dueños de las nucleares y, sobretodo, permite ganar tiempo para sobreponerse a los actuales desacuerdos. La brecha entre el Gobierno y las empresas del sector nuclear se ha reabierto en medio de las desavenencias sobre el futuro de la central burgalesa de Garoña, cerrada en diciembre del 2012. La reapertura de esta central ha sido ideada como la punta de lanza para que otras centrales prorrogaran el funcionamiento más allá de los 40 años; pero este plan no es tan fácil. Es un terreno minado. Las centrales temen que el negocio no sea seguro; al menos, eso dicen.
El CSN emitió en febrero un dictamen técnico favorable a la apertura de Garoña (pendiente a la adopción de ciertas mejoras e inversiones); pero los socios de Nuclenor (Iberdrola y Endesa), discrepan: Iberdrola no ve clara la reapertura; Endesa la apoya.
Los planes sobre Garoña y el almacén nuclear en Cuenca no están aún resueltos
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, manifestó hace unas semanas que el futuro de Garoña “no es viable económicamente” y por eso había pedido a su socio, Endesa, que dejara las operaciones. Argumentó que la filial Iberdrola Generación Nuclear se encuentra en pérdidas, y culpó a los gobiernos y sus políticas fiscales: “Se han ido poniendo impuestos y obligaciones, a los que va casi el 50% de los ingresos”.
Asimismo, otro cambio de normativa aprobado ayer por el pleno del CSN significará también que los titulares de las nucleares podrán enviar al CSN la documentación técnica y de seguridad sobre la futura o posible renovación de las plantas independientemente de la solicitud de renovación. Esta situación abocaría a los técnicos del CSN a efectuar evaluaciones para la renovación de los permisos de explotación sin la solicitud previa. La protesta de muchos técnicos del CSN no se ha hecho esperar “De esta manera, si, finalmente, la empresa decidiera no presentar la solicitud por la razón que sea, el CSN habría llevado a cabo un trabajo ingente absolutamente inútil”, se queja Nieves Sánchez, portavoz de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN). “Esto sería un despilfarro de recursos públicos”, lamenta esta asociación, convencida de que estos esfuerzos “se podrían aplicar a otros servicios mas productivos”.
Técnicos del CSN critican que a este organismo se le exigen “decisiones políticas”
ASTECSN ha denunciado que las facilidades dadas por el Gobierno “se fundamentan en la petición de una entidad privada” –en referencia a la demanda de Iberdrola al Gobierno de contar con más tiempo para decidir sobre la renovación de licencias–. Afirma también que de forma reiterada el Gobierno hace recaer sobre un órgano regulador público y de carácter técnico (el CSN) decisiones políticas que favorecen al sector eléctrico cuando debería abordarse un debate social y político previo para decidir el futuro de las centrales.
Las intenciones del Gobierno para prorrogar la vida de las nucleares han quedado demostradas repetidamente. Pero no se han materializado. Además de las situación de incertidumbre sobre la reapertura de Garoña, sigue sin resolverse el litigio sobre el almacén temporal centralizado (ATC), que debe acoger, en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) todos los residuos da alta actividad de las centrales.
Antonio Cerrillo, en La Vanguardia
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