Desde la revolución asturiana de octubre de 1934, las derechas insistirían en la necesidad de depurar al Magisterio, maestros e inspectores, a quienes se les acusaría de haber sido los cerebros intelectuales de aquel movimiento, “nutriendo con ideología marxista a la población infantil de pueblos enteros”, tal y como acusaba el periódico El Debate (30.10.1934). Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, la acusación se convertiría en manía persecutoria. Abiertamente se señalaría a inspectores y a maestros como los causantes claves del advenimiento de la República y, sobre todo, de su asentamiento. Lo que significaba la consagración de un estado democrático y laico, concepto que una y otra vez las derechas asociarían con “un Estado ateo y soviético”, como sentenciara el vicepresidente de la Diputación, el carlista-fascista, Arraiza.
La Jefatura Técnica de Burgos, nido de militares perjuros, desde el primer instante, lo tuvo clarísimo: “Los funcionarios públicos y los de las empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos, podrán ser suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional” (Decreto 108 de la Junta Técnica del Estado, septiembre de 1936).
A partir del 18 de julio, las derechas se dedicarían con premeditación y alevosa consciencia a desmantelar el entramado institucional educativo de Navarra republicano, como no se haría en ninguna otra provincia. Lo hicieron con tanta intensidad y saña que hasta la Junta de Burgos tuvo que llamar la atención a sus verdugos entusiastas. Es bien sabido que el organismo encargado de llevar adelante la triple tarea inquisitorial señalada, sancionar, destituir y asesinar, sería la Junta Superior de Educación, órgano dependiente de la Diputación. Esta Junta, creada por las Cortes de 1828-1829, sería restablecida a finales de julio con los mismos objetivos criminales que tuvo la Santa Inquisición, inspirados por la Fe en el Crucificado y en la santa Cruzada emprendida contra la heterodoxia. Sus miembros serían: su presidente, José Gómez Itoiz, Diputado foral, miembro de la Junta Carlista de Guerra. Estaría acompañado por los siguientes vocales: Ignacio Astiz y Jesús Berasain catedráticos de Instituto; Felipe Peña y Pilar Barrera profesores de la Escuela Normal, Juan Guerendiain (profesor del seminario), Mariano Lampreabe (inspector de Primera Enseñanza), Casimiro Lizalde (maestro de Pamplona), Francisco Jiménez (Asociación católica de Maestros), Hermenegildo Caño (Director de los Maristas), Eladio Esparza (subdirector de Diario), Daniel Nagore (Asociación Católica de Padres de Familia), Ramón Bajo Ullibarri (Director de la Caja de Ahorros de Navarra), un padre y una madre designados por la Asociación católica de padres de familia y como secretario Benigno Janín, de la sección administrativa de Primera Enseñanza.
La presencia de ciertos nombres en este órgano del terror y de la barbarie desvelaría, una vez más, la confluencia de intereses económicos, religiosos y políticos que tuvo el golpe.
Ya es sarcástico que Can nunca haya dicho ni pío respecto a su connivencia con esta limpieza genocida de maestros que se perpetró en Navarra. En Vitoria hasta le dedicarían una escuela a Ramón Bajo y denigrante es constatar que siga así en la actualidad. Diario de Navarra se ha escudado siempre en generalidades y equidistancias baratas para escaquearse de su grave responsabilidad en inspirar y jalear la depuración, sabiendo como sabe que algunos prohombres del golpe eran, además de su director y subdirector, accionistas de su periódico. La presencia de Daniel Nagore, no solamente resulta indicativa de los intereses católicos como representante de Acción Católica. Durante la República, también, fue un acérrimo defensor de la no aplicación de la Reforma Agraria con artículos contra ella publicados en la revista La Acción Social Navarra. De ahí que, conociendo su envergadura fascista, golpista y gran depurador del magisterio y de la cultura republicana, tenga en la actualidad una sala dedicada a recordar su nombre en el edificio de Ingenieros Agrónomos de la UPNA. Es un baldón ignominioso que la propia Universidad debería sacudirse inmediatamente.
