En diciembre del año 2007, el gobierno socialista presidido por Zapatero, con la aprobación mayoritaria de las Cortes promulgó la ley de Memoria Histórica, un conjunto de disposiciones esencialmente continuistas del Régimen del 78 y que se situaban muy por debajo de la satisfacción de las demandas de verdad, justicia y reparación expresadas por el movimiento memorialista.
Posteriormente, el nuevo gobierno del PP surgido de las elecciones de 2011, congeló la Ley y permitió la proliferación de descalificaciones de asociaciones de represaliados y resistentes por boca de parlamentarios conservadores y caverna mediática a sueldo, durante la legislatura concluida el 20 D de 2015.
La proximidad de nuevas elecciones el 26 J de 2016 por la imposibilidad de configurar gobierno, está precedida por un acontecimiento novedoso: el de las múltiples iniciativas del movimiento memorialista especialmente durante el pasado mes de abril, iniciativas que han proliferado en los cuatro puntos cardinales y encontrado eco en ciudades y pueblos. Un auténtico “abril tricolor” en que el nuevo paisaje municipal ha facilitado la eclosión de importantes iniciativas memorialistas autónomas, plurales y abiertas y también algunos compromisos municipales unos discutibles como en Madrid y otros esperanzadores con apoyos a la Querella Argentina.
Durante el mismo período en algunos debates sociales recientes emergió la Ley de Memoria, aunque traída por los pelos por gentes bienintencionadas de la base socialista que, con más ingenuidad que rigor, pugnaban por hacer bueno el refrán “a buen hambre no hay pan duro” en su afán de establecer diferencias cualitativas entre PSOE y PP, entre socialliberales y neoliberales, mediante la alabanza de la Ley Zapatero.
La novedad es que este año, ochenta años después del levantamiento militar fascista contra la legalidad republicana y a cuatro décadas de finiquitar formalmente la dictadura, saciar el hambre de verdad, reparación y justicia, requiere mucho más que “pan duro” y así lo entienden sectores sociales cada vez más amplios.
El negacionismo profranquista perdió buena parte de su base social e intelectual, mientras que la recuperación política del pasado, la reconstrucción de la verdad histórica, crecen y cuestionan el andamiaje del régimen que eludió un proceso constituyente mediante pactos que institucionalizaron una democracia de baja intensidad.
Afortunadamente hoy no bastan para disimular la represión, la miseria cultural y un capitalismo de rapiña gestado al amparo de la dictadura, para ocultar la historia, perpetuar “la transmisión” y la alternancia bipartidista.
Construcciones y reformas: reparando la fortaleza constitucional
La exposición de motivos que inicia la Ley 52/2007 (Ley de Memoria) constituye en sí una falsificación histórica. Su núcleo, concebido como hagiografía propagandista de la constitución de 1978 y sus supuestos valores de concordia y democracia, participa en la ideología del blindaje ante cualquier cuestionamiento popular tendente a recuperar soberanía y modificar o derogar sus contenidos. Se trata de una “entradilla” que responde a la prioridad de conciliar con las fuerzas políticas conservadoras y consolidar los pilares del régimen posfranquista rechazados en su día por una Alianza Popular progenitora del PP. Semejante conciliación constitucionalista busca allanar ese camino mediante el reforzamiento de acuerdos en lo intocable (monarquía, no autodeterminación, derechos sociales como derechos de segunda categoría…) y consensuar mínimos humanitarios desactivando el potencial político de “la memoria” para reorientarlo hacia “el recuerdo”.
En septiembre de 2011, la defensa de los pilares constitucionales compartidos por los dos grandes partidos beneficiarios del régimen del 1978 se tradujo en la reforma constitucional pactada mediante la modificación del artículo 135. Tras la bancarrota financiera y los rescates, la nueva redacción del 135 (sin debate parlamentario ni referéndum) impuso el acuerdo de anteponer la estabilidad presupuestaria y con ello el pago de la deuda, a cualquier otro gasto del estado (entiéndase como origen de lo que sería después el “fundamento doctrinal” de la supeditación de gastos sociales, recortes, implementación de reformas laborales a la baja, endurecimiento de las leyes de orden público y ampliación fuerzas de seguridad como imprescindible recurso represivo para lograr lo anterior).
