De todas las miserias que afectan al país más pobre del hemisferio occidental, el cólera no era una de ellas. Hasta que llegó la ONU en su ayuda. En octubre de 2010 un batallón de cascos azules procedente de Nepal trajo la enfermedad al país recién destruido por un devastador terremoto. Ante la falta de saneamientos e infraestuctura sanitaria, el cólera se expandió como la pólvora por la vertiente del río Artibonite al que los nepalíes vertieron descuidadamente sus excrementos. Para abril, el cólera de los cascos azules había costado la vida a 8.100 haitianos y enfermado a 650.000. Hoy hay en Haití más infectados que en todo el resto del mundo junto, pero la ONU ni siquiera ha reconocido su responsabilidad. Y eso es lo primero que pide la Universidad de Yale en el informe 'Tropas de paz sin responsabilidad'.
La impunidad de los cascos azules es abrumadora. La ONU tiene la obligación de establecer una comisión de quejas, según el acuerdo que firmó en 2004 con el Gobierno haitiano, pero no lo ha hecho «ni en Hatí, ni en ninguna otra parte del mundo», dice el informe de 57 páginas, «a pesar de haber firmado 32 acuerdos semejantes desde 1990».
Para la prestigiosa facultad de Derecho, que por primera vez establece las responsabilidades legales del organismo internacional, las pruebas científicas y los testimonios no dejan dudas de que la epidemia de cólera en Haiti se puede rastrear directamente hasta los cascos azules de la MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití). El país no había registrado un solo caso de cólera en más de dos siglos, ni el Caribe en todo el siglo pasado. La cepa encontrada súbitamente en los alrededores del campamento Méyè, donde se instalaron los nepalíes cinco días antes de que aparecieran los primeros casos, apenas a dos kilómetros, fue contrastada genéticamente con cepas de todo el mundo, pero sólo resultó similar a las que se encuentran en el sureste de Asia. En concreto, con la de una región de Nepal que había sufrido un brote de cólera ese mismo verano. Numerosos testigos han confirmado que el sistema de desagüe instalado en el campamento nepalí era tan precario que se desbordaba y vaciaba los residuos en el río Artebonite, de donde beben lo habitantes de la zona.
Comisión de quejas
El informe concluye que al no establecer una comisión de quejas para las víctimas de la epidemia, la ONU ha faltado a sus obligaciones contractuales con Haití, adquiridas en 2004 al establecer la misión. Pero al no haber proporcionado remedio a la epidemia que ha introducido también ha faltado al derecho internacional, así como al derecho humanitario al negarse a aceptar su responsabilidad.
Las tropas de la ONU gozan de inmunidad en los tribunales nacionales de los países en los que se encuentran, motivo por el que la comisión de quejas que establece el Acuerdo para el Estatuto de las Fuerzas es a menudo la única vía que tienen las víctimas para pedir justicia. «Sin embargo, la ONU rutinariamente se desvía de sus obligaciones», acusa el informe, elaborado de forma conjunta por los servicios legales de Yale, a través de la Clínica de Desarrollo Trasnacional, y la sociedad de Justicia por la Salud Global de la Facultad de Salud Pública.
El informe recomienda que tanto la ONU como la MINUSTAH pidan disculpas públicamente al pueblo de Haití por haberles llevado la epidemia que ha agravado su sufrimiento, desmantelen el campamento Méyè para que la comunidad lo convierta en un centro de tratamiento o en un monumento de homenaje a las víctimas, establezca una comisión de quejas para indemnizarlas adecuadamente y, por supuesto, ponga remedio a la epidemia que sigue expandiéndose ante la precariedad del país.
La ONU anunció en noviembre del año pasado una iniciativa de 2.270 millones de dólares para paliar la epidemia en los próximos diez años, pero sólo ha comprometido menos del 1%, alegando falta de donaciones de la comunidad internacional.
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