La pretensión de esta Junta era imprimir a la enseñanza en Navarra “un carácter eminentemente cristiano y católico, así como de un encendido patriotismo”. De este modo, “se veía obligada (sic) a sancionar a numerosos maestros en los que se ha demostrado no estar tales sentimientos cimentados en base firme, separándolos temporalmente de la función docente y alejándolos de las escuelas en las que han dado un ejemplo pernicioso que a toda costa es preciso contrarrestar”. (Diario de Navarra, 28.8.1936). Las listas de maestros depurados, sancionados y destituidos aparecerán una y otra vez en el periódico carlista El Pensamiento Navarro y en Diario de Navarra. Cada vez que se reproducían estas listas, un preámbulo con palabras más o menos semejantes justificaba su quirúrgica aplicación: “Se les aparta o se obliga a separar de sus funciones a todos aquellos que, después de comprobado con sobrados elementos de juicio, vienen desde hace mucho tiempo y, particularmente en los últimos años, demostrando un criterio sectario y antiespañol en las tareas docentes o inspectoras que tenían encomendadas, y ello como preliminar obligado de una depuración que pide el sentido de la justicia de una patria ultrajada con insistencia por aquellos en quienes su pertinacia, su conducta reprobable y profundo sectarismo, permiten presuponer casi imposible corrección en sus actuaciones futuras”.
Pero, si se repara en las acusaciones que contra ellos se esgrimieron, hay que concluir que rezuman sectarismo, parcialidad y fanatismo. Las delata hasta la pura formalidad en que están redactadas. Todos los casos se inspiran en la misma cuadrícula acusatoria. Esta homogeneidad en la inculpación revelaría el grado de siniestralidad con el que se llevó adelante esta limpieza ideológica y política. Lo más curioso es que en ningún momento acusarán a este magisterio de no ser buenos enseñando el teorema de Pitágoras o la oración simple.
Algunas de las enormes perversidades que perpetraban los maestros expedientados y sancionados al unísono republicano eran: “No ir a misa. Leer prensa sectaria o prohibida. Asistir a espectáculos públicos. Activismo político de izquierdas. Votar a las izquierdas. Resistencia a la autoridad. Vitorear la República. Militar en un sindicato”.
Jamás se dirá de ellos que no enseñaban bien a escribir y a leer, a multiplicar, a dividir y a hacer mejor la raíz cuadrada; de que engañaran a los niños diciéndoles que el río Ebro nacía en Huelva o que los Reyes Católicos, no solo no eran reyes, sino protestantes calvinistas, y homosexuales. Eran malos maestros porque odiaban a España y a Dios. ¡Qué barbaridad! Porque ser republicano significaba eso. Así que merecían ser sancionados, purgados y destituidos. Y, algunos de ellos, fusilados y arrojados a una sima o enterrados someramente en una cuneta. Por republicanos.
Navarra contaba, antes de esta bárbara limpieza genocida, con 1.088 maestros, hombres y mujeres. Jimeno Jurío establecería que 229 fueron sancionados o depurados (22% del total; 29% maestros y 15% de maestras). Las merindades que sufrieron mayor limpieza fueron Estella (29,4%) y Tudela (27,5%); Sangüesa con un 6,9%, la que menos sufriría este impacto
Y treinta maestros asesinados.
En 1943, el nuevo ministro franquista de educación, José Ibáñez Martín, diría: “Ha sido preciso someter una tarea dolorosa, pero necesaria de aniquilamiento y depuración. Como en un organismo vivo tiranizado por el mal, España tuvo que diseccionar zonas excepcionales de su masa vital. Al magisterio le afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación. Pero un interés religioso y, un soberano interés nacional lo exigían así”. Ahora, tras ochenta años de silencio contumaz y premeditado, es urgente y necesario recuperar la labor y defensa de la República que hizo aquel magisterio navarro. Lo exige así la verdad y la justicia.
Víctor Moreno, Fernando Mikelarena, Pablo Ibáñez, Carlos Martínez, José Ramón Urtasun y Txema Aranaz. (en nombre del Ateneo Basilio Lacort)
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