La ley tiene así por esencial función la de “engrasar y camuflar” la reventa de unas excelencias constitucionales alumbradas hace 38 años sin proceso constituyente, mediante acuerdo a la chita callando y bajo el espectro del miedo a un pasado omnipresente.
Cuando empieza a aparecer en el orden del día político la necesidad de un auténtico proceso constituyente, la pretensión de momificar el Régimen del 78 estorba la vocación democrática de la mayoría social y el antifranquismo light de nuevo cuño resulta obsoleto.
Derogando lo muerto y manteniendo la enfermedad.
Efectivamente la Ley de 2007 derogaba una legislación ya muerta: los diversos Bandos de Guerra de 1936, el corpus legal de la dictadura que durante la década de los cuarenta dio carta blanca a los tribunales militares para juzgar, condenar y ejecutar a la militancia antifranquista, a gente desafecta al movimiento nacional, a comportamientos sexuales no normativos, etc. Leyes y decretos que “legalizaron” encarcelamientos, reclusión en campos de concentración y condenas a muerte por presuntos delitos de masonería y comunismo, homosexualidad y resistencia guerrillera (a la que desde 1947 se aplicó la nueva legislación sobre “bandidaje y terrorismo”). Como no podía ser de otro modo la Disposición derogatoria alcanzó también a la ley 15/1963 por la que se creó el TOP (tribunal de Orden Público) ubicado en las Salesas-Madrid, pero esa colección de Leyes y Decretos fascistas estaba ya derogada de hecho y derecho, incluido el TOP, suprimido en enero de 1977 por Decreto Ley. De modo que la disposición derogatoria de la ley de 2007 solo volvía a extender el acta de defunción de una legislación difunta y enterrada.
Sin embargo, precisamente salía indemne la Ley de Amnistía promulgada en octubre de 1977, sigue siendo no solo preconstitucional (eso no es argumento de peso para quienes rechazamos entonces y hoy con mayor motivo la constitución de 1978) sino una ley de punto final que absolvía a un régimen genocida y autor de delitos de lesa humanidad. La ley de Amnistía, precedida entonces por varios indultos, liberaba a unas decenas de últimos presos y presas antifranquistas a cambio de la exculpación de 40 años de dictadura a la que garantizaba impunidad.
Sin embargo, en 2007 ya no era precisamente difícil evaluar la reaccionaria dimensión de la Ley de Amnistía ya que, además de los fiascos habidos hasta entonces en diversos procesos de condena del franquismo y rehabilitación de sus víctimas, se mantenía la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España en 1985, pacto que negaba legitimidad a las “leyes de punto final”.
Pocos años después, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos recordaría al gobierno del PP que “España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos”, insistiendo la portavocía del Comisionado en las bases del Pacto Internacional citado.
La verdad y la justicia… a medias.
La Ley de Memoria Histórica solo defiende medias verdades porque, con un exceso de “prudencia”, teme desvelar la trama global de un régimen verdugo de la Libertad.
A estas alturas de la Historia no basta con generalidades sobre “el carácter dictatorial del franquismo y sus graves violaciones de los derechos humanos”. Tras las ejecuciones judiciales y extrajudiciales hubo nombres, bandas y terror de estado; tras las denuncias de opositores y “no afectos al movimiento” hubo redes nacional-católicas y chivatos. También tras las torturas estaban los aparatos de seguridad del estado y la policía política.
Y evidentemente, tras la opaca acumulación de capital y la neocolonización de suelo y recursos están las empresas beneficiarias del trabajo esclavo y de un sistema que negó y persiguió el ejercicio de los derechos de asociación, huelga, expresión y manifestación y forzó a la emigración a millones de familias trabajadoras.
Frente a víctimas y resistentes están verdugos y explotadores. Cuando se renuncia a esclarecer el campo de los artífices de la represión en cualquiera de sus formas, la verdad permanecerá oculta. La confusa cultura del “sin rencores” enmascara la búsqueda de la verdad y hace imposible la reconstrucción de los hechos y su incorporación a una educación en valores.
