La Plataforma de Profesionales del Derecho sobre el denominado caso Alsasua ha afirmado este martes en el Parlamento foral que el procedimiento judicial seguido por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas ha sido un "encarnizamiento judicial" y ha considerado que "sería difícil encontrar un caso más claro de arbitrariedad teñida de legalidad actuada por los propios poderes del Estado".
Los representantes de esta plataforma Iñaki Lasagabaster, Sonia Ontoria, Javier Zabalza y Ana Recalde han comparecido en una sesión de trabajo en el Parlamento foral, a petición del cuatripartito, para exponer su visión sobre este caso, por el que han sido condenadas ocho personas a entre dos y trece años de prisión.
Sonia Ontoria ha afirmado que "toda la actividad desarrollada por los poderes públicos demuestra crueldad" y ha sostenido que se ha producido "una interpretación de las normas cruel". "Encarnizamiento judicial podría ser el concepto a utilizar. La crueldad no restaña heridas que acerquen a la convivencia. Cuando se sufre la crueldad en nombre de una justicia de Estado y la ciudadanía así lo percibe, sus responsables serán percibidos como verdugos, prepotentes y caprichosos", ha asegurado.
Tras ello, ha indicado que "la respuesta de la ciudadanía y la nuestra como juristas debe ser rotunda ante la injusticia y la crueldad". "No podemos estar impasibles, ausentes, ni dominados por la sensación de impotencia. No podemos permitir que con el nombre de justicia se nos venda mercancía averiada. Las personas juzgadas en este proceso y sus familiares ya han recibido suficiente castigo, ahora deben recuperar su libertad porque es de justicia", ha asegurado.
Sonia Ontoria ha apuntado que "en la sentencia llama la atención que el relato de hechos probados no señala quién causó las lesiones, se establece una suerte de responsabilidad colectiva y afirma que para condenar por las cuatro lesiones ni siquiera es necesario que se haya agredido a los cuatro lesionados".
También ha cuestionado que en la sentencia se aplique a los condenados el agravante de odio, ya que la "protección" a la Guardia Civil estaría prevista con figuras como el delito de atentado a la autoridad. "En el derecho comparado no existe regulación que prevea como forma de protección de la policía el delito de odio. El delito de odio no es para la protección de estamentos de Estado", ha sostenido Ontoria.
Por su parte, Iñaki Lasagabaster ha considerado que "hay una voluntad de acumular formalmente tipificaciones penales multiplicando los cargos sobre los mismos hechos y dentro de los mismos cargos se acumulan agravantes". "La estrategia racional debería haber sido la de centrar la tipificación en torno a las lesiones y sobre ellas valorar qué agravantes pueden concurrir, con exclusión del odio", ha señalado.
La plataforma también ha cuestionado la actuación de la fiscalía y del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional y ha considerado "desmesurado" que calificaran los hechos como delito de terrorismo. "El auto de procesamiento se alejaba del carácter de objetividad e imparcialidad. No tenía en cuenta otras posibles versiones, no tenía en cuenta una posible pelea de bar o un conflicto", ha señalado Iñaki Lasagabaster.
Según la plataforma, "esta forma de instruir un proceso penal es impropia de un Estado de Derecho, las conductas violentas rechazables no pueden ser contestadas con una reacción desmesuradamente desproporcionada de los jueces y tribunales interpretando extensivamente como terrorismo las agresiones violentas con la intención de que sean juzgadas por la Audiencia Nacional, hurtando la investigación al juez natural".
Diario de Noticias
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