Gestionar el bien común no es tarea sencilla. Y es, sin embargo, misión y vocación de muchas de las personas que nos dedicamos a la política. Gestionar los bienes comunes es igual de complicado: con responsabilidad, con prudencia y desde el respeto a la legalidad, se trata de maximizar el beneficio para toda la sociedad del uso que se dé a esos bienes.
Con los edificios públicos ocurre exactamente eso. Y con el Palacio del Marqués de Rozalejo, ese trabajo de gestión se ha visto dificultado por una ocupación que se prolonga ya durante más de un año.
En las últimas fechas, algunas voces desde el Gaztetxe Maravillas -y, lo que es peor, desde determinadas fuerzas políticas municipales- han venido a afirmar que lo conseguido por el gaztetxe en cuanto a “rehabilitación” del edificio y “dinamización” de los espacios era una especie de aval para que los okupas gestionasen el inmueble. Esto supondría dar un uso privativo de un bien público a quien ha optado por incumplir los cauces establecidos para entrar a desarrollar sus actividades en ese edificio.
Porque cauces hay, asequibles;y también espacios públicos destinados a estas actividades. Otras asociaciones, otros movimientos, disfrutan de los espacios habilitados al efecto. ¿Que se les imponen condiciones? No imposibles de cumplir para el Gaztetxe Maravillas, si otros las cumplen. ¿Por qué ellos no? ¿Están dispuestos a cumplirlas? ¿O es que prefieren marcar sus propias normas? Convivir en sociedad conlleva aceptar normas, maneras, cauces;si no aceptas todo esto, ¿cómo puedes exigir a la sociedad que te ceda un espacio que es de esa sociedad? No: no se puede dar a unos lo que no se da a otros por el hecho de que los primeros hayan incumplido la ley.
Los autoerigidos representantes del Gaztetxe Maravillas han llegado a reconocer que se ha hablado con ellos en los últimos meses. Ellos aseguran que no se ha “negociado” porque no han conseguido su objetivo: quedarse con el uso privativo del inmueble. ¿Que no se les ha dado lo que exigen? Claro: no se les puede dar. ¿Alternativas? Desde luego. Pero, cuando las alternativas posibles no se admiten, el diálogo se hace muy difícil.
El inmueble es de todas y de todos;es del conjunto de la sociedad navarra. Y su uso, en aras del bien común, ha de ser para el conjunto de esa sociedad. Un uso público como el propuesto: ser la sede del Instituto de la Memoria Histórica. Un lugar donde toda la sociedad pueda verse y reconocerse, desde el respeto a la Memoria, a la Justicia y a la Reparación de todas las víctimas de todas las violencias.
Para llegar a ello, se buscarán soluciones;se pactará con todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a pactar. Se pactará con los representantes de la soberanía popular, que se expresa a través de las urnas. Esa es la auténtica voz del pueblo, no el sonido de las ganzúas que fuerzan cerrojos para entrar en un edificio de todas y de todos. Toca apurar opciones y ser creativos en las propuestas, tanto para dar una respuesta a las demandas reales de la ciudadanía como para desatascar la situación actual. Sin cinismos ni chantajes, y teniendo como guía y referente lo que consideramos más apropiado para la defensa del bien común: el uso público de un espacio público.
Esther Cremaes y Mikel Armendáriz, concejales de Iruña por Geroa Bai y miembros de Zabaltzen Asociación Política
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