Rehabilitar la dignidad de quienes sufrieron persecución queda incompleto si no se aplica la Justicia a quienes les persiguieron, y el ejercicio de la Justicia requiere siempre algo más que denuncias genéricas y por tanto inoperantes.
Son millares los delitos que siguen sin juzgar y no basta con olvidar su rastro como no basta reconvertir los lugares de memoria del franquismo (desde Cuelgamuros a calles y plazas de nefasto recuerdo) en lugares de “doble uso” que otros llaman de conciliación. No basta tampoco tolerar las reconversiones de organizaciones fascistas para evitar su ilegalización y la expropiación de sus bienes (las Fundaciones Franco, Yagüe… los partidos de matriz falangista, etc.).
La Ley de Memoria no da respuesta a estos asuntos graves, más bien relaja la construcción de la memoriapara reconducirla, decíamos, hacia el recuerdo humanitario, con la pretensión de renovar el caduco pacto con la derecha, el mismo que alumbró la Ley de Amnistía, la Constitución y la “transición democrática”.
Lo llaman reparación… y no lo es
El artículo 4 de la Ley reconoce “el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal” previa presentación de papeles ante el Ministerio de Justicia (¡!) un reconocimiento tan tardío como innecesario, porque ¿Qué autoridad ética podemos conceder los combatientes por la Libertad y la Igualdad al reconocimiento otorgado por un régimen sucesor del franquismo, que durante 40 años ha demostrado su temor pusilánime a desmantelar su herencia y cuyos altos tribunales siguen sin saber ni contestar a las demandas de verdad, justicia y reparación?
El reconocimiento que puede otorgar este régimen carece de cualquier sello de honorabilidad, como manifestaron tantos exiliados durante la transición declarándose apátridas o adhiriendo a la nacionalidad de los países de acogida en que habían seguido combatiendo el franquismo, incorporándose a la Resistencia y defendiendo los valores republicanos que llevaron consigo durante “la Retirada”.
En cuanto a las reparaciones económicas fijadas por la Ley (artículos 6 a 10) resultan ser simplemente un insulto. Se trata de reparaciones que no admiten comparación con disposiciones homólogas vigentes en Europa. Carentes de criterios y fundamento, las llamadas indemnizaciones persisten en las arbitrariedades decididas antaño por los gobiernos de Felipe González. Cuando personas en edad de trabajar (fueran presos políticos o integrantes de batallones disciplinarios, resultan “indemnizadas” a razón de 2000 euros año durante el primer trienio y 400 euros por cada año posterior… Mejor renunciar y esperar justicia, porque más vale no ensuciar las biografías antifascistas percibiendo esas limosnas. Los criterios de indemnización debieran fijarse -al menos- en base al salario mínimo actualizado (14 pagas por año) y una reparación complementaria e igual para todas las personas afectadas, que responda a la ilegalidad de castigos impuestos por un régimen ilegítimo. Baste esa arrogancia de los “indemnizadores” para caracterizar su pasado y falta de sensibilidad y compromiso tan propios de su encuadramiento en la “oposición leal” al franquismo.
Que exhumen las asociaciones… y ya se subvencionarán sus labores
El articulado 11 al 19 de la Ley camufla -tras nubes de retórica- la dimisión de responsabilidades de un estado que se dice democrático. Nuestro país al día de hoy carece de un mapa de fosas comunes, carece de un mapa riguroso y fiable. De hecho se siguen descubriendo fosas no registradas y en otras ya localizadas (simas) se carece de datos de sepultados entre otras cosas por las dificultades de acceso.
Las exhumaciones de víctimas de un régimen criminal no pueden depender tampoco de la decisión favorable o no de las familias y menos en un país en que cuarenta años de miedo paralizaron y distorsionaron razón y sentimiento.
La diáspora tras el genocidio, el exilio, la participación en la resistencia antifascista en Europa y las deportaciones a Campos de Concentración internacionales, oscurecen las cifras de cuantos miles de personas yacen en fosas comunes en España. Se manejan datos siempre aproximados y ochenta años de opacidad han roto hilos de conocimiento, porque demasiados testigos de la época ya se llevaron sus secretos a la tumba. Se han perdido por tanto muchas pistas.
