La relación entre los trabajadores en activo y las mutuas siempre ha sido difícil. Y amenaza con complicarse aún más si sale adelante el decreto que prepara el Gobierno central para desarrollar la Ley de Mutuas. En síntesis, ese decreto dará más poder a las mutuas a la hora de gestionar la contingencia común, es decir, las enfermedades comunes (como la gripe) y los accidentes no laborales que repercuten en el trabajo al tener que coger la baja.
"Ahora, la mutua", explica, Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras Euskadi, "no puede darte un tratamiento médico determinado si el trabajador no quiere. El nuevo reglamento pretende dar más poder a las mutuas en la contingencia común a nivel de tratamientos médicos y pruebas diagnósticas. La mutua me puede ofrecer tratamiento médico, pero ahora el trabajador elige si lo hace con los medios de la mutua o con Osakidetza. El reglamento pretende pasar por encima del consentimiento del trabajador y que la mutua imponga el tratamiento y las pruebas diagnósticas".
Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, debido a que manejan dinero público. Las pagan los trabajadores, directamente en el caso de las contingencias profesionales y accidentes de trabajo a través de las nóminas, e indirectamente vía Seguridad Social en el caso de las enfermedades comunes. Según los sindicatos, no parece muy lógico que los sujetos y pagadores de la prestación no tengan ninguna participación en la contratación de la mutua, ni en su gestión. Ríos cree que el reglamento de mutuas que tramita el Gobierno resulta "absolutamente lesivo para los derechos de los trabajadores porque no es otra cosa que un mecanismo de presión" para las personas que están de baja por contingencia común. "Si están de baja", añade, "es porque así lo ha decidido un profesional de la sanidad como es el personal facultativo de Osakidetza".
A su juicio, es "verdaderamente deplorable" que el Gobierno "pretenda criminalizar a estas personas dando más poder a las mutuas para gestionar la contingencia común", al tiempo que ha opinado que esta decisión supondría también una forma de "privatización de la sanidad pública". "La movilización tiene que extenderse a todos los centros de trabajo para que las contingencias comunes queden en manos de la seguridad social, que es donde tienen que estar, y no en las mutuas".
Ríos entiende que se trata de un recorte de derechos laborales. "Al fin y al cabo, una asociación de empresarios interfiere en el tratamiento del trabajador para recuperarse de una enfermedad. Las mutuas son los instrumentos, pero el que está interesado en acelerar las altas son los empresarios".
Las mutuas vascas gestionan ya las enfermedades comunes de más del 50% de los trabajadores vascos. Si en el caso de las enfermedades profesionales las mutuas dan servicio casi al 100 % de los empleados afiliados a la Seguridad Social, en el caso de las contingencias comunes el colectivo crece año tras año.
Eduardo Azurmendi, en eldiario.es
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