Con Santiago de Chile totalmente paralizada, colas en los comercios que abrieron sus puertas y militares custodiando las paradas del metro, las protestas se mantuvieron en la primera jornada laboral desde que comenzaron el pasado viernes y a pesar de que se volvió a decretar el tercer toque de queda.
Miles de personas copaban la céntrica plaza Italia de Santiago ayer, en la mayor manifestación en este lugar desde el inicio el viernes de unas protestas que no bajan de intensidad y que dejan 11 muertos y cientos de heridos. «Que se vayan los milicos», gritaban a coro los manifestantes, en abierto desafío a las fuerzas militares y policiales que resguardan en gran número el centro de la capital chilena, bajo estado de emergencia.
Los helicópteros militares sobrevolando las calles desiertas de Santiago durante el toque de queda y las Fuerzas Armadas resguardando las estaciones de metro y los comercios son estampas de estos días que evocan a los chilenos los años más oscuros de la dictadura de Augusto Pinochet . La militarización para combatir los disturbios y saqueos en varias ciudades son un déjà vu de tiempos que parecían olvidados.
Al anochecer, el general de división del Ejército Javier Iturriaga, responsable de la seguridad durante el estado de emergencia, estableció el tercer toque de queda en la capital y el resto de la Región Metropolitana.
«Esto no para hermano», afirmó una manifestante a la televisión local, cuando en un ambiente de gran tensión los chilenos abordaban el primer día laboral tras el estallido de las protestas, las más violentas desde el fin de la dictadura.
Los manifestantes comenzaron luego a caminar por una de las avenidas hacia el oriente de Santiago, cantando canciones del cantautor chileno Víctor Jara o consignas de «no violencia».
En algunos puntos de la marcha, no obstante, comenzaron a registrarse incidentes, con lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Policía. Asimismo, a su paso, se fueron cerrando algunas paradas de metro de la línea 1, la única que se habilitó para funcionar ayer.
En este primer día laboral desde el estallido social, muchas empresas cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en casi todos los colegios y universidades.
En algunos supermercados, las personas hacían largas filas para abastecerse de alimentos y en las gasolineras se observaban también enormes colas.
La falta del metro –eje del transporte público, con unos tres millones de pasajeros por día–, se sumó a la paralización de la capital y era lo que más se extrañaba en esta ciudad de casi siete millones de habitantes, obligados a hacer largas filas para tomar autobuses o acceder a las pocas estaciones del ferrocarril metropolitano abiertas
El Gobierno ha llamado a la calma pero el presidente, Sebastián Piñera, que hasta hace pocos días se refería a su país como un «oasis» de tranquilidad, afirmó la noche del domingo que el país se encontraba «en guerra contra un enemigo poderoso».
En el centro de Santiago se observa gran presencia militar y policial. Algunas tiendas –las más pequeñas– abrieron sus puertas, pero la mayoría de los supermercados y centros comerciales permanecían cerrados o abrían parcialmente.
«Se veía venir esto. El Gobierno no ha hecho nada, no era solo el pasaje de metro lo que gatilló esto y terminó en vandalismo. Si el Gobierno no hace cosas contundentes, medidas para mejorar los sueldos, la salud, las pensiones…», dijo a la AFP Carlos Lucero, de 30 años, vendedor de sándwiches en el céntrico paseo Ahumada.
La violencia de las protestas tiene a muchos perplejos, con miedo, aunque también expectantes de los cambios que se pueden venir.
Un malestar juvenil larvado que ha terminado por explotar
El por algunos admirado modelo chileno escondía profundas grietas. Amplios sectores quedaron excluidos tras la imagen de estabilidad política y unas buenas cifras macroeconómicas, incubando durante años un descontento social que muchos venían venir y que ha estallado con fuerza.
La rabia copó las calles. Ni el despliegue de militares ha servido para ahogar el grito de miles de personas hartas de las desigualdades de un sistema político y económico que, en muchas áreas, poco ha cambiado desde la dictadura de Augusto Pinochet.
«Desde afuera solo se veían los logros de Chile, pero dentro hay altos niveles de fragmentación, segregación y una juventud que, aunque no vivió la dictadura, dejó de votar hace muchos años, estaba harta y salió a las calles a mostrar su rabia y decepción», explicó a AFP Lucía Dammert, analista de la Universidad de Santiago de Chile.
Con unos datos macroeconómicos envidiados por muchos en América Latina, los indicadores sociales –salud, educación, pensiones– del llamado «modelo chileno» escondían demasiadas desigualdades. La falta de respuesta a esas demandas latentes ha acumulado tensión y una frustración que se refuerza cada día.
No es casual que el origen del estallido social haya sido el alza de 3% en las tarifas del metro, pero se sumaron históricas demandas de la clase trabajadora y de una sociedad que incuba años de descontento: una desigualdad crónica en un país con el ingreso per cápita más alto de América Latina (más de 20.000 dólares), un sistema de pensiones que jubila a la mayoría con rentas inferiores al salario mínimo –de unos 400 dólares–, elevados costos en salud y educación –casi privadas– y la presión del mercado inmobiliario. Todo ello conformó un cóctel difícil de contener.
El endeudamiento es uno de los males que afecta a los hogares en un país en el que todas las prestaciones públicas son de mercado y donde la integración social se produce a través del consumo, y afecta en especial a los miles de chilenos que en los últimos años salieron de la pobreza, pero que sufren el agobio de pertenecer a una clase media para la cual no hay muchos beneficios sociales. Son los hijos y nietos de esas familias los que encendieron la llama de esta revuelta sin precedentes.
GARA
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