El informe sobre la tortura en Nafarroa seguirá al ralentí. Ayer, el forense Paco Etxeberria lo dejó claro: «Los tribunales pueden quitar las ayudas, pero no pueden evitar que la investigación se haga». Una llamada de este periódico fue la que puso a Etxeberria sobre aviso de la última decisión del TSJN que anulaba la Orden Foral a través de la que la UPV accedió a una subvención de 17.900 euros para hacer este trabajo. Etxeberria explica que este dinero no se ha gastado, pues sabían que la ayuda estaba pendiente de un recurso interpuesto por parte de la Abogacía del Estado.
El fondo jurídico está en la anulación por parte del TC de la ley navarra de víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos 16/2015. El Constitucional falló contra esta norma en julio de este año con fuerte polémica interna. Cinco de los doce jueces que deliberaron emitieron votos discrepantes. Finalmente, la opinión mayoritaria fue que tenía como objetivo la «investigación» y «fijación» de hechos «al margen, por entero, del poder judicial». Por ello, anularon varios de los artículos fundamentales de la ley, mutilándola de tal modo que la hicieron inservible.
La Orden Foral por la que se publicaron 30.000 euros de ayudas públicas para trabajos de investigación sobre la memoria reciente se promulgó en 2017, cuando ya se había decretado una suspensión cautelar sobre la ley en la que se apoyaba dicha orden. El TSJN, en su sentencia, «considera que la materia de los estudios o trabajos subvencionables, así como la finalidad pretendida con ellos, coincide con el ámbito de investigación que se atribuía a la comisión de reconocimiento y reparación que fue declarada inconstitucional». Es decir, lo que viene a sostener la sentencia es que no se pueden subvencionar ayudas a estudios académicos «sobre hechos que han podido ser o podrían ser objeto de investigación judicial».
La consejera Ana Ollo decidió tirar adelante con esta subvención a Instituto Vasco de Criminología de la UPV a sabiendas de esta suspensión, confiando en que el TC apoyaría la ley navarra. Sin embargo, sí que se paralizaron ayudas para otros estudios que se acogieron a las ayudas fijadas por esta ley foral. Uno de ellos hacía referencia a sanfermines de 1978, y otro, a la muerte de Gladys del Estal en una protesta contra el Polígono de Bardenas.
Aun con todo, como ha podido constatar GARA a través de Etxeberria, el informe sigue adelante. «No se ha usado el dinero, pero eso no quita para que se estén haciendo cosas». El trabajo se inició hace un año, pero a un ritmo «muy lento», porque no hay financiación. En concreto, se están recopilando testimonios, documentos y se ordena la información. «No tiene nada que ver con el ritmo que tuvimos con el informe de la CAV», detalla Etxeberria. Actualmente, hay un equipo compuesto por tres técnicos más un grupo de sicólogos. «Es trabajo que están haciendo como pueden y porque tienen interés, con coordinación mínima. No se le ha podido dar el impulso que se merece, con un ritmo diario, constante y gente contratada, como en el otro trabajo».
Acuerdo para una nueva ley
La ley navarra 16/2015 regula el reconocimiento a las víctimas de extrema derecha y policías de forma similar a la ley homóloga promulgada por el Parlamento de Gasteiz. La ley de la CAV también fue recurrida, pero el Gobierno del PSOE lo levantó en virtud del acuerdo con el PNV, para pactar acto seguido una versión retocada. Por tanto, que una esté hoy en vigor y la otra anulada de facto es cuestión de oportunismo político.
Por otro lado, la norma en cuestión no fue elaborada por el cuatripartito, sino que salió adelante en la recta final del mandato de UPN gracias al respaldo del PSN. En este sentido, las cuatro formaciones que trajeron el cambio tienen ya acordado un borrador para sustituir esta ley por otra similar. Su intención pasa ahora por lograr también el respaldo del PSN.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, denunció que «la investigación de estos hechos puede hacerse con ley o sin ley, por lo que no entendemos la sentencia. Y es más, creemos que lo que se pretender es cubrir con otro manto de impunidad estas actuaciones policiales». Desde Podemos, Mikel Buil aseguró que la «ingeniería jurídica no puede servir para atentar contra un derecho básico de las víctimas como es la verdad, la justicia y la reparación».
La batalla de los muros y el olvido forzoso de los Sanfermines del 78
La sentencia de ayer se une a toda una trayectoria de palos en la rueda interpuestos por diversas instituciones a la investigación y denuncia de la tortura. Así, el mismo TSJN emitió una sentencia en 2012 avalando que UPN denegara el uso de un instituto para una charla de Torturaren Aurkako Taldea. El tribunal consideró que la denuncia del maltrato tenía un «neto carácter político que no encaja, ni mucho, ni poco, es decir, nada, en el tema de difusión cultural en centros de enseñanza».
Con la llegada de Carmen Alba (PP) a la Delegación del Gobierno también se produjeron actos de censura previa, aunque la polémica que más eco obtuvo fue la de la cruzada emprendida contra los murales de denuncia. Todo empezó en Agoitz en 2016, cuando la Delegación urgió a eliminar un mural en recuerdo a Mikel Zabalza. El Ayuntamiento se plantó y detrás tuvo a la familia del torturado. Tras ello, durante meses, se multiplicaron murales similares en otros puntos de Euskal Herria. La situación llegó a su pico de tensión con la detención de ocho personas por «injurias» y citaciones a alcaldes.
Estos Sanfermines, la Policía española volvió a rescatar la figura de la «injuria» a las FSE a raíz de la campaña de memoria en torno a los sucesos de 1978. El delegado, José Luis Arasti, trató luego de desmarcarse. Esta vez, ningún juez siguió el juego de una operación orquestada en comisaría.
Aritz Intxusta, en GARA
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