¿Qué supone la sentencia del TC que anula la ley navarra de 2013 que garantizaba el derecho a la atención sanitaria a todas las personas?
El Departamento de Salud se ve obligado a acatar la sentencia. No obstante, desde el Gobierno de Navarra se va a continuar garantizando la atención sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular mediante las oportunas ayudas sociales. Hay que resaltar que la sentencia anula la posibilidad de reconocer la prestación como derecho sanitario a las personas en situación irregular. El Constitucional dice que solo el Estado puede determinar los derechos sanitarios. No obstante, el Gobierno navarro, en el ejercicio de sus propias competencias, sí que puede establecer ayudas sociales para garantizar el acceso de este colectivo a la atención sanitaria.
Eso es lo que ya teníamos previsto hacer, dado que preveíamos una sentencia desfavorable. Lo esperábamos porque ha habido varias comunidades autónomas (Valencia, Extremadura, Baleares y la CAV) con fallos similares. Lo que no sabíamos es cuándo se iba a producir. Aun así, hemos de destacar que ha habido cinco votos particulares de jueces contrarios a la sentencia. Pero bueno, lo importante hoy es que tengamos listo cuanto antes un nuevo sistema y dejar claro que, transitoriamente, todo va a seguir igual. Si una persona en situación irregular se siente enferma, debe ir al médico de cabecera, como siempre.
Nafarroa, sin embargo, era la comunidad con que más abiertamente chocaba con el recorte del PP...
Es cierto que manteníamos la oposición más clara y más explícita. Nosotros habíamos establecido un derecho de ciudadanía sanitaria. Reconocíamos esa asistencia a todos los residentes en Navarra, con independencia de su situación legal y administrativa, y desde el primer día de su residencia estable. Quiero recordar que Navarra fue pionera en su momento en el reconocimiento de la universalización, en 1986. Y eso fue mucho antes de que llegaran las normas restrictivas estatales del Real Decreto de 2012. Esta apuesta por la sanidad universal hasta ahora había sido muy consensuada por las formaciones que existen en Navarra. De ahí que se contestara al Real Decreto con una ley reconociendo el derecho sanitario a todas las personas empadronadas y desde el primer día. Quiero dejar claro que esta decisión del TC de anular la ley de 2013 va muy claramente en contra del espíritu y de la voluntad mantenida por el Parlamento de Navarra.
¿Tienen calculado a qué colectivo afectará esta sentencia?
El dato lo tenemos con mucha precisión. Desde el año 2012, hemos tenido que ir reconociendo el derecho a la atención sanitaria, una por una, a todas las personas en situación irregular. El dato lo tenemos de cierre del año. O sea, que es prácticamente del mes pasado. Nosotros habíamos reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a 5.680 personas en situación irregular.
¿Puede adelantar cómo será el sistema alternativo de cobertura sanitaria para las personas que han sido expulsadas por Osasunbidea?
Lo que está previsto es articular una alternativa que permita a las personas inscribirse en el sistema de salud a través de un aseguramiento personal. El Estado permite a estas personas recibir atención sanitaria pagando una cuota. El planteamiento es que el Gobierno navarro subvencione esas cuotas a quienes están en situación irregular o no tengan ingreso conocido. Aquí el tema de fondo es que el Constitucional ha dictaminado que la competencia para otorgar los derechos sanitarios es exclusiva del Estado. Sin embargo, esa limitación no existe para los derechos sociales. Ahí la competencia sigue siendo de las comunidades autónomas.
Usted emplea conceptos como «derecho sanitario» o «derecho social». Pero el derecho a la salud como tal va más allá y está recogido en la Carta de los Derechos Humanos...
Sí, es un derecho humano. Pero algunos de los derechos declarados en esa Carta o en la propia Constitución, como el de acceso a la vivienda, son genéricos. En la práctica, están sujetos a la reglamentación. Si luego se reglamenta de una forma tan restrictiva como con el Real Decreto de 2012, ese derecho humano a la salud se convierte en nada. Y es evidente es que la sociedad navarra no comparte ese criterio.
Luego cabe concluir que esta sentencia del Constitucional supone un retroceso claro en materia de Derechos Humanos por parte del Estado...
