El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno estatal ha elaborado un informe que recoge las quejas planteadas por la mayor parte de las autonomías sobre los supuestos privilegios de los que goza la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca.
El informe, publicado por varios medios de comunicación el pasado martes, indica que “Navarra y País Vasco cuentan con menores niveles de presión fiscal, mayores competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario, y con unos niveles de financiación muy superiores a los de las comunidades de régimen común” que algunas comunidades califican como “privilegios financieros ajenos a los principios constitucionales que los sustentan”.
En este documento se dice que Navarra se equipare “al régimen común”, que hay una “sobrefinanciación” de Navarra y la CAV, se denuncian “situaciones de inequidad y más quejas hacia el Convenio y el Fuero navarro. Asimismo, varios destacados líderes políticos del Estado han hablado de eliminar los “privilegios de Navarra y País Vasco”.
El PIB navarro (2014) representa el 1,69% del total nacional y su población supone el 1,37% del total del Estado; los impuestos que recauda, en virtud de su régimen tributario reconocido en la Constitución, se destinan a un doble fin: por un lado, financiar las competencias asumidas en virtud del Amejoramiento; por otro lado, la aportación económica al Estado, destinada no sólo a cubrir los gastos derivados de competencias no transferidas (incluidos los intereses de la Deuda pública) sino también el Fondo de Compensación Interterritorial (mecanismo de solidaridad con otras Comunidades Autónomas).
La voluntad del Parlamento de Navarra y de las Cortes, como representantes de la soberanía popular, ha quedado clara, tras las sucesivas reformas del Convenio de 1990, la última de las cuales se llevó a cabo a través de la Ley 14/2015, de 24 de junio, no cuestionándose jamás la solidaridad de Navarra con el resto del Estado.
Los últimos años de mayoría absoluta del PP se está llevando a cabo un proceso de recentralización a través de legislación básica que está yendo en contra del autogobierno navarro.
El Convenio Económico que la Comunidad Foral de Navarra tiene con el Estado no es ningún privilegio sino un derecho de las navarras y los navarros. Tras la pérdida de la mayor parte de la foralidad tras la Ley de 25 de octubre de 1.839 y la Ley Paccionada de 1.841 el Convenio constituye actualmente una de las escasas manifestaciones de nuestro régimen foral que reconoce hasta la propia Constitución en vigor.
El convenio es una herramienta pactada de solidaridad con el Estado y que ha supuesto incluso una mayor contribución de las arcas públicas a las estatales en tiempos de crisis y de recortes.
Por todo ello, los grupos parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. El Parlamento de Navarra manifiesta la necesidad de desarrollar una defensa del Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra por constituir una importante expresión de nuestro régimen foral y un derecho histórico y democrático que corresponde a la ciudadanía de Navarra.
2. El Parlamento de Navarra rechaza las declaraciones de representantes políticos y las afirmaciones que se realizan en el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en las que se cuestiona la solidaridad de Navarra al considerar que suponen un ataque a un instrumento propio del Régimen Foral de Navarra como es el Convenio Económico.
3. EL Parlamento de Navarra insta a todas las instituciones de la Comunidad Foral a trabajar durante esta legislatura en la defensa de todos los derechos que corresponden a Navarra y, en concreto, por desarrollar las competencias que Navarra tiene reconocidas en la LORAFNA.
4. El Parlamento de Navarra considera que la superación de las actuales dificultades de financiación de las políticas y servicios públicos pasa por eliminar el fraude fiscal y los paraísos fiscales, articular un sistema fiscal eficaz y progresivo así como por derogar normas austericidas como son el artículo 135 de la Constitución y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria.
5. El Parlamento de Navarra considera un ataque al autogobierno fiscal y financiero de Navarra la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, estableció como prioridad absoluta del pago de la deuda pública, y expresa la necesidad de su derogación.
6. El Parlamento de Navarra considera un ataque al autogobierno fiscal y financiero de Navarra la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y expresa la necesidad de su derogación.
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