En esas circunstancias, solo una política de estado firme y decidida, que asuma sus responsabilidades en lugar de “subcontratar” la generosa e inmensa labor de investigadores y asociaciones, puede acometer con medios propios, técnicos, financieros y apoyatura histórica, el trabajo que resta por hacer. Delegar en lo que el asociacionismo memorialista descubra y solicite, solo es un modo de desembarazarse y desnaturalizar las raíces de un problema sólidamente cimentado en la verdad y la justicia.
Lamentablemente, la Ley de Memoria se sitúa también en esto en las antípodas de lo necesario y lo posible. Limitando el papel del estado a ponderar la oposición posible de descendientes directos de las víctimas, restringiendo el acceso a los terrenos de titularidad privada en que pudieran localizarse fosas y cargando a las asociaciones con las indemnizaciones a los propietarios de esos terrenos, el estado se escaquea y delega. Limitándose a subvencionar a las Asociaciones que con proyectos propios soliciten subvenciones para labores de exhumación, el estado se escaquea y delega, además de dejar a las asociaciones al albedrío del gobierno de turno, como ha ocurrido durante los últimos cuatro años de obstrucción y desvío de fondos. En definitiva, si durante estos años el Partido Popular cortó por lo sano las ayudas para desenterrar porque opta por el ocultamiento de los destrozos realizados por sus presuntos ancestros políticos, el PSOE – quizá liberado de la justa presión de sus mayores- opta con esta Ley por un “sí, pero apañaros solos y ya iremos viendo poco a poco”.
Documentar la memoria, ¿dónde y cómo?
Lo que mal comienza, mal acaba. Una Ley inconsecuente no puede llevar a buen puerto ni siquiera en lo que respecta a la creación del Centro Documental y Archivo de Guerra y Dictadura. En el ámbito simbólico ya resulta un despropósito mantener la ubicación del Centro en Salamanca, una ciudad que tuvo la desgracia de formar parte de “la zona nacional” desde 1936 y en la que se protagonizaron los conflictos bautizados hace unos años como “Papeles de Salamanca”, conflictos por el acaparamiento de documentos que nunca estuvieron a plena disposición de la investigación independiente y se vieron envueltos en traslados clandestinos y ocultamientos sospechosísimos. Por tanto, entendemos que la Ley 21/2005 de 17 de noviembre, que instituyó el Centro en Salamanca, debería revisarse y en su caso derogarse.
Además, la prudencia timorata respecto a la “adquisición” de archivos que permanecen en manos privadas, organizaciones y fundaciones, debe sustituirse por una acción decidida a favor de documentar Centro y Archivo mediante la más amplia incorporación de copias y desde luego, la expropiación de todos los archivos privados que ocultan crímenes y expropiaciones ilegales practicadas por el viejo régimen.
Concluyendo
Nos encontramos con que:
- La no derogación de la Ley de Amnistía -una ley que hace tabla rasa de los expedientes de los verdugos- preserva la impunidad de empresas ilícitamente enriquecidas durante la dictadura, el ascenso profesional de torturadores, militares golpistas, jueces del TOP después en la Audiencia Nacional y un largo etc. La Ley de Amnistía sigue blindando la impunidad del régimen franquista.
- La no asunción por el estado de la plena responsabilidad en los procesos de exhumación escamotea la dimensión de política pública del genocidio y la “privatiza” sustituyéndola por el entierro de restos humanos.
- Las reparaciones no se atienen a criterios políticos, sino que son concebidas como compensaciones arbitrarias sin asomo de rigor.
- La Ley tolera las raíces organizadas del fascismo histórico, aunque propugne la eliminación o transformación de sus símbolos externos.
Por todo lo dicho, las décadas transcurridas, el nuevo empuje del memorialismo y los cambios habidos en la situación política del país, que esperamos se consoliden a partir de las próximas elecciones del 26 J de 2016, exigen la derogación de la Ley de Memoria de 2007 y su reescritura en claves de verdad, justicia y reparación, en definitiva en claves acordes con las más avanzadas demandas del movimiento memorialista.
Acacio Puig. Militante memorialista. Castilla y León.
25/5/2016
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