Es evidente. El sistema de salud del que nos habíamos dotado aquí en 1986 reconocía el derecho a la salud a todos los ciudadanos. En la normativa de 2012, con esta restricción amparada teóricamente en razones económicas, se vuelve a un seudomodelo de seguridad social donde el derecho a la atención médica se vincula a haber generado mediante el trabajo una contraprestación económica. Ya no es un derecho que pertenezca a las personas, sino que la ley solo lo garantiza a los «beneficiarios» o los «asegurados». Esos conceptos antes no existían. A nuestro modo de ver, es un retroceso evidente en el derecho de ciudadanía sanitaria, que es de todos.
Se lo pregunto ya como médico: ¿Tiene algún sentido que los inmigrantes no puedan acudir a un médico de cabera? Pienso, por ejemplo, en que padezcan una enfermedad que necesite antibióticos, que puede ser lo más común. ¿Qué sentido tiene que esa persona espere en casa hasta tener que ir a Urgencias?
Desde un punto de vista estrictamente sanitario, no tiene ningún fundamento. El resultado teórico de ahorro es muy limitado. Hablamos, por lo general, de gente joven. Los que llegan aquí vienen porque su estado de salud razonablemente se lo permite. La gente no emigra con 90 años, eso está claro. Y, como comentas, no atender enfermedades en su fase inicial es contraproducente. Además de tenerlos que atender después en Urgencias, pueden ser enfermedades infectocontagiosas. Yo, particularmente, pongo en duda el ahorro que supone esta medida. El coste de tratar una enfermedad avanzada siempre va a ser mucho mayor que el de atajarla en un primer estadío o prevenirla. En consecuencia, la eficacia económica de la ley es discutible y el riesgo para la salud pública, más que evidente.
Si nos vamos a lo que dice la OMS, la Atención Primaria ha de ser el núcleo esencial para garantizar la salud comunitaria, no solo la del individuo. Cuando nos vacunamos, por ejemplo, no solo conseguimos el efecto individual, sino que si el grupo en conjunto está vacunado, entre todos nos protegemos. Si yo estoy vacunado, pero el grupo en el que me encuentro no lo está, también aumenta mi riesgo a sufrir esa enfermedad. La salud tiene siempre un elemento individual y otro colectivo o comunitario. Por eso, aparte ya de las razones humanas y éticas –que también–, desde el punto de vista de la salud, esta ley va en contra de toda la comunidad.
Hablamos de un colectivo que no llega a las 6.000 personas. Y entiendo que, más o menos homogéneamente, se encuentran distribuidas por toda la comunidad. ¿Expulsándoles del Sistema Público de Salud se conseguiría ahorrar alguna plaza pública de médico o sanitario?
Esto lo hemos comentado mucho. El colectivo que, en teoría, el Estado nos obliga a dejar fuera con esta sentencia es inferior al 1% de la población. Obviamente, no permite ni quitar camas de hospital ni reducir el número de médicos. El impacto global sobre los recursos es mínimo. El hecho de que un médico pase de tener 1.549 pacientes a 1.544 resulta prácticamente irrelevante. Es decir, la atención a inmigrantes irregulares nunca ha requerido una mayor inversión en infraestructura sanitaria. De ahí que economistas que han estudiado el asunto en profundidad concluyan que el ahorro no es tal.
Creo que, a lo largo de esta entrevista, ya ha ido dejando claro que usted no comparte la medida. Pero, más allá de su análisis como gestor, ¿cuál es su opinión personal?
Una persona que tenga una visión social y sanitaria –como pienso que debemos de tener todos los responsables públicos de salud– ve esta medida como muy restrictiva y contraproducente. Es absolutamente incoherente. Pero, ya que me reclamas mi opinión particular, voy a lanzar una reflexión que debemos ir haciendo todos. El desarrollo de una comunidad global nos va a exigir a medio-largo plazo establecer políticas demográficas equilibradas. Es decir, nos interesa tener un porcentaje de población renovada, porque sabemos que Europa envejece a una velocidad tremenda. Y, por supuesto, esa nueva población ha de tener salud. Estas exclusiones hacia este colectivo las acabaremos pagando mañana.
Aritz Intxusta, en GARA
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