El compromiso de que por fin se pueda abortar en la red pública navarra no está en entredicho, pese a las manifestaciones del jefe de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario en su comparecencia parlamentaria del martes. El consejero de Salud manifestó ayer que el decreto que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública navarra se va a cumplir, y que «la objeción de conciencia de los profesionales no va a limitar ese derecho».
El jefe de los ginecólogos del hospital, Ricardo Ezcurra, aseguró a los parlamentarios que la aplicación del decreto resultaba «organizativamente compleja», porque muchos de los médicos se iban a negar a poner en práctica algunos supuestos que recoge el decreto agarrándose a la objeción de conciencia. Ezcurra –que es un cargo nombrado por UPN que no fue relevado tras el cambio– sostuvo que, de un cuerpo de 53 ginecólogos, solo ocho están dispuestos a efectuar abortos químicos en las primeras 14 semanas de embarazo. Asimismo, afirmó que estos ocho únicamente lo harían si se cumplen unas determinadas condiciones.
El consejero no comparte esta opinión y manifestó ayer que «no se conoce el número de objetores que hay en el servicio del hospital, ni en toda la red». Domínguez, sin embargo, tampoco es partidario de obligar a los ginecólogos a inscribirse en el registro de objetores bajo el argumento de que los casos pueden ser muy distintos y que las opiniones pueden cambiar.
Preguntado sobre si el jefe de Ginecología va a ser relevado por no creer en un proyecto estratégico para el gobierno del cambio, Domínguez ha manifestado que no se plantea una renovación del puesto en tanto el nuevo decreto no esté en vigor. No obstante, el decreto que traslada a Nafarroa las disposiciones de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva está ya en fase final y solo falta el visto bueno por parte del Consejo de Nafarroa. Será, por tanto, cosa de semanas.
Aritz Intxusta, en GARA
No hay comentarios:
Publicar un comentario