El pasado 5 de enero, tal y como se esperaba, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras desestimó el recurso de nulidad presentado por la Alianza de la Oposición a los resultados de las elecciones generales que se llevaron a cabo el pasado 26 de noviembre. Dichas elecciones fueron impugnadas por sospechas de un fraude que habría dado lugar a la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández.
Si bien la Alianza de Oposición, liderada por Salvador Nasralla, tendrá oportunidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, es previsible que, habiendo concluido la fase del contencioso electoral, el próximo 27 de enero Hernández juramente su cargo. Esto después de un dilatado proceso que no dejó ajena a la comunidad internacional: los distintos observadores que lo acompañaron coincidieron en señalar las irregularidades del mismo, provocando las repuestas del TSE, que resultó erigiéndose en fiel escudero del oficialismo[i], al defender reiteradamente la legitimidad de los resultados.
Sin una campaña mediática internacional como la que acostumbra a tener cuando pone en cuestión a los gobiernos progresistas, la Organización de Estados Americanos (OEA) sembró la duda sobre los resultados de las elecciones hondureñas y sugirió a los países que la integran aprobar el informe que identifica el “cúmulo de irregularidades”[ii] del proceso.
Correlación de fuerzas
A nivel interno, Juan Orlando Hernández mantiene el apoyo de la élite militar y el control de las instituciones decisoras en los comicios. Esto ha sido evidenciado en la postura del TSE frente a las denuncias de los organismos observadores. Se espera que la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el fallo favorable a la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández (cuestionado por inconstitucionalidad), actúe de similar manera.
Nasralla cuenta con el apoyo del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el golpe del 2009, y de diferentes organizaciones de la sociedad civil y sectores populares que vienen movilizándose desde antes de las elecciones. La represión violenta, que se ha saldado con varios muertos, incrementó a tal punto que un comando de la policía “inconforme con la situación” se negó a seguir matando al pueblo hondureño. Un vocero del comando señalaba: “Nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia”[iii].
Con disimulado entusiasmo, EE.UU. e Israel reconocieron formalmente la victoria del autoproclamado presidente electo. Por su parte, la OEA insiste tímidamente en que no se puede determinar un ganador en los comicios del 26 de noviembre de 2017[iv], considerando las irregularidades del proceso, pero, de facto, están ausentes sobre el terreno y no están promoviendo acción concreta alguna para defender la democracia, más allá de sugerir una repetición de los comicios, que Juan Orlando Hernández ya ha descartado.
Perspectivas
La crisis política, social e institucional que vive Honduras en la actualidad, augura un panorama complejo y de difícil gobernabilidad para Hernández. La alta tensión social permeará nuevamente las calles y, probablemente, el escenario de represión militar, propio del Partido Nacional y de sus últimos años de gobierno, no va a cesar. Seguramente la apelación al “enemigo interno” será la próxima estrategia del gobierno ilegítimo que, por medio de un enfoque de populismo punitivo, visibilizado a través sus medios de comunicación, aspira a justificar el incremento de la violencia sobre los actores sociales y los líderes políticos opositores.
La manutención del gobierno de Juan Orlando Hernández, con fuertes vínculos en la élite militar, implica un escenario aceptable para EE.UU., cuyo gobierno tiene intereses en el país, relacionados con la compra de armas y el control militar regional a través de la presencia de tropas en la base de Palmerola, ubicada a 90 km de Tegucigalpa y donde operan al menos 500 soldados norteamericanos.
En definitiva, Hernández no es el candidato idóneo de la administración estadounidense, a la vista de su extremismo y su ligereza para utilizar la represión, pero lo asumirán como propio si su ausencia supone la llegada de un candidato como Nasralla, al que consideran peligrosamente más próximo a los gobiernos progresistas latinoamericanos.
Ana Gómez Daza, en Telesur
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