Desde hace más de un siglo, los intelectuales han sido identificados con los principales críticos sociales, los denunciadores de las injusticias y los defensores de los valores universales y las libertades ciudadanas. En la tradición democrática española, los frecuentes posicionamientos públicos de los intelectuales han sido considerados unas muestras de valentía política y de responsabilidad social.
El pasado 30 de octubre, poco antes de iniciarse la reciente campaña electoral, unos 200 intelectuales españoles hacían público un manifiesto, divulgado ampliamente por los medios de comunicación de Madrid, en el cual se pedía la dimisión del presidente de la Generalitat Quim Torra, “por alentar el enfrentamiento y difundir el odio entre conciudadanos”, y se exigía la convocatoria de elecciones al Parlament de Catalunya. La gran mayoría de los firmantes eran escritores, profesores y periodistas de conocida orientación progresista de Madrid, aunque también había algunos catalanes.
Algunas personalidades influyentes de la capital tienen unos principios ideológicos muy elásticos
Una semana después, el 7 de noviembre, ya en plena campaña electoral, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobaba por mayoría de votos una propuesta presentada por el grupo Vox, que contó con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, en la cual se pedía “ilegalizar los partidos separatistas que atentan contra la unidad de España”. La propuesta concretaba que había que hacerlo aunque estos partidos utilizaran “los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello”.
Esta votación significa uno de los más explícitos ataques a los valores democráticos producidos en los últimos cuarenta años. Se trata de una Cámara representativa, elegida democráticamente, que se manifiesta mayoritariamente contra la libertad de asociación y de expresión y exige la ilegalización de formaciones políticas aunque utilicen procedimientos legales y democráticos para conseguir sus fines. Si fuera aceptada esta propuesta por algún gobierno, las ilegalizaciones podrían afectar no sólo a los partidos independentistas catalanes –ERC, Junts per Catalunya, CUP, etcétera–, sino también a vascos –como PNV y Bildu–, valencianos – Compromís– y gallegos –BNG–.
La votación de la Asamblea de Madrid es un síntoma del peligro que existe hoy en el Estado español de evolución hacia un régimen político cada vez más autoritario. Realmente es preocupante que, con procedimientos que pretenden ser democráticos, la votación de una asamblea representativa se proponga limitar las libertades a conveniencia de la ideología propia con el fin de excluir de la vida política a los considerados desafectos a la situación. Más o menos como lo que hizo Hitler en el año 1933 y que convirtió Alemania en una dictadura.
Todavía estoy esperando que los 200 intelectuales que firmaron el manifiesto arriba mencionado hagan de nuevo pública su opinión, pero ahora con un escrito para condenar radicalmente la votación de la Asamblea de Madrid y su peligroso significado político. Aunque la mayoría de ellos viven en Madrid, han pasado más de 20 días y no hemos visto ningún comunicado al respecto. Tampoco la Fiscalía ni la Audiencia Nacional han considerado oportuno abrir una investigación ante la posible ilegalidad de la resolución votada por la Asamblea madrileña. No quiero ni pensar qué habría pasado si el Parlament de Catalunya hubiera votado una resolución pidiendo la ilegalización, por ejemplo, de grupos franquistas, como Vox.
No deja de ser curioso que estos intelectuales manifiesten tanta sensibilidad por todo lo que pasa a 600 kilómetros y tanta pasividad y tolerancia por lo que sucede al lado de casa. Tal vez es que no quieren importunar a los que reparten buena parte de los cargos y prebendas en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Pero no seamos tan malpensados, seguro que deben de tener otras ocupaciones más urgentes.
Hace unos días, en las páginas de La Vanguardia, Ignacio Sánchez-Cuenca, dando un repaso a la actuación de los intelectuales que habían promovido opciones españolistas, como Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, les recomendaba que no dedicaran más tiempo a la política y lo hicieran a lo que se las da mejor, las letras. Coincidiendo con esta opinión, podríamos añadir que hay un sector influyente y bien conectado de la intelectualidad de la capital que está mostrando unos principios ideológicos muy elásticos y acomodaticios y que sabe administrar muy bien la denuncia y el silencio en función de sus intereses, de sus filias y fobias.
Hoy parece claro que el intelectual con auténtica autoridad moral, como el surgido a principios del siglo XX, es ya un producto histórico irrepetible. Hace casi 20 años, en mayo del 2000, las revistas francesas Esprit y Le Débat recogían una amplia discusión sobre “la muerte del intelectual”, con una notable variedad de opiniones, la mayoría, sin embargo, muy pesimistas. Ciertamente, hoy el silencio de los intelectuales madrileños es tan o más mortal y sintomático que sus manifiestos críticos. Realmente, los tiempos, y los intelectuales, están cambiando.
Borja de Riquer i Permanyer, en La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario