Con la muerte de Franco en la cama y superada la fase en la que su ministro Fraga, que no quería legalizar los partidos políticos presentó una propuesta de asociaciones políticas, se celebraron las primeras elecciones, a las que se pudieron presentar algunos partidos políticos, y decimos algunos porque otros continuaron sin legalizar. Con las elecciones a un parlamento español, se abre un periodo,en el que la gestión de las administraciones públicas pasaa a los partidos ganadores en la llamada transición democrática. Se suceden en alcaldias y comunidades autonomas AP -hoy PP-, UCD, PSOE, PCE y sus equivalentes en las diferentes comunidades autónomas. El dinero público pasa a ser gestionado en las instituciones franquistas a las democráticamente elegidas.
Y sin embargo, hoy en 2016, nos encontramos con situaciones en los gobiernos municipales y autonómicos, que espantan y avergüenzan, tanto a los trabajadores de la administración pública, como a los ciudadanos. Cuando PSOE y PCE obtienen mayorías se encuentran con situaciones de corrupción, falsedad documental, vulneración de derechos fundamentales a sus propios trabajadores, realizados por jefes de departamento o de sección A, B, C, que nadie sabe lo que son y ocupados por militantes de sus propios partidos y que se afiliaron cuando ya eran legales y han ido permaneciendo en el puesto a lo largo de las décadas; de PP a UCD y de estos a PSOE…Hoy están muchos de ellos próximos o superando la edad de jubilación y continúan en estos puestos clave de la administración pública. Lo esperpéntico de los equipos de gobierno que se iban sucediendo a lo largo de estas tristes décadas es que nunca solicitaban las necesarias auditorías y cuentas a los responsables de las secciones A,B,C, departamentos, áreas y empresas a las que ellos mismos habían encomendado la gestión de la cosa pública, y ahora nos encontramos con autenticos clanes mafiosos que se van sucediendo a lo largo de esta “ejemplar” transición a la democracia. El balance es demoledor con partidas de dinero público desviadas a sus intereses privados, falsificación de contratos laborales a los trabajadores que se enfrentan a ellos, para atemorizar al resto y evitar que saliera a la luz desde dentro.
Si los equipos de gobierno se limitan a nombrar un nuevo director general, pero no investigan los desmanes y falsedades documentales realizados por estos altos cargos de plantilla, departamentos, secciones etc, les continuarán explotando en las manos todos los casos de corrupción que luego ellos mismos leerán en los medios de comunicación ante el estupor de trabajadores y ciudadanos. Si en los comités de empresa de los distintos organismos públicos los presidentes y ejecutivas de la representación de los trabajadores ocultan que les han llegado hasta burofax con certificado de texto denunciando estas situaciones, los gobiernos entrantes seguirán siendo boicoteados desde dentro sine die aunque su intencionalidad al salir elegidos fuese la de cambiar y terminar con esta situación de putrefacción. De todo lo anterior tenemos documentación que asi lo acredita, sin embargo nunca conseguimos que desde las alcaldías y presidencias autonómicas se actúe conforme a derecho contra estos individuos de forma ágil y transparente, y así se llega a la falta de credibilidad democrática de las instituciones públicas españolas y el consiguiente espanto, miedo y vergüenza de los ciudadanos que les han elegido. Es lógico que desde los países mas avanzados democráticamente se mire a España como un país anormal, que se aleja mucho de los mínimos que la gestión democrática requiere.
José Félix Gironés
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